Internacionales
Policías sobornados y otros narcos en la mira por caso del capo Rafael Caro Quintero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desclasificado la acusación contra el narcotraficante Rafael Caro Quintero, como parte del proceso para solicitar su extradición de México a una prisión de Los Ángeles, California. En una corte de esa ciudad esperan juzgarlo por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena en 1985, y por ser el jefe del Cartel de Caborca.
Al quitarle el sello al documento de 29 páginas, que fue sometido en 1991 en el Distrito Central de California de la Fiscalía federal, quedó expuesta una lista de jefes policiales supuestamente sobornados en la década de 1980 por el extinto Cartel de Guadalajara, que lideraba Caro Quintero.
Se trata de Miguel Aldana Ibarra, quien era director de la INTERPOL en México; Manuel Ibarra Herrera, entonces titular de la Policía Judicial Federal de ese país; Sergio Espino Verdín, comandante de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS); y Armando Pavón Reyes, comandante de la Policía Judicial Federal y quien fue asignado por el gobierno de México para investigar el caso Camarena.
Otros policías señalados en este caso son Raúl López Álvarez, un agente de la policía estatal de Jalisco que fue asignado a una unidad que investigaba homicidios en Guadalajara; y Juan Gilberto Hernández Parra, un elemento de la Policía Judicial Federal que trabajaba en la misma ciudad.
La acusación también menciona a los otros dos jefes del Cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, alias ‘Don Neto’; su socio Juan Ramón Matta Ballesteros; Rubén Zuno Arce, quien usó sus conexiones políticas para ayudar al cartel; y a Humberto Álvarez Machain, el médico que le habría administrado medicamentos a Camarena para extender su vida durante la tortura.
Zuno Arce murió de cáncer a los 82 años en una prisión de Florida en 2012. Álvarez Machain fue exonerado por una serie de violaciones al debido proceso y ahora atiende una taquería en Jalisco.
Caro Quintero, de 69 años, fue capturado el pasado 15 de julio en la sierra de Sinaloa, México, poniendo fin a una búsqueda de casi una década tras su polémica liberación de una cárcel por una falla procesal. Cayó en un operativo de la Marina mexicana que recibió información de inteligencia colectada por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), según reportes de prensa.
El capo se encuentra ahora en una prisión de máxima seguridad en México y su defensa legal ha tratado de que suspendan su extradición a California. Caro Quintero ya había pasado 28 años tras las rejas por una condena a 40 años por el asesinato de Camarena. La DEA afirma que tras su liberación en 2013 este volvió al tráfico de drogas y formó su propio cartel en Sonora con la ayuda de sus familiares.
La acusación recién desvelada alega que Camarena y un piloto que trabajaba con la DEA, Alberto Zavala Avelar, fueron secuestrados por miembros del Cartel de Guadalajara el 7 de febrero de 1985. Los llevaron a una residencia de Caro Quintero, ubicada en 881 Lope de Vega, en Guadalajara, donde fueron “torturados, interrogados y asesinados”.
Otros documentos judiciales indican que uno de los miembros del cartel testificó que escuchó la voz de Caro Quintero dentro de la propiedad y que sabía el narco había ido para “limpiar” un problema.
Aunque los cuerpos de Camarena y Zavala Avelar fueron encontrados días después en Zamora, en el estado de Michoacán, los investigadores recogieron en la casa en Lope de Vega dos cabellos del agente de la DEA y en el cadáver del piloto había fibra de la alfombra de la residencia.
“En o alrededor del 17 de marzo de 1985, el acusado Rafael Caro Quintero huyó de México a Costa Rica”, señalan los fiscales, además describen varias actividades del cartel, como el cultivo de más de 100 toneladas de marihuana en un rancho en Chihuahua en noviembre de 1984.
Camarena se había infiltrado en la organización, lo que condujo a la destrucción de un enorme plantío de marihuana en la finca llamada ‘El Búfalo’. En venganza, el capo lo mandó matar, según la DEA.
En una entrevista con la periodista Anabel Hernández en 2016, cuando era un prófugo de la justicia, Caro Quintero afirmó que su único delito fue haber estado en la propiedad donde tenía cautivo a Camarena y que ya había purgado condena por eso. “No lo secuestré, no lo torturé y no lo maté. Sí estuve en ese lugar, pero no. Es mi participación nada más… Estuve en el lugar equivocado”.
“Desde el momento que se me cayó lo de los sembradíos en ‘El Búfalo’ ahí terminé la actividad esa y nunca la he ejercido y no lo voy a hacer”, agregó el traficante. “No tengan la menor duda de que yo ya dejé de ser narcotraficante. Yo no soy un peligro ni para la sociedad de México, ni para el gobierno, ni para la sociedad de Estados Unidos. No quiero saber nada de narcotráfico. Yo quiero vivir en paz”, dijo.
El Ejército mexicano desplegó 2,500 efectivos en el oeste de México como medida disuasiva tras la muerte del capo narco Nemesio «El Mencho» Oseguera el domingo en un operativo militar, informó este lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.
«Se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar» la presencia militar en la zona de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Oseguera, dijo Trevilla en rueda de prensa.
«La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo», añadió el secretario de Defensa, tras cientos de bloqueos el domingo en 20 estados del país.
La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar.
La FAP precisó que el helicóptero realizaba labores rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa.
«El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (..), así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo», señaló la FAP.
«Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer», indicó la fuerza aérea en un comunicado.
El helicóptero siniestrado, un Mil Mi-17 de fabricación rusa, había despegado de la ciudad de Pisco, en la región de Ica. Los rescatistas localizaron la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa, a poco más de 300 kilómetros del lugar de partida.
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Concluye proceso legal que anula la concesión de Hutchison en puertos del canal de Panamá
La justicia panameña dio por concluido el proceso legal que anuló la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings para operar dos puertos en el canal, al publicar este lunes el fallo.
La Corte Suprema panameña declaró en enero «inconstitucional» el contrato que ha permitido a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, administrar desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.
Sin embargo, para que la sentencia, que no admite apelación, quedara en firme aún faltaban unos trámites que han concluido este lunes con la publicación del fallo en la gaceta oficial.
El viernes, el vocero de PPC, Alejandro Kouruklis, reconoció que la publicación del fallo en la gaceta oficial supondría que «la concesión deja de existir», por lo que pidió al gobierno panameño «negociar» con la firma hongkonesa el futuro de los puertos para «evitar el caos».
Tras ese fallo judicial, que se produjo en medio de las presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que la danesa Maersk operaría temporalmente esas terminales.
La decisión ha traído incertidumbre en los puertos, ubicados en sendas entradas de la vía interoceánica, por los que en 2025 pasó el 38 % de los contenedores que transitaron por Panamá.
«El camino que se está siguiendo puede causar un caos» porque «no va a haber un orden ni marco legal» en que puedan confiar los proveedores, trabajadores y las líneas navieras, había declarado el viernes Kouruklis al canal panameño TVN-2.
«Nuestro plan no es salir, es conversar con el Estado a ver qué solución se le puede dar a esto» y «no tomar decisiones abruptas» para que un tercero entre en las instalaciones «a tomar bienes que no le pertenecen», añadió.
Hutchison amenazó hace días a Maersk con «acciones legales» si asume la administración de las terminales sin su consentimiento y anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle «graves daños».
Pero la Corte panameña asegura que la concesión, renovada por otros 25 años en 2021 es «inconstitucional» y tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» que perjudicaba al Estado.
El fallo también llegó en momentos donde Hutchison Holdings quiere ceder sus puertos, entre ellos los de Panamá, a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por 22,800 millones de dólares.
