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Conan Castro: Diputados de ARENA, FMLN y Rodolfo Parker politizaron el proceso de desafuero de Arriaza Chicas
El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, afirmó que el procedimiento en contra del exviceministro de Seguridad Pública, Mauricio Arriaza Chicas, se convirtió en un caso político en la Asamblea Legislativa y se comprobó con los argumentos brindados por la fiscal del caso del FMLN, Cristina Cornejo, quien hizo valoraciones políticas que no venía a los hechos del antejuicio.
“Cornejo se plantó como política y no abogada en su papel de fiscal dentro de la comisión que buscaba desaforar a Mauricio Arriaza Chicas”, que también funge como director de la Policía Nacional Civil (PNC) y con éxito ejecuta el Plan Control Territorial.
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El funcionario señaló que los diputados de oposición están tratando de confundir a la población con el argumento, de que por haberse presentado el exviceministro a la sesión plenaria especial de su desafuero, cuando ya había renunciado al cargo es una “usurpación de funciones”; pero el comisionado Arriaza Chicas tenía que cumplir porque se había citado para ese día y a esa hora, explicó.
En vista que los diputados de ARENA, FMLN y el democristiano Rodolfo Parker ya habían fraguado desaforar al funcionario, él y su defensa prefirieron irse por la vía judicial, previo a la renuncia de su cargo ante el Presidente de la República, Nayib Bukele Ortez.
Para Castro es inconcebible que la oposición pretendiera quitar el fuero constitucional a la persona que ha estado dando resultados positivos contra la violencia del país con la ejecución del Plan Control Territorial, cuando no dieron sus votos contra retirar el fuero a Norman Quijano por haber negociado con grupos de estructuras criminales y como dice el Presidente Bukele, este diputado “negoció con la sangre y la vida de los salvadoreños”.
“Como es posible que estos diputados dieron los votos por Arriza Chicas y los negaron por el desafuero de Norman Quijano que estaba señalado por el patrocinio de las maras”, señaló Castro durante una entrevista, incluso el ahora alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt declaró que su partido político le dio dinero para entregar a pandilleros a cambio de votos.
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En torno a que la seguridad de la Asamblea Legislativa no permitió el ingreso de ciertos funcionarios de Gobierno a la sesión plenaria, como su persona y el secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, lamentó que el presidente de ese Órgano de Estado, Mario Ponce, girará esa orden; impase que fue solventado posteriormente.
Asimismo, indicó que el análisis a las reformas de la Constitución de la República es con el fin de adecuar la normativa con la realidad del país. Entre uno de los puntos a estudiar sería el funcionamiento de la Fuerza Armada, que no solo hace labores conjuntas de Seguridad Pública, sino que colabora en situaciones de emergencia, dijo.
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Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
