Nacionales
El Salvador tiene capacidad de pago de deuda soberana
El presidente Nayib Bukele hizo público ayer el envío de dos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa con el propósito de asegurar la disponibilidad de fondos para hacer una oferta de compra «transparente, pública y voluntaria a todos los tenedores de bonos de deuda soberana salvadoreña desde 2023 hasta 2025 al precio de mercado que sea en el momento de cada transacción».
«Contrario a lo que los medios han estado diciendo todo este tiempo, El Salvador tiene la liquidez no solo para pagar todos sus compromisos a su vencimiento, sino también para comprar toda su propia deuda (hasta 2025) por adelantado», afirmó el mandatario.
Hoy enviamos 2 proyectos de ley a la @AsambleaSV para asegurar los fondos para hacer una oferta de compra transparente, pública y voluntaria a todos los tenedores de bonos de deuda soberana salvadoreña desde 2023 hasta 2025, al precio de mercado al momento de cada transacción.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 26, 2022
El anuncio hecho por el presidente Bukele tuvo de inmediato un impacto positivo en las cotizaciones del mercado. «Los bonos están transando a 50 centavos por dólar luego de haber caído cerca de los 30 centavos por dólar y, de ejecutarse la operación, creemos que los rendimientos de El Salvador se estabilizarán», aseguró el vicepresidente de la firma Exor Latinoamérica, César Addario.
En este escenario, Addario explicó que el «timing» es muy importante, y de cara a los anuncios es muy probable que el precio continúe creciendo durante las próximas seis semanas. «Los acreedores estarán esperando ver noticias del avance y publicación de la oferta. Mantener la comunicación con el mercado es clave», destacó.
Temprano en la mañana, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que El Salvador podrá pagar sus compromisos de deuda a corto plazo, incluidos los bonos de 2023, así como financiar el subsidio a los combustibles, realizar mejoras en infraestructura pública e invertir en programas sociales gracias a medidas como el Plan Antievasión que ha permitido identificar y recuperar al Estado $781 millones de hasta $2,000 millones que se pierden al año, afirmó este martes el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
«Nosotros creemos que sólo mediante el fortalecimiento de los ingresos propios y un adecuado manejo del gasto público orientándose, sobre todo a la inversión, vamos a poder realmente salir de la situación o la trampa de deuda en la que dejaron a este país», afirmó.
En cuanto al cumplimiento de los compromisos de deuda, el ministro recordó que Hacienda logró cumplir dichas obligaciones en 2020 a pesar de que los recursos del país cayeron en $800 millones debido a la pandemia COVID-19 y la falta de apoyo de la Asamblea Legislativa.
«Si en esos momentos tan complejos (pandemia) donde no me aprobaban financiamiento, donde se cayeron los ingresos tributarios, el gasto público se duplicó en alrededor de $1,400 millones solo para atender la emergencia, se cumplió con todos compromisos de deuda ¿por qué no lo haríamos ahora que tenemos alrededor de $800 millones adicionales en recaudación tributaria respeto a 2021?, reflexionó el funcionario.
Esta cantidad, según el ministro Zelaya, superó incluso las propias proyecciones de Hacienda. «Creemos que vamos a cerrar este año con más de $1,000 millones en exceso de recaudación tributaria. Eso es lo que hace que podamos mantener todos estos programas y podamos seguir cumpliendo con todos nuestros compromisos», recalcó.
El titular de Hacienda agregó que solo en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se tiene una recaudación récord de alrededor de un 26 % adicional a lo planificado y en declaraciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) se supera casi en un 50 %. «Evidentemente esto lo hicimos saliendo a perseguir la evasión, pero también tendiéndole la mano al empresario», reveló.
En este escenario, la financiera internacional, Morgan Stanley, destacó recientemente que El Salvador podrá pagar sus compromisos de deuda a corto plazo, incluidos los bonos de 2023, en parte debido a que cuenta con un superávit primario y vencimientos menores en comparación con otros países, pero también, debido a la recaudación tributaria.
«El informe de Morgan Stanley, solo viene a ratificar lo que nosotros ya hemos dicho, El Salvador va a cumplir con sus compromisos, dice Morgan Stanley, por una fuerte recaudación tributaria, por una buena relación con organismos multilaterales y por un alto compromiso de las autoridades en cumplir con sus obligaciones», reforzó el ministro Zelaya.
«En el caso de las finanzas públicas, la persecución de la evasión fiscal en el pasado fue una deuda histórica. El Plan Antievasión (puesto en marcha durante la presente gestión) le ha entregado al país alrededor $800 millones. Perdemos entre $1,500 y $2,000 y todavía nos falta recuperar esa parte, pero estamos trabajando en ello», reiteró.
De acuerdo con Zelaya, la Hacienda Pública siempre se manejó por el lado del gasto, pero nunca se estableció una estrategia con miras a fortalecer la recaudación tributaria.
Por: DES.
Principal
Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación
Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.
En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.
El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.
En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.
Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.
Principal
Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
Principal
Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
