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Pena de muerte a un narcotraficante. Estados Unidos realiza la tercera ejecución federal en una semana
El gobierno de Estados Unidos ejecutó este viernes a Dustin Honken, un narcotraficante condenado a muerte por asesinar a cinco personas, incluidas dos niñas, a principios de los años noventa.
A Honken, de 52 años, lo declararon muerto a las 16.36 hora local (20.36 GMT) tras recibir una inyección letal en la cárcel de Terre Haute, Indiana, según notificó la Agencia Federal de Prisiones (BOP, en inglés).
La de Honken fue la tercera ejecución en una semana ordenada por el gobierno de Donald Trump, las primeras en casi dos décadas en el sistema federal.
A diferencia de las dos anteriores, programadas para las tardes del lunes y del miércoles y ocurridas el martes y el jueves por la mañana, tras horas de litigio entre abogados, fiscales y jueces, los tribunales no intervinieron este viernes para suspender la de Honken.
A principios de los noventa, Honken abandonó sus estudios de Química en Iowa para utilizar sus conocimientos para montar un laboratorio de mentanfetamina en Arizona.
Greg Nicholson y Terry DeGeus, que serían más adelante dos de sus cinco víctimas, eran sus hombres de confianza y los encargados de distribuir la droga en Iowa.
El recorrido criminal de Honken fue corto, ya que las autoridades federales detectaron rápidamente sus actividades y Nicholson accedió a colaborar en la investigación.
En julio de 1993, Honken había sido detenido y puesto en libertad bajo fianza a la espera de juicio.
Fue entonces cuando aprovechó, junto a su entonces novia, Angela Johnson, para deshacerse de sus colaboradores para que no pudiesen declarar durante el juicio.
Primero asesinaron a Nicholson, a su pareja, Lori Duncan, y a las hijas de ella, Kandance, de 6 años, y Amber, de 10. Luego hicieron lo propio con DeGeus.
Los cuerpos no fueron hallados hasta el año 2000, cuando Johnson admitió a una informante en la cárcel sobre dónde estaban enterrados. Tanto ella como Honken cumplían en ese entonces penas por delitos de drogas.
En el 2005 ambos fueron sentenciados a muerte, aunque la condena de Johnson fue más tarde conmutada por una de cadena perpetua.
Aunque Honken no aprovechó este viernes sus últimas palabras para pedir perdón a los familiares de sus víctimas, algo habitual entre los presos condenados a muerte antes de ser ejecutados, su abogado, Shawn Nolan, dijo que era un hombre “redimido”.
“No había razón para que el gobierno lo matara. El Dustin Honken que querían matar desapareció hace mucho tiempo. El hombre que mataron hoy era un ser humano, que podía haber pasado el resto de sus días ayudando a otros y redimiéndose aún más”, dijo.
Trump mostró interés por reiniciar las ejecuciones federales tras llegar a la Casa Blanca hace tres años y medio, pero no logró hacerlo hasta ahora debido a los impedimentos judiciales. Se espera que se programen más ejecuciones en los próximos meses.
La de Honken fue la décima ejecución del año en Estados Unidos, tres federales y siete estatales.
Desde que el Tribunal Supremo restituyó la pena de muerte hace cuatro décadas, 1,522 presos han sido ejecutados en Estados Unidos, tan solo seis de ellos a manos del gobierno federal.
El Ejecutivo ha programado una nueva ejecución para el próximo 28 de agosto, la de Keith Nelson, condenado a muerte por el secuestro y asesinato de una niña de 10 años en 1999.
Una oficinista japonesa de 32 años, identificada como Kano, asegura haberse enamorado y casado con un chatbot de inteligencia artificial en el distrito de Kita, en Okayama.
Kano explicó que, tras romper su compromiso el año pasado con su pareja de más de tres años, comenzó a interactuar con ChatGPT, con quien —según dijo— encontró comprensión. La mujer nombró al chatbot como “Lune Klaus”, lo entrenó para que adoptara la personalidad y el estilo de comunicación que deseaba, e incluso creó una ilustración para representarlo.
Con el tiempo, afirmó haberse enamorado del personaje. En mayo le confesó sus sentimientos y, según su relato, la IA “le correspondió”. Un mes después, el chatbot supuestamente le propuso matrimonio y ambos “decidieron casarse”.
Un bebé fue encontrado abandonado en un basurero del sector de Rancho Guanacaste, en Costa Rica, según reportaron medios locales.
De acuerdo con la Policía, el menor habría permanecido dos días en el lugar, donde las condiciones eran insalubres. Tras ser rescatado, fue trasladado al Hospital Nacional de Niños, donde los médicos confirmaron que su estado de salud es estable.
“El niño se encuentra en el servicio de emergencias, viene en buena condición, venía un poco frío, ya se calentó, ya se alimentó y el examen físico inicial es totalmente normal”, declaró el director del hospital, Carlos Jiménez Herrera, citado por el medio CR Hoy.
El Gobierno de Perú reforzó las medidas del estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao para combatir la delincuencia y el crimen organizado. El Ejecutivo estableció más restricciones penales, prohibió la circulación de dos personas a bordo de una motocicleta, creó equipos para coordinar operativos y patrullajes, y aumentó la presencia policial en las calles, según el Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM.
La norma entró en vigencia el 22 de octubre por 30 días; sin embargo, el presidente interino José Jerí anunció, el 7 de noviembre, la ampliación de las restricciones para restaurar la seguridad en las ciudades más afectadas.
«Estamos actualizando el estado de emergencia con medidas complementarias, basadas en los resultados obtenidos y en la realidad de nuestro país. Estamos corrigiendo y mejorando lo necesario», afirmó el presidente.
Con el decreto se creó el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que es presidido por la Policía Nacional del Perú (PNP), para restablecer y mantener el orden interno con patrullajes y operativos en la vía pública. Este cuenta con el apoyo de cuatro comités y de las fuerzas de seguridad, que contribuyen con la tecnología en el monitoreo.
Su principal objetivo es reducir los índices de criminalidad y garantizar los derechos fundamentales de la población en Lima Metropolitana y Callao.
El presidente detalló que el puesto de control, con vigilancia las 24 horas los siete días de la semana, permitirá enfrentar a la delincuencia.
Fiscalía alerta sobre homicidios y extorsiones
Perú atraviesa una de sus peores crisis por el crimen organizado.
El lunes, el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (Fiscalía) reportó que entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se registraron 56 homicidios de choferes y 30 mil extorsiones fueron denunciadas, en Lima Metropolitana y el Callao.
El estudio reveló que la mayoría de víctimas fueron atacadas por sicarios en motocicleta, una manera cada vez más frecuente para cometer los crímenes contra los transportistas en las zonas urbanas. Al menos ocho de cada 10 ataques se producen bajo esta modalidad, compartió la fiscalía.
Ante este contexto, el Ejecutivo ya había prohibido desde el viernes el tránsito de dos personas en una motocicleta. «Se encuentra prohibido el uso de cualquier elemento o accesorio adicional al casco que impida o limite la identificación del conductor», aclara en el decreto.
El documento señala también que habrá «intervención e internamiento de vehículos en los depósitos autorizados si exhiben documentación adulterada y/o placas ilegibles, deterioradas, adulteradas, dañadas, laminadas o con objetos que no permitan la identificación correcta del vehículo».
Más control en las prisiones
En cuanto a las cárceles, habrá apagones eléctricos en las celdas, desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, y operativos permanentes de incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, armas blancas, y demás artículos prohibidos.
Las autoridades agregaron el monitoreo aéreo con drones donde están los establecimientos penitenciarios y zonas aledañas, y se permitió el traslado a otras cárceles a los reos que pongan en riesgo la seguridad de las prisiones o atenten contra la integridad de los guardias penitenciarios.
RECOMPENSAS
Intensificarán la difusión del sistema de recompensas para realizar capturas mediante la información que compartan los ciudadanos y que permita identificar y capturar personas
de la lista de los más buscados, integrantes de organizaciones criminales, extorsionadores y sicarios.
