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Periodista rusa, Irina Slavina, se prende fuego como protesta ante las autoridades y muere

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Irina Slavina, editora de noticias, escribió unas palabras en Facebook antes de prenderse fuego ante una oficina del Ministerio de Interior en la ciudad rusa de Nizhniy Novgorod, en el oeste del país,“Échenle la culpa de mi muerte a la Federación Rusa”, publicó.

El Comité de Investigación ruso confirmó la muerte de Slavina, que estaba casada y tenía una hija.

En una grabación que muestra el momento en que la mujer se quemó a lo bonzo, se ve a un hombre que corre para ayudarla. Ella le empuja mientras él intenta usar su abrigo para apagar el fuego antes de que la mujer caiga finalmente al suelo.

Los sucesos ocurrieron este viernes. Un día antes, Slavina dijo que la policía registró su apartamento en busca de materiales relacionados con el grupo pro-democracia Open Russia.

Computadoras y datos fueron requisados.

Las autoridades negaron cualquier conexión entre el registro y la muerte de la periodista.

¿Quién era Slavina?

Irina Slavina era editora en jefe del sitio de noticias Koza Press. El lema de la empresa es “noticias y análisis” y “sin censura”. La página web se cerró el viernes tras la confirmación de su muerte.

La periodista era una de las siete personas en la localidad de Nizhny Novgorod cuyas casas fueron registradas el jueves, al parecer como parte de una investigación sobre Open Russia.

El año pasado, Slavina recibió una multa por “faltar al respeto a las autoridades” en uno de sus artículos.

Irina Slavina (foto de archivo)
Irina Slavina denunció en Facebook que un grupo de personas registró su casa el pasado jueves.

“La noticia [de su muerte] fue un verdadero golpe para mí”, dijo Natalia Gryaznevich, ayudante del fundador de Open Russia, Mijaíl Jodorkovsky, que se encuentra en el exilio.

“Sé que fue acosada, detenida, multada todo el tiempo. Era una mujer muy activa”, le dijo Gryaznevich a la corresponsal de la BBC en Moscú, Sarah Rainsford.

En una publicación de Facebook compartida el jueves, Slavina denunció que 12 personas entraron a la fuerza en su casa y se llevaron memorias USB, su computadora y la de su hija, así como teléfonos que pertenecían a ella y a su esposo.

¿Por qué registraron su casa?

El Comité de Investigación ruso insistió en que Slavina era solo una testigo en su caso: “No era ni sospechosa ni acusada en la investigación penal”, le dijo a la agencia rusa de investigación, Ria Novosti, un portavoz del comité.

Ese caso penal está centrado en Mijaíl Iosilevich, un hombre de negocios local que permitió a varios grupos opositores usar su iglesia de parodia para encuentros y otras actividades, incluida la formación de observadores electorales.

Iosilevich creó en 2016 la llamada Iglesia del Monstruo del Espagueti Volador (pastafarismo o pastafarianismo) a cuyos seguidores se los conoce como pastafaris.

Gryaznevich le dijo a la BBC que Open Russia participó en un foro de “Gente libre” en abril de 2019 en Nizhny Novgorod al que Irina Slavina asistió como periodista. Ni el hombre investigado ni Slavina eran parte de Open Russia, subrayó.

La asistente del fundador de Open Russia dijo que la periodista recibió una multa de unos US$65 por su cobertura del evento.

Las autoridades concluyeron que dicho evento estaba conectado con una “organización indeseable”, según Gryaznevich.

En los últimos tiempos se han aprobado en Rusia varias leyes de prensa e internet más estrictas, algo que ha generado preocupación por el uso que les puede dar el gobierno para silenciar a sus críticos.

El Kremlin dijo que la legislación era necesaria para mejorar la ciberseguridad.

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Internacionales

¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?

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Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.

Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.

De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.

La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.

Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.

Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.

En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.

No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.

Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.

“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.

Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.

Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.

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Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia

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Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.

El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.

A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.

Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.

La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.

Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.

Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.

El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.

Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.

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Más de 5,000 muertos en protestas en Irán, según oenegé radicada en EE. UU.

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Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.

Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.

La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.

Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.

Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.

El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».

Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».

Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.

La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.

Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».

«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».

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