Internacionales
Policías sobornados y otros narcos en la mira por caso del capo Rafael Caro Quintero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desclasificado la acusación contra el narcotraficante Rafael Caro Quintero, como parte del proceso para solicitar su extradición de México a una prisión de Los Ángeles, California. En una corte de esa ciudad esperan juzgarlo por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena en 1985, y por ser el jefe del Cartel de Caborca.
Al quitarle el sello al documento de 29 páginas, que fue sometido en 1991 en el Distrito Central de California de la Fiscalía federal, quedó expuesta una lista de jefes policiales supuestamente sobornados en la década de 1980 por el extinto Cartel de Guadalajara, que lideraba Caro Quintero.
Se trata de Miguel Aldana Ibarra, quien era director de la INTERPOL en México; Manuel Ibarra Herrera, entonces titular de la Policía Judicial Federal de ese país; Sergio Espino Verdín, comandante de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS); y Armando Pavón Reyes, comandante de la Policía Judicial Federal y quien fue asignado por el gobierno de México para investigar el caso Camarena.
Otros policías señalados en este caso son Raúl López Álvarez, un agente de la policía estatal de Jalisco que fue asignado a una unidad que investigaba homicidios en Guadalajara; y Juan Gilberto Hernández Parra, un elemento de la Policía Judicial Federal que trabajaba en la misma ciudad.
La acusación también menciona a los otros dos jefes del Cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, alias ‘Don Neto’; su socio Juan Ramón Matta Ballesteros; Rubén Zuno Arce, quien usó sus conexiones políticas para ayudar al cartel; y a Humberto Álvarez Machain, el médico que le habría administrado medicamentos a Camarena para extender su vida durante la tortura.
Zuno Arce murió de cáncer a los 82 años en una prisión de Florida en 2012. Álvarez Machain fue exonerado por una serie de violaciones al debido proceso y ahora atiende una taquería en Jalisco.
Caro Quintero, de 69 años, fue capturado el pasado 15 de julio en la sierra de Sinaloa, México, poniendo fin a una búsqueda de casi una década tras su polémica liberación de una cárcel por una falla procesal. Cayó en un operativo de la Marina mexicana que recibió información de inteligencia colectada por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), según reportes de prensa.
El capo se encuentra ahora en una prisión de máxima seguridad en México y su defensa legal ha tratado de que suspendan su extradición a California. Caro Quintero ya había pasado 28 años tras las rejas por una condena a 40 años por el asesinato de Camarena. La DEA afirma que tras su liberación en 2013 este volvió al tráfico de drogas y formó su propio cartel en Sonora con la ayuda de sus familiares.
La acusación recién desvelada alega que Camarena y un piloto que trabajaba con la DEA, Alberto Zavala Avelar, fueron secuestrados por miembros del Cartel de Guadalajara el 7 de febrero de 1985. Los llevaron a una residencia de Caro Quintero, ubicada en 881 Lope de Vega, en Guadalajara, donde fueron “torturados, interrogados y asesinados”.
Otros documentos judiciales indican que uno de los miembros del cartel testificó que escuchó la voz de Caro Quintero dentro de la propiedad y que sabía el narco había ido para “limpiar” un problema.
Aunque los cuerpos de Camarena y Zavala Avelar fueron encontrados días después en Zamora, en el estado de Michoacán, los investigadores recogieron en la casa en Lope de Vega dos cabellos del agente de la DEA y en el cadáver del piloto había fibra de la alfombra de la residencia.
“En o alrededor del 17 de marzo de 1985, el acusado Rafael Caro Quintero huyó de México a Costa Rica”, señalan los fiscales, además describen varias actividades del cartel, como el cultivo de más de 100 toneladas de marihuana en un rancho en Chihuahua en noviembre de 1984.
Camarena se había infiltrado en la organización, lo que condujo a la destrucción de un enorme plantío de marihuana en la finca llamada ‘El Búfalo’. En venganza, el capo lo mandó matar, según la DEA.
En una entrevista con la periodista Anabel Hernández en 2016, cuando era un prófugo de la justicia, Caro Quintero afirmó que su único delito fue haber estado en la propiedad donde tenía cautivo a Camarena y que ya había purgado condena por eso. “No lo secuestré, no lo torturé y no lo maté. Sí estuve en ese lugar, pero no. Es mi participación nada más… Estuve en el lugar equivocado”.
“Desde el momento que se me cayó lo de los sembradíos en ‘El Búfalo’ ahí terminé la actividad esa y nunca la he ejercido y no lo voy a hacer”, agregó el traficante. “No tengan la menor duda de que yo ya dejé de ser narcotraficante. Yo no soy un peligro ni para la sociedad de México, ni para el gobierno, ni para la sociedad de Estados Unidos. No quiero saber nada de narcotráfico. Yo quiero vivir en paz”, dijo.
Una tumba de más de mil años de antigüedad con restos humanos y piezas de oro y cerámica fue descubierta en una región de Panamá donde arqueólogos desarrollan excavaciones desde hace dos décadas, informó este viernes a la AFP la investigadora a cargo del proyecto.
El hallazgo tuvo lugar en El Caño, en el distrito de Natá, a unos 200 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá, donde científicos y arqueólogos ya han descubierto otros vestigios de culturas prehispánicas.
Los restos óseos están rodeados de objetos de oro y vasijas de cerámica decoradas con imágenes tradicionales, lo que indica que correspondería a personas de «alto estatus», dijo a la AFP la arqueóloga Julia Mayo, quien detalló que la tumba fue construida «entre los años 800 y 1000 después de Cristo».
«La persona con el oro es la persona de mayor estatus del grupo», añadió.
El cuerpo del ocupante principal «fue vestido con dos brazaletes, dos pectorales y dos orejeras, los pectorales tienen representaciones de murciélagos y cocodrilos», detalló Mayo.
El sitio arqueológico de El Caño está relacionado con las sociedades que habitaron las provincias centrales de Panamá entre los siglos VIII y XI.
Mayo señaló que en el lugar ya se han excavado otras nueve tumbas «similares» a la anunciada este viernes.
«Han estado enterrando ahí a su gente durante 200 años», indicó la investigadora.
La tumba constituye un descubrimiento de «gran relevancia para la arqueología panameña y el estudio de las sociedades prehispánicas del istmo centroamericano», destacó el Ministerio de Cultura en un comunicado.
Según los expertos, esta excavación demuestra que para estas culturas la muerte no representaba un final, sino una transición hacia otra fase donde el estatus social continuaba teniendo relevancia.
El descubrimiento aportará nueva información sobre la organización social, el poder político, las redes de intercambio y las prácticas rituales, entre otros aspectos, apuntó el Ministerio.
El gobierno venezolano aseguró el viernes que la ley de amnistía aprobada la víspera, que puede conceder la libertad a cientos de presos políticos, es clave para «la estabilidad de la nación», pero expertos advierten que excluye a muchos detenidos.
Aunque el gobierno interino de Delcy Rodríguez otorgó libertad condicional a 448 opositores tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense a inicios de enero, aún quedan casi 650 presos políticos encarcelados, según la oenegé Foro Penal.
Expertos dudan del alcance de esta ley, iniciativa de Rodríguez y aprobada la noche del jueves en el Parlamento por consenso: cientos de detenidos como militares implicados en actividades «terroristas» pueden quedar fuera.
«Muchos estamos conscientes de que la ley de amnistía no acobija a nuestros familiares», dijo a la AFP Hiowanka Ávila, de 39 años. Su hermano Henryberth Rivas, de 30 años, fue detenido en 2018 acusado de participar en un intento de magnicidio con drones contra Maduro. «Nos toca esperar alguna otra medida, indulto pudiera ser», lamentó a las afueras de la cárcel Rodeo I, a unos 40 km de Caracas. Varios de los detenidos allí son militares o policías, acusados de «terrorismo».
La ley «debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, al representar un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación», dijo el ministro de Defensa y general en jefe de la Fuerza Armada, Vladimir Padrino.
Un niño italiano que en diciembre había recibido el trasplante de un corazón con problemas falleció este sábado, en un caso que ha generado viva indignación en Italia a raíz de la presunta negligencia médica.
Domenico, de dos años, recibió un corazón que aparentemente resultó dañado durante el transporte, por haber entrado en contacto directo con hielo seco. Desde entonces, el niño se encontraba conectado a un respirador artificial en un hospital de Nápoles, en el sur de Italia.
«Se acabó. Domenico se ha ido», declaró el sábado a los medios italianos Patrizia Mercolino, al anunciar la muerte de su hijo. Además, anunció que se creará una fundación en su nombre.
El corazón del donante habría sido transportado desde Bolzano, en el norte del país, hasta Nápoles, 800 kilómetros al sur, en un contenedor inadecuado, sin un termómetro que pudiera alertar sobre la temperatura excesivamente baja.
La fiscalía local ha abierto una investigación contra seis miembros del personal médico.
Een un comunicado citado por los medios italianos, el ministro de Salud, Orazio Schillaci, apuntó que el caso «ha conmocionado a toda Italia».
El ministro había expresado previamente su preocupación por que las donaciones de órganos disminuyan a raíz de este caso. También había pedido «claridad» para garantizar la confianza en los servicios médicos del país.
