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El Salvador tiene capacidad de pago de deuda soberana
El presidente Nayib Bukele hizo público ayer el envío de dos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa con el propósito de asegurar la disponibilidad de fondos para hacer una oferta de compra «transparente, pública y voluntaria a todos los tenedores de bonos de deuda soberana salvadoreña desde 2023 hasta 2025 al precio de mercado que sea en el momento de cada transacción».
«Contrario a lo que los medios han estado diciendo todo este tiempo, El Salvador tiene la liquidez no solo para pagar todos sus compromisos a su vencimiento, sino también para comprar toda su propia deuda (hasta 2025) por adelantado», afirmó el mandatario.
Hoy enviamos 2 proyectos de ley a la @AsambleaSV para asegurar los fondos para hacer una oferta de compra transparente, pública y voluntaria a todos los tenedores de bonos de deuda soberana salvadoreña desde 2023 hasta 2025, al precio de mercado al momento de cada transacción.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 26, 2022
El anuncio hecho por el presidente Bukele tuvo de inmediato un impacto positivo en las cotizaciones del mercado. «Los bonos están transando a 50 centavos por dólar luego de haber caído cerca de los 30 centavos por dólar y, de ejecutarse la operación, creemos que los rendimientos de El Salvador se estabilizarán», aseguró el vicepresidente de la firma Exor Latinoamérica, César Addario.
En este escenario, Addario explicó que el «timing» es muy importante, y de cara a los anuncios es muy probable que el precio continúe creciendo durante las próximas seis semanas. «Los acreedores estarán esperando ver noticias del avance y publicación de la oferta. Mantener la comunicación con el mercado es clave», destacó.
Temprano en la mañana, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que El Salvador podrá pagar sus compromisos de deuda a corto plazo, incluidos los bonos de 2023, así como financiar el subsidio a los combustibles, realizar mejoras en infraestructura pública e invertir en programas sociales gracias a medidas como el Plan Antievasión que ha permitido identificar y recuperar al Estado $781 millones de hasta $2,000 millones que se pierden al año, afirmó este martes el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
«Nosotros creemos que sólo mediante el fortalecimiento de los ingresos propios y un adecuado manejo del gasto público orientándose, sobre todo a la inversión, vamos a poder realmente salir de la situación o la trampa de deuda en la que dejaron a este país», afirmó.
En cuanto al cumplimiento de los compromisos de deuda, el ministro recordó que Hacienda logró cumplir dichas obligaciones en 2020 a pesar de que los recursos del país cayeron en $800 millones debido a la pandemia COVID-19 y la falta de apoyo de la Asamblea Legislativa.
«Si en esos momentos tan complejos (pandemia) donde no me aprobaban financiamiento, donde se cayeron los ingresos tributarios, el gasto público se duplicó en alrededor de $1,400 millones solo para atender la emergencia, se cumplió con todos compromisos de deuda ¿por qué no lo haríamos ahora que tenemos alrededor de $800 millones adicionales en recaudación tributaria respeto a 2021?, reflexionó el funcionario.
Esta cantidad, según el ministro Zelaya, superó incluso las propias proyecciones de Hacienda. «Creemos que vamos a cerrar este año con más de $1,000 millones en exceso de recaudación tributaria. Eso es lo que hace que podamos mantener todos estos programas y podamos seguir cumpliendo con todos nuestros compromisos», recalcó.
El titular de Hacienda agregó que solo en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se tiene una recaudación récord de alrededor de un 26 % adicional a lo planificado y en declaraciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) se supera casi en un 50 %. «Evidentemente esto lo hicimos saliendo a perseguir la evasión, pero también tendiéndole la mano al empresario», reveló.
En este escenario, la financiera internacional, Morgan Stanley, destacó recientemente que El Salvador podrá pagar sus compromisos de deuda a corto plazo, incluidos los bonos de 2023, en parte debido a que cuenta con un superávit primario y vencimientos menores en comparación con otros países, pero también, debido a la recaudación tributaria.
«El informe de Morgan Stanley, solo viene a ratificar lo que nosotros ya hemos dicho, El Salvador va a cumplir con sus compromisos, dice Morgan Stanley, por una fuerte recaudación tributaria, por una buena relación con organismos multilaterales y por un alto compromiso de las autoridades en cumplir con sus obligaciones», reforzó el ministro Zelaya.
«En el caso de las finanzas públicas, la persecución de la evasión fiscal en el pasado fue una deuda histórica. El Plan Antievasión (puesto en marcha durante la presente gestión) le ha entregado al país alrededor $800 millones. Perdemos entre $1,500 y $2,000 y todavía nos falta recuperar esa parte, pero estamos trabajando en ello», reiteró.
De acuerdo con Zelaya, la Hacienda Pública siempre se manejó por el lado del gasto, pero nunca se estableció una estrategia con miras a fortalecer la recaudación tributaria.
Por: DES.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
