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Nacionales

Autoridades evitan resurgimiento de «Las Razas» en institutos nacionales

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Tras una riña callejera protagonizada por estudiantes del Instituto Nacional General Francisco Menéndez [Inframen] y del Instituto Nacional Técnico Industrial (Inti antes ITI), registrada el pasado 12 de septiembre, alrededor de las 7:00 de la noche, en el redondel Don Rúa, de San Salvador, que dejó como resultado 20 jóvenes detenidos y cuatro lesionados, tanto policías como autoridades de los centros educativos han tomado todas las medidas necesarias para frenar el resurgimiento de las llamadas «Razas».

En el pasado, se les llamaba «Razas» a la fusión o integración de estudiantes de varios institutos públicos o privados en una sola pandilla estudiantil, por ejemplo, estaba la «Raza» INFRARCENCO conformada por estudiantes del Inframen, el Arce y la Enco; también estaba INARCENCO integrada por jóvenes del Instituto Nacional Albert Camus (Inac), del Arce y la Enco; otra «Raza» conformada por instituciones públicas era la INFRAMOR que era la fusión de alumnas del Inframen y del Instituto Nacional Francisco Morazán.

Mientras que en las instituciones privadas estaba la «Raza» ITIES conformada por estudiantes del ITI y del Instituto El Salvador (IES); también la ITSITI la combinación de estudiantes del Instituto Técnico Salvadoreño (ITS) y del ITI; y la «Raza» ITSITIES, que era la fusión de los tres institutos (ITS, ITI e IES).

En la década de los 90’s y principios de los 2,000’s los pleitos callejeros entre institutos nacionales [lideradas por seudo estudiantes del Inframen] y de los institutos técnicos o privados [lideradas por el entonces Instituto Técnico Industrial ITI ahora Instituto Nacional Técnico Industrial Inti] eran comunes en el centro de San Salvador y otros municipios como Soyapango, Ilopango, San Martín, Mejicanos y Apopa.

Durante dichas riñas callejeras los estudiantes «nacionales» y «técnicos» se ubicaban cada bando a un costado de la calle donde se encontraban y comenzaban a lanzarse piedras sin importar quienes circulaban por la zona, incluso atacaban unidades de transporte, a medida se acercaban los estudiantes se daban puñetazos, patadas, golpes con los famosos cinturones o incluso usaban armas como navajas, cuchillos o corvos.

Las bandas estudiantiles se enfrentaban por hacer valer su superioridad en ciertos territorios y en ocasiones atacaban a jóvenes [que no pertenecían a las bandas] para arrebatarles sus insignias, pines, camisas o cinturones las cuales luego portaban como trofeos que tanto nacionales como técnicos y viceversa habían arrebatado uno al otro.

UN PROBLEMA QUE SUBIÓ DE TONO

Las riñas y disputas entre estudiantes por obtener las prendas de las instituciones contrarias llegaron a altos niveles de violencia, tanto que en los desfiles del 15 de septiembre batallones policiales eran desplegados en San Salvador para capturar y disipar las peleas entre estudiantes que apoyaban a las bandas de paz del Inframen o del ITI, estás dejaban decenas de lesionados y detenidos.

La violencia en las riñas entre estudiantes de ambas instituciones llegó al máximo nivel el 11 de marzo de 2010, cuando dos estudiantes del INTI asesinaron a plena luz del día, sobre el Paseo General Escalón, en San Salvador al estudiante de hostelería y turismo del Inframen, Carlos Francisco Garay Granados, de 18 años.
Los agresores fueron identificados como Jonathan Alexander Durán «El Johnny», de 17 años, y Blanca Cecilia Navarro Mejía, de 19 años, ambos estudiantes del INTI.

La tarde de ese 11 de marzo Carlos portaba la camiseta roja de educación física con el alacrán en su espalda, la mascota distintiva del Inframen, la víctima caminaba junto a otros dos amigos sobre el cruce de la 79ª avenida Norte y la 5ª calle poniente, en las inmediaciones de la Colonia Escalón, cuando fue acorralado por los dos estudiantes del INTI, tras una larga disputa, el Johnny sacó una navaja, la cual introdujo cuatro veces en el abdomen de Carlos, quien dos horas después perdió la vida en un hospital.

Tras el ataque el Johnny arrebató la camiseta del Inframen del cuerpo de Carlos y corrió con ella como un trofeo para huir del lugar, sin embargo, en menos de una hora y gracias a las imágenes de la agresión captadas por un fotoperiodista de La Prensa Gráfica, la Policía capturó a los dos agresores.

Tras el juicio, Jonathan fue sentenciado a 7 años de internamiento, por ser menor de edad, se le acusó por el delito de homicidio agravado; mientras que, Blanca fue sentenciada a 20 años de prisión acusada por el delito de homicidio agravado en grado de coautoría.

ESTUDIANTES DEL INFRAMEN E INTI SEGUIRÁN PRESOS

El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, ordenó el pasado 1 de octubre que 12 estudiantes que integran la pandilla «La Raza» que opera en el Inframen) y en el INTI sigan en prisión.

Mientras que los ocho menores de edad que también integran la estructura delictiva han quedado con medidas alternas a la detención y deberán acudir al tribunal cuando se les requiera para cualquier diligencia. Los estudiantes fueron detenidos el 12 de septiembre.

En la resolución se determinó que los 12 estudiantes deberán permanecer en un centro penal hasta agosto de 2025, cuando se defina en una audiencia preliminar, si el tribunal los envía o no a vista pública.

La Fiscalía acusa a los 20 por el delito de agrupaciones ilícitas, delito que contempla que la pertenencia a una pandilla debe ser sancionada con prisión de 20 a 30 años de cárcel.

A 14 les atribuyen desórdenes públicos y siete son acusados del delito de lesiones y lesiones graves. De los acusados, tres menores y cinco adultos son del Inframen y siete adultos y cinco menores de edad pertenecen al INTI.

47 ESTUDIANTES DETENIDOS ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE

Según la Policía entre enero y julio de 2024, al menos 27 estudiantes fueron capturados por pertenecer o estar ligados a una pandilla, los restantes 20 son los alumnos del Inframen y el INTI detenidos el pasado 12 de septiembre tras una riña callejera.

Con respecto a los 27 estudiantes capturados por las autoridades entre enero y julio, el pasado 16 de mayo, la Policía reportó la detención de siete jóvenes del Centro Escolar República de Corea, en Soyapango, dos de ellas mayores de edad: Nayeli Naomi Carranza Aragón, de 18 años; y Kimberly Abigail Rosales Sosa, de 19; el resto tienen edades entre los 13 y los 17 años.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, explicó que los estudiantes participaron en una pelea que alteró el orden en la institución educativa.

«Todos serán procesados por el delito de desórdenes públicos. En este Estado de Derecho, tenemos el compromiso de poner a todos estos individuos donde deben de estar: tras las rejas. No queremos más generaciones perdidas», publicó el ministro.

En otro caso, el pasado 11 de abril, Villatoro reportó la detención de 11 menores de edad y un adulto, todos de la MS, quienes se dedicaban a pintar grafitis alusivos a la pandilla en un centro escolar, una Unidad de Salud y en el antiguo mercadito de la comunidad, en el departamento de Usulután.

«¿Queriendo reclutar menores para “activar” la clica? No, señores, se equivocaron, estamos un paso adelante de esas prácticas terroristas para poder neutralizarlos. Hemos capturado a un adulto con función de homeboy que pretendía activar la clica Vatos Locos Salvatruchos de la estructura MS13 y a 11 menores», detalló el funcionario.

Villatoro agregó que la Policía ejecuta todo un trabajo de inteligencia e investigación en el territorio para seguir combatiendo las pandillas.

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Español y salvadoreña son condenados por desfalco de $3 millones

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El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.

Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.

En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.

Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.

Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.

Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.

En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.

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Apoyo de Fuerza Armada permite a Policía centrarse en desarticular bandas

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El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.

«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.

Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».

Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.

«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.

Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.

 

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Obras en Puente sobre río El Jute llevan un 90 % de avance

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La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.

«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.

El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.

Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.

También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.

La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.

Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.

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