Internacionales
Pena de muerte a un narcotraficante. Estados Unidos realiza la tercera ejecución federal en una semana
El gobierno de Estados Unidos ejecutó este viernes a Dustin Honken, un narcotraficante condenado a muerte por asesinar a cinco personas, incluidas dos niñas, a principios de los años noventa.
A Honken, de 52 años, lo declararon muerto a las 16.36 hora local (20.36 GMT) tras recibir una inyección letal en la cárcel de Terre Haute, Indiana, según notificó la Agencia Federal de Prisiones (BOP, en inglés).
La de Honken fue la tercera ejecución en una semana ordenada por el gobierno de Donald Trump, las primeras en casi dos décadas en el sistema federal.
A diferencia de las dos anteriores, programadas para las tardes del lunes y del miércoles y ocurridas el martes y el jueves por la mañana, tras horas de litigio entre abogados, fiscales y jueces, los tribunales no intervinieron este viernes para suspender la de Honken.
A principios de los noventa, Honken abandonó sus estudios de Química en Iowa para utilizar sus conocimientos para montar un laboratorio de mentanfetamina en Arizona.
Greg Nicholson y Terry DeGeus, que serían más adelante dos de sus cinco víctimas, eran sus hombres de confianza y los encargados de distribuir la droga en Iowa.
El recorrido criminal de Honken fue corto, ya que las autoridades federales detectaron rápidamente sus actividades y Nicholson accedió a colaborar en la investigación.
En julio de 1993, Honken había sido detenido y puesto en libertad bajo fianza a la espera de juicio.
Fue entonces cuando aprovechó, junto a su entonces novia, Angela Johnson, para deshacerse de sus colaboradores para que no pudiesen declarar durante el juicio.
Primero asesinaron a Nicholson, a su pareja, Lori Duncan, y a las hijas de ella, Kandance, de 6 años, y Amber, de 10. Luego hicieron lo propio con DeGeus.
Los cuerpos no fueron hallados hasta el año 2000, cuando Johnson admitió a una informante en la cárcel sobre dónde estaban enterrados. Tanto ella como Honken cumplían en ese entonces penas por delitos de drogas.
En el 2005 ambos fueron sentenciados a muerte, aunque la condena de Johnson fue más tarde conmutada por una de cadena perpetua.
Aunque Honken no aprovechó este viernes sus últimas palabras para pedir perdón a los familiares de sus víctimas, algo habitual entre los presos condenados a muerte antes de ser ejecutados, su abogado, Shawn Nolan, dijo que era un hombre “redimido”.
“No había razón para que el gobierno lo matara. El Dustin Honken que querían matar desapareció hace mucho tiempo. El hombre que mataron hoy era un ser humano, que podía haber pasado el resto de sus días ayudando a otros y redimiéndose aún más”, dijo.
Trump mostró interés por reiniciar las ejecuciones federales tras llegar a la Casa Blanca hace tres años y medio, pero no logró hacerlo hasta ahora debido a los impedimentos judiciales. Se espera que se programen más ejecuciones en los próximos meses.
La de Honken fue la décima ejecución del año en Estados Unidos, tres federales y siete estatales.
Desde que el Tribunal Supremo restituyó la pena de muerte hace cuatro décadas, 1,522 presos han sido ejecutados en Estados Unidos, tan solo seis de ellos a manos del gobierno federal.
El Ejecutivo ha programado una nueva ejecución para el próximo 28 de agosto, la de Keith Nelson, condenado a muerte por el secuestro y asesinato de una niña de 10 años en 1999.
Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).
El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.
De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.
La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.
La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.
Internacionales
Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto
La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.
En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.
Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.
MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.
Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.
La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.
La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.
Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».
Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.
Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.
Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.
Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.
El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.
Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.
Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.
El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.
