Judicial
BATALLA LEGAL: Hombre se vale del autismo de su sobrino con la intención de quitarle su vivienda luego de que su madre muriera
Tanto María como Julio señalaron que todo fue orden de la madre, ya que este no deseaba que su hijo quedara a manos del nuevo matrimonio de su excónyuge.
Un hombre es acusado de valerse del autismo de su sobrino para apropiarse de la vivienda que la madre de este le había dejado antes de morir. El imputado asegura que todo lo que hizo fue porque seguir al pie de la letra las órdenes de la difunta.
La vida Jonatan V., de 33 años de edad, fue difícil desde siempre, ya que cuando cumplió dos años fue diagnosticado con autismo, un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior.
Esto le imposibilitó desarrollarse como cualquier otro niño, pero esta no sería la única prueba que tendría que pasar ya que Ada, su madre, decidió irse para los Estados Unidos con el objetivo de darle una vida mejor. Por esa razón, lo dejó a cargo de René, su padre.
Sin embargo, este prefirió entregarlo a los cuidados de su cuñada María y su esposo Julio. Estos no advirtieron que tres décadas después serían llevados ante los tribunales por haber estado bajo el cuido de él.
Con el paso de los años, Los padres de Jonatan decidieron separarse y comenzar una vida con otras personas, sin dejar de ayudar económicamente al hijo que procrearon; mientras que sus tíos paralelamente tuvieron que lidiar con los desafíos del diagnóstico de su sobrino.
Estando en el país norteamericano la madre de Jonatan recibió la noticia de que sufría una grave enfermedad y que moriría en algunos meses. Por esa razón, decidió dejar a su hijo como heredero legítimo de todas sus propiedades en El Salvador, entre ellas, la casa donde vivía con sus cuidadores.
Este fue el primer paso para que las cosas se fueran complicando paulatinamente. Todos estaban al tanto de lo que pasaba por lo que René, el padre de Jonatan, decidió irse a vivir junto a su nueva esposa a la casa de él. A María y Julio no les quedó de otra que aceptarlo.
La firma fraudulenta
Cuando Jonatan cumplió la mayoría de edad la figura de tutor se desvaneció y la responsabilidad fue adquirida por René, quien ahora cumpliría las funciones de representante legal debido al síndrome que padecía Jonatan.
Ada, al saber que la nueva esposa de su expareja vivía en la casa junto con su hijo, decidió buscar la manera en que este recibiera la herencia y que fuera controlada por las personas que siempre había estado al cuidado de Jonatan, es decir, María y Julio.
Sin que su exesposo se diera cuenta, el 20 de enero de 2012 le envió a Julio una compraventa de la vivienda, que fue firmada frente a un notario, donde lo hizo pasar como un comprador y para terminar de validar el documento hizo que el heredero lo firmara. Sin saber exactamente lo que realizaba, dio el aval a cambio de $5,000 en efectivo, los cuales sería administrados por sus antiguos tutores.
Cuando Ada murió el 3 de mayo de 2016, la situación se tornó difícil porque René se enteró de todo lo que había pasado y decidió interponer una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) el 18 de octubre del 2016, bajo la premisa que su excuñado se había valido del autismo de su hijo para quedarse con la casa.
El hombre comentó a las autoridades que en una ocasión lo habían intentado sacar junto con su actual esposa de la casa con policías y abogados, pero que no habían tenido éxito porque es la casa de su hijo. “Esta venta ha sido fraudulenta, ya que mi hijo padece autismo por lo que no es consciente de sus actos”, señaló René.
Los análisis del Instituto de Medicina Legal (IML) determinaron que Jonatan sufría de un “retraso mental de intensidad leve… por su condición tendría dificultad para entender términos jurídicos o administrativos incluso los básicos como documento de compraventa”.
Tanto María como Julio señalaron que todo fue orden de la madre, ya que este no deseaba que su hijo quedara a manos del nuevo matrimonio de su excónyuge.
El caso se encuentra en la última etapa y se espera que el juez del Tribunal del Primero de Sentencia de San Salvador defina la situación legal de Julio, quien es proceso por el delito de estafa agravada en perjuicio de su sobrino. El día de la audiencia está programada para los primeros días de enero, donde desfilará la prueba de ambas partes.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
