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Diego Balmore Escobar, exfiscal y abogado de mafiosos ítalo-canadienses, encontrado culpable en caso ROS
Por La Noticia SV
El imputado Diego Balmore Escobar, hombre de maxima confianza del Exfiscal General Douglas Meléndez, fue encontrado culpable por sustraer y vender el Reporte de Operaciones Sospechosas ( ROS ) cuando era fiscal.
El Exfiscal General Douglas Meléndez omitió procesarlo a pesar que en su momento circuló información que evidenciaba que Escobar prevaliéndose de su cargo sustrajo el ROS y que por inmediación del fallecido periodista Laffite Fernández, por una cuantiosa suma de dinero, fue entregado a terceras personas teniendo como resultado el encarcelamiento del ex Presidente de la República, Francisco Flores.
Diego Balmore Escobar y su relación con la mafia ítalo-canadiense.
Desde que Douglas Meléndez asumió el cargo de Fiscal General, Diego Balmore Escobar se sintió protegido por Douglas Melendez y sabia que no lo procesaría por la sustracción del ROS, tal y como finalmente ocurrió. En los primeros días de enero de 2016 y con la certeza de la impunidad de su delito, Escobar retornó al país despues de estar escondido en Costa Rica y comenzó a hacerse más público, inclusive brindando entrevistas donde perfilaba el carácter personal y profesional de su íntimo amigo, el recién nombrado Fiscal General Douglas Meléndez.
El 30 de junio de 2016, Diego Escobar se presentó ante su amigo Douglas Meléndez en sede fiscal y presentó una denuncia carente de fundamentos, como apoderado judicial del canadiense Matteo Pasquale de la empresa Cintec, señalada por la Real Policia Montada de Canada y por el FBI por su asociacion con la Mafia Ítalo Canadiense; tal y como evidenció Enrique Altamirano dueño del periódico El Diario de Hoy en una serie de reportajes entre los años 2001 y 2004, a quien Matteo Pasquale intentó también extorsionar “usando ilegalmente causas judiciales” demandando al señor Altamirano por la cantidad de $ 50 millones de Dólares. Curiosamente el defensor del señor Enrique Altamirano era precisamente el abogado Mario Ricardo Calderon, que luego fue apoderado del extorsionador Matteo Pasquale; Calderon por un “supuesto olvido o irresponsabilidad”, provocó que le decretaran orden de captura al señor Enrique Altamirano, quien tuvo finalmente que resolver su situación comprometedora.
La denuncia por la supuesta comisión del delito de falsedad fue promovida contra el empresario suizo-salvadoreño Enrique Rais, quien desde el inicio manifestó que tal denuncia carecía de veracidad y era parte de un plan para extorsionarlo, Matteo Pasquale se encuentra prófugo de la justicia con una orden de detención internacional y ha sido declarado rebelde por un tribunal salvadoreño, casualmente, Matteo Pasquale intenta extorsionar con la misma cantidad de $ 50 millones de dolares.
La denuncia presentada por Escobar en nombre de su apoderado canadiense fue únicamente la estrategia diseñada en complicidad con Douglas Meléndez para citar con engaño a Rais a sede fiscal, donde fue detenido por otros cargos basados en escuchas telefónicas falsas e ilegales el 22 de agosto de 2016 y por cuyos hechos ya ha sido condenado internacionalmente El Salvador por haberse comprobado que fue una detención arbitraria, como certificó el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Los hechos por los que Diego Escobar interpuso la denuncia contra Enrique Rais, eran los mismos también denunciados en Suiza, pais que respeta la legalidad y el debido proceso, que despues de una amplia investigación, fueron desestimadas por la Fiscalía Suiza. Los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, dijeron en su falsa denuncia que eran respalados por sus abogados Mario Calderón, René Medrano y Diego Balmore Escobar. Finalmente las autoridades Suizas absolvieron de todo cargo a Rais y lo indemnizaron por haber sido víctima de una acusación calumniosa.
Diego Escobar condenado por el caso ROS.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Diego Escobar del delito de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, previsto en el artículo 324 del Código Penal que regula: “El funcionario o empleado público que revelare o divulgare hechos, actuaciones, información o documentos que debiesen permanecer en reserva o facilitare de alguna manera el conocimiento de los mismos, será sancionado con prisión de cuatro a seis años…”.
El pasado jueves 17 de marzo, el Tribunal instaló la Vista Pública bajo reserva total, al cierre de la vista pública el juez a cargo del caso emitió un fallo condenatorio contra Diego Escobar, al encontarlo culpable de haber revelado o divulgado un documento de carácter secreto y de interés nacional como es el ROS.
El abogado Sergio Portillo Toruño, quien interpuso inicialmente la denuncia contra Diego Escobar y Laffite Fernández, ante los indicios que corroboraban que el primero sustrajo el ROS, en acuerdo con el segundo por el que les cancelaron una fuerte suma de dinero, ante el conocimiento de la condena de Escobar manifestó satisfacción porque en el país se está logrando finalmente justicia. “Es importante ver como se esta terminando la impunidad, y que abogados como los mencionados ya no sigan ensuciando el sistema judicial. Ahora debemos seguir presionando para que se haga justicia ante las ilegalidades de los Ex fiscales Douglas Meléndez y Raúl Melara” afirmó el citado abogado.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Moisés Antonio Mondragón Castro, acusado de cometer diversos delitos, entre ellos un robo en una gasolinera, provocar un múltiple accidente de tránsito y conducción peligrosa.
Según las autoridades, el hombre arrebató a una empleada de una gasolinera el dinero que tenía en sus manos cuando le entregaba el cambio a un cliente y posteriormente huyó del lugar. El hecho ocurrió sobre la avenida Jerusalén, en San Salvador.
«Nuestros equipos fueron alertados e iniciaron la búsqueda y persecución del responsable», informó la PNC.
Durante la fuga, Mondragón Castro chocó contra un vehículo en el redondel Italia, sobre la avenida Revolución, en la colonia San Benito. Posteriormente, colisionó con otro automotor que circulaba sobre la calle hacia Santa Tecla, en el desvío a Santa Elena.
Las autoridades indicaron que más adelante impactó otros cinco vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones de Multiplaza.
La captura fue realizada en el kilómetro 5 ½ de la carretera Panamericana, cerca de la comunidad La Cuchilla, en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
La PNC informó que el detenido será remitido a las autoridades correspondientes para ser procesado por los delitos de robo, daños y conducción peligrosa.
Tras la captura, también comenzó a circular en redes sociales un video en el que Mondragón Castro aparece, presuntamente en estado de ebriedad, siendo expulsado de un restaurante. En las imágenes sostiene una discusión con un mesero que deriva en un altercado físico al negarse a abandonar el establecimiento. Sobre ese incidente, las autoridades no han brindado información.
«El Salvador ya no es un país en el que podés delinquir libremente, responderás por tus acciones», expresó la Policía tras la detención.
Accidente de tránsito
El accidente de mayor magnitud atribuido a Mondragón Castro ocurrió el lunes por la mañana en la carretera Panamericana, en las inmediaciones de la comunidad La Cuchilla, frente al centro comercial Multiplaza, en Antiguo Cuscatlán.
De acuerdo con el informe, el conductor, señalado por las autoridades como ebrio, provocó un múltiple percance vial en el sentido que conduce de San Salvador hacia Santa Tecla. Preliminarmente, ocho conductores resultaron afectados con golpes en diferentes partes del cuerpo.
El Viceministerio de Transporte informó: «Brindamos apoyo en la atención de siniestro vial múltiple en la carretera Panamericana, en el sector del centro comercial Multiplaza. Nuestro equipo de grúas se encuentra en el lugar para movilizar los vehículos involucrados».
Como consecuencia del accidente, el paso vehicular fue restringido mientras la Policía Nacional Civil realizaba la inspección correspondiente.
