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Diego Balmore Escobar, exfiscal y abogado de mafiosos ítalo-canadienses, encontrado culpable en caso ROS
Por La Noticia SV
El imputado Diego Balmore Escobar, hombre de maxima confianza del Exfiscal General Douglas Meléndez, fue encontrado culpable por sustraer y vender el Reporte de Operaciones Sospechosas ( ROS ) cuando era fiscal.
El Exfiscal General Douglas Meléndez omitió procesarlo a pesar que en su momento circuló información que evidenciaba que Escobar prevaliéndose de su cargo sustrajo el ROS y que por inmediación del fallecido periodista Laffite Fernández, por una cuantiosa suma de dinero, fue entregado a terceras personas teniendo como resultado el encarcelamiento del ex Presidente de la República, Francisco Flores.
Diego Balmore Escobar y su relación con la mafia ítalo-canadiense.
Desde que Douglas Meléndez asumió el cargo de Fiscal General, Diego Balmore Escobar se sintió protegido por Douglas Melendez y sabia que no lo procesaría por la sustracción del ROS, tal y como finalmente ocurrió. En los primeros días de enero de 2016 y con la certeza de la impunidad de su delito, Escobar retornó al país despues de estar escondido en Costa Rica y comenzó a hacerse más público, inclusive brindando entrevistas donde perfilaba el carácter personal y profesional de su íntimo amigo, el recién nombrado Fiscal General Douglas Meléndez.
El 30 de junio de 2016, Diego Escobar se presentó ante su amigo Douglas Meléndez en sede fiscal y presentó una denuncia carente de fundamentos, como apoderado judicial del canadiense Matteo Pasquale de la empresa Cintec, señalada por la Real Policia Montada de Canada y por el FBI por su asociacion con la Mafia Ítalo Canadiense; tal y como evidenció Enrique Altamirano dueño del periódico El Diario de Hoy en una serie de reportajes entre los años 2001 y 2004, a quien Matteo Pasquale intentó también extorsionar “usando ilegalmente causas judiciales” demandando al señor Altamirano por la cantidad de $ 50 millones de Dólares. Curiosamente el defensor del señor Enrique Altamirano era precisamente el abogado Mario Ricardo Calderon, que luego fue apoderado del extorsionador Matteo Pasquale; Calderon por un “supuesto olvido o irresponsabilidad”, provocó que le decretaran orden de captura al señor Enrique Altamirano, quien tuvo finalmente que resolver su situación comprometedora.
La denuncia por la supuesta comisión del delito de falsedad fue promovida contra el empresario suizo-salvadoreño Enrique Rais, quien desde el inicio manifestó que tal denuncia carecía de veracidad y era parte de un plan para extorsionarlo, Matteo Pasquale se encuentra prófugo de la justicia con una orden de detención internacional y ha sido declarado rebelde por un tribunal salvadoreño, casualmente, Matteo Pasquale intenta extorsionar con la misma cantidad de $ 50 millones de dolares.
La denuncia presentada por Escobar en nombre de su apoderado canadiense fue únicamente la estrategia diseñada en complicidad con Douglas Meléndez para citar con engaño a Rais a sede fiscal, donde fue detenido por otros cargos basados en escuchas telefónicas falsas e ilegales el 22 de agosto de 2016 y por cuyos hechos ya ha sido condenado internacionalmente El Salvador por haberse comprobado que fue una detención arbitraria, como certificó el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Los hechos por los que Diego Escobar interpuso la denuncia contra Enrique Rais, eran los mismos también denunciados en Suiza, pais que respeta la legalidad y el debido proceso, que despues de una amplia investigación, fueron desestimadas por la Fiscalía Suiza. Los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, dijeron en su falsa denuncia que eran respalados por sus abogados Mario Calderón, René Medrano y Diego Balmore Escobar. Finalmente las autoridades Suizas absolvieron de todo cargo a Rais y lo indemnizaron por haber sido víctima de una acusación calumniosa.
Diego Escobar condenado por el caso ROS.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Diego Escobar del delito de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial, previsto en el artículo 324 del Código Penal que regula: “El funcionario o empleado público que revelare o divulgare hechos, actuaciones, información o documentos que debiesen permanecer en reserva o facilitare de alguna manera el conocimiento de los mismos, será sancionado con prisión de cuatro a seis años…”.
El pasado jueves 17 de marzo, el Tribunal instaló la Vista Pública bajo reserva total, al cierre de la vista pública el juez a cargo del caso emitió un fallo condenatorio contra Diego Escobar, al encontarlo culpable de haber revelado o divulgado un documento de carácter secreto y de interés nacional como es el ROS.
El abogado Sergio Portillo Toruño, quien interpuso inicialmente la denuncia contra Diego Escobar y Laffite Fernández, ante los indicios que corroboraban que el primero sustrajo el ROS, en acuerdo con el segundo por el que les cancelaron una fuerte suma de dinero, ante el conocimiento de la condena de Escobar manifestó satisfacción porque en el país se está logrando finalmente justicia. “Es importante ver como se esta terminando la impunidad, y que abogados como los mencionados ya no sigan ensuciando el sistema judicial. Ahora debemos seguir presionando para que se haga justicia ante las ilegalidades de los Ex fiscales Douglas Meléndez y Raúl Melara” afirmó el citado abogado.
El Salvador impulsa el Sistema de Alerta Temprana para Incendios Forestales (SAT-IF), una herramienta estratégica que permitirá reducir riesgos y mejorar la gestión ante estos eventos.
Miembros de la Dirección General de Protección Civil y su Equipo Táctico de Emergencias, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (MINSAL), Fiscalía General de la República (FGR) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte de la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF) conocieron la propuesta.
De acuerdo con Protección Civil, los incendios forestales constituyen una de las amenazas ambientales y sociales más complejas en El Salvador, generando impactos sobre los ecosistemas, la salud pública, la seguridad alimentaria, la infraestructura productiva y los medios de vida de comunidades rurales y de interfaz urbano-forestal.
Este año, lo incendios forestales se han duplicado. «En forestales: en 2025 fueron 80 y en 2026, suman 166 incendios, con un incremento de 108 %», afirmó recientemente el director de Bomberos, Baltazar Solano.
«La recurrencia de estos eventos, intensificada por el cambio climático, la degradación de recursos naturales y el uso inadecuado del fuego, ha evidenciado la necesidad de pasar de enfoques reactivos a estrategias de prevención y anticipación», comunicó la institución.
El SAT-IF se concibe como un sistema integral que transforma información climática, ambiental, territorial y social en alertas oportunas y acciones concretas, permitiendo intervenir antes de que los incendios alcancen niveles de alta severidad.
La propuesta incorpora buenas prácticas internacionales, adaptadas a la realidad de El Salvador, derivadas de la experiencia técnica de Corea, fortaleciendo la arquitectura, componentes funcionales y mecanismos de gobernanza del sistema.
El sistema se estructura en cuatro componentes interdependientes: monitoreo y vigilancia, análisis y evaluación del riesgo, comunicación y difusión de alertas, y preparación y respuesta. Además, promueve una gobernanza multinivel y multisectorial, articulando los niveles estratégico, técnico, operativo y comunitario, y fortaleciendo la coordinación interinstitucional. Un elemento central del SAT-IF es la participación comunitaria.
En el gobierno de Nayib Bukele, las cifras en materia de seguridad han mostrado una mejora sostenida año con año, como resultado de las distintas estrategias implementadas para combatir la criminalidad. Esta tendencia se ha mantenido firme cada mes que ha transcurrido este 2026.
Con los últimos resultados obtenidos el mes anterior, se concluye que abril de 2026 superó los resultados en seguridad del año pasado en mismo periodo. Dicho mes cerró con tres homicidios, registrando un promedio de 0.10 homicidios por día; mientras que, en el 2025, hubo 5 reflejando un promedio de 0.16. Además de cerrar con bajo promedio, en abril se registraron 27 días sin homicidios.
Dichos indicadores, que continúan reflejando una reducción en los hechos delictivos, especialmente en homicidios, consolidan un escenario de mayor seguridad en el país.
Respecto a los homicidios reportados en abril de este año, las autoridades han logrado resolver la mayoría de estos con la captura de los sospechosos.
El 30 de abril pasado, la Policía Nacional Civil reportó el homicidio de una mujer de 65 años. El crimen se registró en Candelaria de la Frontera, Santa Ana Oeste.
De acuerdo con las autoridades, la víctima presentaba lesiones con arma blanca y actualmente equipos de inteligencia e investigaciones buscan al responsable.
Mientras que, el 19 de abril, la Policía registró el feminicidio de una mujer de 28 años, en Santa Ana.
En coordinación con las autoridades de Guatemala, la Policía logró ubicar y capturar al responsable identificado como Diego Antonio Santos Villanueva.
Asimismo, el 4 de abril, la Policía reportó un homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este, donde un hombre de 34 años fue asesinado con arma blanca.
El responsable de este hecho fue José Armando Mancía García de 38 años. Según las autoridades, Mancía comenzó a agredir a su esposa y la víctima, quien es cuñado del detenido, intentó defender a su hermana, pero Mancía lo atacó.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad Ampliado aseguran que continuarán implementado las medidas que sean necesarias para que, en El Salvador, cualquiera que cometa un homicidio, sea puesto tras las rejas.
La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores internos, que tienen por función ayudar a resolver conflictos de forma pacífica y rápida, sin escalar a instancias judiciales.
«La mediación constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa, pacífica y armónica, transformando los conflictos en oportunidades de diálogo y entendimiento», expresó el procurador general de la república, René Escobar.
Con los nuevos profesionales acreditados, la PGR cuenta con 388 mediadores, que atienden en la sede central y en las 18 procuradurías auxiliares.
En el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación de la Procuraduría, ingresó 4,023 expedientes de personas que buscaron ayuda para resolver problemas de tipo patrimonial, problemas vecinales, de familia, cuotas alimenticias, custodias de hijos, entre otros.
Los 28 nuevos mediadores serán desplegados en las procuradurías de San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango, informó la institución.
«La mediación ofrece a la ciudadanía una forma pacífica, rápida y humana de resolver los conflictos, sin necesidad de llegar a procesos judiciales largos y costosos. La mediación permite la justicia a las personas, promoviendo el diálogo, la comprensión mutua y la construcción de acuerdos sostenibles», afirmó Jeanneth Marconi, procuradora especializada de mediación.
