Nacionales
Falta de aprobación de créditos BID causa costos al país e interrumpe proyectos de salud y reactivación
Los préstamos que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha otorgado a El Salvador requieren de una comisión para mantenerlos activos, la cual debe pagarse mientras no sean incorporados al erario nacional. De esta manera, la falta de acción de los diputados resulta en un costo adicional para los fondos públicos, además de obstaculizar programas.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele gestionó $300 millones con el BID en el contexto de la emergencia por el COVID-19. Aunque el organismo multilateral concedió el financiamiento, los diputados lo han retrasado de manera sistemática, con todas las consecuencias negativas que trae al país.
Sobre el tema, el ministro Hacienda, Alejandro Zelaya, explicó que “El Salvador, por comisión de compromiso que se devenga por no desembolsar los préstamos del BID presentados a la Asamblea Legislativa –por $ 250 millones y $ 50 millones–, paga $4,100 diarios desde el 20 de septiembre de este año”.
De los $350 millones, ya $250 millones se incorporaron de manera parcial en el presupuesto general de este año. Los otros $300 millones de los que habló el ministro Zelaya todavía están pendientes de votación para ratificación (segunda vuelta) y de votación para asignación presupuestaria (tercera vuelta). Los diputados, desde julio, no han hecho ningún avance al respecto. La comisión es para poderlos mantener activos, en lugar de que se aprueben para otra nación que también los pueda necesitar.
“Si al 31 de diciembre no se han ratificado los créditos, el país habrá pagado $422,300 por la necedad de unos pocos. Eso, sin contar los demás créditos que no han aprobado”, agregó el ministro de Hacienda.
En total, el Gobierno ha gestionado $1,404 millones entre préstamos y operaciones en el mercado de inversionistas, con solicitudes que se han enviado desde 2019 para diversos propósitos: seguridad pública, salud, bienestar social, desarrollo económico. De 12 solicitudes relacionadas con la facilitación de fondos externos, han aprobado tres. Quedan $ 813.5 millones que todavía están secuestrados por el bloque legislativo que han conformado ARENA, FMLN y Rodolfo Parker.
“Señores diputados, yo sé que ya tomaron la decisión, puesto que ya conocen este dato. Pero les aconsejo que reflexionen: aprueben los fondos para atender la emergencia sanitaria y económica”, insistió el funcionario.
Los fondos del BID que se mencionaron primero van para equilibrar las finanzas del Estado ante la caída de ingresos fiscales por más de $ 712 millones. También hay otro porcentaje que se destinará para iniciar con los componentes del fideicomiso de BANDESAL, productores agrícolas, FOMILENIO II, entre otros. El de $50 millones es exclusivamente para el sector salud.
La misma caída en los ingresos impide contar con la liquidez suficiente para transferir los fondos para FODES y los salarios de la Asamblea Legislativa. El Gobierno ha ofrecido diversas soluciones, pero los diputados no ceden y mantienen bloqueados los fondos. El Presidente Nayib Bukele invita a dar prioridad a la población vulnerable, a las mipymes y los trabajadores, y facilitar el acceso a estos recursos.
Judicial
El Salvador impone condenas históricas: más de 10 pandilleros sentenciados a 100 años o más de prisión
En el marco de la política de combate frontal a las estructuras criminales, autoridades salvadoreñas han logrado en el último año la condena ejemplar de al menos diez pandilleros y criminales a penas que superan los 100 años de prisión. Los delitos incluyen homicidios, feminicidios, extorsión, privación de libertad y tráfico ilícito, según informes del sistema judicial y la Fiscalía General de la República.
Entre los casos más destacados en los primeros cuatro meses de 2025 se encuentran tres miembros de la pandilla MS-13: Gerardo Josué García, condenado a 1,071 años; Exequiel Anastasio Maradiaga Flores, con una pena de 600 años; y José Aníbal Moreira Bernal, sentenciado a 524 años. Los tres delinquieron entre 2014 y 2018 en la zona oriental del país, siendo encontrados culpables de 28 homicidios agravados, un feminicidio, 50 conspiraciones para cometer asesinatos, 38 extorsiones y otros cargos relacionados con crimen organizado.
Otros casos recientes incluyen a Pablo Edgar López y David Antonio Martínez, condenados a 155 y 120 años respectivamente, por su participación en varios homicidios y delitos cometidos en conjunto con otros miembros de la MS-13.
También se reporta la condena de Cristian Giovanni Miranda Muller, sentenciado a 100 años de cárcel por el asesinato de su excompañera de vida y su hija en Tonacatepeque, en mayo de 2021. Ronald Antonio Hernández Gómez, cómplice en el crimen, recibió 60 años de prisión.
En Ahuachapán, Jonathan Alexander Armas Patriz fue condenado a 110 años tras ser hallado culpable de feminicidio agravado, homicidio agravado y aborto sin consentimiento. El sujeto asesinó a su expareja embarazada y a un menor.
Por su parte, Jonathan Barrera Ruano, alias «Sangriento», líder de una red criminal, recibió 218 años de cárcel por diversos delitos, entre ellos el asesinato de Ruth Nohemy A. S. y su hijo de seis meses en Ciudad Delgado en noviembre de 2020. En esa misma estructura delictiva participaba Luis Alonso Zelada Ramírez, alias «Silent», quien fue sentenciado a 236 años.
En octubre del año pasado, Marvin Alberto Maldonado Arias fue condenado a 100 años por el asesinato de cuatro mujeres entre 2014 y 2017 en San José Villanueva. Dos de las víctimas fueron ejecutadas por sospechas de ser informantes, y las otras dos por haber presenciado el homicidio de un agente policial.
Finalmente, seis integrantes de la pandilla 18 fueron condenados el año pasado a penas de entre 75 y 100 años de prisión por su responsabilidad en tres homicidios y una desaparición forzada ocurridos en Ciudad Delgado entre 2021 y 2022.
Estas condenas forman parte de la ofensiva penal y judicial contra las estructuras criminales, impulsada por el Gobierno bajo el régimen de excepción. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de crímenes atroces, con el objetivo de consolidar un país libre de violencia.
El Salvador continúa registrando jornadas sin homicidios durante mayo de 2025. De acuerdo con datos oficiales compartidos por la Policía Nacional Civil (PNC), el país suma ya 13 días sin muertes violentas en lo que va del mes, incluyendo el miércoles 14 de mayo.
La información fue publicada por la institución policial a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), donde se detalló que no se reportaron asesinatos en ningún punto del territorio nacional durante la jornada del miércoles.
Los días sin homicidios durante mayo, según el registro oficial, corresponden al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14. Además, el país acumula cinco días consecutivos sin hechos violentos letales.
Las autoridades atribuyen estos resultados a los patrullajes permanentes y las acciones coordinadas entre la PNC y la Fuerza Armada, como parte de la estrategia de seguridad implementada en el marco del régimen de excepción. El gobierno ha reiterado que estas medidas han posicionado a El Salvador como el país más seguro del hemisferio occidental.
Las cifras forman parte de los reportes diarios que publica la Policía Nacional Civil, como parte del monitoreo del impacto de sus políticas de seguridad y control territorial.
Internacionales
Pandillero de la MS-13 es detenido en Maryland tras ser buscado por la justicia salvadoreña
Joel Armando Mejía Benítez, identificado como integrante de la pandilla MS-13, fue arrestado recientemente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Baltimore, Maryland. El salvadoreño tenía una notificación roja de Interpol y enfrenta cargos por múltiples delitos cometidos con armas de fuego en El Salvador, además de haber ingresado ilegalmente en varias ocasiones a Estados Unidos.
“El arresto de este violento pandillero de la MS-13 es un paso crucial en nuestra misión continua de proteger a nuestras comunidades”, expresó Nikita Baker, directora interina de la Oficina de Campo de ICE en Baltimore.
La trayectoria de Mejía Benítez en territorio estadounidense se remonta a noviembre de 2004, cuando fue detenido por primera vez por la Patrulla Fronteriza en Sullivan City, Texas. Un año después, en diciembre de 2005, un juez de inmigración ordenó su deportación en ausencia. Fue capturado nuevamente en 2006 en el condado de Prince George y deportado a El Salvador el 13 de diciembre de ese año.
Pese a ello, el pandillero regresó a Estados Unidos de forma irregular en una fecha no determinada. El 20 de marzo de 2014, agentes migratorios volvieron a detenerlo en Baltimore y le notificaron la reactivación de la orden de expulsión previamente emitida.
El más reciente arresto se realizó a inicios de este mes. Las autoridades estadounidenses han confirmado que Mejía Benítez no contaba con admisión legal ni permiso de ingreso, por lo que ahora está a la espera de su extradición a El Salvador, donde sería trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), como parte del acuerdo bilateral de repatriación de criminales.
En el marco de una ofensiva migratoria, durante los primeros 100 días del gobierno del expresidente Donald Trump, ICE reportó más de 65,000 detenciones de inmigrantes indocumentados, entre ellos más de 2,000 miembros de estructuras criminales como la MS-13, la pandilla 18 y el grupo venezolano Tren de Aragua.
