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El Gobierno del presidente Bukele prioriza el desarrollo sostenible
El Gobierno del presidente Nayib Bukele ha implementado como eje principal en la ejecución de las políticas públicas su compromiso por avanzar hacia una sociedad basada en el desarrollo sostenible.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) plantea la implementación de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para que los países satisfagan las necesidades de sus habitantes sin comprometer la realidad de las futuras generaciones.
Estos son el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura; reducción de las desigualdades, ciudades sostenibles, producción y consumo responsables; acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas; y alianzas para lograr los objetivos.
En El Salvador, por casi tres décadas, las regulaciones referentes al desarrollo sostenible no se renovaron, fue hasta octubre de 2020 que, por iniciativa del p r e s i d e n t e Nayib Bukele, la nueva Asamblea Legislativa aprobó el decreto 41 para crear el Consejo Nacional para el Desarrollo S o s t e n i b l e (CNDS), una i n s t a n c i a presidida por el vicepresidente de la república, Félix Ulloa, e integrada por diferentes ministerios, instituciones g u b e r n a m e n t a l e s , organizaciones de la sociedad civil y la academia.
Gracias a la instauración de este consejo y a los esfuerzos de la vicepresidencia de la república, junto con diversas instancias, el próximo 13 de julio El Salvador será parte de los ocho países de Latinoamérica y el Caribe que p r e s e n t a r á n el Informe de la II Revisión N a c i o n a l V o l u n t a r i a del Proceso de Implementación de los ODS en el Foro Político de Alto Nivel del Sistema de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos.
«La primera reunión que tuvimos, cuando asumí el cargo, fue en la cancillería [Ministerio de Relaciones Exteriores]. Se hicieron presentes alrededor de 24 entidades, entre ministerios, autónomas, direcciones generales, y con ellos abordamos el informe sobre el cumplimiento de los ODS que, como país, de manera voluntaria, vamos a rendir porque desde 2015 no se había presentado por parte del Estado salvadoreño», explicó Ulloa.
De acuerdo con el vicemandatario, «una visión amplia de los 17 objetivos sería muy dispersa a la hora de ejecutarla en el país, por eso el CNDS estableció la priorización de 10 ODS, los cuales son del uno al seis y el ocho, 13, 16 y 17. Nos concentramos en estos 10 objetivos, y aunque el informe aún es amplio, nosotros nos hemos preparado para rendirlo y darle relevancia en Nueva York», afirmó.
Asimismo, indicó que en el foro de la ONU cada Gobierno participante tendrá la oportunidad de exponer ante la comunidad internacional el nivel de cumplimiento de cada uno de los ODS que han adoptado, así como las acciones a implementar para lograr los objetivos; y El Salvador está «lo suficientemente preparado» para proyectar sus avances.
«Los descubrimientos y hallazgos que tenemos son increíblemente positivos. Hicimos un ejercicio muy amplio con talleres que se dirigieron desde el CNDS con ministerios y otras entidades públicas, e incluso avanzamos más convocando a gobernadores y a alcaldes para tener una lectura desde el territorio en cuanto al cumplimiento de los ODS. De todos recibimos la información y sus acciones las fuimos sistematizando, así como el impacto de sus actividades para el informe», indicó Ulloa.
El vicepresidente destacó las acciones que ha ejecutado el Ministerio de Trabajo que obedecen al objetivo ocho de la ONU, referente al trabajo decente y al crecimiento económico. «En diciembre del año pasado, estuvimos con el ministro Rolando Castro premiando a 33 empresarios que cumplían con el objetivo ocho. Este ministerio lo hizo público, en el resto de las instituciones se estaban cumpliendo los objetivos, pero no se estaban reportando», aseveró.
De acuerdo con el Informe de la II Revisión Nacional Voluntaria, que se presentará en Nueva York, el crecimiento económico ha sido una realidad.
El año 2021 fue «excepcional en términos económicos y de productividad laboral como parte de la dinámica de recuperación de la crisis económica por la COVID-19, el producto interno bruto (PIB) real per cápita subió 10.9 % con respecto a 2020», destaca el documento.
Ulloa reiteró que, según las proyecciones del Banco Central de Reserva (BCR), la economía salvadoreña crecerá 3.2 % este año con respecto al anterior.
Otro de los objetivos priorizados en el informe es el tres, referente a la salud y el bienestar.
Desde la llegada de Nayib Bukele a la presidencia de la república se ha elevado la cantidad de personal médico por cada 100 habitantes, y también se ha logrado preparar a todo el sistema de salud para la atención de emergencias médicas de conformidad a reglamentos internacionales, según el vicepresidente.
«Empezamos por renovar la red hospitalaria y a ponernos en condiciones, luego vino la pandemia del coronavirus y el esfuerzo fue doble, pero nos sirvió como un estímulo más para mejorar y logramos que el Gobierno hasta tuviera un reconocimiento internacional por tener una buena capacidad de reacción frente a una crisis sanitaria mundial, y no solo en la etapa de prevención, sino también de actividades proactivas, como fue prepararnos con las vacunas», recordó.
Además señaló: «La obra más grande fue tener el Hospital El Salvador, el primero especializado para atender casos de la COVID-19 y el más grande de Latinoamérica». Por otra parte, Ulloa enfatizó en los avances de El Salvador en materia de educación de calidad (ODS 4). De acuerdo con el vicemandatario, este objetivo es uno de los principales para el Estado salvadoreño y por ello el presidente Bukele impulsa diversos proyectos que contribuyen a mejorar el sistema educativo público.
«El objetivo cuatro reporta grandes avances. Por primera vez un país, que no está categorizado como “de primer mundo” está dando una cobertura en todo el sistema de educación pública dándole tabletas y laptops a todos los estudiantes y docentes con todos los instrumentos didácticos dentro de ella a efecto de cerrar la brecha digital y preparar a su población para incorporarnos en la cuarta revolución industrial», puntualizó.
Para el funcionario, un ejemplo de política pública con visión de desarrollo sostenible es la recién aprobada Ley Crecer Juntos. «Porque es una garantía para los salvadoreños que, desde su nacimiento hasta su formación como adulto, tengan un tratamiento digno que les permita desarrollarse como futuros entes productivos para sus comunidades».
La normativa es una iniciativa de la primera dama de la república, Gabriela de Bukele, y con su entrada en vigor en 2023 reemplazará a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina) y velará por los niños desde la primera infancia.
Ulloa explicó que el Informe de la II Revisión Nacional Voluntaria no se limitará «a quedar únicamente en papel», sino que a partir de su contenido se trabajará una política de desarrollo sostenible para El Salvador, una temática central para el Ejecutivo durante la administración de Nayib Bukele.
Por: DES.
La Superintendencia de Competencia (SC) recibió oficialmente la Certificación de Sistema de Gestión Antisoborno bajo la Norma ISO 37001:2016, un reconocimiento que valida la implementación de mecanismos diseñados para prevenir, detectar y enfrentar riesgos de soborno en el ejercicio de sus funciones.
El certificado fue entregado por el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), representado por su directora, Yanira Colindres, junto a la jefa de Normalización, Mónica Ulloa. Durante el acto, se destacó que la acreditación es resultado de un proceso de auditoría externa que verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en el estándar internacional.
La Norma ISO 37001:2016 es un estándar global que establece lineamientos para que las organizaciones implementen sistemas de gestión antisoborno basados en controles internos, políticas claras, evaluación de riesgos, monitoreo permanente y revisión continua. Su objetivo es promover una cultura organizacional orientada a la integridad, la transparencia y el cumplimiento normativo.
Desde el OSN señalaron que la certificación confirma que la Superintendencia ha establecido y mantenido un sistema estructurado para reducir riesgos legales y reputacionales asociados a prácticas indebidas. Asimismo, subrayan la relevancia de que instituciones encargadas de la regulación de mercados adopten estándares internacionales que fortalezcan la confianza pública.
Durante su intervención, el superintendente de Competencia, Gerardo Henríquez, indicó que uno de los objetivos prioritarios de su gestión fue incorporarse a un sistema certificado internacionalmente que permitiera reforzar los controles institucionales. «Agradezco al equipo de la SC y su compromiso; este es un resultado de todos, y a la OSN por su admirable labor en guiar a nuestra institución a culminar este proceso», afirmó.
El alcance del Sistema de Gestión Antisoborno abarca los servicios y procesos sustantivos de la institución, lo que implica que sus actuaciones técnicas, administrativas y regulatorias quedan comprendidas dentro del marco de controles establecidos por la norma. Esto incluye la identificación de riesgos, la aplicación de medidas preventivas, la capacitación del personal y la adopción de mecanismos de denuncia y supervisión.
La certificación ISO 37001 no sustituye las obligaciones legales existentes, pero sí complementa el marco normativo al introducir estándares internacionales de buenas prácticas. En el caso de la Superintendencia, la acreditación se presenta como un instrumento adicional para fortalecer su rol como autoridad encargada de velar por la competencia en los mercados salvadoreños.
Con esta certificación, la institución busca consolidar un entorno de mayor confianza para los agentes económicos y la ciudadanía, al respaldar sus actuaciones bajo un sistema formal de gestión que promueve la ética y la transparencia en cada uno de sus procesos.
Los registros inflacionarios de El Salvador mostraron una disminución en el inicio de 2026, según el último informe publicado por el Banco Central de Reserva (BCR), dato que es coincidente con la tendencia mostrada el año pasado.
Las estadísticas muestran que, hasta el 31 de enero de 2026, el índice exhibió un 0.65 %, lo que implica una reducción de 26 puntos porcentuales con respecto al cierre de diciembre de 2025, cuando se ubicó en 0.91 %.
El reporte del primer mes de este año refleja que sectores importantes de la economía mostraron estabilidad en sus tasas inflacionarias, entre estas destaca el sector de alimentos, que mostró un 0.89 %.
Este caso específico es atribuido por las autoridades de Gobierno a la estabilidad de precios lograda gracias a los más de 60 agromercados distribuidos en el país, y centros de ventas que junto a la Central de Abastos de Soyapango se han convertido en una alternativa real para el acceso a alimentos.
Estos lugares mantienen precios bajos debido a que eliminan los intermediarios al facilitar la compra directa de productores e importadores, lo que al mismo tiempo garantiza la frescura y calidad de los productos.
Otros rubros que también reflejaron inflación moderada o baja en enero de 2026 fueron los bienes y servicios con 1.05 %; y la educación con un 0.46 %
En el análisis también resaltaron ítems que mostraron comportamientos de inflación negativa, entre los que se encuentra el transporte con -3.27 %; recreación y cultura con -0.61 %; comunicaciones con -0.53 %; prendas de vestir y calzado con -0.49%; muebles y artículos para el hogar con -0.13 %.
Los resultados reportados en enero son consistentes con la estabilidad mostrada por este índice en 2025, cuando mantuvo su promedio en 0.93 %.
En información compartida de forma reciente con «Diario El Salvador», el presidente del BCR, Douglas Rodríguez, indicó que el registro del año pasado se ubicó por debajo del promedio de 1.77 % de los últimos 15 años.
El funcionario explicó que los resultados obtenidos en 2025 implican que «los ingresos de los hogares están manteniendo su poder adquisitivo para realizar sus gastos de consumo».
«También son beneficiarios del incremento de 12 % en el salario mínimo aplicado desde junio de 2025 y del aumento de 17.8 % en las remesas familiares a lo largo del año», aseguró.
Añadió que el panorama estuvo a favor del bolsillo de las familias salvadoreñas que no se vio presionado por repentinas escaladas de precios o desabastecimiento de productos de primera necesidad.
En el análisis de los resultados hasta diciembre de 2025, Rodríguez puso de relieve que apartados con gran perspectiva de consumo reflejaron tasa de inflación a la baja a lo largo del año pasado, entre ellos mencionó transporte con -1.64 %; comunicaciones con -0.88 %; prendas de vestir y calzado con -0.48 %; recreación y cultura con -0.24 %.
Apuntó que este comportamiento se atribuye a las oscilaciones de los precios internacionales, y de estrategias empresariales para impulsar la demanda interna.
Por otra parte, el titular del banco estatal también destacó que, la inflación de El Salvador estuvo en 2025 entre las tres más bajas de Latinoamérica, siendo los países de la región con menores tasas de inflación: Panamá (-0.2 %) y Costa Rica (-1.2 %).
A lo largo de 2025, el país no registró saltos pronunciados en cuanto a este indicador económico, según los datos estadísticos del BCR, en enero la tasa reflejó 0.31 %; en febrero 0.06 %; y en marzo 0.14 %.
Mientras tanto, de abril a agosto, los registros inflacionarios de El Salvador fueron negativos con -0.11 % en el cuarto mes del año, -0.21 % en mayo; -0.17 % en junio; -0.14 en julio; y -0.11 % en agosto.
Mientras que, en la última brecha de 2025, las métricas se presentaron en positivo y con leves oscilaciones con 0.36 % en septiembre; 0.93 % en octubre; 1.14 % en noviembre; y 0.91 en diciembre.
El mercado de valores salvadoreño concluyó el 2025 con un desempeño positivo que refleja una mayor utilización de los instrumentos bursátiles por parte de inversionistas y agentes económicos. Durante el año, se realizaron 7,992 transacciones que sumaron $6,031.6 millones, superando los $5,429.4 millones negociados en 2024 y marcando un crecimiento interanual de 11.1 %, según el Boletín de Mercado de Valores de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).
El aumento en el monto negociado estuvo acompañado por una participación activa de distintos segmentos del mercado, lo que evidenció un mayor volumen promedio por operación y una consolidación del mercado de capitales como mecanismo para canalizar inversiones y gestionar liquidez. Solo en el último tramo del año se reportaron 507 operaciones por $586.7 millones, contribuyendo al cierre positivo del ejercicio.
Por tipo de mercado, los reportos se mantuvieron como el principal motor de la actividad bursátil. Este segmento, donde se realizan operaciones de recompra de valores para obtener liquidez de corto plazo, transó $2,832.7 millones, equivalente al 47 % del total negociado. La mayoría de estas operaciones se pactaron a plazos de uno a cuatro días, por un monto de $1,269.2 millones, con un rendimiento promedio ponderado de 4.34 %.
En este mercado, las personas naturales concentraron el 61.3 % de la demanda de liquidez, mientras que los fondos de inversión abiertos aportaron el 57.7 % de los recursos, reflejando el papel de estos vehículos como proveedores clave de financiamiento dentro del sistema financiero.
El mercado primario de renta fija y variable, donde se colocan por primera vez los valores emitidos por empresas y el sector público, registró un monto acumulado de $1,005 millones. Aunque esta cifra fue inferior a los $1,514.2 millones de 2024, el segmento continuó siendo relevante para el financiamiento de proyectos y necesidades de inversión de los emisores.
Por su parte, el mercado secundario, en el que se compran y venden valores ya emitidos, transó $249.3 millones y representó el 4.1 % del total negociado, contribuyendo a la liquidez del mercado y permitiendo a los inversionistas ajustar sus portafolios.
Las operaciones internacionales mostraron un comportamiento dinámico a lo largo del año. Las compras y ventas de instrumentos internacionales sumaron $1,668.3 millones, con una mayor presencia de deuda soberana extranjera y local. En el mercado accionario, el monto negociado alcanzó $276.4 millones, impulsado principalmente por instrumentos de origen extranjero, reflejando una mayor diversificación de las opciones de inversión disponibles.
Fondos de inversión fortalecen su presencia
El crecimiento del mercado también se reflejó en el desempeño de los fondos de inversión. Al cierre de 2025, el patrimonio total de los fondos abiertos y cerrados alcanzó $1,893.6 millones. De este total, los fondos abiertos concentraron $552.4 millones, mientras que los fondos cerrados alcanzaron $1,341.2 millones, consolidándose como vehículos relevantes para inversiones de mediano y largo plazo.
Adicionalmente, la integración bursátil entre El Salvador y Panamá continuó avanzando. Durante 2025, la bolsa integrada registró 867 operaciones por un monto de $272.9 millones. Desde el inicio de este mecanismo en 2017 y hasta el cierre de 2025, el monto acumulado negociado ascendió a $879.8 millones, con la participación de 12 intermediarios bursátiles autorizados, seis salvadoreños y seis panameños.
En conjunto, los resultados del cierre de 2025 confirman un mayor dinamismo y profundidad del mercado de valores salvadoreño, reflejado en el crecimiento del volumen negociado, el liderazgo de los reportos, la actividad del mercado primario y el fortalecimiento de los fondos de inversión, consolidando al mercado de capitales como un componente clave del sistema financiero nacional.
