Internacionales
“Vivimos en un ambiente de miedo y gran inseguridad” dicen los ciudadanos de Nicaragua
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha aprendido de sus cercanos amigos venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro que ganar tiempo pidiendo diálogo sin ofrecer garantías de respetar los acuerdos, es la mejor táctica para “enfriar” a la oposición popular y salir de los titulares de los periódicos internacionales.
A diez meses de que en abril de 2018 explotara la crisis social más profunda desde que Ortega está en el poder, una crisis que ha dejado cerca de 400 muertos, cientos de detenidos, desaparecidos y exiliados, el presidente vuelve a abrirle la puerta al diálogo con los empresarios y con la Iglesia católica como “invitada”.
Mediante un comunicado emitido el pasado fin de semana, el Ejecutivo nicaragüense refirió que “se reunió con un grupo de empresarios representativos del sector privado nicaragüense, para abordar temas importantes para el bien común del país”, y que a la mesa estuvieron presentes como “invitados” tanto el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el cardenal y arzobispo de Managua Leopoldo José Brenes, y el nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag.
Antes, Ortega y su gabinete se habrían reunido con una delegación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero tampoco hubo otra cosa que alguna llamada a reformar el sistema electoral.
Toda vía de diálogo se había cerrado desde julio de 2018, por la oposición del gobierno de Ortega a negociar ni elecciones nuevas ni su salida de la presidencia. Ahora, con el agua al cuello y con una crisis económica, política y social de dimensiones extremas, el sandinista vuelve a abrir las puertas de la negociación
Pero muchos sectores en Nicaragua y observadores internacionales se preguntan sobre cuál es el fondo real de esta apertura, sobre todo cuando el propio Ortega ha calificado a los obispos de Nicaragua como “cómplices de los golpistas”” y sus huestes, en las calles, han amedrentado, golpeado y perseguido a los sacerdotes católicos.
A lo sumo, se estarían discutiendo algunas reformas al sistema electoral nicaragüense, pero de ninguna forma el gobierno de Ortega prevé adelantar las elecciones que se efectuarían en noviembre de 2021.
“La situación es muy tensa. El gobierno ve a la Iglesia como un enemigo y mira con suspicacia cada palabra y cada movimiento de sus miembros por lo que sucede desde abril de 2018 cuando estallaron fuertes protestas contra el gobierno. Hay varios casos de intimidación por parte de la policía contra presbíteros y religiosos”.
Eso lo explica a la agencia vaticana Fides un sacerdote nicaragüense que solicitó –por obvias razones de seguridad– permanecer en el anonimato. Aunque “las actividades pastorales se están llevando a cabo con relativa normalidad”, el sacerdote cuenta a Fides que la vigilancia sobre la Iglesia es constante.
Y añade: “Aquí en la parroquia, la policía viene todos los días para ver quién asiste a la misa y escucha lo que digo en la homilía. Se infiltran para escucharla y grabarla”.
Otros sacerdotes están sujetos al mismo trato. Incluso “tres obispos están en el punto de mira de la policía”. Al menos tres sacerdotes, además del cardenal Brenes, el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, y el Nuncio Sommertag, fueron atacados en el pasado.
“Vivimos en un ambiente de miedo y gran inseguridad. Incluso la policía de tránsito circula con Kalashnikov”, terminó describiendo el sacerdote nicaragüense.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
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La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
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La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.
