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El Salvador se mantiene como el mejor país para vivir en la región en la era del COVID-19
A casi dos años desde que inició la pandemia por COVID-19, El Salvador es el país que brinda la mayor seguridad para vivir. El plan estratégico sanitario implementado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele ha conseguido mantener un posicionamiento en la región, logrando las menores afectaciones por el virus.
Los más bajos índices de positividad y mortalidad, según las pruebas COVID-19 han sido logrados con las estrategias de atención a la pandemia emanadas desde el Ejecutivo y se llevan a la práctica con un trabajo articulado de todas las instituciones del Gobierno.
En los datos oficiales acumulados, a este día, El Salvador reporta la menor cantidad de casos confirmados de contagio con 119,803 y de fallecidos 3,789, en comparación con el resto de los países de la región.
En Guatemala 619,891 contagios y 15,992 decesos; Honduras 378,351 contagios y 10,416 muertes; Costa Rica 567,614 contagiados y 7,318 muertes; Panamá 479,053 contagiados y 7,374 fallecidos.
Hace un año no había vacuna contra el COVID-19, las ciudades del mundo parecían pueblos fantasmas por la desolación, la mayoría de la población mundial se encerró en su casa, la incertidumbre abundaba.
Una vez los científicos encontraron una vacuna contra el COVID-19 inició la carrera por obtener el fármaco, a esta fecha la distribución ha estado lejos de ser equitativa. El Salvador también sobresale en este proceso con la mayor cantidad de personas completamente vacunadas (dos dosis), arriba del 70 % y cerca de un 77 % ya cuenta en el brazo con al menos la primera dosis.
Todos estos avances en el manejo de la pandemia son el trabajo que ha implementado el equipo del Gobierno que tiene a la cabeza al Presidente Nayib Bukele. Desde el inicio de la crisis sanitaria, el Mandatario giró la instrucción de hacer todo lo que esté al alcance por salvaguardar la vida de los salvadoreños.
El país está en una posición aventajada en el tema de la pandemia con las menores afectaciones y con el mayor porcentaje de inmunizados. vale la pena mencionar el respaldo de la mayoría de la población a los planes contra la pandemia, cerca de un 96 % aprueba el trabajo que se hace, según encuesta de CID-Gallup.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
