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Falta de aprobación de créditos BID causa costos al país e interrumpe proyectos de salud y reactivación
Los préstamos que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha otorgado a El Salvador requieren de una comisión para mantenerlos activos, la cual debe pagarse mientras no sean incorporados al erario nacional. De esta manera, la falta de acción de los diputados resulta en un costo adicional para los fondos públicos, además de obstaculizar programas.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele gestionó $300 millones con el BID en el contexto de la emergencia por el COVID-19. Aunque el organismo multilateral concedió el financiamiento, los diputados lo han retrasado de manera sistemática, con todas las consecuencias negativas que trae al país.
Sobre el tema, el ministro Hacienda, Alejandro Zelaya, explicó que “El Salvador, por comisión de compromiso que se devenga por no desembolsar los préstamos del BID presentados a la Asamblea Legislativa –por $ 250 millones y $ 50 millones–, paga $4,100 diarios desde el 20 de septiembre de este año”.
De los $350 millones, ya $250 millones se incorporaron de manera parcial en el presupuesto general de este año. Los otros $300 millones de los que habló el ministro Zelaya todavía están pendientes de votación para ratificación (segunda vuelta) y de votación para asignación presupuestaria (tercera vuelta). Los diputados, desde julio, no han hecho ningún avance al respecto. La comisión es para poderlos mantener activos, en lugar de que se aprueben para otra nación que también los pueda necesitar.
“Si al 31 de diciembre no se han ratificado los créditos, el país habrá pagado $422,300 por la necedad de unos pocos. Eso, sin contar los demás créditos que no han aprobado”, agregó el ministro de Hacienda.
En total, el Gobierno ha gestionado $1,404 millones entre préstamos y operaciones en el mercado de inversionistas, con solicitudes que se han enviado desde 2019 para diversos propósitos: seguridad pública, salud, bienestar social, desarrollo económico. De 12 solicitudes relacionadas con la facilitación de fondos externos, han aprobado tres. Quedan $ 813.5 millones que todavía están secuestrados por el bloque legislativo que han conformado ARENA, FMLN y Rodolfo Parker.
“Señores diputados, yo sé que ya tomaron la decisión, puesto que ya conocen este dato. Pero les aconsejo que reflexionen: aprueben los fondos para atender la emergencia sanitaria y económica”, insistió el funcionario.
Los fondos del BID que se mencionaron primero van para equilibrar las finanzas del Estado ante la caída de ingresos fiscales por más de $ 712 millones. También hay otro porcentaje que se destinará para iniciar con los componentes del fideicomiso de BANDESAL, productores agrícolas, FOMILENIO II, entre otros. El de $50 millones es exclusivamente para el sector salud.
La misma caída en los ingresos impide contar con la liquidez suficiente para transferir los fondos para FODES y los salarios de la Asamblea Legislativa. El Gobierno ha ofrecido diversas soluciones, pero los diputados no ceden y mantienen bloqueados los fondos. El Presidente Nayib Bukele invita a dar prioridad a la población vulnerable, a las mipymes y los trabajadores, y facilitar el acceso a estos recursos.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este mediodía en Tecoluca, departamento de San Vicente, cuando dos vehículos particulares colisionaron en una de las carreteras más transitadas de la zona, según informaron las autoridades.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para procesar la escena y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.
De manera preliminar, se presume que la excesiva velocidad habría sido una de las causas del percance. Hasta el momento, no se ha confirmado si hubo personas lesionadas o fallecidas.
La vela de un motociclista que falleció ayer lunes en un accidente sobre la carretera que de El Rosario conduce a Jujutla, en Ahuachapán, fue interrumpida por el pastor José Alberto Serrano, de la Iglesia Pentecostal Unida en Copinulapa.
De acuerdo con familiares de la víctima, el líder religioso se molestó porque feligreses de otra congregación solicitaron realizar un culto adicional al fallecido dentro del templo. Ante ello, el pastor expresó que “con un culto bastaba” y, en un momento de ira, ordenó suspender la vela.
Los asistentes tuvieron que sacar el ataúd bajo la lluvia y trasladarlo a una vivienda cercana, facilitada por un vecino, mientras cubrían el féretro con sacos. La situación ha generado indignación en la comunidad por la actitud del pastor.
La Policía Nacional Civil (PNC) fue alertada del hecho y acudió al lugar para intervenir.
Nacionales
Autoridades destruyen más de 10 toneladas de cigarrillos decomisados en el marco del Plan Anticontrabando
El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa combatiendo las estructuras criminales que afectan las finanzas públicas a través del contrabando. Este martes, las autoridades informaron sobre la destrucción de 7,618,040 unidades de cigarrillos, equivalentes a 10.28 toneladas, con un valor aproximado de 2.1 millones de dólares en impuestos, almacenaje y multas.
El anuncio fue hecho por el ministro de Hacienda, Jerson Posada; el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro; el director general de Aduanas, Benjamín Mayorga; y el fiscal adjunto para la Defensa de los Intereses del Estado, Jonathan Mata. Posada enfatizó que la acción envía “un mensaje claro y firme: en el nuevo El Salvador el crimen no tiene espacio y la ley se respeta”.
La destrucción de los cigarrillos se llevó a cabo en la planta Geocycle, en Metapán, Santa Ana, mediante un proceso ambientalmente seguro.
Esta medida forma parte del Plan Anticontrabando liderado por la Dirección General de Aduanas, que ha permitido importantes decomisos en puntos fronterizos no habilitados y rutas fiscales.
Según Posada, el comercio ilícito de cigarrillos daña a consumidores, comercios legales e industrias establecidas, además de desestabilizar los mercados y generar competencia desleal. La Dirección General de Aduanas continuará ejecutando operativos en coordinación con la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República para prevenir y combatir el contrabando y otros ilícitos aduaneros.
