Internacionales
“Mi jefe me obligó a ir a la oficina y me contagié de COVID”
Según las restricciones de confinamiento en Reino Unido, todo el que pueda trabajar desde casa debe hacerlo. Únicamente deberían ir al sitio de trabajo si este no se puede hacer remotamente.
Para los lugares que permanecen abiertos en Inglaterra, los empleados deben “realizar una evaluación de riesgo de COVID-19 apropiada” para desarrollar una estrategia “específica” para contener la propagación del virus.
Esas son las reglas que, en teoría, los empleadores deben cumplir con medidas estrictas, como minimizar el número de visitas innecesarias a la oficina, la frecuente limpieza del lugar de trabajo y asegurar que el personal observe el distanciamiento social de dos metros siempre que sea posible.
Como verán con los cuatro casos a continuación, esas reglas no siempre se cumplen.
“Irresponsable”
Jane trabaja en la administración de una empresa de cuidados de salud privada en Oxfordshire -al noroeste de Londres-, un empleo que le exige trabajar en la oficina, aún durante la cuarentena.
Sin embargo, desde que se contagió de COVID-19 en el trabajo, antes de Navidad, ha optado por desempeñar sus labores desde casa porque se siente más segura, algo que le está causando problemas con su jefe.
“La oficina es tan pequeña que es imposible guardar la distancia social“, le cuenta a la BBC.
“Mi jefe tampoco siguió los lineamientos cuando me enfermé y no le dijeron a nadie que se aislara. Fue muy irresponsable”.
Jane sostiene que su trabajo, que hace con un computador y un teléfono, puede fácilmente hacerse desde casa. Siente que así está siguiendo las recomendaciones del gobierno.
No obstante, señala que su jefe quiere que regrese a la oficina y no puede negarse a hacerlo por mucho tiempo más. “Tengo una hipoteca que pagar, no puedo arriesgarme a perder mi casa”.
Temor a represalias
Preocupados por que los jefes estén violando las reglas de seguridad contra la COVID, los líderes sindicales en Reino Unido están pidiendo un cumplimiento más estricto de las reglas.
Entre el 6 y 14 de enero, la Health and Safety Executive (HSE) -la autoridad en materia de salud y seguridad en el trabajo- recibió 3,934 quejas relacionadas con el coronavirus y tomó acciones para exigir el cumplimiento en 81 de los casos.
Esa acción por lo general implicó una advertencia verbal o escrita. Y una sola compañía enfrentó medidas más severas.
La vigilancia también puede presentar problemas, pues algunos empleados temen represalias si hacen denuncias.
George indica que trabaja en la oficina de una empresa de construcción donde las reglas de distanciamiento social “son ignoradas o desvirtuadas”. Está en un dilema sobre si presentar una queja.
Él y otros diez colegas cercanos podrían fácilmente cumplir sus labores desde casa -y así lo hicieron durante la primera cuarentena- pero eso ya no es una opción esta vez, aunque la mitad de ellos tiene más de 60 años y dos personas están en la categoría de alto riesgo.
“Recibí una carta genérica diciendo que no podíamos trabajar desde casa, a pesar de que todos lo habíamos hecho antes fácilmente durante seis meses”, le dijo a la BBC.
“Solo hay una manera de reportar esto internamente pero hacerlo te hace candidato a que te den de baja”.
Dice que la situación fuerza a “sopesar entre tener un trabajo durante la pandemia o defender lo que crees que es correcto”.
Sólo el trabajo esencial
La HSE ha realizado 33,000 visitas a lugares de trabajo desde marzo y le aseguró a la BBC que está “incrementando” las inspecciones.
Pero la federación de sindicatos británica TUC quiere que el gobierno le dé más recursos a la HSE.
Unos afirman que nada cambiará si el gobierno no modifica las reglas para asegurar que sólo los que hacen trabajo esencial lo hagan presencialmente.
John (no es su nombre verdadero) es de Gloucester -una ciudad en el occidente de Inglaterra- y forma parte de un pequeño equipo que instala lectores de electricidad para la empresa de energía SSE.
Además, comenta que no se siente seguro haciendo su trabajo, que requiere que entre diariamente a cinco o seis casas ocupadas, durante varias horas a la vez.
Aunque reconoce que su trabajo no puede hacerse desde casa, piensa que las empresas proveedoras de energía sólo deberían estar realizando trabajo esencial de emergencia, como ocurrió durante la primera cuarentena, y no instalar lectores cuyo principal objetivo es mejorar la eficiencia del consumo de energía.
“Todos sabemos que la manera más rápida de propagar el virus es el contacto”, expresó, añadiendo que el personal como él debería estar de licencia.
“Nos han dado mascarillas y guantes, pero los empleados del sistema de salud pública usan equipos de protección personal de calidad superior y siguen muriéndose”.
Una portavoz de SSE dijo que la seguridad y bienestar del personal era su “objetivo principal” y que la empresa estaba abierta discutir las opciones de licencia con los empleados.
“Hemos creado protocolos estrictos para el trabajo desde casa incluyendo la oportunidad tanto para ingenieros o clientes de cancelar las citas, o abortar un trabajo, si no se sienten cómodos”, declaró la portavoz.
Steve, que lleva los últimos tres meses trabajando en una bodega de distribución en Stoke-on-Trent, dice que la indiferencia ante las reglas contra el coronavirus en el sitio de trabajo lo impactó.
Afirmó que el distanciamiento social era “inexistente”, con la gente trabajando “lado a lado”, pero que cuando se quejó, la gerencia no hizo nada.
“Estaban más interesados en despachar los productos”, añade.
No obstante, sintió que no tenía otra opción que trabajar, aun cuando se enteró que alguien en la cafetería de la bodega se había enfermado de COVID.
La región de Cachemira vuelve a ser escenario de un preocupante repunte de tensiones entre India y Pakistán, tras un atentado que dejó 26 muertos.
Desde que un ataque armado acabó con la vida de 26 hombres en la parte india de Cachemira, la comunidad internacional temía una nueva escalada entre las dos potencias nucleares. Esa preocupación se materializó este miércoles con bombardeos cruzados a lo largo de la Línea de Control, la frontera de facto que divide la región en disputa.
La India anunció haber lanzado la Operación Sindoor, una ofensiva dirigida contra lo que describió como «infraestructuras terroristas en Pakistán», desde donde —según Nueva Delhi— se planearon ataques contra su territorio. En respuesta, el ejército pakistaní denunció bombardeos en al menos tres zonas de su país, incluyendo la ciudad de Muzaffarabad, en la Cachemira administrada por Pakistán, y Bahawalpur, en la región fronteriza de Punyab.
De acuerdo con el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, los ataques causaron al menos tres muertes civiles, entre ellas la de un niño. Corresponsales de la AFP en Cachemira y Punyab reportaron fuertes explosiones en las áreas afectadas, mientras que periodistas del lado indio también escucharon múltiples detonaciones cada vez más cercanas.
El portavoz del ejército pakistaní, teniente general Ahmed Chaudhry, advirtió que su país “responderá en el momento que elija”, mientras que Nueva Delhi acusó a Islamabad de violar el alto al fuego con disparos de artillería en sectores como Bhimber Gali y Poonch-Rajauri.
En medio del incremento de tensiones, las fuerzas armadas indias aseguraron haber respondido de manera “apropiada y calibrada”, destacando que su ofensiva evitó objetivos militares paquistaníes y se centró en grupos vinculados a Lashkar-e-Taiba (LeT), una organización yihadista con base en Pakistán y relacionada con el atentado de Bombay de 2008.
Uno de los blancos del ataque indio fue la mezquita Subhan en Bahawalpur, señalada por inteligencia india como punto de actividad de LeT. “Nuestra acción es específica y busca evitar una escalada. Hemos ejercido considerable moderación”, declaró el gobierno indio, insistiendo en que su objetivo es hacer rendir cuentas a los responsables del atentado del pasado 22 de abril.
La escalada armada coincide con un nuevo frente de confrontación: el recurso hídrico. India amenazó con cortar el suministro de agua de varios ríos que nacen en su territorio y fluyen hacia Pakistán. Incluso anunció la suspensión de su participación en el tratado bilateral de 1960 que regula el uso del agua en la cuenca del río Indo. El primer ministro Narendra Modi afirmó que el flujo de agua “se detendrá” si beneficia a enemigos externos.
Pakistán, por su parte, ha detectado una disminución inusual en el caudal del río Chenab. “Estamos observando cambios que no son naturales”, dijo el ministro de Riego de Punyab, Kazim Pirzada.
La creciente tensión ha generado alarma entre analistas internacionales, que temen una confrontación abierta entre dos naciones con armamento nuclear. En los últimos días, se han registrado intercambios de fuego con armas ligeras entre soldados en la frontera, aunque sin víctimas confirmadas hasta el momento.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su esperanza de que las hostilidades “terminen muy pronto”, mientras Pakistán convocó a su Comité de Seguridad Nacional para analizar la situación.
Internacionales
Opositores venezolanos refugiados en embajada argentina llegan a EE. UU. tras operación de rescate
Caracas — Un grupo de activistas venezolanos, colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, fue evacuado a Estados Unidos desde la embajada argentina en Caracas, donde permanecían refugiados desde el 20 de marzo de 2024. Su entrada al recinto diplomático se produjo en medio de una ola de arrestos ocurrida antes de las elecciones del 28 de julio, en las que el presidente Nicolás Maduro fue declarado ganador para un tercer mandato, entre denuncias de fraude electoral.
Inicialmente, seis personas se resguardaron en la sede diplomática. Sin embargo, en diciembre de 2024, uno de ellos, Fernando Martínez Mottola, se entregó a las autoridades y posteriormente recibió libertad condicional. Martínez Mottola falleció el 26 de febrero de 2025 debido a complicaciones de salud.
Los cinco activistas restantes aguardaban un salvoconducto para abandonar el país, medida que no fue otorgada por el régimen venezolano.
La evacuación fue confirmada por el senador estadounidense Marco Rubio a través de la red social X. “Estados Unidos saluda la exitosa operación de rescate de todos los rehenes del régimen de Maduro en la embajada argentina de Caracas”, expresó. Añadió que, tras una operación precisa, “todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense”, sin ofrecer mayores detalles.
El jefe de la diplomacia estadounidense calificó al gobierno de Maduro como un régimen ilegítimo, acusándolo de socavar las instituciones democráticas, violar los derechos humanos y poner en riesgo la seguridad regional. Rubio agradeció a los actores involucrados en la operación y a los socios internacionales que colaboraron en la liberación de los activistas.
Internacionales
Colombia captura a más de 200 miembros del Clan del Golfo tras intensos operativos de seguridad
El lunes, las autoridades colombianas informaron sobre la captura de más de 200 integrantes del Clan del Golfo, el cartel narcotraficante más grande del país, responsable de implementar un violento «plan pistola» que ha dejado al menos 20 miembros de la fuerza pública muertos.
Desde el 15 de abril, un total de 217 miembros de este grupo armado han sido detenidos en una serie de operativos coordinados, como parte de la respuesta del gobierno ante los ataques perpetrados por el Clan del Golfo, cuyo impacto ha desbordado la seguridad en varias regiones del país. Además, otros 15 narcotraficantes fueron abatidos, y se incautaron 6,8 toneladas de estupefacientes, 123 armas de fuego y más de 15,000 municiones, según el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.
La violencia del Clan del Golfo, un grupo paramilitar que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia, ha escalado en los últimos meses. Desde finales de abril, el presidente Gustavo Petro denunció que el cartel implementó una estrategia de «asesinato sistemático» de miembros de la fuerza pública, una táctica que recuerda a las guerras del narcotraficante Pablo Escobar en los años noventa. En el marco de estos ataques, se ha establecido una recompensa de hasta $3,500 por cada policía muerto.
El Clan del Golfo, que tiene más de 7,500 miembros, se dedica principalmente al tráfico de cocaína y es considerado uno de los carteles más poderosos del país. En 2022, este grupo ya había recurrido a un «plan pistola» como respuesta a la extradición a Estados Unidos de su antiguo líder, alias Otoniel.
El Ministerio de Defensa también informó que, desde el 15 de abril, los ataques de grupos ilegales y rebeldes han cobrado la vida de al menos 18 policías y 17 militares, en lo que se considera el peor pico de violencia que ha vivido Colombia desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016. A pesar de las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y la disidencia de las FARC, las conversaciones no han avanzado, dejando al país en medio de una grave crisis de seguridad.
