Internacionales
Más de 40 detenidos en una manifestación xenófoba en Costa Rica
Cientos de costarricenses han participado este sábado en una manifestación xenófoba contra inmigrantes nicaragüenses en el centro de San José, la capital del país. Cánticos de odio y agresiones físicas se reportaron en la protesta, que ha acabado con 44 detenidos y el decomiso de cuchillos y bombas caseras, ha informado el Ministerio de Seguridad Pública.
La manifestación se convocó por redes sociales, pero aún no se ha identificado a los organizadores. La turba centró sus acciones en un parque metropolitano conocido como «La Merced», donde suelen reunirse nicaragüenses que han llegado a Costa Rica desde hace años y durante la crisis política que vive Nicaragua desde abril, la cual ha propiciado que al menos de 23.000 de ellos solicitaran refugio en Costa Rica.
«Fuera, nicas«, «asaltantes» y expresiones patrioteras se escucharon en la manifestación. Varios portaban banderas de Costa Rica y vestían con la camiseta de la selección de fútbol. Al final cometieron agresiones físicas aleatorias contra nicaragüenses. La Policía intervino y detuvo a 44 personas, seis de ellas nicaragüenses y el resto costarricenses, ha reportado el ministro de Seguridad, Michael Soto, después de una reunión de emergencia en la Presidencia de la República.
Los policías encontraron 13 armas blancas, un bate de béisbol y ocho bombas caseras conocidas como «molotov». Varios de los detenidos llevaban una esvástica en la ropa o en sus cuerpos, ha informado Soto, que canceló un viaje a Estados Unidos para atender la crisis de este sábado. El ministro ha dicho también que entre los detenidos hay algunos que tienen antecedentes delictivos y miembros de grupos radicales y de «barras bravas» del fútbol.
En los videos registrados de la manifestación se registran también reproches al Gobierno de Carlos Alvarado por su apertura para recibir las peticiones de refugio de cientos de nicaragüenses que dicen ser perseguidos por los grupos afines a Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua. Una ola de nicaragüenses ha entrado desde mayo por puestos oficiales o por pasos informales a este país donde ya residían unos 400.000 compatriotas con estatus legal o indocumentados. Se han activado también expresiones homofóbicas en redes sociales o en flancos políticos y han circulado numerosas noticias falsas que refuerzan esa discriminación, pero nunca algo parecido a la manifestación de este sábado.
«Los detenidos a raíz de estos lamentables hechos de violencia están acusados de provocar daños a las unidades policiales, agresiones contra varias personas y posesión de armas», ha señalado el ministro y ha agregado que la Policía se prepara ante otras convocatorias. Soto ha prometido aplicar la ley sin importar la nacionalidad y ha lamentado el mensaje de los manifestantes. «Los costarricenses no somos así», ha afirmado en la inusual rueda de prensa en la noche de este sábado.
A la manifestación acudió un excandidato a la Presidencia y recibió el apoyo público del asesor de una diputada del Partido Restauración Nacional, la agrupación de base cristiana evangélica que disputó la segunda ronda de las elecciones presidenciales en abril. Su presidente, un diputado llamado Carlos Avendaño, ha repudiado la política migratoria de Alvarado. «Nos está explotando una bomba en la cara y el Gobierno parece no darse cuenta de que lo que ocurre con la ola de inmigrantes es peor que la situación fiscal», dijo Avendaño en alusión al creciente déficit fiscal y el aumento de la deuda pública.
Alvarado asegura que Costa Rica solo sigue la tradición de refugio histórica y la acompaña con el esfuerzo por registrar a la mayor cantidad de inmigrantes. Para atenderlos el país necesitará más ayuda de la comunidad internacional, aunque ya la hay de parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.
En el atraco, los ladrones utilizaron gas pimienta para hacerse con el dinero alrededor de las 21H30 locales (12H30 GMT) del jueves cerca de la estación de Ueno, una zona muy popular entre los turistas, dijo a la AFP una portavoz de la policía capitalina bajo anonimato.
La vocera se negó a dar más detalles, pero la prensa japonesa asegura que las víctimas fueron cinco ciudadanos chinos y japoneses que intentaban subir a un vehículo las maletas, con unos 420 millones de yenes (2,7 millones de dólares) en su interior.
Aún no está claro por qué el grupo llevaba consigo tal cantidad de dinero.
La cadena Fuji Television informó que las víctimas dijeron a los investigadores que el efectivo iba destinado a casas de cambio.
En otros hechos, un hombre con 190 millones de yenes en efectivo (1,2 millones de dólares) también fue atacado con un espray de gas pimienta por tres hombres en la madrugada del viernes en un estacionamiento del aeropuerto Haneda de Tokio, según los medios.
La policía está investigando la relación entre los dos ataques, reportó la cadena TBS
Un cierre parcial del gobierno de Estados Unidos parece inminente, después de que un proyecto presupuestario fracasara en el Senado en medio de la indignación demócrata por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Donald Trump.
La oposición expresó así su indignación por el asesinato en Mineápolis de dos personas que se manifestaban contra la política migratoria del presidente.
El fracaso en la aprobación de un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal hace casi imposible evitar un cierre parcial a partir del sábado.
De todos modos, los demócratas y la Casa Blanca seguían buscando frenéticamente un acuerdo de última hora.
Sería el segundo cierre o «shutdown» -cuando la financiación de todo o de diferentes áreas del gobierno estadounidense se congela temporalmente- desde que Trump asumió nuevamente la presidencia hace un año.
Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos.
El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está en la picota por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Falta de acuerdo
La situación dejó a los 53 republicanos de la cámara cortos en votos: necesitaban 60 voluntades para que la legislación avanzara hacia su aprobación final.
Ahora Washington se prepara para otro cierre disruptivo de servicios a la medianoche del viernes.
«Lo que está haciendo ICE (…) es brutalidad avalada por el Estado y debe detenerse. Y el Congreso tiene la autoridad -y la obligación moral- de actuar», dijo el líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, antes de la votación.
Una modesta rebelión republicana se unió a los demócratas.
Debido a las normas vigentes en el Senado, se necesitan 60 votos de 100 para aprobar un texto presupuestario, y los republicanos, aunque tengan la mayoría, necesitarían el apoyo de varios miembros de la oposición para poder aspirar a sacar adelante su propuesta de presupuesto. Los números no les alcanzan.
Los demócratas han explicado que están dispuestos a aprobar cinco de los seis apartados del texto, pero quieren separar el último -que concierne al DHS- para debatir las reformas que desean que se implementen.
Dado que la Cámara de Representantes había aprobado los seis apartados en un solo bloque, separar el DHS del texto implicaría de facto una paralización a medianoche del viernes al sábado, ya que la cámara baja tendría que votar de nuevo la versión aprobada por el Senado.
El «shutdown» podría ser de corta duración. En un consejo de ministros el jueves, Trump dijo a la prensa que esperaba que se encontrara un compromiso con la oposición para evitar una parálisis.
Si la financiación caduca, cientos de miles de empleados públicos podrían ser enviados a casa u obligados a trabajar sin paga.
En tanto, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió el jueves «moderación» a las autoridades hacia los manifestantes en Estados Unidos, tras las muertes de dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra redadas en Mineápolis.
