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El Gobierno del presidente Bukele prioriza el desarrollo sostenible
El Gobierno del presidente Nayib Bukele ha implementado como eje principal en la ejecución de las políticas públicas su compromiso por avanzar hacia una sociedad basada en el desarrollo sostenible.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) plantea la implementación de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para que los países satisfagan las necesidades de sus habitantes sin comprometer la realidad de las futuras generaciones.
Estos son el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades, ciudades sostenibles, producción y consumo responsables; acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas; y alianzas para lograr los objetivos.
En El Salvador, por casi tres décadas, las regulaciones referentes al desarrollo sostenible no se renovaron, fue hasta octubre de 2020 que, por iniciativa del p r e s i d e n t e Nayib Bukele, la nueva Asamblea Legislativa aprobó el decreto 41 para crear el Consejo Nacional para el Desarrollo S o s t e n i b l e (CNDS), una i n s t a n c i a presidida por el vicepresidente de la república, Félix Ulloa, e integrada por diferentes ministerios, instituciones g u b e r n a m e n t a l e s , organizaciones de la sociedad civil y la academia.
Gracias a la instauración de este consejo y a los esfuerzos de la vicepresidencia de la república, junto con diversas instancias, el próximo 13 de julio El Salvador será parte de los ocho países de Latinoamérica y el Caribe que p r e s e n t a r á n el Informe de la II Revisión N a c i o n a l V o l u n t a r i a del Proceso de Implementación de los ODS en el Foro Político de Alto Nivel del Sistema de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos.
«La primera reunión que tuvimos, cuando asumí el cargo, fue en la cancillería [Ministerio de Relaciones Exteriores]. Se hicieron presentes alrededor de 24 entidades, entre ministerios, autónomas, direcciones generales, y con ellos abordamos el informe sobre el cumplimiento de los ODS que, como país, de manera voluntaria, vamos a rendir porque desde 2015 no se había presentado por parte del Estado salvadoreño», explicó Ulloa.
De acuerdo con el vicemandatario, «una visión amplia de los 17 objetivos sería muy dispersa a la hora de ejecutarla en el país, por eso el CNDS estableció la priorización de 10 ODS, los cuales son del uno al seis y el ocho, 13, 16 y 17. Nos concentramos en estos 10 objetivos, y aunque el informe aún es amplio, nosotros nos hemos preparado para rendirlo y darle relevancia en Nueva York», afirmó.
Asimismo, indicó que en el foro de la ONU cada Gobierno participante tendrá la oportunidad de exponer ante la comunidad internacional el nivel de cumplimiento de cada uno de los ODS que han adoptado, así como las acciones a implementar para lograr los objetivos; y El Salvador está «lo suficientemente preparado» para proyectar sus avances.
«Los descubrimientos y hallazgos que tenemos son increíblemente positivos. Hicimos un ejercicio muy amplio con talleres que se dirigieron desde el CNDS con ministerios y otras entidades públicas, e incluso avanzamos más convocando a gobernadores y a alcaldes para tener una lectura desde el territorio en cuanto al cumplimiento de los ODS. De todos recibimos la información y sus acciones las fuimos sistematizando, así como el impacto de sus actividades para el informe», indicó Ulloa.
El vicepresidente destacó las acciones que ha ejecutado el Ministerio de Trabajo que obedecen al objetivo ocho de la ONU, referente al trabajo decente y al crecimiento económico. «En diciembre del año pasado, estuvimos con el ministro Rolando Castro premiando a 33 empresarios que cumplían con el objetivo ocho. Este ministerio lo hizo público, en el resto de las instituciones se estaban cumpliendo los objetivos, pero no se estaban reportando», aseveró.
De acuerdo con el Informe de la II Revisión Nacional Voluntaria, que se presentará en Nueva York, el crecimiento económico ha sido una realidad.
El año 2021 fue «excepcional en términos económicos y de productividad laboral como parte de la dinámica de recuperación de la crisis económica por la COVID-19, el producto interno bruto (PIB) real per cápita subió 10.9 % con respecto a 2020», destaca el documento.
Ulloa reiteró que, según las proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR), la economía salvadoreña crecerá 3.2 % este año con respecto al anterior.
Otro de los objetivos priorizados en el informe es el tres, referente a la salud y el bienestar.
Desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia de la república se ha elevado la cantidad de personal médico por cada 100 habitantes, y también se ha logrado preparar a todo el sistema de salud para la atención de emergencias médicas de conformidad a reglamentos internacionales, según el vicepresidente.
«Empezamos por renovar la red hospitalaria y a ponernos en condiciones, luego vino la pandemia del coronavirus y el esfuerzo fue doble, pero nos sirvió como un estímulo más para mejorar y logramos que el Gobierno hasta tuviera un reconocimiento internacional por tener una buena capacidad de reacción frente a una crisis sanitaria mundial, y no solo en la etapa de prevención, sino también de actividades proactivas, como fue prepararnos con las vacunas», recordó.
Además señaló: «La obra más grande fue tener el Hospital El Salvador, el primero especializado para atender casos de la COVID-19 y el más grande de Latinoamérica». Por otra parte, Ulloa enfatizó en los avances de El Salvador en materia de educación de calidad (ODS 4). De acuerdo con el vicemandatario, este objetivo es uno de los principales para el Estado salvadoreño y por ello el presidente Bukele impulsa diversos proyectos que contribuyen a mejorar el sistema educativo público.
«El objetivo cuatro reporta grandes avances. Por primera vez un país, que no está categorizado como “de primer mundo” está dando una cobertura en todo el sistema de educación pública dándole tabletas y laptops a todos los estudiantes y docentes con todos los instrumentos didácticos dentro de ella a efecto de cerrar la brecha digital y preparar a su población para incorporarnos en la cuarta revolución industrial», puntualizó.
Para el funcionario, un ejemplo de política pública con visión de desarrollo sostenible es la recién aprobada Ley Crecer Juntos. «Porque es una garantía para los salvadoreños que, desde su nacimiento hasta su formación como adulto, tengan un tratamiento digno que les permita desarrollarse como futuros entes productivos para sus comunidades».
La normativa es una iniciativa de la primera dama de la república, Gabriela de Bukele, y con su entrada en vigor en 2023 reemplazará a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina) y velará por los niños desde la primera infancia.
Ulloa explicó que el Informe de la II Revisión Nacional Voluntaria no se limitará «a quedar únicamente en papel», sino que a partir de su contenido se trabajará una política de desarrollo sostenible para El Salvador, una temática central para el Ejecutivo durante la administración de Nayib Bukele.
Por: DES.
El trabajo ejecutado por las autoridades entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de marzo de 2026, durante el régimen de excepción no se ha centrado únicamente en la captura de 91,628 pandilleros y sus colaboradores, la implementación de la medida de seguridad también ha servido a la Policía, Fiscalía y Fuerza Armada para golpear las finanzas del crimen organizado.
Uno de esos duros golpes a las arcas de las maras ha sido la incautación de más de $1,533 millones ($1,533,753,409) en droga. Según las autoridades, el narcomenudeo se convirtió por muchos años en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.
«Este maldito negocio de las drogas no va a ser tolerable en este país y vamos a recorrer los kilómetros que sean necesarios para ir tras este veneno», indicó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
El pasado 12 de marzo la Policía capturó a Nilson Manuel López Morales, de 41 años, quien fue intervenido en una gasolinera de Soyapango, San Salvador Este.
La corporación policial detalló que a López Morales se le incautó dos botes de vidrio conteniendo marihuana, una bolsa con marihuana, tres básculas, $6,080 en efectivo, cinco bolsas de cocaína, 13 bolsas con piedras de crack, dos bolsas de piedra, un vehículo y un celular.
«Será remitido por el delito de tráfico ilícito con fines de lucro», señaló la Policía.
Durante la medida de seguridad, las autoridades además han incautado a las pandillas 11,994 vehículos y 5,319 armas de fuego.
El 4 de julio de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la incautación de 90 inmuebles, 10 vehículos y $987,753.54 en productos financieros vinculados a Manuel Alexander Méndez Morán, colaborador de la pandilla 18.
«El monto total de los bienes incautados a Méndez Morán asciende a $1,791,366, ya que no pudo justificar su aumento patrimonial ni el origen legal del dinero», publicó la Fiscalía, en su cuenta oficial de X.
Las propiedades están ubicadas en los distritos de Apopa y Nejapa, del municipio de San Salvador Oeste y en el distrito de Tonacatepeque, en el municipio de San Salvador Este.
Según la Fiscalía, Méndez Morán fue detenido en el 2023 y es procesado por agrupaciones ilícitas.
Entre las armas que las autoridades han decomisado durante el régimen de excepción se encuentran: pistolas, revólveres, fusiles, ametralladoras, escopetas, carabinas, granadas y otras. Mientras que, entre los automóviles se cuentan: motocicletas, microbuses y mototaxis.
Las autoridades también han incautado 24,510 teléfonos celulares; los cuales están siendo sometidos a análisis criminal. Gracias a la información contenida y sustraída de estos aparatos se ha logrado incriminar a miles de mareros.
El sicario de la Mara Salvatrucha, Irving Humberto Linares, alias «Mico» o «Demente», fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala para expulsarlo hacia El Salvador.
Agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda), lo arrestaron en la aldea San Jerónimo, El Tumbador, San Marcos, ar suroeste de Guatemala.
«Se encontraba de manera irregular en nuestro país, por lo que será expulsado a su país de origen para que sea procesado por agrupaciones ilícitas», publicó la PNC de Guatemala.
En esa nación no tiene antecedentes de algún delito que haya cometido, pero al estar indocumentado y verificar que es un miembro activo de la MS, lo dejaron en detención para entregarlo por un punto fronterizo, a la Policía Nacional Civil de El Salvador.
Tampoco se ha informado que sea reclamado por algún tribunal salvadoreño, pero por ser pandillero una vez sea expulsado hacia El Salvador, será puesto a la orden de la Fiscalía General de la República para que sea procesado por el delito de agrupaciones ilícitas.
El marero será incorporado a un expediente único presentado en los tribunales de crimen organizado para que en los próximos dos años enfrente la audiencia en la que un juez dictará una resolución.
El año pasado la Policía del vecino país detuvo a 93 pandilleros, a 47 los entregaron a El Salvador, por tener órdenes de captura por agrupaciones ilícitas, extorsión, homicidio, tráfico ilícito, limitación ilegal a la libertad de circulación, y otros delitos de crimen organizado.
Otros 46 quedaron detenidos y procesados en esa nación por delitos relativos a las drogas, extorsión, tráfico de drogas y homicidio.
En lo que va de 2026, en Guatemala, han sido detenidos más de 15 pandilleros quienes fueron expulsados hacia El Salvador, a varios los capturaron en México.
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, informó que la investigación contra la financiera Credicash, que operaba principalmente en Chalatenango y era dirigida por Gerson Orellana Ayala, ya suma 180 denuncias formales de personas que aseguran haber entregado dinero a la empresa.
“Tenemos un consolidado de 180 denuncias recibidas en contra de Gerson Orellana Ayala. Estamos determinando también cuánto dinero entregó cada persona y los niveles de inversión que pudieron haber realizado”, explicó el fiscal.
Como parte de las diligencias, la Fiscalía General de la República (FGR) habilitó un centro de levantamiento de información para identificar a las víctimas del caso y agilizar el proceso de investigación. Las personas afectadas pueden acudir a cualquier sede fiscal para presentar su denuncia.
Según Delgado, cada caso será verificado para confirmar la existencia de los inversionistas y determinar la legalidad de las transacciones.
“Esto nos lleva a realizar una debida diligencia para establecer si las personas realmente existen, si no tienen vínculos con organizaciones criminales y si las inversiones han sido reales”, agregó.
Durante los allanamientos y procedimientos realizados, la Fiscalía ha logrado asegurar un total de $38,574,722. De ese monto, $27,550,750 fueron incautados en efectivo y $11,023,972 permanecen inmovilizados en cuentas bancarias.
Además, las autoridades ordenaron la inmovilización de 47 inmuebles y 175 vehículos vinculados a la estructura investigada.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, Credicash funcionaba bajo un esquema de defraudación a la economía pública mediante un sistema piramidal. La empresa ofrecía rendimientos de hasta el 10 % mensual, una tasa que las autoridades consideran irreal para el sistema financiero formal.
La Fiscalía sostiene que los pagos a inversionistas no provenían de actividades económicas reales, sino del dinero aportado por nuevos participantes, un mecanismo típico de esquemas Ponzi.
Para generar confianza entre los clientes, el sistema utilizaba contratos de mutuo firmados ante notario, donde los inversionistas figuraban como acreedores y los administradores como deudores.
En distintos operativos realizados en Chalatenango, las autoridades incautaron dinero en efectivo en varias propiedades vinculadas al caso, incluyendo la residencia de Orellana Ayala, donde fueron encontrados más de $7.2 millones.
El principal implicado ya se encuentra detenido y, según la Fiscalía, posee antecedentes por estafa desde 2020 y presuntos vínculos con la pandilla MS-13.
El fiscal general aseguró que la institución continuará con las investigaciones para identificar a todos los responsables y recuperar la mayor cantidad de dinero posible con el fin de devolverlo a las víctimas.
