“Yo me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos”.

Palabras de Ángel Zúñiga, patrullero de la policía de Cali, Colombia, en un video que lo muestra negándose a cumplir órdenes superiores: desalojar a un grupo de campesinos que ocuparon un terreno a las afueras de la tercera ciudad más grande del país.

El camarógrafo, al parecer uno de los campesinos, lo felicita entre llantos. “Usted es un héroe”, le dice. “Esto es histórico en Colombia”, añade.

Acto seguido, Zúñiga hace un gesto de renuncia: entrega el arma a su superior. Y se atiene a las consecuencias: “Si quieren, me echan”.

El video fue viral en las redes sociales en Colombia, un grupo de congresistas de izquierda solicitó formalmente que Zúñiga sea condecorado y su familia dijo temer por su vida y pidió “que no lo castiguen por haber seguido su corazón y ayudar a una familia pobre”.

El patrullero —como se conocen acá a los policías de menor rango— está ahora detenido y espera ser sometido a un proceso disciplinario en la justicia militar.

Los desalojos son comunes en Colombia, el país con más desplazamiento interno del mundo, según Naciones Unidas.

Pero lo que ha generado indignación pública es que los procedimientos continúen durante la pandemia por el coronavirus.

Poco más de la mitad de la población en Colombia depende de la economía informal, ahora congelada por la cuarentana. Las cifras de desempleo se dispararon hasta llegar a un histórico 20%, según cifras oficiales.

El brote de miseria desatado por la pandemia, sin embargo, no ha detenido los desahucios en las principales ciudades del país, que han sido trasmitidos casi en vivo por las redes sociales y generado cada tanto una ola de ira colectiva.

En pandemia todos los desalojos parecen iguales

El operativo que se hizo famoso por el video de Zúñiga, según explicó la alcaldía de Cali, buscaba recuperar zonas de protección natural aledañas al río Pance, en el sur de la capital del Valle del Cauca.

El proceso judicial por el terreno comenzó hace dos años y el grupo campesino ha promovido 20 acciones judiciales —conocidas como tutelas— para quedarse en él. Todas fueron declaradas “improcedentes” por la justicia.

El acalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, dijo: “No deben posibilitarse invasiones aprovechándose de la crisis del covid-19, no debe permitirse ninguna invasión de gran constructor, ni de ninguna comunidad de las riberas del Rio Pance, no debe existir desalojo que no respete dignidad y derechos humanos”.

Así como este desalojo buscaba proteger una reserva natural, ha habido otros que pretenden evitar una tragedia.

El mes pasado, por ejemplo, 50 familias fueron desalojadas en uno de los barrios más pobres de Bogotá, Altos de la Estancia.

Los colombianos vieron cómo una mujer encapuchada gestionaba el desalojo en una imagen que para muchos recordó los tiempos de tomas paramilitares en barrios populares persiguiendo guerrilleros subversivos.

La alcaldía de Bogotá, sin embargo, explicó que la mujer encapuchada era una contratista y que el desalojo era necesario porque el inclinado terreno donde estaban las viviendas informales era particularmente propenso a un derrumbe, sobre todo ahora, que estamos en época de lluvia.

Una tercera causa de desalojos es, por supuesto, la falta de pago.

El presidente, Iván Duque, prohibió los desalojos por esta razón mientras dure la cuarentena y avaló prórrogas en el pago de arriendos, una medida común en muchos países durante la crisis del covid-19.

Esto, sin embargo, no impidió que cientos de personas, sobre todo migrantes venezolanos, hayan sido expulsados de las residencias informales donde se alojaban y muchos hayan tenido que devolverse a su país en crisis.