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Internacionales

“Mi jefe me obligó a ir a la oficina y me contagié de COVID”

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Según las restricciones de confinamiento en Reino Unido, todo el que pueda trabajar desde casa debe hacerlo. Únicamente deberían ir al sitio de trabajo si este no se puede hacer remotamente.

Para los lugares que permanecen abiertos en Inglaterra, los empleados deben “realizar una evaluación de riesgo de COVID-19 apropiada” para desarrollar una estrategia “específica” para contener la propagación del virus.

Esas son las reglas que, en teoría, los empleadores deben cumplir con medidas estrictas, como minimizar el número de visitas innecesarias a la oficina, la frecuente limpieza del lugar de trabajo y asegurar que el personal observe el distanciamiento social de dos metros siempre que sea posible.

Como verán con los cuatro casos a continuación, esas reglas no siempre se cumplen.

“Irresponsable”

Jane trabaja en la administración de una empresa de cuidados de salud privada en Oxfordshire -al noroeste de Londres-, un empleo que le exige trabajar en la oficina, aún durante la cuarentena.

Sin embargo, desde que se contagió de COVID-19 en el trabajo, antes de Navidad, ha optado por desempeñar sus labores desde casa porque se siente más segura, algo que le está causando problemas con su jefe.

“La oficina es tan pequeña que es imposible guardar la distancia social“, le cuenta a la BBC.

“Mi jefe tampoco siguió los lineamientos cuando me enfermé y no le dijeron a nadie que se aislara. Fue muy irresponsable”.

Jane sostiene que su trabajo, que hace con un computador y un teléfono, puede fácilmente hacerse desde casa. Siente que así está siguiendo las recomendaciones del gobierno.

No obstante, señala que su jefe quiere que regrese a la oficina y no puede negarse a hacerlo por mucho tiempo más. “Tengo una hipoteca que pagar, no puedo arriesgarme a perder mi casa”.

Temor a represalias

Preocupados por que los jefes estén violando las reglas de seguridad contra la COVID, los líderes sindicales en Reino Unido están pidiendo un cumplimiento más estricto de las reglas.

Entre el 6 y 14 de enero, la Health and Safety Executive (HSE) -la autoridad en materia de salud y seguridad en el trabajo- recibió 3,934 quejas relacionadas con el coronavirus y tomó acciones para exigir el cumplimiento en 81 de los casos.

Esa acción por lo general implicó una advertencia verbal o escrita. Y una sola compañía enfrentó medidas más severas.

La vigilancia también puede presentar problemas, pues algunos empleados temen represalias si hacen denuncias.

George indica que trabaja en la oficina de una empresa de construcción donde las reglas de distanciamiento social “son ignoradas o desvirtuadas”. Está en un dilema sobre si presentar una queja.

Él y otros diez colegas cercanos podrían fácilmente cumplir sus labores desde casa -y así lo hicieron durante la primera cuarentena- pero eso ya no es una opción esta vez, aunque la mitad de ellos tiene más de 60 años y dos personas están en la categoría de alto riesgo.

“Recibí una carta genérica diciendo que no podíamos trabajar desde casa, a pesar de que todos lo habíamos hecho antes fácilmente durante seis meses”, le dijo a la BBC.

“Solo hay una manera de reportar esto internamente pero hacerlo te hace candidato a que te den de baja”.

Dice que la situación fuerza a “sopesar entre tener un trabajo durante la pandemia o defender lo que crees que es correcto”.

Sólo el trabajo esencial

La HSE ha realizado 33,000 visitas a lugares de trabajo desde marzo y le aseguró a la BBC que está “incrementando” las inspecciones.

Pero la federación de sindicatos británica TUC quiere que el gobierno le dé más recursos a la HSE.

Unos afirman que nada cambiará si el gobierno no modifica las reglas para asegurar que sólo los que hacen trabajo esencial lo hagan presencialmente.

John (no es su nombre verdadero) es de Gloucester -una ciudad en el occidente de Inglaterra- y forma parte de un pequeño equipo que instala lectores de electricidad para la empresa de energía SSE.

Además, comenta que no se siente seguro haciendo su trabajo, que requiere que entre diariamente a cinco o seis casas ocupadas, durante varias horas a la vez.

Aunque reconoce que su trabajo no puede hacerse desde casa, piensa que las empresas proveedoras de energía sólo deberían estar realizando trabajo esencial de emergencia, como ocurrió durante la primera cuarentena, y no instalar lectores cuyo principal objetivo es mejorar la eficiencia del consumo de energía.

“Todos sabemos que la manera más rápida de propagar el virus es el contacto”, expresó, añadiendo que el personal como él debería estar de licencia.

“Nos han dado mascarillas y guantes, pero los empleados del sistema de salud pública usan equipos de protección personal de calidad superior y siguen muriéndose”.

Una portavoz de SSE dijo que la seguridad y bienestar del personal era su “objetivo principal” y que la empresa estaba abierta discutir las opciones de licencia con los empleados.

“Hemos creado protocolos estrictos para el trabajo desde casa incluyendo la oportunidad tanto para ingenieros o clientes de cancelar las citas, o abortar un trabajo, si no se sienten cómodos”, declaró la portavoz.

Steve, que lleva los últimos tres meses trabajando en una bodega de distribución en Stoke-on-Trent, dice que la indiferencia ante las reglas contra el coronavirus en el sitio de trabajo lo impactó.

Afirmó que el distanciamiento social era “inexistente”, con la gente trabajando “lado a lado”, pero que cuando se quejó, la gerencia no hizo nada.

“Estaban más interesados en despachar los productos”, añade.

No obstante, sintió que no tenía otra opción que trabajar, aun cuando se enteró que alguien en la cafetería de la bodega se había enfermado de COVID.

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Internacionales

Embarazada resulta lesionada en intento de asalto en Ciudad de Guatemala

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Una mujer embarazada de seis meses resultó herida de bala tras un intento de asalto registrado en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El hecho ocurrió en la intersección de la 6ª avenida y 8ª calle, donde sujetos armados habrían interceptado a la víctima con intenciones de robo. La mujer fue identificada como Jimena Vickers, de 31 años, quien se desempeña como visitadora médica.

De acuerdo con versiones preliminares, los atacantes abrieron fuego luego de que Vickers se opusiera al asalto. En el parabrisas del vehículo, del lado del conductor, se observaron al menos tres impactos de bala.

La víctima fue auxiliada por cuerpos de socorro y trasladada a un centro asistencial. Su estado de salud, así como el del bebé que espera, no ha sido detallado por las autoridades.

La PNC inició un operativo en el sector para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas.

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Internacionales

Crisis humanitaria en Gaza deja a niños y madres gravemente afectados por la desnutrición en medio del conflicto

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La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) alertó este viernes que uno de cada cuatro niños entre seis meses y cinco años, así como mujeres embarazadas y lactantes atendidos en sus clínicas en Gaza, presenta signos de desnutrición, en lo que califican como una emergencia sanitaria y humanitaria de alto nivel.

En un comunicado, MSF acusó a las autoridades israelíes de usar deliberadamente el hambre como un arma de guerra. “Los propios pacientes y profesionales de la salud sufren de hambre”, señaló la ONG, que mantiene presencia médica en Ciudad de Gaza.

Caroline Willemen, coordinadora del proyecto de MSF en esa ciudad, aseguró que están recibiendo alrededor de 25 nuevos casos de desnutrición diariamente. Desde el 18 de mayo, los registros se han cuadruplicado y la desnutrición severa en menores de cinco años se ha triplicado.

MSF afirma que esta situación se debe a una “hambruna deliberada”, consecuencia directa del bloqueo impuesto por Israel sobre el enclave palestino. Aunque a finales de mayo se flexibilizó el cerco, las carencias de alimentos, medicinas y productos básicos persisten.

Israel, por su parte, responsabiliza a Hamas de manipular la ayuda humanitaria, acusándolo de apropiarse de suministros para revenderlos a precios desorbitados o de atacar a las personas que esperan recibir alimentos.

La ONG también denunció ataques en los centros de distribución de alimentos gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), respaldada por Israel y Estados Unidos. “Estas distribuciones no son ayuda humanitaria, son crímenes de guerra cometidos a plena luz del día bajo el disfraz de compasión”, afirmó Mohammed Abu Mughaisib, coordinador médico adjunto de MSF en Gaza.

La ONU ha documentado más de 1.000 muertes desde finales de mayo en puntos de ayuda humanitaria, la mayoría cerca de los centros operados por la GHF.

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Internacionales

Ecuador cierra el semestre más violento desde 2011 con más de 4,500 homicidios

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Ecuador cerró el primer semestre de 2025 como el más violento de los últimos 14 años, al registrar 4,557 homicidios, lo que representa un aumento del 45 % respecto al mismo periodo de 2024 y un 22 % más en comparación con los primeros seis meses de 2023, según datos del Ministerio del Interior recopilados por el medio «Primicias».

Del total de muertes violentas, el 89 % (4,069 casos) fue cometido con armas de fuego, incluyendo pistolas, escopetas, ametralladoras y fusiles, lo que evidencia el creciente poder de fuego de los grupos criminales.

Mayo se posicionó como el mes más sangriento desde que se tiene registro, con 915 homicidios, superando incluso los 831 asesinatos ocurridos en octubre de 2023. En promedio, al menos 30 personas fueron asesinadas cada día durante el primer semestre del año. En junio, aunque hubo una leve reducción, se contabilizaron 548 crímenes.

Entre enero y mayo, 70 cantones del país registraron un aumento en muertes violentas respecto al mismo periodo del año anterior. En estos territorios se concentró el 90 % de los homicidios registrados, es decir, un total de 3,578.

Frente a esta escalada de violencia, el gobierno de Daniel Noboa ha decretado estados de excepción en varias provincias —Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos—, en dos cantones de Quito y en el sistema penitenciario nacional. Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes para frenar la criminalidad.

El más reciente estado de excepción, declarado el 12 de abril mediante el Decreto 599, fue parcialmente aprobado ayer por la Corte Constitucional, que consideró inconstitucional aplicar la medida en todos los centros penitenciarios y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay), al no evidenciarse hechos que justifiquen su inclusión.

Además, la Corte rechazó la suspensión del derecho a reunión, las inspecciones y requisas sin orden judicial, así como la intervención directa de las Fuerzas Armadas, al señalar que estas acciones pueden ejecutarse dentro del marco legal ordinario.

Pese a ello, se mantuvieron restricciones como la suspensión del derecho a la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la correspondencia, permitiendo a la fuerza pública realizar allanamientos y revisar mensajes dirigidos a privados de libertad.

El alto índice de homicidios refleja la profunda crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, donde el crimen organizado y las bandas armadas continúan desafiando la capacidad del Estado para contener la violencia.

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