Al menos 25 personas murieron en un incendio que arrasó un club nocturno muy frecuentado del balneario de Goa, en el oeste de India, anunció el domingo el ministro en jefe de la región, Pramod Sawant.

Varios turistas figuran entre las víctimas del incendio, que se desató en una discoteca de Arpora, en el distrito de Goa Norte, según la policía, citada por la agencia Press Trust of India.

«Hoy es un día muy doloroso para todos nosotros en Goa», escribió Sawant en X, quien agregó que «25 personas han perdido sus vidas y seis resultaron heridas».

Sawant dijo a los periodistas en el lugar que «tres o cuatro» turistas habían fallecido. Además, explicó que tres personas murieron por quemaduras, mientras que las demás fallecieron por asfixia.

«Visité el lugar del incidente y he ordenado una investigación sobre este suceso», aseguró el ministro.

Y agregó que «los responsables enfrentarán las acciones más estrictas bajo la ley; cualquier negligencia será tratada con firmeza».

El primer ministro Narendra Modi dijo en un comunicado que las muertes eran «profundamente lamentables».

Por su parte, el legislador local Michael Lobo anunció una auditoría en sitios similares para evitar que ocurran nuevos accidentes, según la agencia noticiosa PTI.

Goa, una antigua colonia portuguesa en las costas del Mar Arábigo, atrae a millones de turistas cada año con su vida nocturna, playas de arena y ambiente costero relajado.

Medios locales citaron a fuentes policiales diciendo que el incendio pudo haber sido causado por la «explosión de un cilindro», pero que está bajo investigación

Los incendios son frecuentes en India debido a las deficientes prácticas de construcción, la sobreocupación de inmuebles y la poca adhesión a las normas de seguridad.

En mayo pasado murieron 17 personas en un incendio en un edificio de la ciudad sureña de Hyderabad.

Un exgobernador opositor de Venezuela procesado por «terrorismo» e «instigación al odio» murió en prisión, informaron el sábado a la AFP representantes de organizaciones de derechos humanos.

Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta (2017-2021), fue arrestado en medio de la crisis poselectoral desatada tras la reelección del presidente Nicolás Maduro. La oposición denuncia fraude y reivindica el triunfo del opositor Edmundo González Urrutia, en el exilio.

La proclamación de Maduro para un tercer mandato consecutivo desató protestas que dejaron 28 muertos y unos 2,400 detenidos, la mayoría acusados de «terrorismo». Unas 2,000 personas han sido excarceladas desde entonces, según cifras oficiales.

Díaz «llevaba un año preso y aislado, solo permitieron una visita de su hija», indicó Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal que se dedica a defender a detenidos por razones políticas.

Desde 2014 han muerto 17 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano, confirmó Romero a la AFP. «La represión básicamente se ha convertido en un mecanismo o una estrategia del régimen para intimidar», agregó.

Con Díaz, de 55 años, suman al menos seis opositores muertos en prisión desde noviembre de 2024, que fueron arrestados en el contexto de la crisis poselectoral tras los comicios disputados en julio de ese año.

«¿Quién asume responsabilidad de eso y de las otras muertes que han ocurrido?», señaló Romero.

La dirigente opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, dijo que la muerte de Díaz «se suma a una alarmante y dolorosa cadena de fallecimientos de presos políticos detenidos en el contexto de la represión poselectoral del 28 de julio».

«Las circunstancias de estas muertes -que incluyen la negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento y torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes- revelan un patrón sostenido de represión estatal», indicó Machado en un comunicado conjunto firmado además por González Urrutia.

Díaz estaba preso en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, Caracas. El lugar es tachado como un «centro de torturas» por la oposición venezolana y activistas de derechos humanos.

Díaz «había sido acusado, pero su juicio estaba paralizado», informó a la AFP el abogado Gonzalo Himiob, también de la ONG Foro Penal. «Nosotros fuimos designados por su familia como sus representantes legales, pero el gobierno le impuso un defensor público», dijo.

Según el recuento más reciente de Foro Penal, en Venezuela hay al menos 887 presos políticos.

La explosión de un automóvil frente a un edificio policial en el convulso estado mexicano de Michoacán (oeste) dejó al menos tres muertos y seis heridos, informaron este sábado autoridades.

El estallido ocurrió minutos antes de las 12:00 pm (hora local), frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, con costas en el Pacífico, una región en la que operan diversos cárteles del narcotráfico.

«Un vehículo con su conductor explotó» en el centro de esa localidad, reportó la Fiscalía General de México en la red social X.

La conflagración causó la muerte del conductor del automóvil y dos personas más, quienes fallecieron en un hospital mientras eran atendidas por las lesiones que sufrieron, añadió la Fiscalía.

Peritos especializados en explosivos trabajan para «obtener la identidad» de los responsables, agregó la institución.

El fuerte estruendo se percibió en distintos puntos del municipio, el cual es resguardado por fuerzas de seguridad federales.

En Michoacán operan al menos cinco cárteles narcotraficantes, entre ellos el poderoso Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Nueva Familia Michoacana, designados como «organizaciones terroristas extranjeras» por el presidente estadounidense, Donald Trump, en febrero.

En esa región, en octubre fue asesinado el líder de los limoneros locales, Bernardo Bravo, quien había denunciado ser víctima de extorsiones por parte de grupos criminales.

El mes siguiente, el popular alcalde Carlos Manzo, famoso por hacer frente a las mafias que operan en ese estado, fue abatido a balazos en un acto público.

Estos crímenes de alto perfil llevaron a la presidenta, Claudia Sheinbaum, a lanzar un plan de seguridad para Michoacán, en el que fueron desplegados más de 10.000 soldados.

Ambos atentados provocaron protestas antigubernamentales, inclusive en Ciudad de México, donde el 15 de noviembre pasado ocurrió la movilización más violenta a la fecha contra la administración de Sheinbaum y su política de seguridad.