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El Salvador tiene capacidad de pago de deuda soberana
El presidente Nayib Bukele hizo público ayer el envío de dos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa con el propósito de asegurar la disponibilidad de fondos para hacer una oferta de compra «transparente, pública y voluntaria a todos los tenedores de bonos de deuda soberana salvadoreña desde 2023 hasta 2025 al precio de mercado que sea en el momento de cada transacción».
«Contrario a lo que los medios han estado diciendo todo este tiempo, El Salvador tiene la liquidez no solo para pagar todos sus compromisos a su vencimiento, sino también para comprar toda su propia deuda (hasta 2025) por adelantado», afirmó el mandatario.
Hoy enviamos 2 proyectos de ley a la @AsambleaSV para asegurar los fondos para hacer una oferta de compra transparente, pública y voluntaria a todos los tenedores de bonos de deuda soberana salvadoreña desde 2023 hasta 2025, al precio de mercado al momento de cada transacción.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 26, 2022
El anuncio hecho por el presidente Bukele tuvo de inmediato un impacto positivo en las cotizaciones del mercado. «Los bonos están transando a 50 centavos por dólar luego de haber caído cerca de los 30 centavos por dólar y, de ejecutarse la operación, creemos que los rendimientos de El Salvador se estabilizarán», aseguró el vicepresidente de la firma Exor Latinoamérica, César Addario.
En este escenario, Addario explicó que el «timing» es muy importante, y de cara a los anuncios es muy probable que el precio continúe creciendo durante las próximas seis semanas. «Los acreedores estarán esperando ver noticias del avance y publicación de la oferta. Mantener la comunicación con el mercado es clave», destacó.
Temprano en la mañana, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que El Salvador podrá pagar sus compromisos de deuda a corto plazo, incluidos los bonos de 2023, así como financiar el subsidio a los combustibles, realizar mejoras en infraestructura pública e invertir en programas sociales gracias a medidas como el Plan Antievasión que ha permitido identificar y recuperar al Estado $781 millones de hasta $2,000 millones que se pierden al año, afirmó este martes el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
«Nosotros creemos que sólo mediante el fortalecimiento de los ingresos propios y un adecuado manejo del gasto público orientándose, sobre todo a la inversión, vamos a poder realmente salir de la situación o la trampa de deuda en la que dejaron a este país», afirmó.
En cuanto al cumplimiento de los compromisos de deuda, el ministro recordó que Hacienda logró cumplir dichas obligaciones en 2020 a pesar de que los recursos del país cayeron en $800 millones debido a la pandemia COVID-19 y la falta de apoyo de la Asamblea Legislativa.
«Si en esos momentos tan complejos (pandemia) donde no me aprobaban financiamiento, donde se cayeron los ingresos tributarios, el gasto público se duplicó en alrededor de $1,400 millones solo para atender la emergencia, se cumplió con todos compromisos de deuda ¿por qué no lo haríamos ahora que tenemos alrededor de $800 millones adicionales en recaudación tributaria respeto a 2021?, reflexionó el funcionario.
Esta cantidad, según el ministro Zelaya, superó incluso las propias proyecciones de Hacienda. «Creemos que vamos a cerrar este año con más de $1,000 millones en exceso de recaudación tributaria. Eso es lo que hace que podamos mantener todos estos programas y podamos seguir cumpliendo con todos nuestros compromisos», recalcó.
El titular de Hacienda agregó que solo en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se tiene una recaudación récord de alrededor de un 26 % adicional a lo planificado y en declaraciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) se supera casi en un 50 %. «Evidentemente esto lo hicimos saliendo a perseguir la evasión, pero también tendiéndole la mano al empresario», reveló.
En este escenario, la financiera internacional, Morgan Stanley, destacó recientemente que El Salvador podrá pagar sus compromisos de deuda a corto plazo, incluidos los bonos de 2023, en parte debido a que cuenta con un superávit primario y vencimientos menores en comparación con otros países, pero también, debido a la recaudación tributaria.
«El informe de Morgan Stanley, solo viene a ratificar lo que nosotros ya hemos dicho, El Salvador va a cumplir con sus compromisos, dice Morgan Stanley, por una fuerte recaudación tributaria, por una buena relación con organismos multilaterales y por un alto compromiso de las autoridades en cumplir con sus obligaciones», reforzó el ministro Zelaya.
«En el caso de las finanzas públicas, la persecución de la evasión fiscal en el pasado fue una deuda histórica. El Plan Antievasión (puesto en marcha durante la presente gestión) le ha entregado al país alrededor $800 millones. Perdemos entre $1,500 y $2,000 y todavía nos falta recuperar esa parte, pero estamos trabajando en ello», reiteró.
De acuerdo con Zelaya, la Hacienda Pública siempre se manejó por el lado del gasto, pero nunca se estableció una estrategia con miras a fortalecer la recaudación tributaria.
Por: DES.
Judicial
¡ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN! Revelan dádivas por $1.5 millones, viajes en jets privados y vehículos de lujo en el caso Corruptela
El caso Corruptela vuelve a poner bajo la lupa uno de los mayores escándalos de corrupción dentro de la Fiscalía General de la República (FGR). El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador reanudó la audiencia preliminar contra una presunta estructura integrada por 30 personas, entre exfuncionarios, exempleados de la institución y empresarios, señalados de participar en una serie de irregularidades que habrían permitido el desvío de fondos públicos, la manipulación de investigaciones y la entrega de beneficios económicos a cambio de favores.
Uno de los datos más relevantes expuestos en el proceso es la entrega de dádivas valoradas en aproximadamente $1.5 millones, que, según las investigaciones, incluían dinero en efectivo, vehículos de lujo y viajes en aviones privados. Estos beneficios habrían sido utilizados para obtener decisiones favorables dentro del Ministerio Público, entre ellas el archivo irregular de expedientes, la apertura de investigaciones falsas, la manipulación de acusaciones y la ejecución de detenciones ilegales.
Las investigaciones también establecieron un presunto desvío de $735,866.14 procedentes de cuentas especiales y del patrimonio de la Fiscalía. De acuerdo con la acusación, estos recursos habrían sido utilizados para financiar consultorías ficticias, contrataciones ilegales, remodelaciones de viviendas particulares, mantenimiento de vehículos privados, pago de servicios de telefonía personal y viáticos que no correspondían a las funciones institucionales.
La investigación comprende 22 hechos de presunta corrupción relacionados con 30 personas, entre quienes figura el exfiscal general de la República, Luis Antonio Martínez González, señalado como uno de los principales involucrados en el caso. También aparece el exfiscal general adjunto Edgar Isaías Márquez, quien no se presentó a la audiencia preliminar y fue declarado rebelde por la jueza encargada del proceso.
Entre los demás procesados se encuentran Julio Adalberto Arriaza González, José Francisco Paredes Valladares, Mauricio Antonio Yanes Morales y José Dolores Zelaya Mendoza, quienes ocuparon diferentes cargos dentro de la Fiscalía. La investigación también incluye al fallecido expresidente de la República, Carlos Mauricio Funes, así como a empresarios y particulares presuntamente vinculados con las operaciones investigadas.
En el expediente también figuran los empresarios José Aquiles Enrique Rais, Hugo Ernesto Blanco Rais, Aldo Vinicio Parducci, Moisés Torres Polanco y Jorge Moisés Nájera Aguilar. Según la investigación, la presunta red habría utilizado recursos, cargos y facultades de la Fiscalía para favorecer intereses particulares, mediante decisiones que comprometían el funcionamiento de la institución encargada de investigar los delitos en El Salvador.
La audiencia preliminar se desarrolla a puerta cerrada debido a una reserva parcial decretada para proteger la identidad de testigos criteriados. No obstante, durante el desarrollo de las diligencias se han conocido algunas decisiones judiciales relacionadas con los imputados y las solicitudes presentadas por las partes.
Entre estas decisiones destaca que cinco imputados considerados de menor participación recibieron autorización para someterse a un procedimiento abreviado, mediante el cual admitirían los hechos delictivos que se les atribuyen a cambio de penas reducidas, conforme a las condiciones establecidas por la legislación. Sin embargo, a Blanca Rosa Rais, hermana del empresario Enrique Rais, le fue denegada la posibilidad de acogerse a ese procedimiento.
Otro punto importante de la audiencia es la petición de la Fiscalía para modificar la calificación de la participación del exfiscal Luis Martínez y de Julio Arriaza. El Ministerio Público busca que ambos dejen de ser considerados instigadores y sean procesados como autores directos de los delitos que se les atribuyen. Martínez enfrenta acusaciones por siete delitos, mientras que Arriaza está vinculado a tres ilícitos.
Los delitos investigados dentro del caso Corruptela incluyen cohecho propio, cohecho activo, peculado, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, falsedad documental agravada, omisión de la investigación y lavado de dinero y de activos. La diversidad de acusaciones refleja la dimensión de un proceso que abarca tanto el presunto uso indebido de recursos institucionales como posibles actuaciones ilegales dentro de investigaciones penales.
El caso continúa en una etapa judicial decisiva, en la que deberá determinarse si existen suficientes elementos para enviar a juicio a los acusados. Las cifras millonarias, los beneficios de lujo y las presuntas irregularidades cometidas desde el interior de la Fiscalía constituyen el eje de una investigación que busca establecer las responsabilidades individuales de los involucrados, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme.
Como parte de la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, la Dirección General de Protección Civil desarrolla este miércoles 14 de octubre el Simulacro Nacional de Preparación y Respuesta ante Terremoto 2026, con la participación de instituciones públicas y privadas de todo el país.
El ejercicio contempla el escenario de un terremoto de ocho grados con impacto a escala nacional, que ha provocado daños en edificios y viviendas, interrupciones de servicios básicos, conatos de incendios y personas lesionadas.
La actividad tiene como objetivo evaluar la efectividad de los planes de emergencia y evacuación, el desempeño de las brigadas institucionales y comunitarias, así como la coordinación y comunicación entre las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.
Además, busca fomentar la cultura de prevención, garantizar la inclusión de personas con discapacidad y en condición de vulnerabilidad, identificar oportunidades de mejora en la respuesta ante emergencias y recopilar datos técnicos y estadísticos que permitan fortalecer la preparación y la mejora continua en los ámbitos local, municipal y nacional.
Las autoridades también destacaron que el simulacro busca conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, que dejó al menos 1,500 personas fallecidas.
«No será solo un día para conmemorar a las víctimas del terremoto de 1986, sino también para realizar actividades de prevención», explicó Luis Amaya, director general de Protección Civil, durante una entrevista el lunes.
El funcionario señaló, además, que este martes comienza la Semana de la Reducción de Riesgos de Desastres, bajo el lema «La resiliencia empieza en casa y en las comunidades».
Como parte de las actividades, también se desarrolla una feria en el parque Simón Bolívar, ubicado en el Centro Histórico de San Salvador. En el lugar se instalarán exposiciones y se brindará información sobre el trabajo que realizan las diferentes instituciones en materia de prevención.
Por su parte, la Secretaría de Prensa indicó en su cuenta de X que «el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la preparación del Sistema Nacional de Protección Civil ante posibles emergencias ocasionadas por sismos y desastres naturales, con el objetivo de resguardar la vida de los salvadoreños a escala nacional».
Un nuevo accidente de tránsito se reportó este día en la carretera que conduce de Sonsonate hacia San Salvador, donde un vehículo volcó en el sector de Copapayo.
Por razones que aún se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo, lo que provocó que terminara volcado.
Según reportes ciudadanos, el percance dejó a una mujer lesionada y ocasionó fuertes daños materiales.
Personal policial acudió a la escena para inspeccionar lo ocurrido, mientras las causas del accidente continúan bajo investigación.
