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“Yo me metí a esta profesión para proteger, no para ser abusivo”: policía colombiano que se negó a realizar un desalojo
“Yo me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos”.
Palabras de Ángel Zúñiga, patrullero de la policía de Cali, Colombia, en un video que lo muestra negándose a cumplir órdenes superiores: desalojar a un grupo de campesinos que ocuparon un terreno a las afueras de la tercera ciudad más grande del país.
El camarógrafo, al parecer uno de los campesinos, lo felicita entre llantos. “Usted es un héroe”, le dice. “Esto es histórico en Colombia”, añade.
Acto seguido, Zúñiga hace un gesto de renuncia: entrega el arma a su superior. Y se atiene a las consecuencias: “Si quieren, me echan”.
El video fue viral en las redes sociales en Colombia, un grupo de congresistas de izquierda solicitó formalmente que Zúñiga sea condecorado y su familia dijo temer por su vida y pidió “que no lo castiguen por haber seguido su corazón y ayudar a una familia pobre”.
El patrullero —como se conocen acá a los policías de menor rango— está ahora detenido y espera ser sometido a un proceso disciplinario en la justicia militar.
Los desalojos son comunes en Colombia, el país con más desplazamiento interno del mundo, según Naciones Unidas.
Pero lo que ha generado indignación pública es que los procedimientos continúen durante la pandemia por el coronavirus.
Poco más de la mitad de la población en Colombia depende de la economía informal, ahora congelada por la cuarentana. Las cifras de desempleo se dispararon hasta llegar a un histórico 20%, según cifras oficiales.
El brote de miseria desatado por la pandemia, sin embargo, no ha detenido los desahucios en las principales ciudades del país, que han sido trasmitidos casi en vivo por las redes sociales y generado cada tanto una ola de ira colectiva.
En pandemia todos los desalojos parecen iguales
El operativo que se hizo famoso por el video de Zúñiga, según explicó la alcaldía de Cali, buscaba recuperar zonas de protección natural aledañas al río Pance, en el sur de la capital del Valle del Cauca.
El proceso judicial por el terreno comenzó hace dos años y el grupo campesino ha promovido 20 acciones judiciales —conocidas como tutelas— para quedarse en él. Todas fueron declaradas “improcedentes” por la justicia.
El acalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, dijo: “No deben posibilitarse invasiones aprovechándose de la crisis del covid-19, no debe permitirse ninguna invasión de gran constructor, ni de ninguna comunidad de las riberas del Rio Pance, no debe existir desalojo que no respete dignidad y derechos humanos”.
Así como este desalojo buscaba proteger una reserva natural, ha habido otros que pretenden evitar una tragedia.
El mes pasado, por ejemplo, 50 familias fueron desalojadas en uno de los barrios más pobres de Bogotá, Altos de la Estancia.
Los colombianos vieron cómo una mujer encapuchada gestionaba el desalojo en una imagen que para muchos recordó los tiempos de tomas paramilitares en barrios populares persiguiendo guerrilleros subversivos.
La alcaldía de Bogotá, sin embargo, explicó que la mujer encapuchada era una contratista y que el desalojo era necesario porque el inclinado terreno donde estaban las viviendas informales era particularmente propenso a un derrumbe, sobre todo ahora, que estamos en época de lluvia.
Una tercera causa de desalojos es, por supuesto, la falta de pago.
El presidente, Iván Duque, prohibió los desalojos por esta razón mientras dure la cuarentena y avaló prórrogas en el pago de arriendos, una medida común en muchos países durante la crisis del covid-19.
Esto, sin embargo, no impidió que cientos de personas, sobre todo migrantes venezolanos, hayan sido expulsados de las residencias informales donde se alojaban y muchos hayan tenido que devolverse a su país en crisis.
Internacionales
Juez ordena a Bolsonaro usar brazalete electrónico y le impone restricciones de movilidad
El juez Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil, ordenó este viernes que el expresidente Jair Bolsonaro use un brazalete electrónico como parte del proceso judicial en su contra por presuntamente incitar actos hostiles contra el Estado brasileño y participar en un intento de golpe de Estado en 2022.
Además del dispositivo de control, Bolsonaro deberá permanecer en su domicilio de lunes a viernes entre las 7:00 p.m. y las 6:00 a.m., así como todo el día durante fines de semana y feriados. También se le prohibió mantener contacto con embajadores o autoridades extranjeras.
A su salida de las oficinas de la Secretaría de Justicia en Brasilia, el exmandatario calificó la medida como una “humillación suprema” y reiteró que se trata de una “persecución política”.
El caso ocurre en medio de tensiones diplomáticas entre Brasil y Estados Unidos, luego de que el expresidente estadounidense Donald Trump amenazara con imponer aranceles del 50 % a productos brasileños, en protesta por lo que considera una “caza de brujas” contra Bolsonaro. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondió a esas declaraciones calificándolas de “chantaje inaceptable”.
La sentencia contra Bolsonaro se conocerá en las próximas semanas. Si es declarado culpable, podría enfrentar más de 40 años de prisión.
Guinea ha sobrepasado los 200 casos confirmados de mpox desde que se detectó el primer contagio en septiembre de 2024, informó el Ministerio de Salud de ese país. Según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria (ANSS), se han registrado 206 casos, de los cuales 77 requirieron hospitalización, 58 pacientes se recuperaron y 20 fueron dados de alta sin consentimiento médico.
Hasta la fecha, se reporta una sola muerte y la ciudad de Dabola, en el centro del país, ha sido identificada como un nuevo foco del brote. La mpox, antes conocida como viruela del mono, es una enfermedad viral caracterizada por fiebre alta y lesiones cutáneas. Aunque fue identificada en África en 1970, desde 2022 ha ganado presencia mundial, llevando a la OMS a declarar su nivel de alerta más alto en 2024. Países vecinos como Liberia y Sierra Leona también han reportado contagios.
Tras más de 12 horas de labores intensas, los 18 trabajadores que permanecían atrapados en una mina de oro en el municipio de Remedios, en el noroeste de Colombia, fueron rescatados con vida durante la madrugada del viernes, informaron las autoridades.
La Agencia Nacional de Minería (ANM) confirmó a través de su cuenta en X que “todos fueron encontrados en buen estado de salud”, luego del accidente ocurrido el jueves en el departamento de Antioquia. Equipos de rescate de la ANM, junto a bomberos locales, participaron en la operación.
De acuerdo con las autoridades, los trabajadores estuvieron atrapados por cerca de 18 horas, debido a una aparente “falla mecánica” que provocó el colapso de una estructura destinada a evitar derrumbes, lo que bloqueó la salida principal del socavón.
Las imágenes difundidas por medios locales muestran a los mineros saliendo uno a uno, vestidos con uniformes azules y cascos amarillos, recibiendo aplausos y abrazos por parte de sus familiares.
La alcaldía de Remedios señaló en un mensaje al gobierno que, presuntamente, el yacimiento estaba siendo explotado de forma ilegal. En esta región de Antioquia, con una fuerte tradición minera, el oro extraído de manera ilícita suele ser una fuente de financiamiento para grupos armados como el Clan del Golfo, considerado el principal cartel de narcotráfico en Colombia.
