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El Salvador se mantiene como el mejor país para vivir en la región en la era del COVID-19
A casi dos años desde que inició la pandemia por COVID-19, El Salvador es el país que brinda la mayor seguridad para vivir. El plan estratégico sanitario implementado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha conseguido mantener un posicionamiento en la región, logrando las menores afectaciones por el virus.
Los más bajos índices de positividad y mortalidad, según las pruebas COVID-19 han sido logrados con las estrategias de atención a la pandemia emanadas desde el Ejecutivo y se llevan a la práctica con un trabajo articulado de todas las instituciones del Gobierno.
En los datos oficiales acumulados, a este día, El Salvador reporta la menor cantidad de casos confirmados de contagio con 119,803 y de fallecidos 3,789, en comparación con el resto de los países de la región.
En Guatemala 619,891 contagios y 15,992 decesos; Honduras 378,351 contagios y 10,416 muertes; Costa Rica 567,614 contagiados y 7,318 muertes; Panamá 479,053 contagiados y 7,374 fallecidos.
Hace un año no había vacuna contra el COVID-19, las ciudades del mundo parecían pueblos fantasmas por la desolación, la mayoría de la población mundial se encerró en su casa, la incertidumbre abundaba.
Una vez los científicos encontraron una vacuna contra el COVID-19 inició la carrera por obtener el fármaco, a esta fecha la distribución ha estado lejos de ser equitativa. El Salvador también sobresale en este proceso con la mayor cantidad de personas completamente vacunadas (dos dosis), arriba del 70 % y cerca de un 77 % ya cuenta en el brazo con al menos la primera dosis.
Todos estos avances en el manejo de la pandemia son el trabajo que ha implementado el equipo del Gobierno que tiene a la cabeza al Presidente Nayib Bukele. Desde el inicio de la crisis sanitaria, el Mandatario giró la instrucción de hacer todo lo que esté al alcance por salvaguardar la vida de los salvadoreños.
El país está en una posición aventajada en el tema de la pandemia con las menores afectaciones y con el mayor porcentaje de inmunizados. vale la pena mencionar el respaldo de la mayoría de la población a los planes contra la pandemia, cerca de un 96 % aprueba el trabajo que se hace, según encuesta de CID-Gallup.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
