El Gobierno del Presidente Nayib Bukele presentó ante la Asamblea Legislativa una solicitud de reformas a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, con el objetivo de asegurar que El Salvador tenga los incentivos adecuados, en comparación con otros países, para atraer a más inversionistas y que se establezcan en el país.

La solicitud plantea la reforma de 42 artículos de esta ley, y fueron detallados por la ministra de Economía, María Luisa Hayem, quien asistió a la Comisión de Economía del Órgano Legislativo.

“Este proyecto de reformas a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización es parte de un ejercicio para modernizar nuestra legislación, y con ellos asegurar que los inversionistas vengan, se establezcan en el país y genere empleos”, aseguró Hayem.

Los principales beneficiados con estas reformas son: los desarrollistas de estructuras de zonas francas, los usuarios de zonas francas y los DPA (Depósitos para Perfeccionamiento Activo) y el sector de pesca y acuicultura.

Estas propuestas se enfocan en cuatro objetivos principales: incentivar a los inversionistas, modernizar el sistema, facilitar el proceso de trámites para operar y ampliar el alcance, a través de la tecnología.

“Anteriormente se buscaba bloquear la inversión, ahora se busca facilitar y disminuir plazos y requisitos de papeleo innecesario, agilizando tramites, como en caso de donaciones y que los requisitos sean menores para que las empresas se establezcan en el país”, puntualizó la ministra Hayem.

Entre las propuestas expuestas por la funcionaria se engloban: nuevos plazos de exención parcial del 60 % de impuestos sobre la renta e impuesto municipales por 10 años adicionales a final del plazo a desarrollistas de parques industriales (zonas francas). Mientras que los usuarios de zonas francas o DPA contarán con una exención de impuesto sobre la renta e impuesto municipales por un periodo de cinco años.

Además, se ha incorporado nueva exención de impuestos para la importación de materiales de construcción para las nuevas zonas francas, por un año; nuevas opciones para ampliación de plazos, con cinco años adicionales por inversiones en el área de innovación, en tecnología, proyectos verdes u obras en desarrollo local, efectuadas por un monto de inversión mínimo de $500,000; nueva figura de zona franca tecnológica para el establecimiento de empresas de desarrollo de productos y procesos de tecnología e investigación científica.

Asimismo, se ha contemplado una reducción del área de la extensión que debe tener una zona franca, de 35,000 a 300,000 metros cuadrados. Además de una nueva modalidad de zonas francas verticales, donde la extensión podrá ser distribuida en uno o dos inmuebles, cumpliendo siempre con el requisito de área geográfica que establece la ley; y se eliminarán los requisitos de inversión para las empresas que se dediquen a la manufactura tecnológica.