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“Yo me metí a esta profesión para proteger, no para ser abusivo”: policía colombiano que se negó a realizar un desalojo
“Yo me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos, no para ser abusivo contra ellos”.
Palabras de Ángel Zúñiga, patrullero de la policía de Cali, Colombia, en un video que lo muestra negándose a cumplir órdenes superiores: desalojar a un grupo de campesinos que ocuparon un terreno a las afueras de la tercera ciudad más grande del país.
El camarógrafo, al parecer uno de los campesinos, lo felicita entre llantos. “Usted es un héroe”, le dice. “Esto es histórico en Colombia”, añade.
Acto seguido, Zúñiga hace un gesto de renuncia: entrega el arma a su superior. Y se atiene a las consecuencias: “Si quieren, me echan”.
El video fue viral en las redes sociales en Colombia, un grupo de congresistas de izquierda solicitó formalmente que Zúñiga sea condecorado y su familia dijo temer por su vida y pidió “que no lo castiguen por haber seguido su corazón y ayudar a una familia pobre”.
El patrullero —como se conocen acá a los policías de menor rango— está ahora detenido y espera ser sometido a un proceso disciplinario en la justicia militar.
Los desalojos son comunes en Colombia, el país con más desplazamiento interno del mundo, según Naciones Unidas.
Pero lo que ha generado indignación pública es que los procedimientos continúen durante la pandemia por el coronavirus.
Poco más de la mitad de la población en Colombia depende de la economía informal, ahora congelada por la cuarentana. Las cifras de desempleo se dispararon hasta llegar a un histórico 20%, según cifras oficiales.
El brote de miseria desatado por la pandemia, sin embargo, no ha detenido los desahucios en las principales ciudades del país, que han sido trasmitidos casi en vivo por las redes sociales y generado cada tanto una ola de ira colectiva.
En pandemia todos los desalojos parecen iguales
El operativo que se hizo famoso por el video de Zúñiga, según explicó la alcaldía de Cali, buscaba recuperar zonas de protección natural aledañas al río Pance, en el sur de la capital del Valle del Cauca.
El proceso judicial por el terreno comenzó hace dos años y el grupo campesino ha promovido 20 acciones judiciales —conocidas como tutelas— para quedarse en él. Todas fueron declaradas “improcedentes” por la justicia.
El acalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, dijo: “No deben posibilitarse invasiones aprovechándose de la crisis del covid-19, no debe permitirse ninguna invasión de gran constructor, ni de ninguna comunidad de las riberas del Rio Pance, no debe existir desalojo que no respete dignidad y derechos humanos”.
Así como este desalojo buscaba proteger una reserva natural, ha habido otros que pretenden evitar una tragedia.
El mes pasado, por ejemplo, 50 familias fueron desalojadas en uno de los barrios más pobres de Bogotá, Altos de la Estancia.
Los colombianos vieron cómo una mujer encapuchada gestionaba el desalojo en una imagen que para muchos recordó los tiempos de tomas paramilitares en barrios populares persiguiendo guerrilleros subversivos.
La alcaldía de Bogotá, sin embargo, explicó que la mujer encapuchada era una contratista y que el desalojo era necesario porque el inclinado terreno donde estaban las viviendas informales era particularmente propenso a un derrumbe, sobre todo ahora, que estamos en época de lluvia.
Una tercera causa de desalojos es, por supuesto, la falta de pago.
El presidente, Iván Duque, prohibió los desalojos por esta razón mientras dure la cuarentena y avaló prórrogas en el pago de arriendos, una medida común en muchos países durante la crisis del covid-19.
Esto, sin embargo, no impidió que cientos de personas, sobre todo migrantes venezolanos, hayan sido expulsados de las residencias informales donde se alojaban y muchos hayan tenido que devolverse a su país en crisis.
Internacionales
Esto es lo que se sabe sobre la explosión del megacohete Starship de SpaceX en Texas
Un megacohete Starship de SpaceX, la empresa aeroespacial del multimillonario Elon Musk, explotó el miércoles por la noche durante una prueba estática rutinaria en su base de Starbase, Texas, sin que se reportaran heridos, informaron las autoridades locales.
Según el condado de Cameron, Texas, el incidente ocurrió a las 11:01 p.m. (hora local) cuando el cohete Starship 36 sufrió una «falla catastrófica». Un video oficial muestra el momento en que el vehículo espacial, conectado a su brazo de lanzamiento, es envuelto por una gran explosión.
SpaceX confirmó a través de su cuenta en la red social X que el Starship, que se preparaba para su décima prueba de vuelo, presentó una anomalía mayor durante el ensayo en banco de pruebas. La empresa aseguró que se mantuvo una zona de seguridad alrededor del sitio y que todo el personal se encuentra sano y salvo.
El fundador de SpaceX, Elon Musk, restó importancia al suceso y escribió en redes sociales: «Solo un rasguño».
Starbase, ubicada en la costa sur de Texas cerca de la frontera con México, es la sede del proyecto espacial de SpaceX. El Starship, con 123 metros de altura, es el cohete más grande y potente diseñado hasta la fecha y es fundamental para los planes de Musk de colonizar Marte. Este cohete, totalmente reutilizable, tiene capacidad para transportar hasta 150 toneladas métricas.
No es la primera vez que un Starship sufre un accidente. El 27 de mayo, otro prototipo explotó antes de completar su descenso a Tierra, y en intentos anteriores en enero y marzo, la etapa superior también sufrió explosiones durante el vuelo. Estos incidentes forman parte de la estrategia de SpaceX de lanzar múltiples prototipos para identificar y corregir fallas.
SpaceX se ha convertido en un actor clave en la exploración espacial estadounidense, realizando misiones para la NASA y el Pentágono, y jugando un papel central en el plan de retorno a la Luna. Sin embargo, la relación de Elon Musk con el gobierno estadounidense enfrenta incertidumbre tras su ruptura pública con el expresidente Donald Trump, con quien tuvo una relación cercana antes de protagonizar una disputa pública.
Una tragedia familiar ocurrió en Mato Grosso, Brasil, cuando un niño de dos años manipuló un arma de fuego y accidentalmente disparó a su madre, quien falleció segundos después debido a las heridas. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas en la vivienda.
En las imágenes se observa al niño caminando cerca de una mesa donde están presentes una mujer y un hombre. El menor tomó la pistola, propiedad del padre, un productor rural con licencia legal del arma, y accidentalmente disparó contra Deborah, quien resultó herida en el brazo y el tórax.
ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad
🚨 🇧🇷 Tragedia en Brasil: un niño de 2 años de edad mató accidentalmente a su mamá con el arma reglamentaria de su papá, un policía militar que la dejó al alcance del menor. pic.twitter.com/VzHWOTBIUi
— ES RE VIRAL (@esreviral) June 19, 2025
A pesar de ser trasladada rápidamente a un hospital cercano, la mujer no pudo sobrevivir. La Policía Civil informó que el padre enfrentará un proceso por homicidio culposo, debido a la negligencia de dejar el arma al alcance del menor.
La delegada Danielle Felismino, encargada de la investigación, señaló que se están evaluando medidas para proteger al niño, quien podría quedar bajo el cuidado del Consejo Tutelar y recibir apoyo psicológico.
Un caso que ha conmocionado a Brasil salió a la luz tras el asesinato de una pareja en el estado de São Paulo, crimen por el cual las autoridades acusan a sus propios abogados. Según la investigación, el matrimonio de juristas habría ordenado el asesinato de sus dos clientes con el fin de apropiarse de bienes valorados en 15 millones de reales (aproximadamente 2.7 millones de dólares).
Las víctimas, Eduardo Ometto Pavan y Rosana Ferrari, fueron halladas sin vida el pasado 6 de abril en su vehículo, abandonado en una zona rural. Él tenía las manos atadas y ella fue encontrada en el asiento trasero de la camioneta.
La relación entre ambas parejas se remontaba a más de una década. Los abogados acusados habrían convencido a las víctimas —que no tenían hijos— de crear una estructura legal tipo “holding” para proteger su patrimonio. Sin embargo, las autoridades sostienen que esta maniobra fue parte de un plan para adueñarse ilegalmente de sus bienes.
Ante la falta de herederos directos, los abogados planearon inicialmente heredar los bienes al fallecer sus clientes, pero decidieron adelantar el proceso y contrataron a sicarios para ejecutarlos. Posteriormente, comenzaron los trámites fraudulentos para transferir los activos a su nombre.
Los abogados defensores alegan que la relación era únicamente profesional y que las pruebas son débiles. No obstante, la Fiscalía sostiene que hay evidencias claras de manipulación y fraude previo al doble homicidio.
Los acusados enfrentan cargos por homicidio calificado, asociación criminal, estafa, falsedad ideológica y ocultación de cadáveres. El caso ha generado indignación en el país por el nivel de confianza traicionado y la gravedad de los delitos.
