Internacionales
Modelo de Plan Control Territorial es adoptado por Honduras para enfrentar a pandillas
Al declarar emergencia en materia de seguridad, el gobierno de Honduras anunció 14 drásticas medidas contra las pandillas y el crimen organizado, convirtiéndose en el primer país que como Estado replica el Plan Control Territorial (PCT) que el presidente Nayib Bukele implementó el 20 de junio de 2019 y que le ha permitido ubicar a El Salvador Salvador como el más seguro en el Hemisferio Occidental.
El plan fue anunciado el pasado viernes en cadena nacional de radio y televisión por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, tras una reunión con funcionarios del Consejo de Seguridad integrado por los tres poderes del Estado.
La primera medida fue el despliegue de las fuerzas de seguridad. «De forma inmediata deben planificar y ejecutar intervenciones de carácter de urgencia en todos los municipios del país identificados con mayor incidencia en crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos relacionados con estos delitos, que son cometidos por maras, pandillas y bandas del crimen organizado», destaca en un comunicado el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Honduras.
Otras de las medidas tienen que ver con la construcción de megaprisiones, entre ellas una insular para 2,000 cabecillas pandileros (en Islas del Cisne, a 500 km de San Pedro Sula), reformas al Código Penal y Código Procesal Penal, así como designar terroristas a las maras, pandillas, narcotraficantes y miembros de bandas criminales, que todos enfrenten juicios colectivos.
Castro ha ordenado construir de inmediato el Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) con capacidad para 20,000 pandilleros en una zona despoblada entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, a ese reclusorio serán trasladados mareros, narcos y miembros de organizaciones del crimen organizado que ya están en prisión.
Mientras que 2,000 cabecillas serán llevados a una cárcel que según Xiomara Castro será construida en el archipiélago de las Islas del Cisne ubicada a 500 kilómetros de la costa.
Las autoridades hondureñas aseguran que la única forma de comunicarse con las Islas del Cisne es por satélite y al llevar a los cabecillas a ese penal se evitará que sigan dirigiendo desde las cárceles, además se menciona que huir de esa prisión será imposible, solo para llegar al archipiélago en barco se lleva casi un día.
El Gobierno hondureño también ordenó desde el pasado viernes la captura inmediata de autores intelectuales, cabecillas y miembros de pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables.
Así mismo tomar el control y recuperar el orden en los espacios físicos tomados por estructuras criminales en colonias y barrios de mayor incidencia criminal.
La medida número seis plantea que «el Congreso Nacional deberá reformar el Código Penal para que los pandilleros y miembros de bandas de crimen organizado que cometan homicidios, narcotráfico, extorsión, tráfico de armas, asociaciones ilícitas y lavado de dinero, sean calificados como terroristas.
También se ordena reformar el Código Penal para endurecer las penas por homicidios en perjuicio de operadores del sistema de seguridad y justicia [policías, militares, jueces y fiscales].
Otra de las enmiendas al Código Procesal Penal consiste en incorporar la medida de juzgamiento colectivo para pandilleros y miembros de otras estructuras de crimen organizado, como ya lo hace El Salvador Salvador.
La Corte Suprema de Justicia ha designados jueces que trabajarán con las fuerzas de seguridad para las operaciones de recuperación y control de las zonas de pandillas, lo mismo ha hecho la Fiscalía.
Cuatro astronautas despegarán para volver a dotar de personal la Estación Espacial Internacional (EEI) la próxima semana, informó la NASA el viernes, tras la evacuación médica de emergencia de la tripulación anterior.
La NASA anunció que la nueva misión, llamada Crew-12, despegará en el cohete Falcon 9 de SpaceX a primera hora del miércoles, con el lanzamiento «previsto para no antes de las 6H01 a.m.» hora local (11H01 GMT).
La confirmación aporta una pizca de certeza a la Crew-12, que había afrontado problemas de último minuto con el cohete y cambios de personal.
A principios de esta semana, SpaceX había dejado en tierra sus cohetes Falcon 9 mientras investigaba lo que la Administración Federal de Aviación (FAA) describió como una «falla de encendido del motor de la segunda etapa».
«El vehículo Falcon 9 está autorizado para volver a volar», dijo el viernes a la AFP un portavoz de la FAA.
La pausa temporal por parte de SpaceX generó preocupaciones de que el vuelo de la Crew-12 pudiera haberse retrasado.
La misión reemplazará a la Crew-11, que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, durante la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial.
Militares y agentes federales capturaron en el estado mexicano de Querétaro (centro) a 30 integrantes de una célula criminal ligada al poderoso cártel de Sinaloa, informó este viernes la secretaría de Seguridad Federal.
Los detenidos son 21 hombres y nueve mujeres señaladas de ser presuntos vendedores de drogas y extorsionadores de la banda criminal conocida como Los Salazar. Entre los capturados está uno de sus jefes, Diego «N», alias ‘El Flaco’ (por ley se reservan los apellidos).
Este grupo criminal es «afín al cártel de Sinaloa» y las capturas fueron resultado de cuatro meses de investigación, escribió en la red social X el secretario de seguridad mexicano Omar García Harfuch.
Un comunicado de la dependencia detalló que las capturas se realizaron en doce operativos en la ciudad de Querétaro, capital del estado del mismo nombre.
«Se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información», añadió el comunicado.
Estas detenciones se conocen luego de que el pasado jueves la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Querétaro para participar con autoridades locales en un evento público.
El gobierno mexicano ha multiplicado sus operativos contra el narcotráfico en medio de reclamos y amenazas de imponer aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.
Tras dos semanas de protestas indígenas, el gobierno de Brasil anunció este viernes la suspensión del dragado del río Tapajós, en la Amazonía, donde pueblos nativos rechazan la explotación fluvial para la exportación de granos.
Cientos de indígenas acamparon durante días frente a la terminal portuaria del gigante agroindustrial estadounidense Cargill, en el norte brasileño, para llamar la atención del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
«Frente a la movilización de pueblos indígenas y (…) como gesto de negociación», el gobierno suspendió el proceso de contratación de una empresa para las obras de dragado anual del Tapajós, en el estado de Pará, según una nota oficial.
Pueblos amazónicos alertan sobre la expansión portuaria en ríos que consideran vitales para su modo de vida, una queja que ya expresaron en la conferencia climática COP30 de la ONU en noviembre.
Piden la derogación de un decreto firmado por el izquierdista Lula en agosto pasado, que designa los principales ríos de la Amazonía como prioritarios para la navegación de carga y la expansión de puertos privados.
También reclamaban la cancelación de la licitación para dragar el Tapajós, un importante afluente del Amazonas.
Además de suspender ese proceso, el gobierno prometió este viernes una «consulta libre, previa e informada» a las comunidades locales antes de avanzar en obras.
«El gobierno está abriendo nuestros territorios a muchos proyectos (…) para impulsar el agronegocio», dijo esta semana a la AFP la líder indígena Auricelia Arapiuns, por video desde la protesta en la ciudad portuaria amazónica de Santarém.
Los manifestantes llegaron a impedir que los camiones «entren y salgan de la terminal», dijo Cargill en un comunicado enviado a la AFP.
La multinacional estadounidense cuenta con operaciones de logística agrícola en todo Brasil.
Los manifestantes bloquearon la carretera que conduce al aeropuerto internacional de Santarém, punto frecuentado por turistas.
«La infraestructura (para los ríos) que llega no es un espacio para nosotros, y nunca lo será», afirmó esta semana la líder indígena Alessandra Korap, del pueblo mundurukú.
Brasil es el mayor exportador mundial de soja y maíz y, en los últimos años, ha optado por puertos fluviales del norte para abaratar la exportación de granos.
La fiscalía general había señalado el martes «serios riesgos ambientales» para el río Tapajós.
