Judicial
BATALLA LEGAL: Hombre se vale del autismo de su sobrino con la intención de quitarle su vivienda luego de que su madre muriera
Tanto María como Julio señalaron que todo fue orden de la madre, ya que este no deseaba que su hijo quedara a manos del nuevo matrimonio de su excónyuge.
Un hombre es acusado de valerse del autismo de su sobrino para apropiarse de la vivienda que la madre de este le había dejado antes de morir. El imputado asegura que todo lo que hizo fue porque seguir al pie de la letra las órdenes de la difunta.
La vida Jonatan V., de 33 años de edad, fue difícil desde siempre, ya que cuando cumplió dos años fue diagnosticado con autismo, un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior.
Esto le imposibilitó desarrollarse como cualquier otro niño, pero esta no sería la única prueba que tendría que pasar ya que Ada, su madre, decidió irse para los Estados Unidos con el objetivo de darle una vida mejor. Por esa razón, lo dejó a cargo de René, su padre.
Sin embargo, este prefirió entregarlo a los cuidados de su cuñada María y su esposo Julio. Estos no advirtieron que tres décadas después serían llevados ante los tribunales por haber estado bajo el cuido de él.
Con el paso de los años, Los padres de Jonatan decidieron separarse y comenzar una vida con otras personas, sin dejar de ayudar económicamente al hijo que procrearon; mientras que sus tíos paralelamente tuvieron que lidiar con los desafíos del diagnóstico de su sobrino.
Estando en el país norteamericano la madre de Jonatan recibió la noticia de que sufría una grave enfermedad y que moriría en algunos meses. Por esa razón, decidió dejar a su hijo como heredero legítimo de todas sus propiedades en El Salvador, entre ellas, la casa donde vivía con sus cuidadores.
Este fue el primer paso para que las cosas se fueran complicando paulatinamente. Todos estaban al tanto de lo que pasaba por lo que René, el padre de Jonatan, decidió irse a vivir junto a su nueva esposa a la casa de él. A María y Julio no les quedó de otra que aceptarlo.
La firma fraudulenta
Cuando Jonatan cumplió la mayoría de edad la figura de tutor se desvaneció y la responsabilidad fue adquirida por René, quien ahora cumpliría las funciones de representante legal debido al síndrome que padecía Jonatan.
Ada, al saber que la nueva esposa de su expareja vivía en la casa junto con su hijo, decidió buscar la manera en que este recibiera la herencia y que fuera controlada por las personas que siempre había estado al cuidado de Jonatan, es decir, María y Julio.
Sin que su exesposo se diera cuenta, el 20 de enero de 2012 le envió a Julio una compraventa de la vivienda, que fue firmada frente a un notario, donde lo hizo pasar como un comprador y para terminar de validar el documento hizo que el heredero lo firmara. Sin saber exactamente lo que realizaba, dio el aval a cambio de $5,000 en efectivo, los cuales sería administrados por sus antiguos tutores.
Cuando Ada murió el 3 de mayo de 2016, la situación se tornó difícil porque René se enteró de todo lo que había pasado y decidió interponer una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) el 18 de octubre del 2016, bajo la premisa que su excuñado se había valido del autismo de su hijo para quedarse con la casa.
El hombre comentó a las autoridades que en una ocasión lo habían intentado sacar junto con su actual esposa de la casa con policías y abogados, pero que no habían tenido éxito porque es la casa de su hijo. “Esta venta ha sido fraudulenta, ya que mi hijo padece autismo por lo que no es consciente de sus actos”, señaló René.
Los análisis del Instituto de Medicina Legal (IML) determinaron que Jonatan sufría de un “retraso mental de intensidad leve… por su condición tendría dificultad para entender términos jurídicos o administrativos incluso los básicos como documento de compraventa”.
Tanto María como Julio señalaron que todo fue orden de la madre, ya que este no deseaba que su hijo quedara a manos del nuevo matrimonio de su excónyuge.
El caso se encuentra en la última etapa y se espera que el juez del Tribunal del Primero de Sentencia de San Salvador defina la situación legal de Julio, quien es proceso por el delito de estafa agravada en perjuicio de su sobrino. El día de la audiencia está programada para los primeros días de enero, donde desfilará la prueba de ambas partes.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
