Internacionales
Policías sobornados y otros narcos en la mira por caso del capo Rafael Caro Quintero
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha desclasificado la acusación contra el narcotraficante Rafael Caro Quintero, como parte del proceso para solicitar su extradición de México a una prisión de Los Ángeles, California. En una corte de esa ciudad esperan juzgarlo por el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena en 1985, y por ser el jefe del Cartel de Caborca.
Al quitarle el sello al documento de 29 páginas, que fue sometido en 1991 en el Distrito Central de California de la Fiscalía federal, quedó expuesta una lista de jefes policiales supuestamente sobornados en la década de 1980 por el extinto Cartel de Guadalajara, que lideraba Caro Quintero.
Se trata de Miguel Aldana Ibarra, quien era director de la INTERPOL en México; Manuel Ibarra Herrera, entonces titular de la Policía Judicial Federal de ese país; Sergio Espino Verdín, comandante de la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS); y Armando Pavón Reyes, comandante de la Policía Judicial Federal y quien fue asignado por el gobierno de México para investigar el caso Camarena.
Otros policías señalados en este caso son Raúl López Álvarez, un agente de la policía estatal de Jalisco que fue asignado a una unidad que investigaba homicidios en Guadalajara; y Juan Gilberto Hernández Parra, un elemento de la Policía Judicial Federal que trabajaba en la misma ciudad.
La acusación también menciona a los otros dos jefes del Cartel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca, alias ‘Don Neto’; su socio Juan Ramón Matta Ballesteros; Rubén Zuno Arce, quien usó sus conexiones políticas para ayudar al cartel; y a Humberto Álvarez Machain, el médico que le habría administrado medicamentos a Camarena para extender su vida durante la tortura.
Zuno Arce murió de cáncer a los 82 años en una prisión de Florida en 2012. Álvarez Machain fue exonerado por una serie de violaciones al debido proceso y ahora atiende una taquería en Jalisco.
Caro Quintero, de 69 años, fue capturado el pasado 15 de julio en la sierra de Sinaloa, México, poniendo fin a una búsqueda de casi una década tras su polémica liberación de una cárcel por una falla procesal. Cayó en un operativo de la Marina mexicana que recibió información de inteligencia colectada por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA), según reportes de prensa.
El capo se encuentra ahora en una prisión de máxima seguridad en México y su defensa legal ha tratado de que suspendan su extradición a California. Caro Quintero ya había pasado 28 años tras las rejas por una condena a 40 años por el asesinato de Camarena. La DEA afirma que tras su liberación en 2013 este volvió al tráfico de drogas y formó su propio cartel en Sonora con la ayuda de sus familiares.
La acusación recién desvelada alega que Camarena y un piloto que trabajaba con la DEA, Alberto Zavala Avelar, fueron secuestrados por miembros del Cartel de Guadalajara el 7 de febrero de 1985. Los llevaron a una residencia de Caro Quintero, ubicada en 881 Lope de Vega, en Guadalajara, donde fueron “torturados, interrogados y asesinados”.
Otros documentos judiciales indican que uno de los miembros del cartel testificó que escuchó la voz de Caro Quintero dentro de la propiedad y que sabía el narco había ido para “limpiar” un problema.
Aunque los cuerpos de Camarena y Zavala Avelar fueron encontrados días después en Zamora, en el estado de Michoacán, los investigadores recogieron en la casa en Lope de Vega dos cabellos del agente de la DEA y en el cadáver del piloto había fibra de la alfombra de la residencia.
“En o alrededor del 17 de marzo de 1985, el acusado Rafael Caro Quintero huyó de México a Costa Rica”, señalan los fiscales, además describen varias actividades del cartel, como el cultivo de más de 100 toneladas de marihuana en un rancho en Chihuahua en noviembre de 1984.
Camarena se había infiltrado en la organización, lo que condujo a la destrucción de un enorme plantío de marihuana en la finca llamada ‘El Búfalo’. En venganza, el capo lo mandó matar, según la DEA.
En una entrevista con la periodista Anabel Hernández en 2016, cuando era un prófugo de la justicia, Caro Quintero afirmó que su único delito fue haber estado en la propiedad donde tenía cautivo a Camarena y que ya había purgado condena por eso. “No lo secuestré, no lo torturé y no lo maté. Sí estuve en ese lugar, pero no. Es mi participación nada más… Estuve en el lugar equivocado”.
“Desde el momento que se me cayó lo de los sembradíos en ‘El Búfalo’ ahí terminé la actividad esa y nunca la he ejercido y no lo voy a hacer”, agregó el traficante. “No tengan la menor duda de que yo ya dejé de ser narcotraficante. Yo no soy un peligro ni para la sociedad de México, ni para el gobierno, ni para la sociedad de Estados Unidos. No quiero saber nada de narcotráfico. Yo quiero vivir en paz”, dijo.
El elefante, un macho solitario, ha sembrado el pánico desde principios de enero en el distrito rural de West Singhbhum.
«Estamos tratando de rastrear y rescatar a este elefante que mató a tanta gente», dijo a AFP el funcionario forestal gubernamental Aditya Narayan, quien confirmó un saldo de 20 muertos.
Entre los fallecidos hay niños y ancianos, además de un cuidador profesional de elefantes.
Tras dejar un rastro de destrucción, el animal no ha sido visto desde el viernes, pese a múltiples patrullajes en la zona.
Las autoridades dijeron que equipos de búsqueda, con ayuda de drones, revisan densas franjas forestales, incluido un parque nacional en el vecino estado de Odisha.
El miedo ha llevado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas por la noche.
«Un equipo policial, o un vehículo de funcionarios forestales, visita por la noche para brindar ayuda esencial a los aldeanos», señaló un dirigente local.
Cada año, cientos de miles de indios se ven afectados por elefantes que arrasan cultivos.
Los elefantes asiáticos están ahora restringidos a apenas el 15% de su hábitat original.
Animales por lo general tímidos, los elefantes entran en contacto cada vez más frecuente con humanos debido a la rápida expansión de los asentamientos y el avance sobre los bosques, incluidas operaciones mineras.
Seis presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron detenidos en Ciudad de México acusados de extorsión y de tráfico de drogas y de personas, informó este martes la secretaría de Seguridad federal.
Este grupo criminal ha sido designado como «organización terrorista» por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Militares y agentes federales mexicanos «detuvieron a seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas», detalló en la red social X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Entre los presuntos criminales capturados destaca una mujer señalada como la encargada «del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas» de trata, añadió el funcionario.
También fue detenido un hombre acusado de ser el operador financiero de la organización y de administrar los inmuebles de la banda.
Las autoridades no detallaron la nacionalidad de los detenidos. Otros integrantes de esta banda han sido capturados en México en los últimos meses.
La presunta relación de funcionarios del gobierno venezolano con el Tren de Aragua fue uno de los argumentos de Trump para lanzar una operación militar el 3 de enero en Venezuela y capturar y trasladar a Estados Unidos al depuesto mandatario Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.
El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y según estudios se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.
Los fiscales reprocharon al ex jefe de Estado conservador haber liderado una «insurrección» motivada por una «sed de poder destinada a instaurar una dictadura».
También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar «ningún remordimiento» por actos que amenazaban «el orden constitucional y la democracia».
«En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa», concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución desde 1997.
El veredicto se espera para el próximo mes.
En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.
Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.
Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.
Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial —medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980— alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.
