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El Salvador tiene capacidad de pago de deuda soberana
El presidente Nayib Bukele hizo público ayer el envío de dos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa con el propósito de asegurar la disponibilidad de fondos para hacer una oferta de compra «transparente, pública y voluntaria a todos los tenedores de bonos de deuda soberana salvadoreña desde 2023 hasta 2025 al precio de mercado que sea en el momento de cada transacción».
«Contrario a lo que los medios han estado diciendo todo este tiempo, El Salvador tiene la liquidez no solo para pagar todos sus compromisos a su vencimiento, sino también para comprar toda su propia deuda (hasta 2025) por adelantado», afirmó el mandatario.
Hoy enviamos 2 proyectos de ley a la @AsambleaSV para asegurar los fondos para hacer una oferta de compra transparente, pública y voluntaria a todos los tenedores de bonos de deuda soberana salvadoreña desde 2023 hasta 2025, al precio de mercado al momento de cada transacción.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 26, 2022
El anuncio hecho por el presidente Bukele tuvo de inmediato un impacto positivo en las cotizaciones del mercado. «Los bonos están transando a 50 centavos por dólar luego de haber caído cerca de los 30 centavos por dólar y, de ejecutarse la operación, creemos que los rendimientos de El Salvador se estabilizarán», aseguró el vicepresidente de la firma Exor Latinoamérica, César Addario.
En este escenario, Addario explicó que el «timing» es muy importante, y de cara a los anuncios es muy probable que el precio continúe creciendo durante las próximas seis semanas. «Los acreedores estarán esperando ver noticias del avance y publicación de la oferta. Mantener la comunicación con el mercado es clave», destacó.
Temprano en la mañana, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que El Salvador podrá pagar sus compromisos de deuda a corto plazo, incluidos los bonos de 2023, así como financiar el subsidio a los combustibles, realizar mejoras en infraestructura pública e invertir en programas sociales gracias a medidas como el Plan Antievasión que ha permitido identificar y recuperar al Estado $781 millones de hasta $2,000 millones que se pierden al año, afirmó este martes el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
«Nosotros creemos que sólo mediante el fortalecimiento de los ingresos propios y un adecuado manejo del gasto público orientándose, sobre todo a la inversión, vamos a poder realmente salir de la situación o la trampa de deuda en la que dejaron a este país», afirmó.
En cuanto al cumplimiento de los compromisos de deuda, el ministro recordó que Hacienda logró cumplir dichas obligaciones en 2020 a pesar de que los recursos del país cayeron en $800 millones debido a la pandemia COVID-19 y la falta de apoyo de la Asamblea Legislativa.
«Si en esos momentos tan complejos (pandemia) donde no me aprobaban financiamiento, donde se cayeron los ingresos tributarios, el gasto público se duplicó en alrededor de $1,400 millones solo para atender la emergencia, se cumplió con todos compromisos de deuda ¿por qué no lo haríamos ahora que tenemos alrededor de $800 millones adicionales en recaudación tributaria respeto a 2021?, reflexionó el funcionario.
Esta cantidad, según el ministro Zelaya, superó incluso las propias proyecciones de Hacienda. «Creemos que vamos a cerrar este año con más de $1,000 millones en exceso de recaudación tributaria. Eso es lo que hace que podamos mantener todos estos programas y podamos seguir cumpliendo con todos nuestros compromisos», recalcó.
El titular de Hacienda agregó que solo en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se tiene una recaudación récord de alrededor de un 26 % adicional a lo planificado y en declaraciones del Impuesto sobre la Renta (ISR) se supera casi en un 50 %. «Evidentemente esto lo hicimos saliendo a perseguir la evasión, pero también tendiéndole la mano al empresario», reveló.
En este escenario, la financiera internacional, Morgan Stanley, destacó recientemente que El Salvador podrá pagar sus compromisos de deuda a corto plazo, incluidos los bonos de 2023, en parte debido a que cuenta con un superávit primario y vencimientos menores en comparación con otros países, pero también, debido a la recaudación tributaria.
«El informe de Morgan Stanley, solo viene a ratificar lo que nosotros ya hemos dicho, El Salvador va a cumplir con sus compromisos, dice Morgan Stanley, por una fuerte recaudación tributaria, por una buena relación con organismos multilaterales y por un alto compromiso de las autoridades en cumplir con sus obligaciones», reforzó el ministro Zelaya.
«En el caso de las finanzas públicas, la persecución de la evasión fiscal en el pasado fue una deuda histórica. El Plan Antievasión (puesto en marcha durante la presente gestión) le ha entregado al país alrededor $800 millones. Perdemos entre $1,500 y $2,000 y todavía nos falta recuperar esa parte, pero estamos trabajando en ello», reiteró.
De acuerdo con Zelaya, la Hacienda Pública siempre se manejó por el lado del gasto, pero nunca se estableció una estrategia con miras a fortalecer la recaudación tributaria.
Por: DES.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
