Internacionales
Más de 40 detenidos en una manifestación xenófoba en Costa Rica
Cientos de costarricenses han participado este sábado en una manifestación xenófoba contra inmigrantes nicaragüenses en el centro de San José, la capital del país. Cánticos de odio y agresiones físicas se reportaron en la protesta, que ha acabado con 44 detenidos y el decomiso de cuchillos y bombas caseras, ha informado el Ministerio de Seguridad Pública.
La manifestación se convocó por redes sociales, pero aún no se ha identificado a los organizadores. La turba centró sus acciones en un parque metropolitano conocido como «La Merced», donde suelen reunirse nicaragüenses que han llegado a Costa Rica desde hace años y durante la crisis política que vive Nicaragua desde abril, la cual ha propiciado que al menos de 23.000 de ellos solicitaran refugio en Costa Rica.
«Fuera, nicas«, «asaltantes» y expresiones patrioteras se escucharon en la manifestación. Varios portaban banderas de Costa Rica y vestían con la camiseta de la selección de fútbol. Al final cometieron agresiones físicas aleatorias contra nicaragüenses. La Policía intervino y detuvo a 44 personas, seis de ellas nicaragüenses y el resto costarricenses, ha reportado el ministro de Seguridad, Michael Soto, después de una reunión de emergencia en la Presidencia de la República.
Los policías encontraron 13 armas blancas, un bate de béisbol y ocho bombas caseras conocidas como «molotov». Varios de los detenidos llevaban una esvástica en la ropa o en sus cuerpos, ha informado Soto, que canceló un viaje a Estados Unidos para atender la crisis de este sábado. El ministro ha dicho también que entre los detenidos hay algunos que tienen antecedentes delictivos y miembros de grupos radicales y de «barras bravas» del fútbol.
En los videos registrados de la manifestación se registran también reproches al Gobierno de Carlos Alvarado por su apertura para recibir las peticiones de refugio de cientos de nicaragüenses que dicen ser perseguidos por los grupos afines a Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua. Una ola de nicaragüenses ha entrado desde mayo por puestos oficiales o por pasos informales a este país donde ya residían unos 400.000 compatriotas con estatus legal o indocumentados. Se han activado también expresiones homofóbicas en redes sociales o en flancos políticos y han circulado numerosas noticias falsas que refuerzan esa discriminación, pero nunca algo parecido a la manifestación de este sábado.
«Los detenidos a raíz de estos lamentables hechos de violencia están acusados de provocar daños a las unidades policiales, agresiones contra varias personas y posesión de armas», ha señalado el ministro y ha agregado que la Policía se prepara ante otras convocatorias. Soto ha prometido aplicar la ley sin importar la nacionalidad y ha lamentado el mensaje de los manifestantes. «Los costarricenses no somos así», ha afirmado en la inusual rueda de prensa en la noche de este sábado.
A la manifestación acudió un excandidato a la Presidencia y recibió el apoyo público del asesor de una diputada del Partido Restauración Nacional, la agrupación de base cristiana evangélica que disputó la segunda ronda de las elecciones presidenciales en abril. Su presidente, un diputado llamado Carlos Avendaño, ha repudiado la política migratoria de Alvarado. «Nos está explotando una bomba en la cara y el Gobierno parece no darse cuenta de que lo que ocurre con la ola de inmigrantes es peor que la situación fiscal», dijo Avendaño en alusión al creciente déficit fiscal y el aumento de la deuda pública.
Alvarado asegura que Costa Rica solo sigue la tradición de refugio histórica y la acompaña con el esfuerzo por registrar a la mayor cantidad de inmigrantes. Para atenderlos el país necesitará más ayuda de la comunidad internacional, aunque ya la hay de parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
Al menos más de 20 personas han muerto en Estados Unidos a causa de una intensa tormenta invernal que ha provocado nevadas históricas, temperaturas extremas y graves afectaciones en amplias zonas del país, informaron autoridades y medios locales.
De acuerdo con registros nacionales, la tormenta dejó acumulaciones superiores a los 30 centímetros de nieve a lo largo de una franja de aproximadamente 2,100 kilómetros, que se extiende desde el estado de Arkansas hasta Nueva Inglaterra. En algunas áreas del noreste, los espesores de nieve superaron incluso los 50 centímetros.
Las muertes reportadas están relacionadas principalmente con accidentes de tránsito en carreteras cubiertas de hielo, casos de hipotermia, incidentes durante la limpieza de nieve y fallas en el suministro eléctrico. Cientos de miles de personas quedaron sin energía eléctrica, especialmente en estados del sur y centro del país, donde este tipo de fenómenos no es habitual.
El impacto de la tormenta también se reflejó en la cancelación de miles de vuelos, el cierre de escuelas y la interrupción de servicios públicos. Las autoridades emitieron alertas por frío extremo, con sensaciones térmicas que en algunas zonas descendieron por debajo de los -30 grados Celsius.
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las bajas temperaturas podrían mantenerse durante varios días más y no descartó la posibilidad de nuevas tormentas invernales, por lo que instó a la población a extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Internacionales
Colombia bloquea señal de celulares en cárceles tras denuncia de El Salvador por red de estafas
El Gobierno de Colombia anunció este lunes el bloqueo inmediato de la señal de telefonía celular en al menos tres cárceles del país, tras denuncias de El Salvador sobre redes de extorsión telefónica que operan desde prisiones colombianas y que afectan a ciudadanos en Centroamérica.
El ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga, informó que la medida se aplicará en los centros penitenciarios de Cómbita, en el departamento de Boyacá; Valledupar, en el norte del país, y La Dorada, en el centro-occidente, como parte de una ofensiva contra la extorsión desde prisión.
«No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal y punto», afirmó el funcionario durante un acto oficial en una cárcel de Bogotá, según declaraciones recogidas por medios locales y agencias internacionales.
Las medidas fueron anunciadas luego de que autoridades de El Salvador, incluido su ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, denunciaron el sábado que una red criminal realiza llamadas extorsivas desde la cárcel de Cómbita, utilizando tecnología que simula secuestros, y que afecta a víctimas en varios países de la región.
El Gobierno salvadoreño señaló que la identificación del origen de las llamadas se realizó con apoyo de tecnología del Gobierno de Estados Unidos, lo que permitió ubicar los dispositivos en ese centro penitenciario de máxima seguridad, situado a unos 158 kilómetros de Bogotá.
Idárraga advirtió que la extorsión desde cárceles se ha «naturalizado» en Colombia y calificó de inaceptable que este delito traspase fronteras. «No podemos permitir que este flagelo se expanda a Centroamérica», sostuvo, al tiempo que anunció investigaciones y contactos con autoridades salvadoreñas para verificar la información y establecer responsabilidades.
En Colombia, el uso y tenencia de teléfonos celulares e internet por parte de los reclusos está prohibido por ley, pero las autoridades reconocen que el ingreso ilegal de dispositivos es recurrente, en un sistema penitenciario afectado por problemas estructurales como hacinamiento y corrupción.
Según el Ministerio de Justicia de Colombia, el control tecnológico en los centros de reclusión es una de las principales herramientas para combatir las redes de extorsión , aunque la aplicación del bloqueo de señales ha sido irregular y una parte significativa de las denuncias por este delito continúa originándose en las cárceles de ese país, según las autoridades colombianas.
