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El Salvador tiene capacidad de pago de deuda soberana
El presidente Nayib Bukele hizo público ayer el envío de dos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa con el propósito de asegurar la disponibilidad de fondos para hacer una oferta de compra «transparente, pública y voluntaria a todos los tenedores de bonos de deuda soberana salvadoreña desde 2023 hasta 2025 al precio de mercado que sea en el momento de cada transacción».
«Contrario a lo que los medios han estado diciendo todo este tiempo, El Salvador tiene la liquidez no solo para pagar todos sus compromisos a su vencimiento, sino también para comprar toda su propia deuda (hasta 2025) por adelantado», afirmó el mandatario.
Hoy enviamos 2 proyectos de ley a la @AsambleaSV para asegurar los fondos para hacer una oferta de compra transparente, pública y voluntaria a todos los tenedores de bonos de deuda soberana salvadoreña desde 2023 hasta 2025, al precio de mercado al momento de cada transacción.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 26, 2022
El anuncio hecho por el presidente Bukele tuvo de inmediato un impacto positivo en las cotizaciones del mercado. «Los bonos están transando a 50 centavos por dólar luego de haber caído cerca de los 30 centavos por dólar y, de ejecutarse la operación, creemos que los rendimientos de El Salvador se estabilizarán», aseguró el vicepresidente de la firma Exor Latinoamérica, César Addario.
En este escenario, Addario explicó que el «timing» es muy importante, y de cara a los anuncios es muy probable que el precio continúe creciendo durante las próximas seis semanas. «Los acreedores estarán esperando ver noticias del avance y publicación de la oferta. Mantener la comunicación con el mercado es clave», destacó.
Temprano en la mañana, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que El Salvador podrá pagar sus compromisos de deuda a corto plazo, incluidos los bonos de 2023, así como financiar el subsidio a los combustibles, realizar mejoras en infraestructura pública e invertir en programas sociales gracias a medidas como el Plan Antievasión que ha permitido identificar y recuperar al Estado $781 millones de hasta $2,000 millones que se pierden al año, afirmó este martes el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
«Nosotros creemos que sólo mediante el fortalecimiento de los ingresos propios y un adecuado manejo del gasto público orientándose, sobre todo a la inversión, vamos a poder realmente salir de la situación o la trampa de deuda en la que dejaron a este país», afirmó.
En cuanto al cumplimiento de los compromisos de deuda, el ministro recordó que Hacienda logró cumplir dichas obligaciones en 2020 a pesar de que los recursos del país cayeron en $800 millones debido a la pandemia COVID-19 y la falta de apoyo de la Asamblea Legislativa.
«Si en esos momentos tan complejos (pandemia) donde no me aprobaban financiamiento, donde se cayeron los ingresos tributarios, el gasto público se duplicó en alrededor de $1,400 millones solo para atender la emergencia, se cumplió con todos compromisos de deuda ¿por qué no lo haríamos ahora que tenemos alrededor de $800 millones adicionales en recaudación tributaria respeto a 2021?, reflexionó el funcionario.
Esta cantidad, según el ministro Zelaya, superó incluso las propias proyecciones de Hacienda. «Creemos que vamos a cerrar este año con más de $1,000 millones en exceso de recaudación tributaria. Eso es lo que hace que podamos mantener todos estos programas y podamos seguir cumpliendo con todos nuestros compromisos», recalcó.
El titular de Hacienda agregó que solo en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se tiene una recaudación récord de alrededor de un 26 % adicional a lo planificado y en declaraciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) se supera casi en un 50 %. «Evidentemente esto lo hicimos saliendo a perseguir la evasión, pero también tendiéndole la mano al empresario», reveló.
En este escenario, la financiera internacional, Morgan Stanley, destacó recientemente que El Salvador podrá pagar sus compromisos de deuda a corto plazo, incluidos los bonos de 2023, en parte debido a que cuenta con un superávit primario y vencimientos menores en comparación con otros países, pero también, debido a la recaudación tributaria.
«El informe de Morgan Stanley, solo viene a ratificar lo que nosotros ya hemos dicho, El Salvador va a cumplir con sus compromisos, dice Morgan Stanley, por una fuerte recaudación tributaria, por una buena relación con organismos multilaterales y por un alto compromiso de las autoridades en cumplir con sus obligaciones», reforzó el ministro Zelaya.
«En el caso de las finanzas públicas, la persecución de la evasión fiscal en el pasado fue una deuda histórica. El Plan Antievasión (puesto en marcha durante la presente gestión) le ha entregado al país alrededor $800 millones. Perdemos entre $1,500 y $2,000 y todavía nos falta recuperar esa parte, pero estamos trabajando en ello», reiteró.
De acuerdo con Zelaya, la Hacienda Pública siempre se manejó por el lado del gasto, pero nunca se estableció una estrategia con miras a fortalecer la recaudación tributaria.
Por: DES.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
