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Diego Balmore Escobar, exfiscal y abogado de mafiosos ítalo-canadienses, encontrado culpable en caso ROS
Por La Noticia SV
El imputado Diego Balmore Escobar, hombre de maxima confianza del Exfiscal General Douglas Meléndez, fue encontrado culpable por sustraer y vender el Reporte de Operaciones Sospechosas ( ROS ) cuando era fiscal.
El Exfiscal General Douglas Meléndez omitió procesarlo a pesar que en su momento circuló información que evidenciaba que Escobar prevaliéndose de su cargo sustrajo el ROS y que por inmediación del fallecido periodista Laffite Fernández, por una cuantiosa suma de dinero, fue entregado a terceras personas teniendo como resultado el encarcelamiento del ex Presidente de la República, Francisco Flores.
Diego Balmore Escobar y su relación con la mafia ítalo-canadiense.
Desde que Douglas Meléndez asumió el cargo de Fiscal General, Diego Balmore Escobar se sintió protegido por Douglas Melendez y sabia que no lo procesaría por la sustracción del ROS, tal y como finalmente ocurrió. En los primeros días de enero de 2016 y con la certeza de la impunidad de su delito, Escobar retornó al país despues de estar escondido en Costa Rica y comenzó a hacerse más público, inclusive brindando entrevistas donde perfilaba el carácter personal y profesional de su íntimo amigo, el recién nombrado Fiscal General Douglas Meléndez.
El 30 de junio de 2016, Diego Escobar se presentó ante su amigo Douglas Meléndez en sede fiscal y presentó una denuncia carente de fundamentos, como apoderado judicial del canadiense Matteo Pasquale de la empresa Cintec, señalada por la Real Policia Montada de Canada y por el FBI por su asociacion con la Mafia Ítalo Canadiense; tal y como evidenció Enrique Altamirano dueño del periódico El Diario de Hoy en una serie de reportajes entre los años 2001 y 2004, a quien Matteo Pasquale intentó también extorsionar “usando ilegalmente causas judiciales” demandando al señor Altamirano por la cantidad de $ 50 millones de Dólares. Curiosamente el defensor del señor Enrique Altamirano era precisamente el abogado Mario Ricardo Calderon, que luego fue apoderado del extorsionador Matteo Pasquale; Calderon por un “supuesto olvido o irresponsabilidad”, provocó que le decretaran orden de captura al señor Enrique Altamirano, quien tuvo finalmente que resolver su situación comprometedora.
La denuncia por la supuesta comisión del delito de falsedad fue promovida contra el empresario suizo-salvadoreño Enrique Rais, quien desde el inicio manifestó que tal denuncia carecía de veracidad y era parte de un plan para extorsionarlo, Matteo Pasquale se encuentra prófugo de la justicia con una orden de detención internacional y ha sido declarado rebelde por un tribunal salvadoreño, casualmente, Matteo Pasquale intenta extorsionar con la misma cantidad de $ 50 millones de dolares.
La denuncia presentada por Escobar en nombre de su apoderado canadiense fue únicamente la estrategia diseñada en complicidad con Douglas Meléndez para citar con engaño a Rais a sede fiscal, donde fue detenido por otros cargos basados en escuchas telefónicas falsas e ilegales el 22 de agosto de 2016 y por cuyos hechos ya ha sido condenado internacionalmente El Salvador por haberse comprobado que fue una detención arbitraria, como certificó el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Los hechos por los que Diego Escobar interpuso la denuncia contra Enrique Rais, eran los mismos también denunciados en Suiza, pais que respeta la legalidad y el debido proceso, que despues de una amplia investigación, fueron desestimadas por la Fiscalía Suiza. Los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, dijeron en su falsa denuncia que eran respalados por sus abogados Mario Calderón, René Medrano y Diego Balmore Escobar. Finalmente las autoridades Suizas absolvieron de todo cargo a Rais y lo indemnizaron por haber sido víctima de una acusación calumniosa.
Diego Escobar condenado por el caso ROS.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Diego Escobar del delito de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, previsto en el artículo 324 del Código Penal que regula: “El funcionario o empleado público que revelare o divulgare hechos, actuaciones, información o documentos que debiesen permanecer en reserva o facilitare de alguna manera el conocimiento de los mismos, será sancionado con prisión de cuatro a seis años…”.
El pasado jueves 17 de marzo, el Tribunal instaló la Vista Pública bajo reserva total, al cierre de la vista pública el juez a cargo del caso emitió un fallo condenatorio contra Diego Escobar, al encontarlo culpable de haber revelado o divulgado un documento de carácter secreto y de interés nacional como es el ROS.
El abogado Sergio Portillo Toruño, quien interpuso inicialmente la denuncia contra Diego Escobar y Laffite Fernández, ante los indicios que corroboraban que el primero sustrajo el ROS, en acuerdo con el segundo por el que les cancelaron una fuerte suma de dinero, ante el conocimiento de la condena de Escobar manifestó satisfacción porque en el país se está logrando finalmente justicia. “Es importante ver como se esta terminando la impunidad, y que abogados como los mencionados ya no sigan ensuciando el sistema judicial. Ahora debemos seguir presionando para que se haga justicia ante las ilegalidades de los Ex fiscales Douglas Meléndez y Raúl Melara” afirmó el citado abogado.
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BCIE aprueba financiamiento de US$155 millones para dar continuidad al fortalecimiento de la infraestructura vial y la movilidad urbana en El Salvador
Con una inversión de US$155 millones, el BCIE respaldará la ejecución del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana – Fase II en El Salvador, continuando con intervenciones estratégicas para el país en materia de infraestructura vial. El programa beneficiará a más de 1.17 millones de habitantes en el Área Metropolitana de San Salvador y en el distrito de Atiquizaya, departamento de Ahuachapán.
Esta iniciativa se estructura en tres componentes principales: la ampliación y mejoramiento de la Carretera RN13W en el tramo Desvío Atiquizaya – Desvío Bypass de Ahuachapán junto con sus obras conexas; los estudios de diseño y construcción del Corredor Norte del Anillo Periférico del AMSS; y los estudios de diseño del Corredor Oriente del Anillo Periférico del AMSS. En conjunto, el Programa incluye la ampliación a 4 carriles de 7.05 km de carretera existente, la construcción de 8.17 km de nuevas vías y 30.4 km de ciclovía nueva.
La implementación de este programa redistribuirá los flujos de tránsito que hoy saturan la capital, reduciendo el tiempo promedio de viaje en 45.6% para los usuarios de los tramos intervenidos, y mejorará la circulación regional sobre la Carretera Panamericana. Además, con la ampliación de la RN13W, el programa elevará la capacidad de algunos de los ejes viales más importantes del país, proyectando un tránsito promedio diario anual de 111,053 vehículos, incluyendo 9,023 vehículos de carga pesada, ofreciendo condiciones más seguras y menores costos de operación para sus usuarios.
El Programa integra además soluciones tecnológicas de gestión inteligente del tránsito, medidas de seguridad vial e infraestructura para transporte no motorizado, y se estima que generará 250 empleos directos temporales.
Con esta aprobación, el BCIE reafirma su compromiso con el desarrollo integral de El Salvador. Este financiamiento representa una inversión de largo plazo en la competitividad, la conectividad territorial y el bienestar de la población salvadoreña.
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para modificar el contrato de préstamo No. 5851/OC-ES, suscrito entre el Gobierno de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el propósito de fortalecer el sistema aduanero y consolidar al país como un referente regional en infraestructura logística y facilitación del comercio.
El empréstito, por un monto de hasta $84 millones, fue aprobado por la Asamblea Legislativa el 9 de abril de 2024 y ratificado el 22 de mayo del mismo año. Inicialmente, los fondos estaban destinados al Programa de Facilitación Comercial y Modernización de la Operación Portuaria en El Salvador, enfocado principalmente en la reducción de tiempos de espera del transporte de carga en los puertos y en mejorar la eficiencia operativa portuaria.
Sin embargo, el Ejecutivo identificó la necesidad de ampliar el alcance del programa y redirigir las inversiones hacia una modernización más integral de las aduanas y los controles fronterizos del país. Como resultado, el pasado 29 de abril, el Ministerio de Hacienda y el BID firmaron una modificación al contrato de préstamo para adecuar el proyecto a las nuevas prioridades estratégicas del Gobierno.
Durante la sesión de la comisión legislativa, el director de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Marlon Herrera, explicó que uno de los cambios principales será la actualización del nombre del proyecto, que pasará a denominarse Programa de Facilitación del Comercio y de las Inversiones en El Salvador.
Según Herrera, esta modificación permitirá incorporar nuevas acciones orientadas al fortalecimiento de la infraestructura física en las aduanas del país, así como la modernización de puestos fronterizos estratégicos, entre ellos la frontera El Poy, ubicada en Chalatenango, uno de los principales puntos de intercambio comercial terrestre con Honduras.
Asimismo, el funcionario detalló que el programa contempla fortalecer el Centro de Control Integrado ubicado en el recinto de San Bartolo, una instalación clave para la supervisión y control de mercancías en el comercio exterior salvadoreño.
La propuesta también incluye la adquisición e implementación de tecnología para mejorar los controles aduaneros y agilizar el manejo de mercancías. Herrera señaló que esto permitirá avanzar en la digitalización y simplificación de los trámites vinculados al comercio exterior, reduciendo tiempos y costos logísticos para empresas importadoras y exportadoras.
Entre las iniciativas previstas se encuentra el desarrollo del Portal de Comercio Exterior, una plataforma digital que centralizará diversos procesos relacionados con importaciones, exportaciones y trámites aduaneros. El proyecto incluye además la compra de equipo informático, el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y el equipamiento necesario para mejorar la operatividad de las instituciones involucradas.
De acuerdo con el representante del Ministerio de Hacienda, todas estas acciones buscan incrementar la competitividad del país y generar condiciones más favorables para atraer inversiones, fortalecer el comercio regional y mejorar la eficiencia de las cadenas logísticas.
Otro de los cambios relevantes dentro de la modificación al préstamo es la sustitución de la entidad ejecutora del programa. En la versión original, la ejecución estaba a cargo del Ministerio de Economía en coordinación con la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), debido a que el enfoque principal se encontraba en las operaciones portuarias.
Con la reestructuración aprobada en comisión, la Dirección General de Aduanas (DGA) asumirá el rol de entidad ejecutora junto al Ministerio de Economía, mientras que CEPA dejará de participar directamente en la administración del programa.
Las autoridades justificaron esta decisión argumentando que la DGA es la institución que actualmente lidera las acciones relacionadas con controles fronterizos, facilitación comercial y modernización aduanera, por lo que su incorporación permitirá una ejecución más eficiente y alineada con las necesidades actuales del país.
Los diputados de la Comisión de Hacienda respaldaron la iniciativa al considerar que fortalecer la infraestructura aduanera y agilizar los procesos comerciales contribuirá a dinamizar la economía nacional y mejorar la posición de El Salvador en materia de comercio internacional.
Además, destacaron que la modernización tecnológica y la digitalización de trámites representan herramientas fundamentales para reducir la burocracia y aumentar la transparencia en los procesos de importación y exportación.
Con esta reforma al préstamo, el Gobierno apuesta por fortalecer la conectividad logística y mejorar las capacidades institucionales vinculadas al comercio exterior, en un contexto donde la competitividad regional depende cada vez más de la eficiencia en los sistemas aduaneros y de transporte de mercancías.
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana ordenó instrucción formal con detención provisional contra Josselyn Esmeralda Ramos Ramos, de 19 años, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 2 años y 6 meses de edad.
De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía General de la República, los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril de 2026 en una vivienda ubicada en la comunidad Amayito, en Santa Ana.
Según las investigaciones, la imputada permaneció sola durante aproximadamente tres horas con el menor dentro de una habitación, lugar donde presuntamente ocurrió el hecho.
Durante la audiencia inicial, las autoridades expusieron que la autopsia practicada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la causa de muerte fue asfixia por obstrucción de nariz y boca.
Asimismo, en esta etapa del proceso judicial, la Fiscalía señaló que la acusada presuntamente ejercía violencia física y psicológica reiterada contra el niño.
Con la resolución emitida por el juzgado, la joven continuará en prisión mientras avanzan las investigaciones y el proceso penal correspondiente.
