Internacionales
Periodista rusa, Irina Slavina, se prende fuego como protesta ante las autoridades y muere
Irina Slavina, editora de noticias, escribió unas palabras en Facebook antes de prenderse fuego ante una oficina del Ministerio de Interior en la ciudad rusa de Nizhniy Novgorod, en el oeste del país,“Échenle la culpa de mi muerte a la Federación Rusa”, publicó.
El Comité de Investigación ruso confirmó la muerte de Slavina, que estaba casada y tenía una hija.
En una grabación que muestra el momento en que la mujer se quemó a lo bonzo, se ve a un hombre que corre para ayudarla. Ella le empuja mientras él intenta usar su abrigo para apagar el fuego antes de que la mujer caiga finalmente al suelo.
Los sucesos ocurrieron este viernes. Un día antes, Slavina dijo que la policía registró su apartamento en busca de materiales relacionados con el grupo pro-democracia Open Russia.
Computadoras y datos fueron requisados.
Las autoridades negaron cualquier conexión entre el registro y la muerte de la periodista.
¿Quién era Slavina?
Irina Slavina era editora en jefe del sitio de noticias Koza Press. El lema de la empresa es “noticias y análisis” y “sin censura”. La página web se cerró el viernes tras la confirmación de su muerte.
La periodista era una de las siete personas en la localidad de Nizhny Novgorod cuyas casas fueron registradas el jueves, al parecer como parte de una investigación sobre Open Russia.
El año pasado, Slavina recibió una multa por “faltar al respeto a las autoridades” en uno de sus artículos.
“La noticia [de su muerte] fue un verdadero golpe para mí”, dijo Natalia Gryaznevich, ayudante del fundador de Open Russia, Mijaíl Jodorkovsky, que se encuentra en el exilio.
“Sé que fue acosada, detenida, multada todo el tiempo. Era una mujer muy activa”, le dijo Gryaznevich a la corresponsal de la BBC en Moscú, Sarah Rainsford.
En una publicación de Facebook compartida el jueves, Slavina denunció que 12 personas entraron a la fuerza en su casa y se llevaron memorias USB, su computadora y la de su hija, así como teléfonos que pertenecían a ella y a su esposo.
¿Por qué registraron su casa?
El Comité de Investigación ruso insistió en que Slavina era solo una testigo en su caso: “No era ni sospechosa ni acusada en la investigación penal”, le dijo a la agencia rusa de investigación, Ria Novosti, un portavoz del comité.
Ese caso penal está centrado en Mijaíl Iosilevich, un hombre de negocios local que permitió a varios grupos opositores usar su iglesia de parodia para encuentros y otras actividades, incluida la formación de observadores electorales.
Iosilevich creó en 2016 la llamada Iglesia del Monstruo del Espagueti Volador (pastafarismo o pastafarianismo) a cuyos seguidores se los conoce como pastafaris.
Gryaznevich le dijo a la BBC que Open Russia participó en un foro de “Gente libre” en abril de 2019 en Nizhny Novgorod al que Irina Slavina asistió como periodista. Ni el hombre investigado ni Slavina eran parte de Open Russia, subrayó.
La asistente del fundador de Open Russia dijo que la periodista recibió una multa de unos US$65 por su cobertura del evento.
Las autoridades concluyeron que dicho evento estaba conectado con una “organización indeseable”, según Gryaznevich.
En los últimos tiempos se han aprobado en Rusia varias leyes de prensa e internet más estrictas, algo que ha generado preocupación por el uso que les puede dar el gobierno para silenciar a sus críticos.
El Kremlin dijo que la legislación era necesaria para mejorar la ciberseguridad.
El periodista Miguel Ángel Beltrán fue asesinado el 25 de octubre en el poblado Río Chico, Durango, mientras transitaba por la carretera rumbo a Mazatlán, confirmaron autoridades locales. Con este crimen, suman nueve los comunicadores asesinados en México en lo que va de 2025.
El caso ha generado condenas nacionales e internacionales. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) reiteraron su preocupación por la violencia que enfrenta el gremio en el país, considerado uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra.
Los ataques contra comunicadores incluyen asesinatos, amenazas, acoso judicial, espionaje y campañas de desprestigio en redes sociales, afectando el derecho ciudadano a la información. A pesar del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, diversos colectivos señalan fallas estructurales, ya que varios periodistas han sido asesinados incluso bajo resguardo oficial.
Amnistía Internacional y otros organismos exigieron al Estado mexicano una investigación exhaustiva y la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), así como garantizar condiciones seguras para los comunicadores, especialmente en zonas con alta presencia del crimen organizado.
La Fiscalía General del Estado de Durango abrió una carpeta de investigación, mientras RSF solicitó que la FEADLE conozca el caso, al existir indicios de que el asesinato está vinculado con la labor periodística de Beltrán.
La impunidad en casos de violencia contra periodistas en México supera el 90%, según organismos internacionales, lo que genera un clima de miedo y limita la labor informativa. El asesinato de Miguel Ángel Beltrán refleja la crisis de la libertad de expresión en el país y refuerza el llamado urgente para adoptar medidas efectivas de protección y justicia.
Internacionales
Justicia guatemalteca abre el arbitraje por el caso Continental Towers y apunta a TPG Peppertree
Un juez penal de Guatemala ordenó el levantamiento de la confidencialidad en el arbitraje internacional que enfrenta a la empresa regional de telecomunicaciones Continental Towers y a la firma estadounidense TPG Peppertree, un litigio millonario que se desarrolla en Nueva York y que ha derivado en procesos penales en El Salvador, Guatemala y Perú.
La resolución, calificada como un punto de inflexión en la controversia, permite por primera vez que representantes de Continental Towers presenten públicamente su defensa y establezcan vínculos entre el arbitraje y las órdenes de captura emitidas en El Salvador contra altos ejecutivos de TPG Peppertree, acusados de fraude y extorsión.
Un fallo con implicaciones de soberanía judicial
La decisión del juez guatemalteco sostiene que ningún tribunal extranjero puede interferir o tener jurisdicción sobre procesos penales locales, reforzando así el principio de autonomía judicial frente a decisiones provenientes de cortes o arbitrajes internacionales.
Según el fallo, el arbitraje en Nueva York —impulsado por TPG Peppertree para forzar la compra de Continental Towers— no puede ser utilizado como herramienta de presión ni como excusa para obstaculizar investigaciones penales en curso en Centroamérica.
Contexto: capturas y procesos en El Salvador
La resolución coincide con la reciente orden emitida por el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, que giró capturas internacionales contra tres ejecutivos estadounidenses de TPG Peppertree —Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri—, además de dos ciudadanos guatemaltecos.
Los acusados enfrentan cargos por fraude millonario, estafa, extorsión y agrupaciones ilícitas, en perjuicio de empresas vinculadas a Continental Towers y Terra Towers.
La Interpol ya fue notificada para proceder a su localización y captura fuera del país.
Guatemala defiende su jurisdicción penal
El juez guatemalteco enfatizó que las decisiones arbitrales extranjeras no pueden imponerse sobre las leyes nacionales. En su sentencia, explicó que la confidencialidad de los arbitrajes no es absoluta cuando el proceso puede servir para encubrir hechos de relevancia pública o posibles delitos.
Asimismo, el tribunal designó un interventor judicial para proteger los activos de Continental Towers en Guatemala mientras avanzan las investigaciones.
El Ministerio Público de Guatemala respaldó la medida y advirtió que cualquier intento de usar un arbitraje internacional para influir en causas penales nacionales podría constituir obstrucción de la justicia.
Irregularidades en el arbitraje de Nueva York
Tras levantarse la reserva, Continental Towers publicó en su sitio oficial (interventoriacontinentaltowers.com) una serie de denuncias sobre irregularidades éticas y procesales dentro del arbitraje celebrado en Estados Unidos.
Entre ellas destacan:
- Violación de la confidencialidad por parte del árbitro presidente, Marc Goldstein, quien habría divulgado fragmentos del caso en su blog personal.
- Manipulación de testimonios, señalando que Goldstein habría intervenido para modificar declaraciones de testigos.
- Filtraciones intencionadas por parte de TPG Peppertree, que habría utilizado documentos del arbitraje en procesos judiciales en El Salvador, Perú y Guatemala.
- Acceso indebido a información interna, reconocido por testigos durante las audiencias.
Continental Towers acusa a sus contrapartes de haber empleado el laudo arbitral como instrumento de coacción y extorsión, intentando influir en procesos judiciales latinoamericanos a través de decisiones privadas extranjeras.
Impacto regional y precedente jurídico
El caso Continental Towers vs. TPG Peppertree simboliza la creciente tensión entre los arbitrajes internacionales de inversión y la autonomía judicial de los Estados latinoamericanos.
Fuentes jurídicas sostienen que el fallo guatemalteco sienta un precedente al reafirmar que los laudos arbitrales no pueden estar por encima del derecho penal soberano.
“La resolución reafirma la capacidad de los Estados para proteger sus sistemas judiciales frente a injerencias externas disfrazadas de disputas comerciales”, señalaron fuentes cercanas al proceso.
Mientras tanto, las investigaciones continúan en Guatemala y El Salvador, donde las autoridades aseguran que la cooperación judicial regional será esencial para esclarecer responsabilidades y garantizar que los delitos financieros transnacionales no queden impunes.
Internacionales
VIDEO | Mujer de 68 años pierde el control de su vehículo y termina sobre gradas eléctricas
Una conductora perdió el control de su vehículo y terminó sobre las gradas eléctricas de un centro comercial en el distrito de San Lorenzo, cercano a Asunción, capital de Paraguay, informaron medios locales.
De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, dos personas resultaron lesionadas: la conductora, de 68 años, y su acompañante, de 71. Ambas sufrieron heridas leves gracias al uso del cinturón de seguridad.
Las autoridades investigan las causas del incidente, que generó alarma entre los visitantes del establecimiento.
