Nacionales
Diego Balmore Escobar, exfiscal y abogado de mafiosos ítalo-canadienses, encontrado culpable en caso ROS
Por La Noticia SV
El imputado Diego Balmore Escobar, hombre de maxima confianza del Exfiscal General Douglas Meléndez, fue encontrado culpable por sustraer y vender el Reporte de Operaciones Sospechosas ( ROS ) cuando era fiscal.
El Exfiscal General Douglas Meléndez omitió procesarlo a pesar que en su momento circuló información que evidenciaba que Escobar prevaliéndose de su cargo sustrajo el ROS y que por inmediación del fallecido periodista Laffite Fernández, por una cuantiosa suma de dinero, fue entregado a terceras personas teniendo como resultado el encarcelamiento del ex Presidente de la República, Francisco Flores.
Diego Balmore Escobar y su relación con la mafia ítalo-canadiense.
Desde que Douglas Meléndez asumió el cargo de Fiscal General, Diego Balmore Escobar se sintió protegido por Douglas Melendez y sabia que no lo procesaría por la sustracción del ROS, tal y como finalmente ocurrió. En los primeros días de enero de 2016 y con la certeza de la impunidad de su delito, Escobar retornó al país despues de estar escondido en Costa Rica y comenzó a hacerse más público, inclusive brindando entrevistas donde perfilaba el carácter personal y profesional de su íntimo amigo, el recién nombrado Fiscal General Douglas Meléndez.
El 30 de junio de 2016, Diego Escobar se presentó ante su amigo Douglas Meléndez en sede fiscal y presentó una denuncia carente de fundamentos, como apoderado judicial del canadiense Matteo Pasquale de la empresa Cintec, señalada por la Real Policia Montada de Canada y por el FBI por su asociacion con la Mafia Ítalo Canadiense; tal y como evidenció Enrique Altamirano dueño del periódico El Diario de Hoy en una serie de reportajes entre los años 2001 y 2004, a quien Matteo Pasquale intentó también extorsionar “usando ilegalmente causas judiciales” demandando al señor Altamirano por la cantidad de $ 50 millones de Dólares. Curiosamente el defensor del señor Enrique Altamirano era precisamente el abogado Mario Ricardo Calderon, que luego fue apoderado del extorsionador Matteo Pasquale; Calderon por un “supuesto olvido o irresponsabilidad”, provocó que le decretaran orden de captura al señor Enrique Altamirano, quien tuvo finalmente que resolver su situación comprometedora.
La denuncia por la supuesta comisión del delito de falsedad fue promovida contra el empresario suizo-salvadoreño Enrique Rais, quien desde el inicio manifestó que tal denuncia carecía de veracidad y era parte de un plan para extorsionarlo, Matteo Pasquale se encuentra prófugo de la justicia con una orden de detención internacional y ha sido declarado rebelde por un tribunal salvadoreño, casualmente, Matteo Pasquale intenta extorsionar con la misma cantidad de $ 50 millones de dolares.
La denuncia presentada por Escobar en nombre de su apoderado canadiense fue únicamente la estrategia diseñada en complicidad con Douglas Meléndez para citar con engaño a Rais a sede fiscal, donde fue detenido por otros cargos basados en escuchas telefónicas falsas e ilegales el 22 de agosto de 2016 y por cuyos hechos ya ha sido condenado internacionalmente El Salvador por haberse comprobado que fue una detención arbitraria, como certificó el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Los hechos por los que Diego Escobar interpuso la denuncia contra Enrique Rais, eran los mismos también denunciados en Suiza, pais que respeta la legalidad y el debido proceso, que despues de una amplia investigación, fueron desestimadas por la Fiscalía Suiza. Los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, dijeron en su falsa denuncia que eran respalados por sus abogados Mario Calderón, René Medrano y Diego Balmore Escobar. Finalmente las autoridades Suizas absolvieron de todo cargo a Rais y lo indemnizaron por haber sido víctima de una acusación calumniosa.
Diego Escobar condenado por el caso ROS.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Diego Escobar del delito de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, previsto en el artículo 324 del Código Penal que regula: “El funcionario o empleado público que revelare o divulgare hechos, actuaciones, información o documentos que debiesen permanecer en reserva o facilitare de alguna manera el conocimiento de los mismos, será sancionado con prisión de cuatro a seis años…”.
El pasado jueves 17 de marzo, el Tribunal instaló la Vista Pública bajo reserva total, al cierre de la vista pública el juez a cargo del caso emitió un fallo condenatorio contra Diego Escobar, al encontarlo culpable de haber revelado o divulgado un documento de carácter secreto y de interés nacional como es el ROS.
El abogado Sergio Portillo Toruño, quien interpuso inicialmente la denuncia contra Diego Escobar y Laffite Fernández, ante los indicios que corroboraban que el primero sustrajo el ROS, en acuerdo con el segundo por el que les cancelaron una fuerte suma de dinero, ante el conocimiento de la condena de Escobar manifestó satisfacción porque en el país se está logrando finalmente justicia. “Es importante ver como se esta terminando la impunidad, y que abogados como los mencionados ya no sigan ensuciando el sistema judicial. Ahora debemos seguir presionando para que se haga justicia ante las ilegalidades de los Ex fiscales Douglas Meléndez y Raúl Melara” afirmó el citado abogado.
El Salvador está listo para recibir un importante flujo de visitantes internacionales en Semana Santa, con una proyección que ronda los 145,000 turistas, según informó la ministra de Turismo, Morena Valdez, en una entrevista que brindó a cana 10.
De los 145,000 turista se estima un 38 % procedente de Guatemala, un 20 % de Honduras, 28 % de Estados Unidos y el 14 % del resto del mundo.
De acuerdo con la funcionaria, entre el 70 % y el 80 % de los turistas internacionales eligen el puerto de La Libertad como su principal destino, atraídos por sus playas y la variedad de actividades disponibles.
«Aquí ofrecemos diversidad de opciones para disfrutar, desde el muelle, los mercados, la gastronomía y las olas», detalló.
Valdez destacó que La Libertad reúne una amplia oferta turística y gastronómica, siendo Sunset Park uno de los puntos más emblemáticos dentro de los parques administrados por el ISTU.
Además de la franja costera, otros destinos mantienen alta demanda entre los visitantes como el Centro Histórico de San Salvador y la Ruta de Las Flores.
La ministra también enfatizó que las condiciones de seguridad han sido clave en el crecimiento del turismo.
«Gracias a las acciones implementadas por el Gobierno, ahora el país posee seguridad y las personas nacionales y extranjeras pueden disfrutar en un ambiente de tranquilidad», afirmó.
Asimismo, hizo un llamado a los visitantes a seguir las indicaciones del personal en los distintos puntos turísticos, con el objetivo de garantizar una experiencia segura. «Pedimos a los visitantes atender y seguir las indicaciones del personal adecuado para evitar inconvenientes», indicó.
Cuadrillas de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) comenzaron las tareas de reconstrucción del centro escolar del cantón San Antonio, en el distrito de San Cristóbal, Cuscatlán Sur, que brindará espacios adecuados para la enseñanza de los estudiantes de esa zona del país.
La infraestructura será intervenida mediante el programa Dos Escuelas por Día, creado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, que además de cambiar el rostro del centro educativo busca brindar un espacio moderno para garantizar una mejor formación de más de 100 estudiantes de la comunidad.
La DOM informó que el proyecto comprende una intervención en un área de 793.31 metros cuadrados, distribuidos en seis módulos: cuatro que serán rehabilitados y dos reconstruidos.
«Entre las obras destaca la rehabilitación de cuatro aulas, una de ellas destinada a parvularia, equipada con inodoro infantil, ducha, lavamanos y un área de juegos lúdicos», detalló la DOM en un boletín de prensa.
Los trabajos también contemplan la reconstrucción del área destinada para cocina-comedor, cisterna, cuarto de bombeo y control, así como sanitarios para alumnos y maestros y la cancha.
El proyecto prevé una intervención integral, por esa razón también se construirán senderos, rampas de acceso, áreas verdes, sistemas de aguas lluvias, negras y agua potable, clasificación de desechos, modernización del sistema eléctrico, señalética, iluminación, puertas y ventanas.
«Todas las instalaciones serán equipadas y amuebladas, con techo termoacústico y pisos renovados en caucho y porcelanato», apuntó la institución.
Además de este proyecto, la DOM también está reconstruyendo el complejo educativo de San Cristóbal, mientras que en el departamento suman cuatro instituciones educativas que están siendo renovadas mediante este programa.
La mayoría de los casos son por extorsión agravada, con 4,710, mientras que 1,055 son por extorsión, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General de la República.
«Te llamamos de parte de la Mara Salvatrucha, la onda que queremos una colaboración de $500, de lo contrario te vamos a matar, a tu familia o a vos», fue la exigencia que hizo un terrorista de la MS a la víctima, clave Marenco, en agosto de 2022.
El ofendido debía pagarles la extorsión el 3 de agosto de ese año en la residencial Versalles, de San Juan Opico, La Libertad, pero se había negado, según consta en el expediente judicial de Rodrigo Armando Rosales Portillo, quien fue sentenciado a ocho años de cárcel por ese caso.
La investigación detalla que uno de los terroristas le detalló a la víctima que le volverían a llamar para indicarle la hora, el lugar exacto y quién sería el que llegaría a recoger el dinero de la extorsión.
El día de la entrega llegó otro pandillero a la casa de la víctima y le expresó: «Mirá, la onda está que para hoy a las 10 de la mañana, frente a la terminal de buses de aquí de Versalles, tenés que entregar el dinero». El ofendido preguntó quién lo recogería y el terrorista le indicó que llegaría un «cipote en bicicleta»; además recomendó que usara camisa y gorra negra.
La víctima interpuso la denuncia ante las autoridades, quienes coordinaron una entrega controlada de dinero en el lugar establecido. El dispositivo estuvo compuesto por tres equipos: el primero era el investigador, quien entregó el paquete que simulaba la cantidad exigida por los extorsionistas; el segundo lo conformó una investigadora, que estaba dentro de un vehículo, ella vigiló y tomó las fotografías; mientras que el tres tuvo la labor de vigilancia, seguimiento y captura de los extorsionistas.
Cuando el reloj marcó las 10 de la mañana, puntualmente apareció Rosales Portillo a bordo de una bicicleta BMX y observó a todos lados de la terminal. El investigador entregó el dinero en un sobre blanco, el sujeto se lo guardó en la bolsa derecha del pantalón, tomó la bicicleta y se fue con rumbo sur por el bulevar Campos Elíseos, donde el equipo tres observó la entrega; los agentes se bajaron del vehículo, intervinieron al pandillero y lo capturaron en flagrancia por el delito de extorsión.
Los agentes se identificaron como miembros de la Policía Nacional Civil (PNC). Ejecutaron un registro donde le encontraron el paquete que simulaba los $500, que consistía en un billete de $5 y recortes de periódicos. Además, le decomisaron un celular.
Tras un proceso penal donde Rosa les Portillo confesó su delito, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla lo sentenció por extorsión agravada.
«Yo me encontraba en el taller, mi lugar de trabajo en la residencial Versalles, cuando me llegó una llamada de un varón llamado Roberto, me dijo que si le podía ir a traer un dinero, yo en ese momento acepté, como una tontera, pero yo soy alguien estudiado y estoy consciente de lo que haría, no iba a ir a traer un vuelto de tortillas, estaba consciente de que iba a traer una extorsión, él me dice que vaya a traer la cantidad de $250», confesó el imputado.
«Iba a estar un hombre de negro y de gorra negra, quien me entregaría el dinero, acepté, y vengo y le digo a un compañero de trabajo que me preste su bicicleta, para ir a mi casa. A él no le di mayor explicación, la agarré [la bicicleta], llegué al punto de buses, encontré al varón, que anteriormente me había descrito Roberto. Me dijo: “Vos sos ” y yo le dije que sí. Me entregó el dinero, me subí a la bicicleta, salí de nuevo como para el taller, avancé unos cinco metros cuando la policía me atrapó», agregó.
La condena contra Rosales Portillo figura entre las 5,768 que la Fiscalía General de la República (FGR) logró en diferentes tribunales entre enero de 2020 y el 22 de febrero de 2026. La mayoría de los casos son por extorsión agravada, con 4,710, mientras que 1,055 son por extorsión, de acuerdo con sus datos.
Entre esos años, 2021 fue cuando más sentencias alcanzó la FGR, con 1,055 condenas; 1,022, en 2024; 1,003, en 2023; 947, en 2025; 889, en 2022; mientras que en 2020 fueron 745.
La alta cifra de sentencias de 2023 y 2024 refleja los resultados del régimen de excepción, la herramienta legal con la que el Gobierno del presidente Nayib Bukele combate a las pandillas desde finales de marzo de 2022.
En noviembre de 2021, César Alexánder Cerna Catalán, pandillero de la 18, llegó en su bicicleta hasta el comercio de una víctima ubicado en Chalchuapa, Santa Ana. En tono amenazante le dijo que era terrorista y que debía entregar $800 pues ya tenía varios meses en el negocio y no entregaba el dinero que le habían exigido anteriormente, por tanto, debía ponerse «al día», porque si no lo pagaba, lo matarían y a su familia.
La víctima interpuso la denuncia ante la Policía y declaró que el pandillero llegó en una segunda ocasión a pedir la extorsión, pero él le dijo que no tenía debido a las malas ventas. En una tercera oportunidad, Cerna Catalán se hizo acompañar de otro pandillero, pero por temor, la víctima mantenía cerrado su negocio; los terroristas tocaron la puerta, pero no les abrió.
En 2022, el afectado reconoció al terrorista cuando llevaban a este último en una patrulla policial. Acudió a la justicia y presentó la noticia de la detención de Cerna Catalán, a quien responsabilizó de exigirle la extorsión a cambio de no atentar en contra de su vida y la de su familia.
En agosto de ese mismo año, la víctima se presentó hasta la oficina del Equipo Local Antiextorsiones del Departamento de Investigaciones de Santa Ana, donde le mostraron las fotografías del sujeto.
Tras las investigaciones, en 2023 Cerna Catalán recibió una condena de 15 años de cárcel por parte del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana por el delito de extorsión continuada
