Internacionales
Más de 40 detenidos en una manifestación xenófoba en Costa Rica
Cientos de costarricenses han participado este sábado en una manifestación xenófoba contra inmigrantes nicaragüenses en el centro de San José, la capital del país. Cánticos de odio y agresiones físicas se reportaron en la protesta, que ha acabado con 44 detenidos y el decomiso de cuchillos y bombas caseras, ha informado el Ministerio de Seguridad Pública.
La manifestación se convocó por redes sociales, pero aún no se ha identificado a los organizadores. La turba centró sus acciones en un parque metropolitano conocido como «La Merced», donde suelen reunirse nicaragüenses que han llegado a Costa Rica desde hace años y durante la crisis política que vive Nicaragua desde abril, la cual ha propiciado que al menos de 23.000 de ellos solicitaran refugio en Costa Rica.
«Fuera, nicas«, «asaltantes» y expresiones patrioteras se escucharon en la manifestación. Varios portaban banderas de Costa Rica y vestían con la camiseta de la selección de fútbol. Al final cometieron agresiones físicas aleatorias contra nicaragüenses. La Policía intervino y detuvo a 44 personas, seis de ellas nicaragüenses y el resto costarricenses, ha reportado el ministro de Seguridad, Michael Soto, después de una reunión de emergencia en la Presidencia de la República.
Los policías encontraron 13 armas blancas, un bate de béisbol y ocho bombas caseras conocidas como «molotov». Varios de los detenidos llevaban una esvástica en la ropa o en sus cuerpos, ha informado Soto, que canceló un viaje a Estados Unidos para atender la crisis de este sábado. El ministro ha dicho también que entre los detenidos hay algunos que tienen antecedentes delictivos y miembros de grupos radicales y de «barras bravas» del fútbol.
En los videos registrados de la manifestación se registran también reproches al Gobierno de Carlos Alvarado por su apertura para recibir las peticiones de refugio de cientos de nicaragüenses que dicen ser perseguidos por los grupos afines a Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua. Una ola de nicaragüenses ha entrado desde mayo por puestos oficiales o por pasos informales a este país donde ya residían unos 400.000 compatriotas con estatus legal o indocumentados. Se han activado también expresiones homofóbicas en redes sociales o en flancos políticos y han circulado numerosas noticias falsas que refuerzan esa discriminación, pero nunca algo parecido a la manifestación de este sábado.
«Los detenidos a raíz de estos lamentables hechos de violencia están acusados de provocar daños a las unidades policiales, agresiones contra varias personas y posesión de armas», ha señalado el ministro y ha agregado que la Policía se prepara ante otras convocatorias. Soto ha prometido aplicar la ley sin importar la nacionalidad y ha lamentado el mensaje de los manifestantes. «Los costarricenses no somos así», ha afirmado en la inusual rueda de prensa en la noche de este sábado.
A la manifestación acudió un excandidato a la Presidencia y recibió el apoyo público del asesor de una diputada del Partido Restauración Nacional, la agrupación de base cristiana evangélica que disputó la segunda ronda de las elecciones presidenciales en abril. Su presidente, un diputado llamado Carlos Avendaño, ha repudiado la política migratoria de Alvarado. «Nos está explotando una bomba en la cara y el Gobierno parece no darse cuenta de que lo que ocurre con la ola de inmigrantes es peor que la situación fiscal», dijo Avendaño en alusión al creciente déficit fiscal y el aumento de la deuda pública.
Alvarado asegura que Costa Rica solo sigue la tradición de refugio histórica y la acompaña con el esfuerzo por registrar a la mayor cantidad de inmigrantes. Para atenderlos el país necesitará más ayuda de la comunidad internacional, aunque ya la hay de parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
