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EUA anticipa un fuerte lazo con El Salvador ante el cambio de presidente y prevé grandes beneficios para el país
Este 20 de enero, el ex senador y vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, será investido como el 47 ° presidente de los Estados Unidos. La presidencia de Biden devuelve la política exterior de Estados Unidos a una base más convencional basada en el multilateralismo y un énfasis renovado en temas que la administración Trump no consideró como prioridades. Afortunadamente para El Salvador, esos temas, en particular la lucha contra la corrupción y la promoción del desarrollo “verde” sostenible, son áreas en las que el Gobierno de Bukele ha asumido un liderazgo regional.
La cooperación entre los presidentes Bukele y Trump en temas como la lucha contra el crimen transfronterizo y la reducción de la inmigración ilegal ha profundizado la amistad entre nuestros países y ha posicionado a El Salvador para entablar una relación con el nuevo presidente de Estados Unidos que conducirá a inversiones generadoras de empleo con el objetivo final de eliminar la pobreza. Los esfuerzos de Bukele ya han logrado avances significativos en la reducción del tipo de crimen y violencia de pandillas que inhibieron la inversión en el pasado.
El compromiso del presidente Bukele de combatir la violencia de las pandillas ha resultado en una reducción dramática del crimen, dando a los salvadoreños una mayor libertad para perseguir sus vocaciones y mejorando la calidad de vida en vecindarios previamente controlados por delincuentes. Un compromiso similar con el desarrollo ambientalmente sostenible y la energía renovable ayudará a forjar una relación constructiva con la Administración de Biden como EE. UU. El Ejecutivo lanza una política exterior que incluirá estos temas “verdes” en todas sus políticas e iniciativas. El nombramiento del exsecretario de Estado John Kerry como “zar” del medio ambiente es una indicación de la importancia del tema para Biden.
Una revisión del historial ambiental de la Administración de Bukele revela un gobierno que, en poco tiempo, llevó al país a expandir la generación de energía hidroeléctrica, reemplazando los combustibles fósiles por energía limpia para alimentar los hogares y negocios del país. La energía solar es perfecta para el soleado El Salvador y su creciente importancia en el país es consistente con los objetivos globales de reducir las emisiones de carbono. Al desarrollar una industria turística alrededor de los idílicos lugares para surfear en El Salvador y garantizar que el desarrollo sea “verde” y sostenible, demuestra que el gobierno actual aplica su compromiso ambiental en todas las industrias y actividades.
Los beneficios para El Salvador son claros. Ninguna región comprende mejor el impacto del cambio climático que Centroamérica, donde la intensidad de las tormentas ha aumentado a niveles aún más peligrosos, causando daños prolíficos, cobrando vidas, destruyendo economías y contribuyendo al éxodo de centroamericanos hacia el norte.
Los salvadoreños deben estar orgullosos de disfrutar del liderazgo de un presidente que sabe cómo trabajar pragmáticamente en temas de interés mundial, convirtiendo su amistad y cooperación con la Administración Trump en una sinergia temprana con el presidente entrante de los Estados Unidos, Joe Biden.
En Washington, estamos entusiasmados de trabajar con los gobiernos y el sector privado de El Salvador y Estados Unidos en una agenda de desarrollo que traerá dividendos a la gente de ambos países. Se espera que el presidente Biden lance un ambicioso plan para Centroamérica centrado en El Salvador, Guatemala y Honduras. Los esfuerzos del presidente Bukele colocan a su país en la posición más favorable para asegurar las ventajas de este plan, que incluyen la movilización de inversión privada y asistencia significativa para ayudar a reducir la pobreza. El cambio de administraciones presidenciales en los EE. UU. Puede verse como un desarrollo positivo para El Salvador, no porque un presidente sea necesariamente mejor que el otro, sino porque el presidente Bukele ha construido una relación con EE. UU. Basada en objetivos compartidos que trascienden la política y los enfoques sobre la mejora de la condición humana.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
