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“Vivimos en un ambiente de miedo y gran inseguridad” dicen los ciudadanos de Nicaragua
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha aprendido de sus cercanos amigos venezolanos Hugo Chávez y Nicolás Maduro que ganar tiempo pidiendo diálogo sin ofrecer garantías de respetar los acuerdos, es la mejor táctica para “enfriar” a la oposición popular y salir de los titulares de los periódicos internacionales.
A diez meses de que en abril de 2018 explotara la crisis social más profunda desde que Ortega está en el poder, una crisis que ha dejado cerca de 400 muertos, cientos de detenidos, desaparecidos y exiliados, el presidente vuelve a abrirle la puerta al diálogo con los empresarios y con la Iglesia católica como “invitada”.
Mediante un comunicado emitido el pasado fin de semana, el Ejecutivo nicaragüense refirió que “se reunió con un grupo de empresarios representativos del sector privado nicaragüense, para abordar temas importantes para el bien común del país”, y que a la mesa estuvieron presentes como “invitados” tanto el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el cardenal y arzobispo de Managua Leopoldo José Brenes, y el nuncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag.
Antes, Ortega y su gabinete se habrían reunido con una delegación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero tampoco hubo otra cosa que alguna llamada a reformar el sistema electoral.
Toda vía de diálogo se había cerrado desde julio de 2018, por la oposición del gobierno de Ortega a negociar ni elecciones nuevas ni su salida de la presidencia. Ahora, con el agua al cuello y con una crisis económica, política y social de dimensiones extremas, el sandinista vuelve a abrir las puertas de la negociación
Pero muchos sectores en Nicaragua y observadores internacionales se preguntan sobre cuál es el fondo real de esta apertura, sobre todo cuando el propio Ortega ha calificado a los obispos de Nicaragua como “cómplices de los golpistas”” y sus huestes, en las calles, han amedrentado, golpeado y perseguido a los sacerdotes católicos.
A lo sumo, se estarían discutiendo algunas reformas al sistema electoral nicaragüense, pero de ninguna forma el gobierno de Ortega prevé adelantar las elecciones que se efectuarían en noviembre de 2021.
“La situación es muy tensa. El gobierno ve a la Iglesia como un enemigo y mira con suspicacia cada palabra y cada movimiento de sus miembros por lo que sucede desde abril de 2018 cuando estallaron fuertes protestas contra el gobierno. Hay varios casos de intimidación por parte de la policía contra presbíteros y religiosos”.
Eso lo explica a la agencia vaticana Fides un sacerdote nicaragüense que solicitó –por obvias razones de seguridad– permanecer en el anonimato. Aunque “las actividades pastorales se están llevando a cabo con relativa normalidad”, el sacerdote cuenta a Fides que la vigilancia sobre la Iglesia es constante.
Y añade: “Aquí en la parroquia, la policía viene todos los días para ver quién asiste a la misa y escucha lo que digo en la homilía. Se infiltran para escucharla y grabarla”.
Otros sacerdotes están sujetos al mismo trato. Incluso “tres obispos están en el punto de mira de la policía”. Al menos tres sacerdotes, además del cardenal Brenes, el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, y el Nuncio Sommertag, fueron atacados en el pasado.
“Vivimos en un ambiente de miedo y gran inseguridad. Incluso la policía de tránsito circula con Kalashnikov”, terminó describiendo el sacerdote nicaragüense.
El Gobierno de Perú reforzó las medidas del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao para combatir la delincuencia y el crimen organizado. El Ejecutivo estableció más restricciones penales, prohibió la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta, creó equipos para coordinar operativos y patrullajes, y aumentó la presencia policial en las calles, según el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM.
La norma entró en vigencia el 22 de octubre por 30 días; sin embargo, el presidente interino José Jerí anunció, el 7 de noviembre, la ampliación de las restricciones para restaurar la seguridad en las ciudades más afectadas.
«Estamos actualizando el estado de emergencia con medidas complementarias, basadas en los resultados obtenidos y en la realidad de nuestro país. Estamos corrigiendo y mejorando lo necesario», afirmó el presidente.
Con el decreto se creó el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que es presidido por la Policía Nacional del Perú (PNP), para restablecer y mantener el orden interno con patrullajes y operativos en la vía pública. Este cuenta con el apoyo de cuatro comités y de las fuerzas de seguridad, que contribuyen con la tecnología en el monitoreo.
Su principal objetivo es reducir los índices de criminalidad y garantizar los derechos fundamentales de la población en Lima Metropolitana y Callao.
El presidente detalló que el puesto de control, con vigilancia las 24 horas los siete días de la semana, permitirá enfrentar a la delincuencia.
Fiscalía alerta sobre homicidios y extorsiones
Perú atraviesa una de sus peores crisis por el crimen organizado.
El lunes, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (Fiscalía) reportó que entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se registraron 56 homicidios de choferes y 30 mil extorsiones fueron denunciadas, en Lima Metropolitana y el Callao.
El estudio reveló que la mayoría de víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta, una manera cada vez más frecuente para cometer los crímenes contra los transportistas en las zonas urbanas. Al menos ocho de cada 10 ataques se producen bajo esta modalidad, compartió la fiscalía.
Ante este contexto, el Ejecutivo ya había prohibido desde el viernes el tránsito de dos personas en una motocicleta. «Se encuentra prohibido el uso de cualquier elemento o accesorio adicional al casco que impida o limite la identificación del conductor», aclara en el decreto.
El documento señala también que habrá «intervención e internamiento de vehículos en los depósitos autorizados si exhiben documentación adulterada y/o placas ilegibles, deterioradas, adulteradas, dañadas, laminadas o con objetos que no permitan la identificación correcta del vehículo».
Más control en las prisiones
En cuanto a las cárceles, habrá apagones eléctricos en las celdas, desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, y operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, armas blancas, y demás artículos prohibidos.
Las autoridades agregaron el monitoreo aéreo con drones donde están los establecimientos penitenciarios y zonas aledañas, y se permitió el traslado a otras cárceles a los reos que pongan en riesgo la seguridad de las prisiones o atenten contra la integridad de los guardias penitenciarios.
RECOMPENSAS
Intensificarán la difusión del sistema de recompensas para realizar capturas mediante la información que compartan los ciudadanos y que permita identificar y capturar personas
de la lista de los más buscados, integrantes de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios.
El número de muertos por el paso de dos poderosos tifones que azotaron recientemente Filipinas aumentó a 259, mientras millones de personas han sido desplazadas, informaron hoy miércoles las autoridades.
El Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (Ndrrmc, por sus siglas en inglés) señaló que el tifón Fung-wong, que tocó tierra el domingo como supertifón antes de debilitarse al cruzar el norte-centro de Luzón, dejó al menos 27 muertos y dos desaparecidos.
En un informe separado, el organismo indicó que el tifón Kalmaegi, que impactó el 4 de noviembre, provocó graves inundaciones y deslizamientos de tierra en el centro del país, causando 232 muertes, 112 desaparecidos y más de 500 heridos.
La mayoría de las víctimas se registraron en la provincia de Cebú, que aún se recupera del terremoto de magnitud 6,9 ocurrido el 30 de septiembre, agregó el Ndrrmc.
Ambos fenómenos desplazaron a millones de residentes y provocaron una destrucción generalizada de viviendas, cultivos e infraestructura clave, incluidas carreteras y puentes, según el organismo.
Fung-wong fue el ciclón tropical número 21 que golpea Filipinas este año, superando el promedio anual de 20 tormentas del país.
Al menos 37 personas murieron y otras 24 resultaron heridas este miércoles cuando un autobús cayó a un abismo tras chocar con una camioneta en Arequipa, en el sur de Perú, según autoridades.
El autobús de dos pisos con más de 60 pasajeros, de la empresa Llamosas, chocó de frente con una camioneta pick up en una curva, en la vía Panamericana Sur que conecta con Chile.
«Tenemos una cifra de 37 fallecidos (…) además de 24 heridos», dijo a la AFP Walther Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa.
Sin embargo, la cifra de muertos puede aumentar porque hay heridos graves, añadió por vía telefónica.
La gran cantidad de siniestros en Perú se asocia principalmente al exceso de velocidad, la embriaguez, entre otras imprudencias, además de la exigente topografía del país.
El autobús accidentado el miércoles había partido la noche del martes de la localidad de Chala, en provincia de Caravelí, con destino a Arequipa, la segunda ciudad de Perú.
Tras chocar en el km 780 de la carretera, rodó por un abismo de 200 metros y fue a parar a la orilla de un río, según reportes de prensa que citan a los bomberos.
El portavoz de bomberos Jack Páez indicó que el rescate de los heridos fue muy difícil debido al terreno rocoso.
«Es muy lamentable este accidente que enluta a muchas familias. Hay personas mayores y niños» entre los heridos, declaró al canal de televisión TV Perú.
La empresa de transporte Llamosas informó que «el conductor del bus falleció».
Un sacerdote llegó al lugar y oró junto a los cuerpos, puestos en fila a la orilla del río, según imágenes enviadas por la fiscalía.
