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Autoridades evitan resurgimiento de «Las Razas» en institutos nacionales
Tras una riña callejera protagonizada por estudiantes del Instituto Nacional General Francisco Menéndez [Inframen] y del Instituto Nacional Técnico Industrial (Inti antes ITI), registrada el pasado 12 de septiembre, alrededor de las 7:00 de la noche, en el redondel Don Rúa, de San Salvador, que dejó como resultado 20 jóvenes detenidos y cuatro lesionados, tanto policías como autoridades de los centros educativos han tomado todas las medidas necesarias para frenar el resurgimiento de las llamadas «Razas».
En el pasado, se les llamaba «Razas» a la fusión o integración de estudiantes de varios institutos públicos o privados en una sola pandilla estudiantil, por ejemplo, estaba la «Raza» INFRARCENCO conformada por estudiantes del Inframen, el Arce y la Enco; también estaba INARCENCO integrada por jóvenes del Instituto Nacional Albert Camus (Inac), del Arce y la Enco; otra «Raza» conformada por instituciones públicas era la INFRAMOR que era la fusión de alumnas del Inframen y del Instituto Nacional Francisco Morazán.
Mientras que en las instituciones privadas estaba la «Raza» ITIES conformada por estudiantes del ITI y del Instituto El Salvador (IES); también la ITSITI la combinación de estudiantes del Instituto Técnico Salvadoreño (ITS) y del ITI; y la «Raza» ITSITIES, que era la fusión de los tres institutos (ITS, ITI e IES).
En la década de los 90’s y principios de los 2,000’s los pleitos callejeros entre institutos nacionales [lideradas por seudo estudiantes del Inframen] y de los institutos técnicos o privados [lideradas por el entonces Instituto Técnico Industrial ITI ahora Instituto Nacional Técnico Industrial Inti] eran comunes en el centro de San Salvador y otros municipios como Soyapango, Ilopango, San Martín, Mejicanos y Apopa.
Durante dichas riñas callejeras los estudiantes «nacionales» y «técnicos» se ubicaban cada bando a un costado de la calle donde se encontraban y comenzaban a lanzarse piedras sin importar quienes circulaban por la zona, incluso atacaban unidades de transporte, a medida se acercaban los estudiantes se daban puñetazos, patadas, golpes con los famosos cinturones o incluso usaban armas como navajas, cuchillos o corvos.
Las bandas estudiantiles se enfrentaban por hacer valer su superioridad en ciertos territorios y en ocasiones atacaban a jóvenes [que no pertenecían a las bandas] para arrebatarles sus insignias, pines, camisas o cinturones las cuales luego portaban como trofeos que tanto nacionales como técnicos y viceversa habían arrebatado uno al otro.
UN PROBLEMA QUE SUBIÓ DE TONO
Las riñas y disputas entre estudiantes por obtener las prendas de las instituciones contrarias llegaron a altos niveles de violencia, tanto que en los desfiles del 15 de septiembre batallones policiales eran desplegados en San Salvador para capturar y disipar las peleas entre estudiantes que apoyaban a las bandas de paz del Inframen o del ITI, estás dejaban decenas de lesionados y detenidos.
La violencia en las riñas entre estudiantes de ambas instituciones llegó al máximo nivel el 11 de marzo de 2010, cuando dos estudiantes del INTI asesinaron a plena luz del día, sobre el Paseo General Escalón, en San Salvador al estudiante de hostelería y turismo del Inframen, Carlos Francisco Garay Granados, de 18 años.
Los agresores fueron identificados como Jonathan Alexander Durán «El Johnny», de 17 años, y Blanca Cecilia Navarro Mejía, de 19 años, ambos estudiantes del INTI.
La tarde de ese 11 de marzo Carlos portaba la camiseta roja de educación física con el alacrán en su espalda, la mascota distintiva del Inframen, la víctima caminaba junto a otros dos amigos sobre el cruce de la 79ª avenida Norte y la 5ª calle poniente, en las inmediaciones de la Colonia Escalón, cuando fue acorralado por los dos estudiantes del INTI, tras una larga disputa, el Johnny sacó una navaja, la cual introdujo cuatro veces en el abdomen de Carlos, quien dos horas después perdió la vida en un hospital.
Tras el ataque el Johnny arrebató la camiseta del Inframen del cuerpo de Carlos y corrió con ella como un trofeo para huir del lugar, sin embargo, en menos de una hora y gracias a las imágenes de la agresión captadas por un fotoperiodista de La Prensa Gráfica, la Policía capturó a los dos agresores.
Tras el juicio, Jonathan fue sentenciado a 7 años de internamiento, por ser menor de edad, se le acusó por el delito de homicidio agravado; mientras que, Blanca fue sentenciada a 20 años de prisión acusada por el delito de homicidio agravado en grado de coautoría.
ESTUDIANTES DEL INFRAMEN E INTI SEGUIRÁN PRESOS
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, ordenó el pasado 1 de octubre que 12 estudiantes que integran la pandilla «La Raza» que opera en el Inframen) y en el INTI sigan en prisión.
Mientras que los ocho menores de edad que también integran la estructura delictiva han quedado con medidas alternas a la detención y deberán acudir al tribunal cuando se les requiera para cualquier diligencia. Los estudiantes fueron detenidos el 12 de septiembre.
En la resolución se determinó que los 12 estudiantes deberán permanecer en un centro penal hasta agosto de 2025, cuando se defina en una audiencia preliminar, si el tribunal los envía o no a vista pública.
La Fiscalía acusa a los 20 por el delito de agrupaciones ilícitas, delito que contempla que la pertenencia a una pandilla debe ser sancionada con prisión de 20 a 30 años de cárcel.
A 14 les atribuyen desórdenes públicos y siete son acusados del delito de lesiones y lesiones graves. De los acusados, tres menores y cinco adultos son del Inframen y siete adultos y cinco menores de edad pertenecen al INTI.
47 ESTUDIANTES DETENIDOS ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE
Según la Policía entre enero y julio de 2024, al menos 27 estudiantes fueron capturados por pertenecer o estar ligados a una pandilla, los restantes 20 son los alumnos del Inframen y el INTI detenidos el pasado 12 de septiembre tras una riña callejera.
Con respecto a los 27 estudiantes capturados por las autoridades entre enero y julio, el pasado 16 de mayo, la Policía reportó la detención de siete jóvenes del Centro Escolar República de Corea, en Soyapango, dos de ellas mayores de edad: Nayeli Naomi Carranza Aragón, de 18 años; y Kimberly Abigail Rosales Sosa, de 19; el resto tienen edades entre los 13 y los 17 años.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que los estudiantes participaron en una pelea que alteró el orden en la institución educativa.
«Todos serán procesados por el delito de desórdenes públicos. En este Estado de Derecho, tenemos el compromiso de poner a todos estos individuos donde deben de estar: tras las rejas. No queremos más generaciones perdidas», publicó el ministro.
En otro caso, el pasado 11 de abril, Villatoro reportó la detención de 11 menores de edad y un adulto, todos de la MS, quienes se dedicaban a pintar grafitis alusivos a la pandilla en un centro escolar, una Unidad de Salud y en el antiguo mercadito de la comunidad, en el departamento de Usulután.
«¿Queriendo reclutar menores para “activar” la clica? No, señores, se equivocaron, estamos un paso adelante de esas prácticas terroristas para poder neutralizarlos. Hemos capturado a un adulto con función de homeboy que pretendía activar la clica Vatos Locos Salvatruchos de la estructura MS13 y a 11 menores», detalló el funcionario.
Villatoro agregó que la Policía ejecuta todo un trabajo de inteligencia e investigación en el territorio para seguir combatiendo las pandillas.
La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) anunció la realización de un webinar enfocado en estrategias para financiar el crecimiento empresarial, dirigido a micro y pequeñas empresas (MYPE) interesadas en fortalecer su estructura financiera.
Bajo el lema «Crecer no es vender más. Es financiar bien el siguiente paso», la institución destacó que el objetivo es brindar herramientas prácticas para que los emprendedores puedan escalar sus negocios sin poner en riesgo su estabilidad operativa.
El tema central del seminario virtual será «Estrategias para financiar el crecimiento» y se desarrollará el jueves 5 de marzo a las 9:00 de la mañana. De acuerdo con la entidad, el crecimiento de una MYPE requiere no solo visión, sino también una estructura de capital adecuada que respalde la expansión de sus operaciones.
Las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace habilitado por la institución. Con este tipo de iniciativas, CONAMYPE busca fortalecer las capacidades financieras del sector y promover un desarrollo empresarial sostenible.
Por extorsión agravada, Douglas Alexander Gutiérrez, deberá pagar con 12 años de prisión, así lo resolvió el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla. Asimismo, le impuso el pago de $1,500 en concepto de responsabilidad civil y lo declaró en rebeldía, por lo que giró orden de captura inmediata en su contra.
Los hechos se remontan a noviembre de 2014, en el distrito de Aguilares, municipio de San Salvador Norte. Según el expediente judicial, dos imputados con apariencia de pandilleros interceptaron al administrador de una empresa mientras inspeccionaba un inmueble y lo amenazaron con atentar contra la vida de los empleados si la sociedad si no entregaba la suma de $10,000.
Tras la denuncia interpuesta el 8 de diciembre de 2014, las autoridades coordinaron dos entregas controladas de dinero con billetes previamente seriados. Este procedimiento permitió identificar a Gutiérrez y establecer su participación directa en el cobro del dinero exigido, elementos probatorios que resultaron determinantes para que el juzgador estableciera su responsabilidad penal. El otro implicado no forma parte de este proceso judicial.
En otro caso, José Ricardo Salvador Fuentes fue sentenciado a 10 años de prisión por extorsionar a un comerciante migueleño.
La víctima recibió una llamada telefónica, en noviembre de 2011, donde le decían que tenía que pagar quincenalmente la extorsión a la pandilla a cambio de no asesinar a su familia. Por miedo a las amenazas, el comerciante llegó a un acuerdo con los pandilleros y denunció el crimen a la Policía Nacional Civil (PNC) el 21 de noviembre del mismo año.
La PNC realizó seis entregas de dinero controladas, logrando individualizar al procesado el 23 de enero de 2012, cuando recogía la extorsión.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.
«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.
De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.
«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.
Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.
«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.
Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.
