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Gobierno ha golpeado financiamiento de la criminalidad en El Salvador
Cerrar las válvulas de financiamiento» de las pandillas es una de las misiones que tienen las autoridades de Seguridad en El Salvador para así continuar desarticulando las estructuras delictivas que por años hicieron daño a la población salvadoreña.
A través del Plan Control Territorial y el régimen de excepción se ha logrado frenar la venta de droga, así como evitar el cobro de extorsión de las estructuras delictivas que por años ha sido una de las principales fuentes de financiamiento para las pandillas, dinero con el cual los grupos terroristas lavaban dinero comprando moteles, con buses o microbuses de transporte colectivo, panaderías, bares y cafeterías. Además, con el reforzamiento de seguridad en puntos fronterizos no habilitados ha permitido cortar de raíz las acciones delictivas de contrabandistas que también está relacionado a las maras.
Incluso, solo en los 11 meses de régimen las fuerzas del orden han decomisado a las estructuras de pandillas un total de 3,025 vehículos, 2,412 armas de fuego de diferentes calibres, 15,400 teléfonos celulares, también más de 6.2 toneladas de diversas drogas. Uno de los golpes más fuertes bajo el régimen ha sido el decomiso de $2.7 millones a estas estructuras. Estos logros debilitan aún más a las maras, lo que se traduce en mayor seguridad.
«El trabajo articulado entre instituciones, en la lucha contra la delincuencia, es lo que marca la diferencia. Nuestro trabajo también está orientado a cerrar todas las válvulas de financiamiento de las pandillas. Se ha atacado las formas de financiamiento de las pandillas, se les ha decomisado millones en efectivo, se les ha incautado droga, la extorsión también ha bajado», ha dicho el ministro de Defensa, René Merino Monroy.
«Estamos claros que vamos en la ruta correcta y este equipo Gabinete de Seguridad y Fiscalía bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, vamos a transformar la seguridad de este país, y a los más de 6 millones de salvadoreños sepan que no vamos a descansar y que nadie nos va hacer cambiar de estrategia», ha dicho el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Uno de los frutos que se ha obtenido en El Salvador gracias a las efectivas políticas de seguridad, implementadas por el actual Gobierno, es que las extorsiones se han reducido en más de un 90 %.
La población en diversas zonas del país asegura que con la desarticulación de las pandillas se ha logrado combatir la denominada extorsión o renta que estas estructuras exigían y que limitaba el mantenimiento o la incorporación de negocios.
Uno de los sectores más beneficiados con la eliminación de la extorsión ha sido el sector del transporte. Sus representantes aseguran que están percibiendo un ahorro de $16 millones anuales, ya que esa era la cantidad aproximada que entregaban a las pandillas.
Durante los últimos años las autoridades no solo están capturando a pandilleros, sino que también se ha llegado a los negocios que eran fruto de la extorsión y donde llegaba el dinero que ellos exigían.
Por años las pandillas se habían involucrados en diversos sectores de la economía, «se enquistaron en ese segmento de la población, en negocios informales, en rubros de transporte, panaderías, car wash, ubers, etc», ha dicho el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El funcionario ha dicho que según análisis de la operatividad de estas estructuras en el país han determinado que estos negocios fueron particulares de «algunos cabecillas de algunas clicas no reportadas a la estructura en general».
La venta de droga se había convertido en un negocio rentable para las pandillas ya que con las ganancias financiaban su manera de delinquir. Sin embargo, esta práctica ilegal se ha ido combatiendo por las autoridades en los últimos años.
El combate a la narcoactividad internacional y al menudeo permitió que durante el 2022 fueran decomisadas poco más de 13 toneladas de todo tipo de drogas, valuadas en $303.75 millones.
Mientras que las estadísticas policiales detallan que al cierre de 2021 fueron incautadas 11.8 toneladas de droga con valor estimado de $273.89 millones. Además, el último registro de las autoridades detalla que solo en el régimen de excepción se han decomisado al menos 6.2 toneladas de droga.
Durante la gestión del presidente Nayib Bukele han sido decomisadas más de 28 toneladas de diversas estupefacientes.
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Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación
Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.
En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.
El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.
En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.
Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
