Internacionales
Policías sobornados y otros narcos en la mira por caso del capo Rafael Caro Quintero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desclasificado la acusación contra el narcotraficante Rafael Caro Quintero, como parte del proceso para solicitar su extradición de México a una prisión de Los Ángeles, California. En una corte de esa ciudad esperan juzgarlo por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena en 1985, y por ser el jefe del Cartel de Caborca.
Al quitarle el sello al documento de 29 páginas, que fue sometido en 1991 en el Distrito Central de California de la Fiscalía federal, quedó expuesta una lista de jefes policiales supuestamente sobornados en la década de 1980 por el extinto Cartel de Guadalajara, que lideraba Caro Quintero.
Se trata de Miguel Aldana Ibarra, quien era director de la INTERPOL en México; Manuel Ibarra Herrera, entonces titular de la Policía Judicial Federal de ese país; Sergio Espino Verdín, comandante de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS); y Armando Pavón Reyes, comandante de la Policía Judicial Federal y quien fue asignado por el gobierno de México para investigar el caso Camarena.
Otros policías señalados en este caso son Raúl López Álvarez, un agente de la policía estatal de Jalisco que fue asignado a una unidad que investigaba homicidios en Guadalajara; y Juan Gilberto Hernández Parra, un elemento de la Policía Judicial Federal que trabajaba en la misma ciudad.
La acusación también menciona a los otros dos jefes del Cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, alias ‘Don Neto’; su socio Juan Ramón Matta Ballesteros; Rubén Zuno Arce, quien usó sus conexiones políticas para ayudar al cartel; y a Humberto Álvarez Machain, el médico que le habría administrado medicamentos a Camarena para extender su vida durante la tortura.
Zuno Arce murió de cáncer a los 82 años en una prisión de Florida en 2012. Álvarez Machain fue exonerado por una serie de violaciones al debido proceso y ahora atiende una taquería en Jalisco.
Caro Quintero, de 69 años, fue capturado el pasado 15 de julio en la sierra de Sinaloa, México, poniendo fin a una búsqueda de casi una década tras su polémica liberación de una cárcel por una falla procesal. Cayó en un operativo de la Marina mexicana que recibió información de inteligencia colectada por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), según reportes de prensa.
El capo se encuentra ahora en una prisión de máxima seguridad en México y su defensa legal ha tratado de que suspendan su extradición a California. Caro Quintero ya había pasado 28 años tras las rejas por una condena a 40 años por el asesinato de Camarena. La DEA afirma que tras su liberación en 2013 este volvió al tráfico de drogas y formó su propio cartel en Sonora con la ayuda de sus familiares.
La acusación recién desvelada alega que Camarena y un piloto que trabajaba con la DEA, Alberto Zavala Avelar, fueron secuestrados por miembros del Cartel de Guadalajara el 7 de febrero de 1985. Los llevaron a una residencia de Caro Quintero, ubicada en 881 Lope de Vega, en Guadalajara, donde fueron “torturados, interrogados y asesinados”.
Otros documentos judiciales indican que uno de los miembros del cartel testificó que escuchó la voz de Caro Quintero dentro de la propiedad y que sabía el narco había ido para “limpiar” un problema.
Aunque los cuerpos de Camarena y Zavala Avelar fueron encontrados días después en Zamora, en el estado de Michoacán, los investigadores recogieron en la casa en Lope de Vega dos cabellos del agente de la DEA y en el cadáver del piloto había fibra de la alfombra de la residencia.
“En o alrededor del 17 de marzo de 1985, el acusado Rafael Caro Quintero huyó de México a Costa Rica”, señalan los fiscales, además describen varias actividades del cartel, como el cultivo de más de 100 toneladas de marihuana en un rancho en Chihuahua en noviembre de 1984.
Camarena se había infiltrado en la organización, lo que condujo a la destrucción de un enorme plantío de marihuana en la finca llamada ‘El Búfalo’. En venganza, el capo lo mandó matar, según la DEA.
En una entrevista con la periodista Anabel Hernández en 2016, cuando era un prófugo de la justicia, Caro Quintero afirmó que su único delito fue haber estado en la propiedad donde tenía cautivo a Camarena y que ya había purgado condena por eso. “No lo secuestré, no lo torturé y no lo maté. Sí estuve en ese lugar, pero no. Es mi participación nada más… Estuve en el lugar equivocado”.
“Desde el momento que se me cayó lo de los sembradíos en ‘El Búfalo’ ahí terminé la actividad esa y nunca la he ejercido y no lo voy a hacer”, agregó el traficante. “No tengan la menor duda de que yo ya dejé de ser narcotraficante. Yo no soy un peligro ni para la sociedad de México, ni para el gobierno, ni para la sociedad de Estados Unidos. No quiero saber nada de narcotráfico. Yo quiero vivir en paz”, dijo.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo el jueves que había alcanzado un acuerdo con su homólogo Donald Trump sobre las garantías de seguridad que Estados Unidos ofrecerá a su país en un eventual final de la guerra contra Rusia.
«Yo, el presidente estadounidense y su equipo, todos hemos dicho que las garantías de seguridad están hechas», dijo Zelenski a la prensa en el Foro de Davos, donde se reunió con Trump. «El documento tiene que ser firmado por las partes», agregó.
Sin embargo, otra de las cuestiones clave en las negociaciones para un acuerdo de paz con Rusia, la gestión del este de Ucrania parcialmente ocupado, «todavía no lo hemos resuelto», reconoció.
El mandatario ucraniano también afirmó que delegaciones de Ucrania, Estados Unidos y Rusia se reunirán el viernes y el sábado en Emiratos Árabes Unidos (EAU), informó la agencia noticiosa Interfax-Ucrania.
«Esta será la primera reunión trilateral en los Emiratos. Creo que será mañana [hoy] y pasadomañana [sábado]», dijo Zelensky durante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.
De acuerdo con Zelensky, la delegación ucraniana estará integrada por Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania; Kyrylo Budanov, jefe de la oficina presidencial; David Arakhamia, presidente de la facción parlamentaria de Servidor del Pueblo; y Andrii Hnatov, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Un pequeño tren metropolitano chocó este jueves con una grúa en Alumbres, en la región española de Murcia, provocando «varios heridos leves», informó una portavoz del operador nacional español Renfe, en una semana negra de accidentes ferroviarios en el país.
«Es un tren de cercanías, y la grúa es ajena, no es nuestra», dijo la portavoz a la AFP, precisando que ha sido la grúa la que «ha golpeado la unidad del tren».
El tren implicado es un FEVE, un pequeño tren de vía estrecha que se usa para transporte metropolitano en algunas provincias españolas.
Un portavoz del servicio de emergencias 112 de la región de Murcia dijo a AFP que el «tren no ha descarrilado» por el impacto, y que en el lugar del accidente, «trabajan bomberos, el 112, la Policía Nacional y Guardia Civil».
Este jueves se encontraron dos nuevos cuerpos entre los restos de los trenes que colisionaron el domingo en el sur de España, por lo que se elevó el balance a 45 muertos, una cifra que podría ser definitiva.
«Se han hallado en uno de los vagones», confirmó a AFP un portavoz del servicio de emergencias de Andalucía, sobre los que podrían ser los dos últimos cadáveres pendientes de encontrar, porque el número de denuncias de desaparecidos por parte de familiares ascendía exactamente a 45.
En Adamuz los expertos estudian todavía las causas de la que es la peor tragedia ferroviaria del país desde 2013.
Estos accidentes han puesto bajo el foco al ministro de Transporte, Óscar Puente y al Ministerio de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez, a los gestores de las líneas férreas y en general al sistema ferroviario español.
Maquinistas de Cataluña se negaron el martes a reanudar el servicio de trenes de cercanías tras estar parado ya todo el lunes al considerar que no se reunían las condiciones de seguridad tras las fuertes lluvias del domingo, dejando a 400,000 usuarios diarios sin transporte.
Puente dijo que una de las culpables del accidente de Adamuz podría ser la infraestructura «es posible, sin duda, pero nos encontramos también ante un suceso muy extraño», insistió este jueves y añadió que el proceso de investigación será «complejo» y largo.
Ante la escalada de la crisis en el sistema carcelario, el Gobierno de Guatemala podría enviar a los pandilleros de alta peligrosidad a cárceles militares. Analistas guatemaltecos consultados por La Hora GT opinan que es lo que el Estado debería hacer, considerando el descontrol y sobrepoblación en las prisiones.
El tema ha tomado especial relevancia ante la reciente matanza de diez policías a manos de mareros en venganza porque el Estado se negó a ceder ante las exigencias de Aldo Dupie Ochoa alias «El Lobo», líder de la pandilla Barrio 18, el grupo criminal responsable de la masacre de los uniformados.
El ministro de la Defensa Henry David Sáenz dijo al informativo de Guatemala que no se ha discutido de forma oficial la posibilidad de trasladar a los prisioneros de alta peligrosidad a brigadas militares, pero aclaró que esta es una práctica que no es ajena para el Ejército y es algo que «ya estábamos haciendo».
Ejemplo de esto es el centro penitenciario dentro de la Brigada Militar Mariscal Zavala, ubicado en la zona 17 de la Ciudad de Guatemala, donde hay varios privados de libertad bajo vigilancia militar. En ese reclusorio también hay reos de alto perfil, como el exfuncionario Eduardo Masaya, acusado de corrupción. En 2015 se selló en un acuerdo ministerial que dentro de la brigada se ubicaría el Centro de Detención de la Zona Diecisiete, para hombres y mujeres. Su capacidad máxima es de 114 privados de Libertad en la zona «a» y de 21 en la zona «b». Sin embargo, se acordó que estas instalaciones se usarían solo para civiles o militares en riesgo de atentados.
En adición, en el Cuartel Matamoros, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, funciona desde 2010 una cárcel que ha albergado reos peligrosos o de alto perfil. Sin embargo, la prensa ha señalado que estos son centros «VIP», sobre todo para exfuncionarios, como el expresidente Otto Pérez Molina.
Sáenz dijo que los ataques del fin de semana fueron un ataque orquestado por fuerzas políticas que desean ver caer al Gobierno de Bernardo Arévalo, pero que donde el Ejército si colaborará será en asegurar que este finalice su periodo; en 2028.
Algunos expertos citados por La Hora GT consideran que los reos más peligrosos pueden irse a cárceles en el exterior, ya que la Ley Antipandillas así lo permite. Pero no es una opción de la que hable todavía el Ejecutivo de forma oficial.
El artículo transitorio del Decreto 11-2025, que se aprobó como parte de la nueva Ley Antipandillas, autoriza al Gobierno de Guatemala a celebrar convenios bilaterales con otros países para que los reclusos condenados por pertenecer a maras o pandillas puedan cumplir sus penas en cárceles del extranjero mientras Guatemala construye sus propios centros penitenciarios de máxima seguridad. La medida sería temporal.
«El Cecot —Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador—, por ejemplo, es una prisión en donde en una misma celda se reúne a 100 sujetos de alta peligrosidad sin posibilidad de tener contacto con el mundo exterior», así lo dijo el investigador de temas de seguridad pública y defensa, Mario Mérida.
Por otra parte, el exfiscal antipandillas Juan Francisco Solórzano, opina que hay «cero control» sobre el sistema penitenciario, y que es inaudito que la policía no haya anticipado los ataques del fin de semana.
La ofensiva criminal «no es fortuita, obedece a operaciones deliberadas, impulsadas por redes político-criminales», sostiene de su lado el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos desde 2021.
La violencia incluso ha llevado a que sean cancelados grandes eventos de entretenimiento y culturales. Mazatenango canceló su carnaval 2026, el evento más importante de Suchitepéquez, por motivos de seguridad, tras recientes ataques armados contra agentes de la PNC vinculados a la pandilla del Barrio 18. Se celebra desde 1885.
El cantante Nicky Jam canceló un concierto para priorizar la seguridad de todos los asistentes, del personal técnico y del equipo de producción.
