Nacionales
Diego Balmore Escobar, exfiscal y abogado de mafiosos ítalo-canadienses, encontrado culpable en caso ROS
Por La Noticia SV
El imputado Diego Balmore Escobar, hombre de maxima confianza del Exfiscal General Douglas Meléndez, fue encontrado culpable por sustraer y vender el Reporte de Operaciones Sospechosas ( ROS ) cuando era fiscal.
El Exfiscal General Douglas Meléndez omitió procesarlo a pesar que en su momento circuló información que evidenciaba que Escobar prevaliéndose de su cargo sustrajo el ROS y que por inmediación del fallecido periodista Laffite Fernández, por una cuantiosa suma de dinero, fue entregado a terceras personas teniendo como resultado el encarcelamiento del ex Presidente de la República, Francisco Flores.
Diego Balmore Escobar y su relación con la mafia ítalo-canadiense.
Desde que Douglas Meléndez asumió el cargo de Fiscal General, Diego Balmore Escobar se sintió protegido por Douglas Melendez y sabia que no lo procesaría por la sustracción del ROS, tal y como finalmente ocurrió. En los primeros días de enero de 2016 y con la certeza de la impunidad de su delito, Escobar retornó al país despues de estar escondido en Costa Rica y comenzó a hacerse más público, inclusive brindando entrevistas donde perfilaba el carácter personal y profesional de su íntimo amigo, el recién nombrado Fiscal General Douglas Meléndez.
El 30 de junio de 2016, Diego Escobar se presentó ante su amigo Douglas Meléndez en sede fiscal y presentó una denuncia carente de fundamentos, como apoderado judicial del canadiense Matteo Pasquale de la empresa Cintec, señalada por la Real Policia Montada de Canada y por el FBI por su asociacion con la Mafia Ítalo Canadiense; tal y como evidenció Enrique Altamirano dueño del periódico El Diario de Hoy en una serie de reportajes entre los años 2001 y 2004, a quien Matteo Pasquale intentó también extorsionar “usando ilegalmente causas judiciales” demandando al señor Altamirano por la cantidad de $ 50 millones de Dólares. Curiosamente el defensor del señor Enrique Altamirano era precisamente el abogado Mario Ricardo Calderon, que luego fue apoderado del extorsionador Matteo Pasquale; Calderon por un “supuesto olvido o irresponsabilidad”, provocó que le decretaran orden de captura al señor Enrique Altamirano, quien tuvo finalmente que resolver su situación comprometedora.
La denuncia por la supuesta comisión del delito de falsedad fue promovida contra el empresario suizo-salvadoreño Enrique Rais, quien desde el inicio manifestó que tal denuncia carecía de veracidad y era parte de un plan para extorsionarlo, Matteo Pasquale se encuentra prófugo de la justicia con una orden de detención internacional y ha sido declarado rebelde por un tribunal salvadoreño, casualmente, Matteo Pasquale intenta extorsionar con la misma cantidad de $ 50 millones de dolares.
La denuncia presentada por Escobar en nombre de su apoderado canadiense fue únicamente la estrategia diseñada en complicidad con Douglas Meléndez para citar con engaño a Rais a sede fiscal, donde fue detenido por otros cargos basados en escuchas telefónicas falsas e ilegales el 22 de agosto de 2016 y por cuyos hechos ya ha sido condenado internacionalmente El Salvador por haberse comprobado que fue una detención arbitraria, como certificó el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Los hechos por los que Diego Escobar interpuso la denuncia contra Enrique Rais, eran los mismos también denunciados en Suiza, pais que respeta la legalidad y el debido proceso, que despues de una amplia investigación, fueron desestimadas por la Fiscalía Suiza. Los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, dijeron en su falsa denuncia que eran respalados por sus abogados Mario Calderón, René Medrano y Diego Balmore Escobar. Finalmente las autoridades Suizas absolvieron de todo cargo a Rais y lo indemnizaron por haber sido víctima de una acusación calumniosa.
Diego Escobar condenado por el caso ROS.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Diego Escobar del delito de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, previsto en el artículo 324 del Código Penal que regula: “El funcionario o empleado público que revelare o divulgare hechos, actuaciones, información o documentos que debiesen permanecer en reserva o facilitare de alguna manera el conocimiento de los mismos, será sancionado con prisión de cuatro a seis años…”.
El pasado jueves 17 de marzo, el Tribunal instaló la Vista Pública bajo reserva total, al cierre de la vista pública el juez a cargo del caso emitió un fallo condenatorio contra Diego Escobar, al encontarlo culpable de haber revelado o divulgado un documento de carácter secreto y de interés nacional como es el ROS.
El abogado Sergio Portillo Toruño, quien interpuso inicialmente la denuncia contra Diego Escobar y Laffite Fernández, ante los indicios que corroboraban que el primero sustrajo el ROS, en acuerdo con el segundo por el que les cancelaron una fuerte suma de dinero, ante el conocimiento de la condena de Escobar manifestó satisfacción porque en el país se está logrando finalmente justicia. “Es importante ver como se esta terminando la impunidad, y que abogados como los mencionados ya no sigan ensuciando el sistema judicial. Ahora debemos seguir presionando para que se haga justicia ante las ilegalidades de los Ex fiscales Douglas Meléndez y Raúl Melara” afirmó el citado abogado.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
Etiquetas: condenaEstafafalsedad documentalSan salvador
