Internacionales
“Mi jefe me obligó a ir a la oficina y me contagié de COVID”
Según las restricciones de confinamiento en Reino Unido, todo el que pueda trabajar desde casa debe hacerlo. Únicamente deberían ir al sitio de trabajo si este no se puede hacer remotamente.
Para los lugares que permanecen abiertos en Inglaterra, los empleados deben “realizar una evaluación de riesgo de COVID-19 apropiada” para desarrollar una estrategia “específica” para contener la propagación del virus.
Esas son las reglas que, en teoría, los empleadores deben cumplir con medidas estrictas, como minimizar el número de visitas innecesarias a la oficina, la frecuente limpieza del lugar de trabajo y asegurar que el personal observe el distanciamiento social de dos metros siempre que sea posible.
Como verán con los cuatro casos a continuación, esas reglas no siempre se cumplen.
“Irresponsable”
Jane trabaja en la administración de una empresa de cuidados de salud privada en Oxfordshire -al noroeste de Londres-, un empleo que le exige trabajar en la oficina, aún durante la cuarentena.
Sin embargo, desde que se contagió de COVID-19 en el trabajo, antes de Navidad, ha optado por desempeñar sus labores desde casa porque se siente más segura, algo que le está causando problemas con su jefe.
“La oficina es tan pequeña que es imposible guardar la distancia social“, le cuenta a la BBC.
“Mi jefe tampoco siguió los lineamientos cuando me enfermé y no le dijeron a nadie que se aislara. Fue muy irresponsable”.
Jane sostiene que su trabajo, que hace con un computador y un teléfono, puede fácilmente hacerse desde casa. Siente que así está siguiendo las recomendaciones del gobierno.
No obstante, señala que su jefe quiere que regrese a la oficina y no puede negarse a hacerlo por mucho tiempo más. “Tengo una hipoteca que pagar, no puedo arriesgarme a perder mi casa”.
Temor a represalias
Preocupados por que los jefes estén violando las reglas de seguridad contra la COVID, los líderes sindicales en Reino Unido están pidiendo un cumplimiento más estricto de las reglas.
Entre el 6 y 14 de enero, la Health and Safety Executive (HSE) -la autoridad en materia de salud y seguridad en el trabajo- recibió 3,934 quejas relacionadas con el coronavirus y tomó acciones para exigir el cumplimiento en 81 de los casos.
Esa acción por lo general implicó una advertencia verbal o escrita. Y una sola compañía enfrentó medidas más severas.
La vigilancia también puede presentar problemas, pues algunos empleados temen represalias si hacen denuncias.
George indica que trabaja en la oficina de una empresa de construcción donde las reglas de distanciamiento social “son ignoradas o desvirtuadas”. Está en un dilema sobre si presentar una queja.
Él y otros diez colegas cercanos podrían fácilmente cumplir sus labores desde casa -y así lo hicieron durante la primera cuarentena- pero eso ya no es una opción esta vez, aunque la mitad de ellos tiene más de 60 años y dos personas están en la categoría de alto riesgo.
“Recibí una carta genérica diciendo que no podíamos trabajar desde casa, a pesar de que todos lo habíamos hecho antes fácilmente durante seis meses”, le dijo a la BBC.
“Solo hay una manera de reportar esto internamente pero hacerlo te hace candidato a que te den de baja”.
Dice que la situación fuerza a “sopesar entre tener un trabajo durante la pandemia o defender lo que crees que es correcto”.
Sólo el trabajo esencial
La HSE ha realizado 33,000 visitas a lugares de trabajo desde marzo y le aseguró a la BBC que está “incrementando” las inspecciones.
Pero la federación de sindicatos británica TUC quiere que el gobierno le dé más recursos a la HSE.
Unos afirman que nada cambiará si el gobierno no modifica las reglas para asegurar que sólo los que hacen trabajo esencial lo hagan presencialmente.
John (no es su nombre verdadero) es de Gloucester -una ciudad en el occidente de Inglaterra- y forma parte de un pequeño equipo que instala lectores de electricidad para la empresa de energía SSE.
Además, comenta que no se siente seguro haciendo su trabajo, que requiere que entre diariamente a cinco o seis casas ocupadas, durante varias horas a la vez.
Aunque reconoce que su trabajo no puede hacerse desde casa, piensa que las empresas proveedoras de energía sólo deberían estar realizando trabajo esencial de emergencia, como ocurrió durante la primera cuarentena, y no instalar lectores cuyo principal objetivo es mejorar la eficiencia del consumo de energía.
“Todos sabemos que la manera más rápida de propagar el virus es el contacto”, expresó, añadiendo que el personal como él debería estar de licencia.
“Nos han dado mascarillas y guantes, pero los empleados del sistema de salud pública usan equipos de protección personal de calidad superior y siguen muriéndose”.
Una portavoz de SSE dijo que la seguridad y bienestar del personal era su “objetivo principal” y que la empresa estaba abierta discutir las opciones de licencia con los empleados.
“Hemos creado protocolos estrictos para el trabajo desde casa incluyendo la oportunidad tanto para ingenieros o clientes de cancelar las citas, o abortar un trabajo, si no se sienten cómodos”, declaró la portavoz.
Steve, que lleva los últimos tres meses trabajando en una bodega de distribución en Stoke-on-Trent, dice que la indiferencia ante las reglas contra el coronavirus en el sitio de trabajo lo impactó.
Afirmó que el distanciamiento social era “inexistente”, con la gente trabajando “lado a lado”, pero que cuando se quejó, la gerencia no hizo nada.
“Estaban más interesados en despachar los productos”, añade.
No obstante, sintió que no tenía otra opción que trabajar, aun cuando se enteró que alguien en la cafetería de la bodega se había enfermado de COVID.
Internacionales
Narco, apagones, bajo crecimiento: Ecuador en problemas antes de nuevas presidenciales
La peor sequía en seis décadas tiene en jaque a las hidroeléctricas que cubren un 70 % de la demanda, el suministro de agua potable y la producción agrícola. La vida cotidiana es una pesadilla para muchos ecuatorianos.
«Lo que está viviendo el Ecuador es una crisis multidimensional que se expresa en términos económicos, eléctricos y políticos», dijo a la AFP Fernando Carrión, investigador político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito.
La nación de 17 millones de habitantes dejó hace varios años de ser una isla de paz entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de coca. Convertida en centro internacional de operaciones del narcotráfico y el crimen organizado, la tasa de homicidios escaló de seis por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 47 en 2023.
Noboa aplicó una política de mano dura y logró bajarla a 33, pero la sensación de inseguridad persiste. Y el fantasma de las masacres carcelarias regresó, con 17 muertos en el último choque.
El mandatario gobierna desde hace un año sin mayoría en el Congreso y distanciado de su vicepresidenta Verónica Abad, que fungía como embajadora en Israel y a quien el ministerio de Trabajo suspendió por cinco meses por el «abandono injustificado» de sus funciones.
Esa decisión le impedirá reemplazar a Noboa en enero cuando inicie su campaña por la reelección. Abad, que acusa a Noboa de «persecución», regresó a Ecuador el miércoles en «un acto de rebeldía».
«Hay desafíos por todo lado», manifestó el analista político y económico Alberto Acosta Burneo, del consultor Grupo Spurrier.
«Época frustrante»
La economía ecuatoriana, dolarizada y dependiente de la estancada producción petrolera, es otro eslabón en vilo. Antes de los apagones que llevan dos meses continuos, el país ya registraba una «fase muy baja de crecimiento», anotó Acosta Burneo.
Los cortes de luz empezaron en abril y arreciaron en septiembre ante la escasez de lluvias, asociada al cambio climático de acuerdo con la ministra encargada de Energía, Inés Manzano.
El gobierno prevé extenderlos al menos hasta diciembre, a un «costo muy grande» para el país, explicó Acosta Burneo.
Ecuador calculó con anticipación un crecimiento de 0,9% en 2024, contra 2,4% de 2023. El FMI pronosticó apenas 0,3%.
Los apagones dejan pérdidas por 1.440 millones de dólares (1% del PIB), según gremios empresariales que calculan en 12 millones de dólares el costo por cada hora sin luz.
«Es una época muy frustrante», reconoció Noboa, un empresario que se autodefine de centro-izquierda.
La aprobación de Noboa cayó de 85% en enero a 42% en octubre de acuerdo con Perfiles de Opinión. Su mandato de 18 meses termina en mayo de 2025, como reemplazo del derechista Guillermo Lasso (2021-2023).
Sin completar sus cuatro años de mandato, Lasso disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas para evitar un juicio político que buscaba su destitución.
La más reciente encuesta de la empresa Comunicaliza señala que el mandatario ha caído al menos seis puntos en la intención de voto. Aunque sigue en el primer lugar con 27,5%, seguido de la izquierdista Luisa González (26,7%).
«Estas distintas crisis le están golpeando (a Noboa) y probablemente la que más le golpea (…) es la crisis de la energía», aseguró Carrión.
Popularidad golpeada
Tras una arremetida del narco en enero, el gobernante respondió con duras políticas contra una veintena de organizaciones vinculadas a cárteles internacionales.
Declaró al país en conflicto armado interno, desplegó militares en las calles y las cárceles, dio los estatus de «terroristas» y «beligerantes» a las bandas para enfrentarlas sin tregua.
Su estrategia disminuyó los homicidios y aumentó el decomiso de droga a 262 toneladas en lo que va del año, frente a las 219 toneladas de 2023.
Sin embargo, la población «tiene una percepción de inseguridad muy alta, lo cual hace que el presidente pierda apoyos», señaló Carrión.
Noboa admitió que la crisis eléctrica «sí ha afectado» su popularidad.
Los secuestros y extorsiones también desangran al país. «Todo eso hace mella en la legitimidad del presidente y sus aspiraciones» de reelección, consideró Carrión. Bajo el fantasma del magnicidio, algunos candidatos presidenciales denuncian amenazas.
Más de 30 políticos han sido asesinados desde el año pasado, entre ellos el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio (centro), baleado al salir de un mitin en Quito en vísperas de la primera vuelta del 9 de agosto de 2023.
Internacionales
«Artefacto explosivo» estalla cerca de la sede de la autoridad carcelaria de Colombia
La Policía Metropolitana de Bogotá y el departamento local de bomberos «atienden la activación de un artefacto explosivo en inmediaciones del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario)», escribió el miércoles en la red social X el alcalde Carlos Fernando Galán, pasadas las 21H00 locales (02H00 GMT).
«No hay personas heridas y los daños materiales son menores», agregó.
El general José Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró más tarde a medios que el estallido se debió al «lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado en una bolsa».
Técnicos de la institución analizan el material explosivo para determinar su composición, agregó Gualdrón.
Medios locales transmitieron imágenes captadas por una cámara de seguridad en las que se observa a un hombre manipulando un paquete y posteriormente abandonándolo a metros de las instalaciones del INPEC, a las 20H21 locales (01H21 GMT).
En los últimos meses, los ataques armados contra funcionarios penitenciarios en Colombia se han recrudecido.
«Llevamos, desafortunadamente, 22 atentados y 11 funcionarios muertos en el año 2024 (…) Hoy en día los funcionarios penitenciarios del INPEC no están siendo ajenos a los ataques del crimen organizado», aseguró el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, en una rueda de prensa la tarde del miércoles convocada tras el asesinato a un vigilante de la cárcel bogotana de La Picota.
Según Gutiérrez, los ataques se deben a que la autoridad carcelaria lleva a cabo «un trabajo fundamental conteniendo el delito desde las cárceles».
Expertos aseguran que varias organizaciones criminales manejan negocios ilegales como la extorsión desde el interior de las cárceles colombianas.
«¿Alguna duda de que el INPEC y sus trabajadores estamos siendo víctimas del conflicto armado y objetivo militar de los grupos al margen de la ley?», reaccionó el miércoles desde su cuenta de X Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios.
En mayo, el coronel retirado Elmer Fernández, director de la prisión de La Modelo, una de las principales de Colombia, fue asesinado a tiros luego de recibir varias amenazas de muerte.
Colombia, principal productor de cocaína del mundo, está no obstante lejos de la violencia de su vecino Ecuador, donde las cárceles son epicentro de masacres y tiroteos.
En las prisiones ecuatorianas, destino de buena parte de la droga que se produce en el lado colombiano de la frontera, reos han retenido a guardias durante días.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el martes una vacuna contra la mpox de la farmacéutica japonesa KM Bilogics, la segunda en obtener la luz verde de la agencia de la ONU.
La OMS explicó que permitirá el uso de emergencia del inmunizante LC16m8 para «facilitar un mayor y rápido acceso a las vacunas en las comunidades donde se expanden los brotes de mpox».
Esta licencia allana el camino para que las autoridades estatales aprueben e importen rápidamente el fármaco para su distribución.
Esto «marca un paso significativo en nuestra respuesta a la emergencia actual, aportando una nueva opción para proteger a todas las poblaciones, incluidos los niños», dijo Yukiko Nakatani, subdirectora general de la OMS de acceso a medicamentos y productos de salud.
La agencia de la ONU declaró en agosto una emergencia de salud pública de importancia internacional por la mpox tras el aumento de casos del Clado 1b en República Democrática del Congo (RDC), que se extendió a otros países.
Esta y otras cepas de este virus se han detectado en 80 países en lo que va de año, según la OMS.
República Democrática del Congo es de largo el más afectado y donde se han registrado la mayoría de 39.000 casos sospechosos y casi mil muertos.
La OMS subrayó que el anuncio del martes es particularmente importante porque el gobierno japonés se comprometió a donar 3,05 millones de dosis de esta vacuna a RDC.
«Es el mayor paquete de donación anunciado hasta la fecha para la actual emergencia de mpox», afirmó.
Sin embargo, la agencia advirtió que la vacuna no debe usarse durante el embarazo o en personas inmunocomprometidas.
El mpox, antes conocido como viruela del mono, fue detectado por primera vez en humanos en 1970 en la actual RDC (ex Zaire).
Es una enfermedad viral que se transmite del animal al humano, así como por por contacto físico estrecho con una persona infectada por el virus.
Provoca fiebre, dolores musculares y lesiones cutáneas y en algunos casos puede ser mortal.
