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El Gobierno del presidente Bukele prioriza el desarrollo sostenible
El Gobierno del presidente Nayib Bukele ha implementado como eje principal en la ejecución de las políticas públicas su compromiso por avanzar hacia una sociedad basada en el desarrollo sostenible.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) plantea la implementación de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para que los países satisfagan las necesidades de sus habitantes sin comprometer la realidad de las futuras generaciones.
Estos son el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades, ciudades sostenibles, producción y consumo responsables; acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas; y alianzas para lograr los objetivos.
En El Salvador, por casi tres décadas, las regulaciones referentes al desarrollo sostenible no se renovaron, fue hasta octubre de 2020 que, por iniciativa del p r e s i d e n t e Nayib Bukele, la nueva Asamblea Legislativa aprobó el decreto 41 para crear el Consejo Nacional para el Desarrollo S o s t e n i b l e (CNDS), una i n s t a n c i a presidida por el vicepresidente de la república, Félix Ulloa, e integrada por diferentes ministerios, instituciones g u b e r n a m e n t a l e s , organizaciones de la sociedad civil y la academia.
Gracias a la instauración de este consejo y a los esfuerzos de la vicepresidencia de la república, junto con diversas instancias, el próximo 13 de julio El Salvador será parte de los ocho países de Latinoamérica y el Caribe que p r e s e n t a r á n el Informe de la II Revisión N a c i o n a l V o l u n t a r i a del Proceso de Implementación de los ODS en el Foro Político de Alto Nivel del Sistema de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos.
«La primera reunión que tuvimos, cuando asumí el cargo, fue en la cancillería [Ministerio de Relaciones Exteriores]. Se hicieron presentes alrededor de 24 entidades, entre ministerios, autónomas, direcciones generales, y con ellos abordamos el informe sobre el cumplimiento de los ODS que, como país, de manera voluntaria, vamos a rendir porque desde 2015 no se había presentado por parte del Estado salvadoreño», explicó Ulloa.
De acuerdo con el vicemandatario, «una visión amplia de los 17 objetivos sería muy dispersa a la hora de ejecutarla en el país, por eso el CNDS estableció la priorización de 10 ODS, los cuales son del uno al seis y el ocho, 13, 16 y 17. Nos concentramos en estos 10 objetivos, y aunque el informe aún es amplio, nosotros nos hemos preparado para rendirlo y darle relevancia en Nueva York», afirmó.
Asimismo, indicó que en el foro de la ONU cada Gobierno participante tendrá la oportunidad de exponer ante la comunidad internacional el nivel de cumplimiento de cada uno de los ODS que han adoptado, así como las acciones a implementar para lograr los objetivos; y El Salvador está «lo suficientemente preparado» para proyectar sus avances.
«Los descubrimientos y hallazgos que tenemos son increíblemente positivos. Hicimos un ejercicio muy amplio con talleres que se dirigieron desde el CNDS con ministerios y otras entidades públicas, e incluso avanzamos más convocando a gobernadores y a alcaldes para tener una lectura desde el territorio en cuanto al cumplimiento de los ODS. De todos recibimos la información y sus acciones las fuimos sistematizando, así como el impacto de sus actividades para el informe», indicó Ulloa.
El vicepresidente destacó las acciones que ha ejecutado el Ministerio de Trabajo que obedecen al objetivo ocho de la ONU, referente al trabajo decente y al crecimiento económico. «En diciembre del año pasado, estuvimos con el ministro Rolando Castro premiando a 33 empresarios que cumplían con el objetivo ocho. Este ministerio lo hizo público, en el resto de las instituciones se estaban cumpliendo los objetivos, pero no se estaban reportando», aseveró.
De acuerdo con el Informe de la II Revisión Nacional Voluntaria, que se presentará en Nueva York, el crecimiento económico ha sido una realidad.
El año 2021 fue «excepcional en términos económicos y de productividad laboral como parte de la dinámica de recuperación de la crisis económica por la COVID-19, el producto interno bruto (PIB) real per cápita subió 10.9 % con respecto a 2020», destaca el documento.
Ulloa reiteró que, según las proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR), la economía salvadoreña crecerá 3.2 % este año con respecto al anterior.
Otro de los objetivos priorizados en el informe es el tres, referente a la salud y el bienestar.
Desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia de la república se ha elevado la cantidad de personal médico por cada 100 habitantes, y también se ha logrado preparar a todo el sistema de salud para la atención de emergencias médicas de conformidad a reglamentos internacionales, según el vicepresidente.
«Empezamos por renovar la red hospitalaria y a ponernos en condiciones, luego vino la pandemia del coronavirus y el esfuerzo fue doble, pero nos sirvió como un estímulo más para mejorar y logramos que el Gobierno hasta tuviera un reconocimiento internacional por tener una buena capacidad de reacción frente a una crisis sanitaria mundial, y no solo en la etapa de prevención, sino también de actividades proactivas, como fue prepararnos con las vacunas», recordó.
Además señaló: «La obra más grande fue tener el Hospital El Salvador, el primero especializado para atender casos de la COVID-19 y el más grande de Latinoamérica». Por otra parte, Ulloa enfatizó en los avances de El Salvador en materia de educación de calidad (ODS 4). De acuerdo con el vicemandatario, este objetivo es uno de los principales para el Estado salvadoreño y por ello el presidente Bukele impulsa diversos proyectos que contribuyen a mejorar el sistema educativo público.
«El objetivo cuatro reporta grandes avances. Por primera vez un país, que no está categorizado como “de primer mundo” está dando una cobertura en todo el sistema de educación pública dándole tabletas y laptops a todos los estudiantes y docentes con todos los instrumentos didácticos dentro de ella a efecto de cerrar la brecha digital y preparar a su población para incorporarnos en la cuarta revolución industrial», puntualizó.
Para el funcionario, un ejemplo de política pública con visión de desarrollo sostenible es la recién aprobada Ley Crecer Juntos. «Porque es una garantía para los salvadoreños que, desde su nacimiento hasta su formación como adulto, tengan un tratamiento digno que les permita desarrollarse como futuros entes productivos para sus comunidades».
La normativa es una iniciativa de la primera dama de la república, Gabriela de Bukele, y con su entrada en vigor en 2023 reemplazará a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina) y velará por los niños desde la primera infancia.
Ulloa explicó que el Informe de la II Revisión Nacional Voluntaria no se limitará «a quedar únicamente en papel», sino que a partir de su contenido se trabajará una política de desarrollo sostenible para El Salvador, una temática central para el Ejecutivo durante la administración de Nayib Bukele.
Por: DES.
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Despliegan inspectores de la Defensoría del Consumidor en la víspera de la celebración del Día de las madres
Esta mañana, el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, encabezó un operativo de verificación en el centro comercial Metrosur de San Salvador, con el fin de validad precios y promociones de artículos alusivos al Día de la madres.
«El Día de las madres es una importante celebración y es así como nuestra institución realiza un despliegue para defender los derechos de los consumidores», comentó Salazar.
El funcionario detalló en porcentajes el comportamiento de los consumidores para esta fecha, teniendo a la base los resultados de la encuesta sobre hábitos y preferencias de consumo de los salvadoreños para esta fecha. (https://www.defensoria.gob.sv/recientes/defensoria-del-consumidor-revela-que-salvadorenos-priorizan-comidas-en-casa-por-el-dia-de-la-madre/)
«Más del 80 % de los salvadoreños manifiesta que celebrará esta fecha, un 47 % indicó que lo harán en sus casas y un 27 % en algún restaurante», indicó. Agregó que más del 30 % realizarán compras vinculadas a arreglos florales, prendas de vestir, pasteles, perfumes, entre otros productos; y un 69 % hará esta actividad en centros comerciales.
«La principal recomendación que nosotros damos a todos los consumidores es que realicen las compras debidamente informados de los términos y condiciones; además, que consulten en el caso de las compras en línea las características de los productos», amplió.
Otra recomendación es guardar los comprobantes de compra ante cualquier situación que se pueda presentar respecto a la garantía, calidad e incumplimiento de entrega de los productos.
Para mayor información, el presidente de la Defensoría comunicó que en las redes sociales de la institución se publicarán los precios de productos como pasteles y arreglos florales.
Denuncias o irregularidades
La Defensoría del Consumidor exhorta a la población a denunciar cualquier irregularidad, incumplimiento de ofertas o promociones, así como posibles abusos en los precios. Como parte de este esfuerzo, la institución habilitó puntos de atención en centros comerciales, en los siguientes horarios y lugares: el 8 de mayo en Metrosur, San Salvador, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.; en Metrocentro, San Miguel Centro, de 10:30 a.m. a 3:30 p.m.; y en Metrocentro, Santa Ana Centro, de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., donde se brindará información, asesoría y recepción de denuncias.
El Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador envió a juicio a Jannette del Carmen Villatoro de Ramírez, de 51 años, acusada del delito de falsedad ideológica.
«En agosto de 2014, la víctima intentó gestionar un crédito hipotecario sobre su vivienda y se enteró que la propiedad ya registraba dos escrituras en las que el inmueble había sido otorgado como garantía de pago», indicó el fiscal del caso.
En dichas escrituras aparecen dos personas distintas otorgando préstamos a favor de Villatoro de Ramírez, quien presuntamente habría tramitado los créditos utilizando los documentos personales de la víctima y la escritura de propiedad. Asimismo, habría acudido acompañada de un hombre que se hizo pasar por la propietaria y firmó los documentos correspondientes.
«Una pericia posterior realizada por la Fiscalía determinó que la firma plasmada en los documentos no correspondía a la propietaria. Además, aunque los documentos utilizados para los trámites eran verdaderos, contenían declaraciones contrarias a la realidad, ya que la víctima no habría estado presente durante el procedimiento», detalló el fiscal.
La Mara Salvatrucha intentó, en varios casos, desvincularse de crímenes cometidos por sus 230 clicas [células territoriales] y, para despistar a las fuerzas de seguridad, dejaba carteles sobre los cadáveres atribuyendo los hechos al grupo de exterminio La Sombra Negra.
Ese grupo clandestino, que operó en El Salvador en la década de los 90 y principios de los 2000, estuvo integrado por policías, militares y civiles. Los pandilleros quisieron hacer ver a las autoridades que ellos no tenían que ver con esos homicidios para que ningún terrorista de la estructura fuera investigado y capturado.
Toda es información fue obtenida mediante la herramienta de la intervención a las telecomunicaciones que jueces avalaron y ejercieron función jurisdiccional sobre esa técnica especializa de investigación.
Todo ese accionar y modos operandi de los gatilleros [homicidas de las pandillas] fue avalado por la cúpula de la Mara Salvatrucha integrada por 22 fundadores o ranfleros históricos que están siendo enjuiciados en la audiencia única abierta, junto a otros 464 cabecillas de los 232 programas [estructura jerárquica superior] dirigidas por corredores [cabecillas de alto rango].
Otras de las evidencias presentadas por la Fiscalía Adjunta contra el Crimen Organizado, son varios videos extraídos del teléfono celular decomisado a un corredor de programa, donde se observan torturas y ejecuciones de personas.
Con el material audiovisual se evidencia que la Mara Salvatrucha utilizó como principal método la decapitación de las víctimas, previas torturas. Tras ser decapitadas las mutilaban y enterraban en cementerios clandestinos que fueron avalados instalar en zonas rurales por los ranfleros históricos.
Además, en los audios se registran conversaciones en las que pandilleros reciben instrucciones de que las personas bajo investigación, a quienes se les daba vigilancia y seguimiento, debían ser privadas de libertad y trasladadas a «casas Destroyer»; sin embargo, se les prohibía asesinarlas sin autorización previa de la cúpula y los corredores de programa.
«Definitivamente, se ordenaba que a las personas no las mataran inmediatamente, sino que las capturaran y mantuvieran privadas de libertad mientras se daban los pases y se conseguía la autorización para poderlos matar. Por lo tanto, queda demostrado y suficientemente probado, que nadie podía matar sin la autorización de la ranfla, de los corredores de programa, ellos eran los que tenían la decisión de quien vivía y quien moría en este país», manifestó Max Muñoz, fiscal adjunto contra el crimen organizado.
En más de una semana de reproducción de audios, adquiridos mediante escuchas telefónicas, el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado tuvo acceso a 125 grabaciones donde ha quedado evidenciado la ejecución de 29,000 homicidios acumulados en más de 500 casos.
En uno de los últimos audios se escucha que los pandilleros perseguían una ambulancia en la que era trasladada una víctima a quien le habían disparado en el rostro; los terroristas buscaban a como diera lugar asegurar la muerte para no dejar testigos.
En otra grabación se escuchaban los gritos de las víctimas mientras los pandilleros se burlaban de ellas y sin piedad les asestaban múltiples disparos.
Además de los homicidios en las conversaciones captadas, uno de los pandilleros dice a un cabecilla que tiene un censo de cuánto se estaba pagando en concepto de extorsión en las colonias bajo su control, mientras que sugiere que debían aumentar la cuota, ya que la mara estaba corta de dinero.
También se escuchó como daban indicaciones a abogados para trasladar mensajes hacia los centros penales.
