Judicial
BATALLA LEGAL: Hombre se vale del autismo de su sobrino con la intención de quitarle su vivienda luego de que su madre muriera
Tanto María como Julio señalaron que todo fue orden de la madre, ya que este no deseaba que su hijo quedara a manos del nuevo matrimonio de su excónyuge.
Un hombre es acusado de valerse del autismo de su sobrino para apropiarse de la vivienda que la madre de este le había dejado antes de morir. El imputado asegura que todo lo que hizo fue porque seguir al pie de la letra las órdenes de la difunta.
La vida Jonatan V., de 33 años de edad, fue difícil desde siempre, ya que cuando cumplió dos años fue diagnosticado con autismo, un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior.
Esto le imposibilitó desarrollarse como cualquier otro niño, pero esta no sería la única prueba que tendría que pasar ya que Ada, su madre, decidió irse para los Estados Unidos con el objetivo de darle una vida mejor. Por esa razón, lo dejó a cargo de René, su padre.
Sin embargo, este prefirió entregarlo a los cuidados de su cuñada María y su esposo Julio. Estos no advirtieron que tres décadas después serían llevados ante los tribunales por haber estado bajo el cuido de él.
Con el paso de los años, Los padres de Jonatan decidieron separarse y comenzar una vida con otras personas, sin dejar de ayudar económicamente al hijo que procrearon; mientras que sus tíos paralelamente tuvieron que lidiar con los desafíos del diagnóstico de su sobrino.
Estando en el país norteamericano la madre de Jonatan recibió la noticia de que sufría una grave enfermedad y que moriría en algunos meses. Por esa razón, decidió dejar a su hijo como heredero legítimo de todas sus propiedades en El Salvador, entre ellas, la casa donde vivía con sus cuidadores.
Este fue el primer paso para que las cosas se fueran complicando paulatinamente. Todos estaban al tanto de lo que pasaba por lo que René, el padre de Jonatan, decidió irse a vivir junto a su nueva esposa a la casa de él. A María y Julio no les quedó de otra que aceptarlo.
La firma fraudulenta
Cuando Jonatan cumplió la mayoría de edad la figura de tutor se desvaneció y la responsabilidad fue adquirida por René, quien ahora cumpliría las funciones de representante legal debido al síndrome que padecía Jonatan.
Ada, al saber que la nueva esposa de su expareja vivía en la casa junto con su hijo, decidió buscar la manera en que este recibiera la herencia y que fuera controlada por las personas que siempre había estado al cuidado de Jonatan, es decir, María y Julio.
Sin que su exesposo se diera cuenta, el 20 de enero de 2012 le envió a Julio una compraventa de la vivienda, que fue firmada frente a un notario, donde lo hizo pasar como un comprador y para terminar de validar el documento hizo que el heredero lo firmara. Sin saber exactamente lo que realizaba, dio el aval a cambio de $5,000 en efectivo, los cuales sería administrados por sus antiguos tutores.
Cuando Ada murió el 3 de mayo de 2016, la situación se tornó difícil porque René se enteró de todo lo que había pasado y decidió interponer una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) el 18 de octubre del 2016, bajo la premisa que su excuñado se había valido del autismo de su hijo para quedarse con la casa.
El hombre comentó a las autoridades que en una ocasión lo habían intentado sacar junto con su actual esposa de la casa con policías y abogados, pero que no habían tenido éxito porque es la casa de su hijo. “Esta venta ha sido fraudulenta, ya que mi hijo padece autismo por lo que no es consciente de sus actos”, señaló René.
Los análisis del Instituto de Medicina Legal (IML) determinaron que Jonatan sufría de un “retraso mental de intensidad leve… por su condición tendría dificultad para entender términos jurídicos o administrativos incluso los básicos como documento de compraventa”.
Tanto María como Julio señalaron que todo fue orden de la madre, ya que este no deseaba que su hijo quedara a manos del nuevo matrimonio de su excónyuge.
El caso se encuentra en la última etapa y se espera que el juez del Tribunal del Primero de Sentencia de San Salvador defina la situación legal de Julio, quien es proceso por el delito de estafa agravada en perjuicio de su sobrino. El día de la audiencia está programada para los primeros días de enero, donde desfilará la prueba de ambas partes.
El Salvador Today
Audiencia especial programada contra Enrique Rais y cinco imputados por estafa y administración fraudulenta
El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador programó para el martes 16 de septiembre una audiencia especial de reapertura del proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) impulsa contra Enrique Rais y cinco personas más por los delitos de administración fraudulenta y estafa.
Los hechos afectan al ciudadano canadiense Franco Pacceti y a las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. La jueza que conocerá el caso ha citado a víctimas, fiscales y defensores para que comparezcan a la diligencia.
El expediente proviene de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló un sobreseimiento anterior a favor de Rais y los demás imputados. Inicialmente, el extinto Juzgado Décimo Cuarto de Paz había exonerado de manera definitiva a Enrique Rais, su esposa Marie Annette Clairmont de Rais, su hija Michelle Marie Rais de Barake, su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais, así como a Claudia Marina Albergue Martínez y Demetrio Alexander Palacios, tras una solicitud de sobreseimiento de la Fiscalía.
El proceso está relacionado con la estafa a Pacceti y las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. Los imputados son acusados de administrar de manera fraudulenta la sociedad Mides, que contaba con 2,000 acciones, de las cuales 1,800 pertenecían a Cintec y luego fueron transferidas a Tradesal Inc. Según la FGR, Enrique Rais y Hugo Blanco Rais habrían desviado utilidades de la sociedad hacia cuentas personales y empresas locales y extranjeras sin relación con Mides.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
