Nacionales
EUA anticipa un fuerte lazo con El Salvador ante el cambio de presidente y prevé grandes beneficios para el país
Este 20 de enero, el ex senador y vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, será investido como el 47 ° presidente de los Estados Unidos. La presidencia de Biden devuelve la política exterior de Estados Unidos a una base más convencional basada en el multilateralismo y un énfasis renovado en temas que la administración Trump no consideró como prioridades. Afortunadamente para El Salvador, esos temas, en particular la lucha contra la corrupción y la promoción del desarrollo “verde” sostenible, son áreas en las que el Gobierno de Bukele ha asumido un liderazgo regional.
La cooperación entre los presidentes Bukele y Trump en temas como la lucha contra el crimen transfronterizo y la reducción de la inmigración ilegal ha profundizado la amistad entre nuestros países y ha posicionado a El Salvador para entablar una relación con el nuevo presidente de Estados Unidos que conducirá a inversiones generadoras de empleo con el objetivo final de eliminar la pobreza. Los esfuerzos de Bukele ya han logrado avances significativos en la reducción del tipo de crimen y violencia de pandillas que inhibieron la inversión en el pasado.
El compromiso del presidente Bukele de combatir la violencia de las pandillas ha resultado en una reducción dramática del crimen, dando a los salvadoreños una mayor libertad para perseguir sus vocaciones y mejorando la calidad de vida en vecindarios previamente controlados por delincuentes. Un compromiso similar con el desarrollo ambientalmente sostenible y la energía renovable ayudará a forjar una relación constructiva con la Administración de Biden como EE. UU. El Ejecutivo lanza una política exterior que incluirá estos temas “verdes” en todas sus políticas e iniciativas. El nombramiento del exsecretario de Estado John Kerry como “zar” del medio ambiente es una indicación de la importancia del tema para Biden.
Una revisión del historial ambiental de la Administración de Bukele revela un gobierno que, en poco tiempo, llevó al país a expandir la generación de energía hidroeléctrica, reemplazando los combustibles fósiles por energía limpia para alimentar los hogares y negocios del país. La energía solar es perfecta para el soleado El Salvador y su creciente importancia en el país es consistente con los objetivos globales de reducir las emisiones de carbono. Al desarrollar una industria turística alrededor de los idílicos lugares para surfear en El Salvador y garantizar que el desarrollo sea “verde” y sostenible, demuestra que el gobierno actual aplica su compromiso ambiental en todas las industrias y actividades.
Los beneficios para El Salvador son claros. Ninguna región comprende mejor el impacto del cambio climático que Centroamérica, donde la intensidad de las tormentas ha aumentado a niveles aún más peligrosos, causando daños prolíficos, cobrando vidas, destruyendo economías y contribuyendo al éxodo de centroamericanos hacia el norte.
Los salvadoreños deben estar orgullosos de disfrutar del liderazgo de un presidente que sabe cómo trabajar pragmáticamente en temas de interés mundial, convirtiendo su amistad y cooperación con la Administración Trump en una sinergia temprana con el presidente entrante de los Estados Unidos, Joe Biden.
En Washington, estamos entusiasmados de trabajar con los gobiernos y el sector privado de El Salvador y Estados Unidos en una agenda de desarrollo que traerá dividendos a la gente de ambos países. Se espera que el presidente Biden lance un ambicioso plan para Centroamérica centrado en El Salvador, Guatemala y Honduras. Los esfuerzos del presidente Bukele colocan a su país en la posición más favorable para asegurar las ventajas de este plan, que incluyen la movilización de inversión privada y asistencia significativa para ayudar a reducir la pobreza. El cambio de administraciones presidenciales en los EE. UU. Puede verse como un desarrollo positivo para El Salvador, no porque un presidente sea necesariamente mejor que el otro, sino porque el presidente Bukele ha construido una relación con EE. UU. Basada en objetivos compartidos que trascienden la política y los enfoques sobre la mejora de la condición humana.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
