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La historia del “Monstruo de los Andes”: asesinó a 350 niñas
Considerado uno de los peores asesinos en serie de la historia a nivel internacional, Pedro Alonso López atemorizó entre los años 1969 y 1980 a Perú, Ecuador y Colombia. Lo llamaron el ‘Monstruo de los Andes’ por haber abusado, torturado y asesinado a cerca de 350 niñas indígenas de esos países.
Sin embargo, por todos sus crímenes solo fue condenado a 16 años de prisión en Ecuador, de los cuales cumplió 14. Posteriormente fue internado en un centro psiquiátrico por cuatro años en Colombia, donde lo declararon “sano” en 1998 y lo dejaron en libertad.
En 2002, la Interpol pidió su detención por sospecha de un reciente asesinato y desde entonces se encuentra desaparecido. Su madre, Benilda López Castañeda, a quien fue la última que vio por última vez, asegura que todavía está vivo.
Crímenes y modus operandi
El ‘Monstruo de los Andes’ confesó haber violado y asesinado a unas 350 niñas. Los investigadores calculan que en su mayor momento de criminalidad llegó a matar a tres víctimas por semana.
Nacido en el seno de una familia pobre en Colombia, López fue el séptimo de 13 hijos. Su padre falleció en medio de la guerra civil en 1948, mientras que su madre se dedicaba a la prostitución. Estuvo en prisión durante algunos años y gran parte de su vida se vio marcada por los abusos, las drogas y la criminalidad.
En 1971, cuando cumplió 23 años, Pedro Alonso viajó por Colombia, Ecuador y Perú. Encontró en niñas de entre 8 y 13 años a sus víctimas. En la ciudad de Ayacucho asesinó a aproximadamente 100 menores indígenas.
El modus operandi que empleaba era atraerlas con algún regalo y posteriormente abusar sexualmente de ellas mientras las estrangulaba. Según confesó a los investigadores, el ‘Monstruo de los Andes’ tenía como objetivo las niñas de poblaciones menos favorecidas debido a que era más fácil burlar a las autoridades y a sus padres.
“A menudo seguí a familias de turistas con el deseo de llevarme a sus hermosas hijas rubias. Pero nunca tuve la oportunidad. Sus padres vigilaban demasiado”, declaró en una oportunidad.
Su sangriento legado en Ayacucho culminó luego de que un grupo de pobladores lo siguieran y lo descubrieran a punto de llevarse a una menor. López fue atado y enterrado vivo como castigo. Sin embargo, una misionera estadounidense lo encontró y lo liberó con la promesa de entregarlo a las autoridades.
Ruta en Ecuador y Colombia
Según el documental plasmado en Biography Channel, López fue entregado en manos de las autoridades peruanas, pero pasó a ser deportado al país vecino Ecuador. Entre los años 1978 y 1980, el número de desapariciones de niñas en dicha nación y también en Colombia fue en aumento.
La Policía atribuyó este incremento a la trata de personas y la esclavitud sexual de la época. Sin embargo, tras una inundación en la municipalidad ecuatoriana de Ambato —que provocó la desaparición de cientos de personas— se descubrió los cadáveres enterrados de cuatro niñas que habían sido violadas y estranguladas.
La forma en cómo habían sido asesinadas correspondía al modus operandi del ‘Monstruo de los Andes’. Esto llevó a la Policía a sospechar nuevamente de Pedro Alonso López.
Días después de este suceso, el asesino en serie fue capturado cuando intentaba secuestrar a una menor de 12 años en un supermercado. Durante su detención en la comisaría, el padre Córdoba Gudino logró sacarle confesiones crudas sobre sus atroces actos.
“Me ha confesado actos tan horribles, bestiales y violentos que no podía seguir escuchándole”, declaró el padre, suscribe La Vanguardia.
Infancia cruda
Dentro de estas descripciones, Pedro López intentó justificar sus agresiones por la dura vida que llevó cuando niño. “Perdí mi inocencia a la edad de ocho años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera”, atribuyó.
Según el asesino confeso, Benilda, su madre, ejercía la prostitución en su propia casa, por lo que era inevitable no presenciar las escenas sexuales con sus clientes. Además, ella habría sido una mujer dominante y maltratadora, de acuerdo con versiones de sus vecinos.
No obstante, Pedro fue echado de su casa a los 8 años, cuando Benilda lo encontró intentado abusar de su hermana menor. Antes, cuenta él, le quemó los pies con una vela.
Las calles de Bogotá resultaron un infierno para él. Un hombre aparentemente caritativo se le acercó para brindarle hogar y alimento, pero terminó sodomisándolo más de una vez y abandonándolo.
Más adelante, Pedro encontró adicciones por las drogas hasta que fue adoptado por una pareja estadounidense. Todo parecía estar bien, pero nuevamente regresó a las calles a los 12 años, tras presuntamente escapar de un abuso sexual por parte de un profesor.
Los siguientes años de su vida, López los dedicó al robo y a delitos menores que lo llevaban constantemente a detenciones con la Policía. Ya de adulto se convirtió en un hábil ladrón de autos. Pese a ello fue a parar a la cárcel en 1969, cuando cumplió 21 años.
Placer de matar
Una vez en prisión, Pedro volvió a recordar los fantasmas del pasado. Unos reclusos lo sometieron y abusaron sexualmente de él. Sin embargo, esta vez no dejó el asunto en nada y buscó un cuchillo para degollarlos. Comenzaba en su vida una nueva etapa para su historia criminal.
Edwin Olaya, psicólogo y perfilador criminal, indica que los eventos de abuso, sumados a su posible psicopatía, habrían despertado en Pedro Alonso “una compulsión por el homicidio. La muerte se convirtió en el medio para satisfacer muchos de los deseos violentos que se remontan a su niñez”.
Cuando salió en libertad se mudó a Ayacucho, en Perú, e inició su vida como asesino serial de niñas. En entrevistas posteriores testificó que buscaba a menores “con los ojos más inocentes” y que siempre cometía sus delitos a la luz del día para poder observarlas.
“Su placer máximo era el momento en el que ponía sus manos sobre el cuello de la niña y veía como poco a poco se iba apagando”, relata Olaya.
Los expertos en psicología forense explican que el perfil del ‘Monstruo de los Andes’ es el de un sociópata. No muestra remordimiento por su actos y carece de empatía.
Asimismo, señalan que está marcado fuertemente por sus experiencias vividas de niño y se encuentra en una constante persecución por destruir al otro como método para auto conservarse. También refleja una marcada repulsión hacia las mujeres y el deseo de violentarlas, lo cual lo ha llevado a crear un “mundo feliz a través de la fantasía por medio del placer sexual obtenido a través del maltrato”.
Con paradero desconocido
Una vez que Pedro Alonso López fue capturado en Ambato, en 1980, se le condenó por 16 años, la pena máxima en Ecuador en ese entonces. Solo cumplió 14 del total y fue liberado pese a las protestas que hubo.
El asesino fue deportado después a su país de origen, Colombia, donde se le declaró inimputable por sus actos. Ahí fue internado en un centro de psiquiatría por cuatro años. Salió bajo fianza en 1998, con la obligación de seguir un tratamiento psicológico y presentarse ante la justicia una vez al mes.
No obstante, esto jamás ocurrió. Ese mismo año, el ‘Monstruo de los Andes’ desapareció para siempre no sin antes visitar a su madre Benilda y robarle dinero.
En 2002, la Interpol emitió una orden de captura contra López debido al asesinato de una menor con técnicas empleadas similares al modus operandi del asesino. Al día de hoy se desconoce si sigue o no con vida.
La justicia estadounidense condenó este miércoles a cadena perpetua al hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump en su campo de golf en Florida en 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales ganadas por el republicano.
En septiembre, un jurado lo había declarado culpable de cinco cargos, entre ellos el de intento de asesinato de un candidato presidencial. Al oír el veredicto, el acusado intentó entonces apuñalarse con un bolígrafo, pero unos guardias se lo impidieron.
La jueza Aileen Cannon siguió este miércoles la petición de la fiscalía y le aplicó a Routh el mayor castigo posible «para proteger a la gente de futuros delitos cometidos por él».
Routh también fue declarado culpable de posesión ilegal de un arma debido a sus antecedentes penales, posesión de un arma con el número de serie borrado, posesión de un arma de fuego con el fin de cometer un delito violento y agresión a un agente federal.
El 15 de septiembre de 2024, un agente del Servicio Secreto estadounidense -encargado de proteger a las altas figuras políticas del país- vio el cañón de un rifle asomando entre arbustos del campo de golf de West Palm Beach, donde Trump estaba jugando una partida.
El agente abrió fuego y Routh, que huyó en un vehículo, fue detenido poco después por la policía.
La policía encontró un rifle semiautomático cargado, equipado con una mira telescópica y un cargador con munición adicional en el lugar de los hechos.
«Un cascarón vacío»
Tras permanecer en silencio, con el ceño fruncido y sin mostrar ninguna emoción aparente durante la audiencia, Routh tomó la palabra. Se colocó unas gruesas gafas negras y comenzó a leer un discurso de 20 páginas que traía preparado.
«Mi sentencia es totalmente insignificante. Ante ustedes no hay nada; no soy más que un cascarón vacío», declaró, antes de definirse como una buena persona, trabajadora y entregada a su país.
La jueza Cannon lo interrumpió varias veces y le pidió que acortara un discurso que consideró irrelevante para el caso. Routh llegó a decir, por ejemplo, que cambiaría su vida por la de palestinos víctimas del conflicto con Israel.
El condenado volvió a mostrar su fijación por la invasión rusa de Ucrania, adonde había viajado para unirse a voluntarios extranjeros, y lamentó la pasividad del mundo ante esa guerra.
Frente a él, el fiscal John Shipley trató de desmontar la imagen de buen ciudadano defendida por Routh y su abogado, Martin Roth.
«Intentó llevar a cabo una matanza a sangre fría», con el «objetivo de subvertir la democracia estadounidense» matando al entonces candidato republicano y actual presidente, Donald Trump, dijo Shipley.
Internacionales
Un documental de Netflix repasa el caso de Lucy Letby, enfermera británica condenada por matar a bebés
«La investigación sobre Lucy Letby» suscitó la indignación de los padres de la enfermera de 36 años, que además de los 7 homicidios fue acusada de otros siete intentos, todos entre 2015 y 2016.
En un comunicado publicado el sábado en el sitio web del Sunday Times, John y Susan Letby calificaron la película como una «violación total de la vida privada», subrayando la constante presión mediática a la que se han visto sometidas estos años.
La queja de los padres de la enfermera se debe a las imágenes inéditas de la detención de su hija en su domicilio, grabadas por un policía.
La película se abre con esa escena, mostrando a la joven en su cama, en pijama, confundida, casi aturdida.
Letby es esposada, en bata, y es trasladada en auto a la comisaría.
«No mires mamá, vuelve (a casa)», le dice la joven a su madre, cuyos sollozos se escuchan.
Este documental de una hora y medios busca ofrecer al público las versiones de ambas partes.
— «¿La persona equivocada?» —
Letby fue condenada en agosto de 2023 a cadena perpetua sin posibilidad de reducción de pena, un castigo poco frecuente, tras ser declarada culpable de haber matado a siete recién nacidos inyectándoles aire por vía intravenosa o utilizando sus sondas nasogástricas para introducir aire o una sobredosis de leche en sus estómagos.
La enfermera también fue declarada culpable de intento de asesinato de otros siete bebés en su unidad de cuidados intensivos del hospital Countess of Chester, en el noroeste de Inglaterra.
Letby siempre ha defendido su inocencia, pero la justicia británica le ha negado en dos ocasiones la posibilidad de apelar.
El caso está siendo examinado actualmente por la Comisión de Revisión de Casos Penales (CCRC), un organismo independiente que se ocupa de posibles errores judiciales.
Por otra parte, las causas de la muerte de seis bebés serán examinadas a partir del 5 de mayo por un forense, cuyas conclusiones pueden ser transmitidas a la fiscalía.
En el séptimo caso, la investigación no permitió determinar si la muerte del bebé fue natural o no.
El documental también incluye imágenes inéditas extraídas de los vídeos de los interrogatorios de Lucy Letby, así como el testimonio de la madre de una de las víctimas.
El reportaje destaca elementos inquietantes, como cuando Lucy Letby responde «sin comentarios» a las preguntas de los policías, o muestra extractos de su diario íntimo en los que las fechas que coinciden con la muerte de los bebés están marcadas con un asterisco.
Por el contrario, la película incluye el testimonio del médico canadiense Shoo Lee, quien cuestionó los peritajes presentados en el juicio y afirma estar convencido de la inocencia de Lucy Letby.
El documental concluye con el testimonio del doctor John Gibbs, expediatra del hospital donde trabajó la joven.
«Vivo con dos culpas. Una es haber fallado a los bebés. La otra es ¿hemos detenido a la persona equivocada?. No creo que haya habido un error judicial, pero nos preocupa que nadie la haya visto cometer esos actos», declaró Gibbs.
Entrevistado el miércoles en la radio LBC News, el ministro británico de Salud, Wes Streeting, afirmó «seguir confiando en las decisiones de los tribunales», salvo que sean invalidadas por la propia justicia.
Tal como anunció días previos al inicio de su mandato al frente del Ejecutivo, Nasry Asfura, envío la propuesta de ley al Órgano Legislativo, para implementar una reforma en el sistema de salud hondureño, el cual padece de una deuda en cirugías en el sistema público de aproximadamente de 13,000 a 15,000 pacientes en espera, según medios hondureños.
La legislación, denominada «Ley de Medidas Excepcionales Para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población» entró el pasado lunes a debate por los diputados, en su mayoría del oficialista Partido Nacional. La misma noche fue aprobada (sin especificar en el pleno con cuantos votos a favor) por el Legislativo.
La «ley tiene como objetivo primordial poner fin a la mora quirúrgica, garantizar que cada hospital esté abastecido y que cada hondureño tenga un trato digno y justo en el sistema de salud pública», afirmó el Congreso Nacional de Honduras en su cuenta de X.
Por su parte, el jefe de bancada del opositor Partido Liberal, Jorge Cálix, enfatizó que como instituto político «reconocemos que existe una emergencia en el sistema de salud. Hay personas que se han muerto engusanados, literalmente engusanados, esperando ser atendidos en los hospitales públicos de Honduras. Esa es una realidad que no vamos a desconocer».
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, aseguró que tras la discusión con todas las bancadas se recogieron observaciones para dicha ley.
El artículo 1 de la referida ley decreta «estado de emergencia en el sector salud a nivel nacional, ante la precariedad de atención integral de la salud de la población en general»; la misma tendrá una vigencia de un año, la cual podrá prorrogarse por el Órgano Legislativo a petición del Ejecutivo, especifica la misma.
Para poder saldar la deuda en el retraso de las cirugías de los hondureños, el recién aprobado decreto establece en su artículo 3 que se pueden suscribir convenios o contratos con instituciones tanto públicas, como privadas, así como ONG, cooperantes nacionales o extranjeros. El Gobierno ha dicho que esto no significa que se esté privatizando el sistema de salud.
Así también, la nueva ley detalla en su artículo 3 que es posible la contratación directa o vía procedimiento especial —especificado en el artículo 4 de dicha legislación— de bienes, servicios, suministros, alquiler de bienes y adquisición de consultorías necesarias para «afrontar la crisis en el sistema de salud pública».
Otro aspecto que se busca subsanar en el sistema de salud público es el abastecimiento de medicamentos, mediante «un proceso directo y simplificado en base a la necesidad»; también se ampliarán las jornadas laborales, sin interferir los horarios ya establecidos; se contratará personal asistencial y administrativo «de preferencia especializado» que sea requerido.
La «Ley de Medidas Excepcionales Para la Atención Prioritaria en Materia de Salud de la Población» aún no ha sido sancionada por el presidente Nasry Asfura, por lo que queda pendiente su publicación en el diario «La Gaceta» (Diario Oficial) para que la misma entre en vigencia.
