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El FMI llega a un acuerdo técnico con El Salvador sobre un Servicio Ampliado del Fondo
El personal técnico del FMI y las autoridades de El Salvador han llegado a un acuerdo a nivel técnico sobre un nuevo programa en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) por unos US$1,4 mil millones para respaldar la agenda de reformas del gobierno. El acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI.
El programa tiene por objeto reforzar la sostenibilidad fiscal y externa, mediante la aplicación de un plan de consolidación fiscal ambicioso y favorable al crecimiento, así como medidas para fortalecer las reservas.
Esfuerzos para mejorar la gobernanza, la transparencia y resiliencia serán esenciales para impulsar la confianza y el potencial de crecimiento del país, en un contexto de fuertes mejoras de la seguridad.
Mientras tanto, se están mitigando los riesgos relacionados con Bitcoin. La aceptación de Bitcoin por el sector privado será voluntaria y la participación del sector público en actividades relacionadas con Bitcoin será delimitada.
Washington, DC: Un equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezado por Luis Cubeddu, Subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental, y Raphael Espinoza, Jefe de la Misión para El Salvador, sostuvo conversaciones en San Salvador durante los días 5 al 14 de diciembre de 2024. Al término de estas conversaciones, el Sr. Cubeddu y el Sr. Espinoza emitieron la siguiente declaración:
Las autoridades salvadoreñas y un equipo técnico del FMI han llegado a un acuerdo a nivel técnico sobre un programa de 40 meses en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por unos 1,4 mil millones de dólares (equivalente a 1033,9 millones de DEGs, o 360 por ciento de la cuota) para atender las necesidades de balanza de pagos y respaldar las reformas económicas del gobierno. El acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI y condicionado a la implementación de las acciones previas acordadas.
También se espera que el programa catalice apoyo adicional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros bancos regionales de desarrollo (Banco Centro Americano de Integración Económica, BCIE, y el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, CAF) para un paquete de financiación global combinado de encima de 3,5 mil millones de dólares durante el período del programa.
La economía salvadoreña se sigue recuperando desde la pandemia respaldado por las fuertes remesas y a un notable repunte del turismo, en un contexto de mejora de la situación de seguridad, en el que los shocks climáticos sólo han tenido efectos negativos temporales. Al mismo tiempo, el déficit por cuenta corriente ha seguido reduciéndose y la inflación ha disminuido aún más, apoyada también por una baja de los precios mundiales de las materias primas. La situación fiscal sigue mejorando muy gradualmente, y las recientes operaciones de gestión del pasivo han reducido sustancialmente las necesidades de financiación a corto plazo, en un contexto de fuerte reducción de los diferenciales soberanos.
Sobre la base de este progreso, y reconociendo los desafíos pendientes macroeconómicos y estructurales de El Salvador, el programa apoyado por el FMI tiene como objetivo fortalecer la estabilidad fiscal y externa. Así también como ayudar a crear las condiciones para un crecimiento más fuerte e inclusivo.
Los elementos claves de dicho programa serían los siguientes:
- Política fiscal. El programa se basa en la mejora del balance primario de alrededor del 3,5% del PIB a lo largo de 3 años, para situar la proporción de la deuda pública en relación al PIB en una firme senda descendente tras alcanzar un máximo del 85% del PIB en 2024. Las medidas fuertes fiscales, por valor del 1,5% del PIB en 2025, ya incluidas en el presupuesto aprobado, reducirán la masa salarial, el gasto en bienes y servicios y las transferencias a los municipios. Esfuerzos adicionales de reforma se centrarán en reforzar la eficiencia de la función pública, la viabilidad del sistema de pensiones y la movilización de los ingresos para garantizar la sostenibilidad fiscal y una mayor reducción de los costes de endeudamiento. La mejora de las finanzas públicas se llevará a cabo de forma que se refuerce el apoyo a los más vulnerables y se proteja la inversión pública prioritaria.
- Gobernanza, transparencia, y resiliencia. La transparencia fiscal se fortalecerá sustancialmente, empezando por esfuerzos tempranos para mejorar el marco de responsabilidad fiscal, al igual que la información que se publica sobre la deuda pública, las pensiones, las empresas estatales, y los contratos públicos con transparencia sobre los beneficiarios finales. Las primeras reformas se centrarán también en el establecimiento de un marco sólido de lucha contra la corrupción y en la mejora de los mecanismos de lucha Antilavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT), en consonancia con las mejores prácticas internacionales. Para impulsar el clima de negocios y la resiliencia, se harán esfuerzos adicionales para reducir la burocracia, modernizar las infraestructuras y adaptarse al cambio climático, con el apoyo de instituciones socias para el desarrollo.
- Se mejorarán los colchones fiscales y del sector financiero, entre otras cosas mediante un refuerzo temprano del marco de liquidez de los bancos que también apoye el crecimiento continuado del crédito al sector privado. Las reservas de liquidez exigidas a los bancos, que actualmente se ubican en el equivalente de 11,5% de los depósitos, alcanzarán gradualmente el 15% a finales de junio de 2026. El financiamiento del FMI fortalecerá las reservas brutas del banco central, reforzando así su capacidad para hacer frente a las crisis. Al mismo tiempo, se avanzará en reformas para adaptar la normativa bancaria a las normas de Basilea III sobre supervisión basada en el riesgo.
- Activos digitales. En línea con las políticas del FMI, los riesgos potenciales del proyecto Bitcoin disminuirán significativamente. Reformas legales harán que la aceptación de Bitcoin por parte del sector privado sea voluntaria. Para el sector público, la participación en actividades económicas relacionadas con Bitcoin y las transacciones y compras de Bitcoin estarán delimitadas. Los impuestos podrán ser pagados sólo en dólares y la participación del gobierno en la billetera cripto (Chivo) se irá reduciendo gradualmente. Para salvaguardar la estabilidad e integridad financiera, y la protección de los consumidores e inversionistas, se mejorará la transparencia, la regulación y la supervisión de la industria de activos digitales.
El personal técnico del FMI agradece a las autoridades salvadoreñas por la excelente colaboración y el diálogo franco de los últimos meses en el desarrollo de su programa de reformas económicas encaminadas a seguir mejorando la prosperidad de El Salvador y de todo su pueblo. Se espera que el Directorio del FMI considere este programa para su aprobación a principios de febrero, una vez que se hayan implementado las acciones previas acordadas.
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Corte de Cuentas y la SRS apuestan por la excelencia en la formación de servidores públicos
La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) firmaron una Carta de Entendimiento para establecer un marco de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del personal de ambas instituciones, en especial de los auditores y profesionales jurídicos de la Entidad Fiscalizadora Superior.
El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Salvador Sosa, y el superintendente de Regulación Sanitaria, Noe Geovanni García Iraheta, en un acto que contó con la presencia de los magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores.
Como parte de este entendimiento, la SRS brindará capacitación al personal de la CCR en materia de Derecho Sanitario, así como en la aplicación de la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y su normativa relacionada. Estas acciones buscan fortalecer el conocimiento técnico especializado en el ámbito de la salud.
Por su parte, la CCR, a través de su Centro de Instrucción y Capacitación (CINCAP), incorporará en su oferta formativa contenidos orientados a la función fiscalizadora, los cuales serán impartidos por un banco de formadores con experiencia en diversas especialidades, con el objetivo de capacitar al talento humano de la SRS.
Durante el acto de firma, el presidente de la CCR destacó que este acuerdo “fortalece el ecosistema de gobernanza democrática y reafirma nuestra determinación de impulsar una gestión pública moderna, íntegra y orientada a resultados”.
Con esta Carta de Entendimiento, la CCR y la SRS reafirman su compromiso de trabajar de manera coordinada en el fortalecimiento del talento humano del sector público, contribuyendo a una administración pública más profesional, transparente y eficiente.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
