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Diputado Martel no se encuentra satisfecho con reciente reforma a tarjetas de crédito
El diputado de Cambio Democrático Juan José Martel mostró su insatisfacción ante la reciente reforma de la Ley de Tarjetas de Crédito, ya que explicó que prevaleció el interés particular del sistema financiero y no el de los usuarios.
La molestia radica, en que los parlamentarios no lograron eliminar el recargo por membrecía que cobran los bancos por tener tarjetas de crédito, que a juicio del parlamentario no debería de existir porque es un recargo por el servicio que originalmente promocionan.
“Si a mi me está ofreciendo una tarjeta de un banco pero yo prefiero la de tal compañía en comparación de otra, es por las ventajas que me brinda, es un factor de competencia de marketing y no se debe pagar un cargo adicional”, expresó Martell en la entrevista de Diario Cronio, El Salvador Today.
Ante esta situación, el funcionario destacó que las agencias se benefician con muchos cobros que para él no deberían de hacerse, por lo que sería justo retirar la membrecía para beneficiar el bolsillo del usuario.
“Es un servicio (membrecía) al que tienen derecho y se lo están dando porque están competiendo por su dinero, es como que si una vendedora le esté ofreciendo más beneficios que la otra que está en la otra esquina ¿Cómo se va a cobrar extra por eso?”, explicó.
En este sentido, dijo que habían propuesto un fondo de refinamiento para los que caigan en pago grave y que haya un mecanismo para que se pueda pagar, es para que los mismos deudores puedan salir del problema y que los bancos no tengan una lista de morosos tan larga e irrecuperables y sanear el sistema, pero no fue aceptada.
También sostuvo que han trabajado en el paquete de tarjeta básico, se aplicara el seguro de deuda por fallecimiento para que no se herede las deudas, ya que los bancos cobran las deudas por fallecimiento pese a que las leyes indican que no se puede dar esta figura de cobranza.
Por otra parte, indicó que si es necesario la CICIES porque no hay otra opción para poder perseguir los delitos de corrupción y narcotráfico.
Martel aseguró que a nadie le gusta la figura pero es necesario y que sea apoyada a nivel internacional con consenso interno.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
