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Nacionales

Bukele destituye a Jorge Aguilar como presidente de FONAES por supuesta implicación en actos de corrupción

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Por un posible caso de corrupción en la venta de caretas al Ministerio de Salud (MINSAL), para prevenir contagios de COVID-19, el Presidente de la República Nayib Bukele Ortez, destituyó al presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), Jorge “Koky” Aguilar, tras ser señalado que su empresa vendió ese insumo al gobierno.

El anuncio lo hizo por medio de su cuenta de Twitter y en el mensaje escribió: “En vista de la información que ha salido en diversos medios, de una compra que el Gobierno habría hecho a una empresa de un funcionario, siendo esto una posible violación a la Ley de Ética, he ordenado la separación del cargo de Jorge Aguilar como presidente del FONAES”

Al mismo tiempo el mandatario aseguró que solicitará dos auditorías especiales, una en la  Corte de Cuentas y otra de la CICIES.

“Si las auditorías encuentran algún indicio de corrupción, yo mismo enviaré la denuncia a la Fiscalía General de la república (FGR), para que sean procesados los responsables”, expresó Bukele Ortez.

Aguilar, fue elegido presidente del FONAES desde 2019 y a través de una de sus empresas proveyó de protectores para el COVID-19 al gobierno. El FONAES depende del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Por su parte el ministro de Salud, Francisco Alabi, mencionó el pasodo miércoles en una conferencia de prensa que se iba a investigar la compra por $250,000 en máscaras protectoras a una empresa de la familia de Aguilar.

“En el caso de la adjudicación de las caretas, se ha solicitado un estudio y recopilación de datos sobre este caso”, dijo al ser cuestionado al respecto Alabí. Sin embargo, la firma del ministro está en el espacio destinado al “contratante” en la orden de compra número 144/2020.

La red de periodismo “Salud con lupa”, reveló documentación según la cual la empresa INSEMA, que vendió las máscaras protectoras al MINSAL, es propiedad de la familia de Aguilar, quien antes de convertirse en funcionario había sido conocido como empresario del sector reciclaje, primero con la empresa INVEMA y luego con INSEMA.

La orden de compra, disponible en el sitio COMPRASAL, tienen fecha 15 de abril y detalla que el precio unitario de cada máscara es de $2.50. El mismo precio por el que puede ser adquirida una máscara en una tienda de insumos médicos.

Posible acto de corrupción de Jorge «Koky» Aguilar

La compra hecha por el MINSAL es que ha pasado por algo la prohibición establecidas en los artículos 25 y 26 de la LACAP, que según dichos artículos, ningún funcionario ni sus familiares deben presentar ofertas a las instituciones públicas.

 “Todas las disposiciones de la LACAP deberán observarse, excepto las contenidas en este decreto”, establece la reforma que la Asamblea Legislativa hizo al decreto 593, por lo que en ningún artículo del decreto se habla de permitir que los funcionarios o sus familiares vendan bienes o servicios al gobierno.

“Eso está bien grave porque claramente es un acto de corrupción”, afirmó el abogado.

La compra de $250,000, según la orden de compra, debía ser entregada en la bodega del MINSAL ubicada en el número 827 de la calle Arce, en San Salvador, de forma inmediata.El que el hecho de que exista una emergencia, no les justifica para saltarse las restricciones que la LACAP ha planteado.

El abogado indicó que por esta cifra tendrían que haber hecho una licitación pública y un contrato. Al mismo tiempo añadió que el hecho de que exista una emergencia, no les justifica para saltarse las restricciones que la LACAP ha planteado.

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La recaudación de impuestos en El Salvador creció 3.5 % en enero de 2026

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La recaudación de impuestos en El Salvador registró un crecimiento durante el primer mes de 2026, reflejando la continuidad en el fortalecimiento de las finanzas públicas. Según datos del Ministerio de Hacienda, los ingresos corrientes y contribuciones sumaron $767.5 millones en enero, lo que representa un incremento de $26.1 millones o un 3.5 % en comparación con el mismo mes de 2025.

Dentro de este resultado, los ingresos tributarios y contribuciones —que incluyen los principales impuestos como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y elImpuesto sobre la Renta (ISR) — alcanzaron los $741.9 millones, con un aumento del 4.5 % interanual. Este desempeño evidencia una base fiscal sólida al inicio del año, en línea con las expectativas oficiales.

El IVA fue uno de los principales motores del crecimiento, con una recaudación de $376.3 millones en enero, lo que equivale a un incremento del 5.3 % respecto al mismo periodo del año anterior. De este monto, las declaraciones del impuesto aportaron $204.1 millones, mientras que el IVA por importaciones sumó $172.2 millones, reflejando un comportamiento dinámico tanto del consumo interno como del comercio exterior.

Por su parte, el ISR alcanzó los $290 millones, con un crecimiento del 2.2 %. Dentro de este rubro, las retenciones representaron $193.6 millones, mientras que el pago a cuenta sumó $90.2 millones y las declaraciones $6.2 millones, manteniendo su relevancia como uno de los pilares de la recaudación.

Otros ingresos tributarios también mostraron variaciones positivas. Los derechos arancelarios a la importación totalizaron $32.3 millones, con un aumento del 11 %, mientras que los impuestos selectivos al consumo alcanzaron $24.5 millones, con un crecimiento del 6.7 %. En este último caso, se observaron incrementos en categorías como cigarrillos y bebidas no carbonatadas.

 

Asimismo, los ingresos por otros impuestos y gravámenes diversos sumaron $11 millones, con un incremento del 14.6 %, destacando el aporte de la transferencia de bienes raíces y otros cargos asociados.

En el caso de las contribuciones especiales, estas alcanzaron $7.7 millones, con un crecimiento moderado del 12.8 %, impulsadas principalmente por los fondos destinados al transporte público.

Mientras que los ingresos no tributarios registraron una leve disminución, al ubicarse en $25.6 millones. No obstante, algunos componentes como las contribuciones al seguro social mostraron incrementos relevantes.

Este desempeño en la recaudación se enmarca en la estrategia fiscal del Gobierno, que ha apostado por la modernización de los procesos tributarios. Entre las principales medidas destacan la implementación de la facturación electrónica, el Plan Antievasión y Anticontrabando, y la ampliación de la base tributaria.

En este contexto, el ministro de Hacienda, Jerson Posada, ha subrayado que los principales ingresos del Estado seguirán proviniendo del IVA y del impuesto sobre la renta. Para 2026, se estima recaudar $4,060.4 millones en concepto de IVA y $3,500 millones por ISR, sin necesidad de aumentar impuestos ni crear nuevas cargas tributarias.

«Estos dos grandes tributos son los que alimentan, en su mayor proporción, el presupuesto de ingreso de la Nación para el 2026», afirmó el funcionario, quien también destacó que el presupuesto no contempla nuevos impuestos ni gravámenes a las remesas.

El Gobierno también proyecta ingresos tributarios por $8,349 millones para este año, en el marco de un presupuesto sin brecha fiscal por segundo año consecutivo. Según Hacienda, el crecimiento en la recaudación responde a una mayor eficiencia administrativa y al dinamismo económico esperado.

Con este inicio de año, El Salvador consolida una tendencia positiva en sus ingresos fiscales, lo que fortalece su capacidad para financiar programas sociales, inversión pública y proyectos estratégicos orientados al desarrollo económico del país.

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Parque Recreativo Apulo estará listo para la Semana Santa

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Ubicado en el distrito de Ilopango, en San Salvador Este, el Parque Recreativo Apulo se encuentra en un proceso de remodelación con el busca mejorar la experiencia de los visitantes a través de la oferta de una infraestructura de primer nivel.

Sin adelantar una fecha, la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, indicó que las puertas de este parque recreativo estarán listas para atender a todos los turistas que quieran visitarlo durante la Semana Santa 2026, prevista entre el 29 de marzo y 5 de abril.

«Vamos a estar listos en Semana Santa», indicó la funcionaria, al tiempo que aclaró que la inauguración prevista para este 2 de marzo se reprogramó para finalizar detalles necesarios para ofrecer un espacio de primer nivel.

Apuntó que entre las diferencias que ofrecerá el parque está la habilitación del área de restaurantes con espacios cómodos donde las arrendatarias históricas del lugar continuarán ofreciendo ricos platillos.

Además, con miras a obtener el sello de Family Friendly, el lugar contará con un espacio de lactancia, y enfermería.

«Nuestro compromiso es entregar un espacio en óptimas condiciones, seguro y listo para que todas las familias disfruten como se lo merecen», afirmó Aguiñada.

También anunció que con las nuevas condiciones de seguridad y mejoras en la iluminación se ampliará los horarios de atención, los cuales serán desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m.

«En esta ocasión, los equipos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) están trabajando en esta renovación total del Parque Recreativo Apulo, y sin duda será un espacio digno», añadió.

Subrayó que, además de las mejoras de la infraestructura, las condiciones de seguridad con las que cuenta El Salvador fortalecen el atractivo de Apulo, antes ensombrecido por la violencia circundante que no permitía que los visitantes disfrutaran de su belleza.

«Nuestro parque Apulo siempre se vio afectado por el tema de pandillas, no era un lugar seguro para tener una sana recreación para las familias salvadoreñas, pero está es una realidad ha cambiado», refirió.

La presidenta también hizo hincapié en que el Gobierno continúa con sus esfuerzos de reforzar la infraestructura turística de El Salvador.

«El Gobierno del presidente Nayib Bukele continúa con la renovación e inversión en todos los parques nacionales administrados por el ISTU», dijo.

Muestra de ello son las recientes mejoras y espacios recreativos como la Puerta del Diablo, la Costa del Sol, la Terminal Turística de San Sebastián, entre otras.

 

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Emiten dictamen para reformar la normativa del derecho laboral

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La comisión de hacienda y especial del presupuesto de la Asamblea Legislativa emitió el lunes 2 de marzo un dictamen favorable al expediente 578-2-2026-1 que contiene la iniciativa del Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, para que se reforme la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas.

Dicha iniciativa plantea la necesidad de adoptar medidas encaminadas al fortalecimiento de un intercambio comercial basado en el respeto de los principios y derechos en el ámbito del mercado laboral internacional en materia de trabajo forzoso, obligatorio y trabajo infantil.

En ese sentido, la comisión acordó emitir el dictamen favorable 191, el cual indica que es «oportuno» efectuar los cambios solicitados, y que fueron justificados por personal del Ministerio de Hacienda.

«En atención a lo antes expuesto esta comisión, luego del análisis correspondiente, estima que la iniciativa es procedente para que puedan cumplirse los fines previstos, por lo que se emite dictamen favorable, para lo cual, se adjunta al correspondiente proyecto de decreto», establece el dictamen emitido ayer por la comisión.

Luis Manuel Córdova, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Aduanas, explicó que la modificación conlleva la incorporación a la normativa aduanera del artículo 27-A.

«La propuesta tiene por objeto establecer que para las importaciones de mercancías que se realizan en el país se va a requerir la presentación de una declaración jurada conforme al formato que establezca la Dirección de Aduanas en el que se consigne que los bienes que se están importando no han sido fabricados, total o parcialmente, bajo mecanismos de trabajo forzoso o que exijan trabajo infantil», dijo Córdova.

Agregó que la declaración será consignada en declaraciones de importación y que, en caso de duda de la información, el artículo faculta para exigir documentación adicional y verificar que las mercancías no hayan sido fabricadas o sometidas a cualquier tipo de operación que vulnere derechos o que no sea consecuente con la erradicación de trabajo forzoso e infantil.

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