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Gobierno busca incrementar la inversión para generar más y mejores fuentes de empleo
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele presentó ante la Asamblea Legislativa una solicitud de reformas a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización, con el objetivo de asegurar que El Salvador tenga los incentivos adecuados, en comparación con otros países, para atraer a más inversionistas y que se establezcan en el país.
La solicitud plantea la reforma de 42 artículos de esta ley, y fueron detallados por la ministra de Economía, María Luisa Hayem, quien asistió a la Comisión de Economía del Órgano Legislativo.
“Este proyecto de reformas a la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización es parte de un ejercicio para modernizar nuestra legislación, y con ellos asegurar que los inversionistas vengan, se establezcan en el país y genere empleos”, aseguró Hayem.
Los principales beneficiados con estas reformas son: los desarrollistas de estructuras de zonas francas, los usuarios de zonas francas y los DPA (Depósitos para Perfeccionamiento Activo) y el sector de pesca y acuicultura.
Estas propuestas se enfocan en cuatro objetivos principales: incentivar a los inversionistas, modernizar el sistema, facilitar el proceso de trámites para operar y ampliar el alcance, a través de la tecnología.
“Anteriormente se buscaba bloquear la inversión, ahora se busca facilitar y disminuir plazos y requisitos de papeleo innecesario, agilizando tramites, como en caso de donaciones y que los requisitos sean menores para que las empresas se establezcan en el país”, puntualizó la ministra Hayem.
Entre las propuestas expuestas por la funcionaria se engloban: nuevos plazos de exención parcial del 60 % de impuestos sobre la renta e impuesto municipales por 10 años adicionales a final del plazo a desarrollistas de parques industriales (zonas francas). Mientras que los usuarios de zonas francas o DPA contarán con una exención de impuesto sobre la renta e impuesto municipales por un periodo de cinco años.
Además, se ha incorporado nueva exención de impuestos para la importación de materiales de construcción para las nuevas zonas francas, por un año; nuevas opciones para ampliación de plazos, con cinco años adicionales por inversiones en el área de innovación, en tecnología, proyectos verdes u obras en desarrollo local, efectuadas por un monto de inversión mínimo de $500,000; nueva figura de zona franca tecnológica para el establecimiento de empresas de desarrollo de productos y procesos de tecnología e investigación científica.
Asimismo, se ha contemplado una reducción del área de la extensión que debe tener una zona franca, de 35,000 a 300,000 metros cuadrados. Además de una nueva modalidad de zonas francas verticales, donde la extensión podrá ser distribuida en uno o dos inmuebles, cumpliendo siempre con el requisito de área geográfica que establece la ley; y se eliminarán los requisitos de inversión para las empresas que se dediquen a la manufactura tecnológica.
El Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro; el Ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy; y el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, brindaron detalles sobre la incautación de droga más grande registrada en la historia de El Salvador.
De acuerdo con la información oficial, fueron decomisadas 6.6 toneladas de cocaína, con un valor estimado de 165 millones de dólares, distribuidas en 330 bultos. La operación fue ejecutada a 380 millas náuticas al suroeste de las costas nacionales, como parte de acciones de vigilancia y control en aguas internacionales.
El ministro Villatoro destacó que, más allá del valor económico, la cantidad incautada representa aproximadamente 19.8 millones de dosis que, según explicó, estaban destinadas a ser distribuidas en distintas ciudades.
Las autoridades resaltaron el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad y defensa, subrayando que este tipo de resultados reflejan la capacidad operativa del país en el combate al narcotráfico.
En el procedimiento fueron detenidas las siguientes personas de distintas nacionalidades:
José Martín Cerda Cea, 60 años (Nicaragua)
Roberto Adolfo Díaz, 64 años (Nicaragua)
Francisco Javier García Duval, 63 años (Nicaragua)
José Ramiro Valencia Fox, 59 años (Ecuador)
Luis Enrique Rodelo Osorio, 59 años (Colombia)
Antonio José Angulo Narváez, 59 años (Colombia)
Mario Alonso Pérez Hernández, 58 años (Colombia)
Miguel Antonio Galeano Ariza, 71 años (Colombia)
Yareth Samir Carr Garcés, 29 años (Panamá)
Vicente Ramos, 60 años (Panamá)
Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades competentes para enfrentar el proceso judicial correspondiente.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador llevó a cabo la vista pública en contra de José René Ventura Alvarado, acusado del delito de estafa agravada.
De acuerdo con la investigación, entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el imputado se reunió con la víctima, presentándose como propietario de una sociedad importante de talleres y negoció la adquisición de una cantidad masiva de llantas.
José Ventura propuso recibir la mercadería y efectuar el pago en un tiempo estipulado. La víctima, confiando en la supuesta reputación de la sociedad, cumplió lo acordado y entregó cuatro pedidos en diversas sucursales de los talleres, cuyo valor total ascendió a $375,360.04.
Transcurrido el tiempo pactado, el imputado no realizó el pago. Tras varios intentos fallidos por recuperar el dinero y ante múltiples excusas por parte del procesado, la víctima interpuso la denuncia correspondiente.
Durante el desfile probatorio, el tribunal determinó que el imputado solicitó la entrega de las llantas haciéndose pasar por un empresario confiable y afirmando poseer dos sociedades; sin embargo, dichas sociedades ni siquiera estaban constituidas legalmente.
Asimismo, se estableció que no tenía intención de cumplir con el pago de la mercadería. Por estos hechos, el tribunal le impuso una pena de cinco años de prisión, que podrían aumentar si Ventura Alvarado no cumple con el pago de $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil.
El Ministerio de Obras Públicas informó sobre la transformación de 8 kilómetros de la calle que conecta desde El Ceibillo hacia San José El Naranjo, en el departamento de Ahuachapán. La obra busca mejorar la conectividad y garantizar un tránsito más seguro para las comunidades de la zona.
Con la pavimentación de esta vía, niños, jóvenes y adultos podrán movilizarse en condiciones óptimas, facilitando el acceso a centros educativos, comercios y servicios básicos. La intervención forma parte de los proyectos de infraestructura impulsados para fortalecer el desarrollo local.
Más de 28,000 habitantes son beneficiados directamente con la mejora de la calle que conduce a San José El Naranjo, en Jujutla, Ahuachapán Sur, impactando positivamente en la calidad de vida y dinamizando la economía del sector.
