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El Gobierno del presidente Bukele prioriza el desarrollo sostenible
El Gobierno del presidente Nayib Bukele ha implementado como eje principal en la ejecución de las políticas públicas su compromiso por avanzar hacia una sociedad basada en el desarrollo sostenible.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) plantea la implementación de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para que los países satisfagan las necesidades de sus habitantes sin comprometer la realidad de las futuras generaciones.
Estos son el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades, ciudades sostenibles, producción y consumo responsables; acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas; y alianzas para lograr los objetivos.
En El Salvador, por casi tres décadas, las regulaciones referentes al desarrollo sostenible no se renovaron, fue hasta octubre de 2020 que, por iniciativa del p r e s i d e n t e Nayib Bukele, la nueva Asamblea Legislativa aprobó el decreto 41 para crear el Consejo Nacional para el Desarrollo S o s t e n i b l e (CNDS), una i n s t a n c i a presidida por el vicepresidente de la república, Félix Ulloa, e integrada por diferentes ministerios, instituciones g u b e r n a m e n t a l e s , organizaciones de la sociedad civil y la academia.
Gracias a la instauración de este consejo y a los esfuerzos de la vicepresidencia de la república, junto con diversas instancias, el próximo 13 de julio El Salvador será parte de los ocho países de Latinoamérica y el Caribe que p r e s e n t a r á n el Informe de la II Revisión N a c i o n a l V o l u n t a r i a del Proceso de Implementación de los ODS en el Foro Político de Alto Nivel del Sistema de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos.
«La primera reunión que tuvimos, cuando asumí el cargo, fue en la cancillería [Ministerio de Relaciones Exteriores]. Se hicieron presentes alrededor de 24 entidades, entre ministerios, autónomas, direcciones generales, y con ellos abordamos el informe sobre el cumplimiento de los ODS que, como país, de manera voluntaria, vamos a rendir porque desde 2015 no se había presentado por parte del Estado salvadoreño», explicó Ulloa.
De acuerdo con el vicemandatario, «una visión amplia de los 17 objetivos sería muy dispersa a la hora de ejecutarla en el país, por eso el CNDS estableció la priorización de 10 ODS, los cuales son del uno al seis y el ocho, 13, 16 y 17. Nos concentramos en estos 10 objetivos, y aunque el informe aún es amplio, nosotros nos hemos preparado para rendirlo y darle relevancia en Nueva York», afirmó.
Asimismo, indicó que en el foro de la ONU cada Gobierno participante tendrá la oportunidad de exponer ante la comunidad internacional el nivel de cumplimiento de cada uno de los ODS que han adoptado, así como las acciones a implementar para lograr los objetivos; y El Salvador está «lo suficientemente preparado» para proyectar sus avances.
«Los descubrimientos y hallazgos que tenemos son increíblemente positivos. Hicimos un ejercicio muy amplio con talleres que se dirigieron desde el CNDS con ministerios y otras entidades públicas, e incluso avanzamos más convocando a gobernadores y a alcaldes para tener una lectura desde el territorio en cuanto al cumplimiento de los ODS. De todos recibimos la información y sus acciones las fuimos sistematizando, así como el impacto de sus actividades para el informe», indicó Ulloa.
El vicepresidente destacó las acciones que ha ejecutado el Ministerio de Trabajo que obedecen al objetivo ocho de la ONU, referente al trabajo decente y al crecimiento económico. «En diciembre del año pasado, estuvimos con el ministro Rolando Castro premiando a 33 empresarios que cumplían con el objetivo ocho. Este ministerio lo hizo público, en el resto de las instituciones se estaban cumpliendo los objetivos, pero no se estaban reportando», aseveró.
De acuerdo con el Informe de la II Revisión Nacional Voluntaria, que se presentará en Nueva York, el crecimiento económico ha sido una realidad.
El año 2021 fue «excepcional en términos económicos y de productividad laboral como parte de la dinámica de recuperación de la crisis económica por la COVID-19, el producto interno bruto (PIB) real per cápita subió 10.9 % con respecto a 2020», destaca el documento.
Ulloa reiteró que, según las proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR), la economía salvadoreña crecerá 3.2 % este año con respecto al anterior.
Otro de los objetivos priorizados en el informe es el tres, referente a la salud y el bienestar.
Desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia de la república se ha elevado la cantidad de personal médico por cada 100 habitantes, y también se ha logrado preparar a todo el sistema de salud para la atención de emergencias médicas de conformidad a reglamentos internacionales, según el vicepresidente.
«Empezamos por renovar la red hospitalaria y a ponernos en condiciones, luego vino la pandemia del coronavirus y el esfuerzo fue doble, pero nos sirvió como un estímulo más para mejorar y logramos que el Gobierno hasta tuviera un reconocimiento internacional por tener una buena capacidad de reacción frente a una crisis sanitaria mundial, y no solo en la etapa de prevención, sino también de actividades proactivas, como fue prepararnos con las vacunas», recordó.
Además señaló: «La obra más grande fue tener el Hospital El Salvador, el primero especializado para atender casos de la COVID-19 y el más grande de Latinoamérica». Por otra parte, Ulloa enfatizó en los avances de El Salvador en materia de educación de calidad (ODS 4). De acuerdo con el vicemandatario, este objetivo es uno de los principales para el Estado salvadoreño y por ello el presidente Bukele impulsa diversos proyectos que contribuyen a mejorar el sistema educativo público.
«El objetivo cuatro reporta grandes avances. Por primera vez un país, que no está categorizado como “de primer mundo” está dando una cobertura en todo el sistema de educación pública dándole tabletas y laptops a todos los estudiantes y docentes con todos los instrumentos didácticos dentro de ella a efecto de cerrar la brecha digital y preparar a su población para incorporarnos en la cuarta revolución industrial», puntualizó.
Para el funcionario, un ejemplo de política pública con visión de desarrollo sostenible es la recién aprobada Ley Crecer Juntos. «Porque es una garantía para los salvadoreños que, desde su nacimiento hasta su formación como adulto, tengan un tratamiento digno que les permita desarrollarse como futuros entes productivos para sus comunidades».
La normativa es una iniciativa de la primera dama de la república, Gabriela de Bukele, y con su entrada en vigor en 2023 reemplazará a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina) y velará por los niños desde la primera infancia.
Ulloa explicó que el Informe de la II Revisión Nacional Voluntaria no se limitará «a quedar únicamente en papel», sino que a partir de su contenido se trabajará una política de desarrollo sostenible para El Salvador, una temática central para el Ejecutivo durante la administración de Nayib Bukele.
Por: DES.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
