Internacionales
Policías sobornados y otros narcos en la mira por caso del capo Rafael Caro Quintero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desclasificado la acusación contra el narcotraficante Rafael Caro Quintero, como parte del proceso para solicitar su extradición de México a una prisión de Los Ángeles, California. En una corte de esa ciudad esperan juzgarlo por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena en 1985, y por ser el jefe del Cartel de Caborca.
Al quitarle el sello al documento de 29 páginas, que fue sometido en 1991 en el Distrito Central de California de la Fiscalía federal, quedó expuesta una lista de jefes policiales supuestamente sobornados en la década de 1980 por el extinto Cartel de Guadalajara, que lideraba Caro Quintero.
Se trata de Miguel Aldana Ibarra, quien era director de la INTERPOL en México; Manuel Ibarra Herrera, entonces titular de la Policía Judicial Federal de ese país; Sergio Espino Verdín, comandante de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS); y Armando Pavón Reyes, comandante de la Policía Judicial Federal y quien fue asignado por el gobierno de México para investigar el caso Camarena.
Otros policías señalados en este caso son Raúl López Álvarez, un agente de la policía estatal de Jalisco que fue asignado a una unidad que investigaba homicidios en Guadalajara; y Juan Gilberto Hernández Parra, un elemento de la Policía Judicial Federal que trabajaba en la misma ciudad.
La acusación también menciona a los otros dos jefes del Cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, alias ‘Don Neto’; su socio Juan Ramón Matta Ballesteros; Rubén Zuno Arce, quien usó sus conexiones políticas para ayudar al cartel; y a Humberto Álvarez Machain, el médico que le habría administrado medicamentos a Camarena para extender su vida durante la tortura.
Zuno Arce murió de cáncer a los 82 años en una prisión de Florida en 2012. Álvarez Machain fue exonerado por una serie de violaciones al debido proceso y ahora atiende una taquería en Jalisco.
Caro Quintero, de 69 años, fue capturado el pasado 15 de julio en la sierra de Sinaloa, México, poniendo fin a una búsqueda de casi una década tras su polémica liberación de una cárcel por una falla procesal. Cayó en un operativo de la Marina mexicana que recibió información de inteligencia colectada por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), según reportes de prensa.
El capo se encuentra ahora en una prisión de máxima seguridad en México y su defensa legal ha tratado de que suspendan su extradición a California. Caro Quintero ya había pasado 28 años tras las rejas por una condena a 40 años por el asesinato de Camarena. La DEA afirma que tras su liberación en 2013 este volvió al tráfico de drogas y formó su propio cartel en Sonora con la ayuda de sus familiares.
La acusación recién desvelada alega que Camarena y un piloto que trabajaba con la DEA, Alberto Zavala Avelar, fueron secuestrados por miembros del Cartel de Guadalajara el 7 de febrero de 1985. Los llevaron a una residencia de Caro Quintero, ubicada en 881 Lope de Vega, en Guadalajara, donde fueron “torturados, interrogados y asesinados”.
Otros documentos judiciales indican que uno de los miembros del cartel testificó que escuchó la voz de Caro Quintero dentro de la propiedad y que sabía el narco había ido para “limpiar” un problema.
Aunque los cuerpos de Camarena y Zavala Avelar fueron encontrados días después en Zamora, en el estado de Michoacán, los investigadores recogieron en la casa en Lope de Vega dos cabellos del agente de la DEA y en el cadáver del piloto había fibra de la alfombra de la residencia.
“En o alrededor del 17 de marzo de 1985, el acusado Rafael Caro Quintero huyó de México a Costa Rica”, señalan los fiscales, además describen varias actividades del cartel, como el cultivo de más de 100 toneladas de marihuana en un rancho en Chihuahua en noviembre de 1984.
Camarena se había infiltrado en la organización, lo que condujo a la destrucción de un enorme plantío de marihuana en la finca llamada ‘El Búfalo’. En venganza, el capo lo mandó matar, según la DEA.
En una entrevista con la periodista Anabel Hernández en 2016, cuando era un prófugo de la justicia, Caro Quintero afirmó que su único delito fue haber estado en la propiedad donde tenía cautivo a Camarena y que ya había purgado condena por eso. “No lo secuestré, no lo torturé y no lo maté. Sí estuve en ese lugar, pero no. Es mi participación nada más… Estuve en el lugar equivocado”.
“Desde el momento que se me cayó lo de los sembradíos en ‘El Búfalo’ ahí terminé la actividad esa y nunca la he ejercido y no lo voy a hacer”, agregó el traficante. “No tengan la menor duda de que yo ya dejé de ser narcotraficante. Yo no soy un peligro ni para la sociedad de México, ni para el gobierno, ni para la sociedad de Estados Unidos. No quiero saber nada de narcotráfico. Yo quiero vivir en paz”, dijo.
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.
De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.
Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.
El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Internacionales
Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.
