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Kellogg’s se va de Venezuela después de más de medio siglo, Maduro ordena tomarla
Después más de 50 años en Venezuela, Alimentos Kellogg’s cerró operaciones en el país este martes. Una comunicación pegada en la puerta de la planta ubicada en la ciudad de Maracay, en el centro del país, en la que indica que se ha visto forzada a cesar sus operaciones en el país, explicaba a los trabajadores que su liquidación y todos los compromisos laborales habían sido honrados en la quincena que cobraron hoy. La medida tomó por sorpresa a los 400 empleados que amanecieron en las instalaciones donde se fabricaba el icónico cereal Corn Flakes, y encontraron las puertas cerradas.
Kellogg’s, una marca estadounidense con un siglo de presencia en casi todo el mundo, se suma a los cientos de miles de empresas que han cerrado en Venezuela en los últimos años. La empresa ya había reducido su producción y algunas marcas ya habían desaparecido.
“El deterioro de la situación económica y social en el país ha obligado a que la compañía detenga sus operaciones y salga”, explican en otro comunicado en el que aclaran que queda suspendida la distribución y comercialización de sus productos en todo el país.
Los directivos de la empresa no han acudido a la empresa. Sin embargo, funcionarios del gobierno tomaron las instalaciones de la planta de cereales al mediodía del martes. Se repite la situación de otras multinacionales como la estadounidense Kimberly&Clark, empresa de productos de cuidado personal que cerró operaciones en el país en 2016 y su fábrica fue confiscada por el gobierno, que ahora está sometido a otra demanda ante el CIADI por esta expropiación. Lo mismo sucedió con Clorox, intervenida por el gobierno de Nicolás Maduro en 2014 para mantener los puestos de trabajo, cuya producción ha venido en picada.
Juan Torrealba, que trabajaba en la línea que a diario -si no había cortes de luz ni otro inconveniente- producía 14 toneladas de Corn Flakes, teme que pase lo mismo con esta. “Uno quisiera ser optimista, pero con la experiencia que uno ha visto con otras empresas tomadas por el gobierno es muy difícil serlo”, contó aún sorprendido por la medida tomada de la empresa.
En 15 años, cerca de 500.000 negocios han bajado las rejas en el país sudamericano. El último año se ha agravado la profunda crisis económica por la entrada de la hiperinflación y la imposibilidad de acceder divisas por parte el sector industrial. Los constantes incrementos salarios que ha decretado al gobierno también han llevado a números rojos al sector, al que se le hace inviable costear los aumentos. Desde 2015 se han perdido 3 millones de puestos de trabajo por el cierre de empresas o la reducción de su operatividad, de acuerdo con datos de Coindustria.
La contracción de la industria, en particular la de alimentos que ronda el 70%, que ha provocada por el control de cambio y de precios impuesto por el gobierno hace 15 años, ha acentuado la escasez de comida en los supermercados, donde a diario la gente hace filas para poder acceder, y de forma limitada, a los pocos productos que llegan a los establecimientos. El gobierno venezolano tiene casi 300 empresas de alimentos, entre tomadas y estatales, controla toda la cadena de producción, distribución y venta de estos productos y no ha podido frenar el desabastecimiento
La semana pasada en la Asamblea Anual de Fedeagro, el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, Juvenal Arveláez, advirtió que la falta de liquidación de divisas para el sector ha comprometido la relación con los proveedores internacionales de materia prima para el procesamiento de alimentos. “La gente está pasando hambre”, dijo el empresario.
El mes pasado el representante de Fedeagro, Aquiles Hopkins, también había advertido que el panorama para el país es oscuro en materia de seguridad alimentaria. Este año, el campo venezolano solo podrá producir 25% de la demanda del país, pues no recibieron a tiempo los insumos para la siembra, cuya venta está monopolizada por el gobierno, y en el mercado negro son excesivamente costosos para los productores agropecuarios nacionales.
Un hombre de 41 años fue detenido por las autoridades tras haberle propinado cerca de 30 puñaladas a su expareja en una pizzería de la ciudad de Buenos Aires y haber intentado suicidarse.
El violento incidente, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento –donde trabaja la víctima–, ocurrió aproximadamente a las 08:45 hora local del 18 de noviembre.
Inicialmente, el agresor inició una discusión desde la calle, pero casi de inmediato ingresó al lugar, saltó el mostrador, interceptó a la mujer mientras ella intentaba huir y procedió a atacarla con un arma blanca hasta que consiguió lanzarla contra el piso.
Sus compañeros de trabajo intentaron auxiliarla lanzándole objetos a su perpetrador, pero esto no hizo que se detuviera. El ataque se frenó cuando uno de ellos lo amenazó con golpearlo con una barra de hierro y esa acción fue clave para que ella pudiera escapar.
El atacante, identificado como Sergio Sarria, no fue tras su expareja sino que se quedó dentro del restaurante hasta que llegó la Policía con intención de detenerlo. Al verse rodeado, gritó: «Mi hija no me quiere, me voy a matar» y se clavó un cuchillo en el cuello en dos oportunidades.
Tanto él como la mujer atacada fueron trasladados a un hospital.
La salida con amigas la noche del domingo terminó en una fatídica tragedia para Amanda dos Santos Barbosa, que decidió aprovechar el viaje en vehículo de una discoteca hacia otra para postear en sus ‘stories’ una impactante narración gráfica del trayecto por las calles de la ciudad brasileña de João Pessoa, en el estado de Paraíba.
La joven, de 24 años, sentada en el asiento trasero, se entusiasmó tanto con las selfis y la grabación de los videos que se asomó por la ventanilla para captar las mejores vistas y perdió el equilibrio mientras el auto estaba en marcha. Al caerse del carro en la carretera, ya en la madrugada del lunes, fue casi enseguida atropellada por otro auto, que acababa de girar desde la calle aledaña, y murió.
Advertencia: las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad
Amanda dos Santos Barbosa, de 24 anos, morreu após cair de um carro em movimento e ser atropelada na madrugada de segunda-feira (18) no bairro dos Bancários, em João Pessoa.
➡️https://t.co/l5MRR8pCLW pic.twitter.com/IQO8cZPsiB
— Jornal O Sul (@OSul_noticias) November 20, 2024
El yerno del líder del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue detenido en Estados Unidos, tras fingir su propia muerte, informó este jueves el Departamento de Justicia.
Según documentos judiciales estadounidenses, «Cristian Fernando Gutiérrez-Ochoa, de 37 años, comenzó a trabajar para el CJNG, uno de los cárteles de drogas más violentos de México, en torno a 2014».
Coordinó personalmente en México el transporte y la distribución de unos 40.000 kilos de metanfetamina y aproximadamente 2.000 kilos de cocaína, destinados a Estados Unidos, donde vivía en la opulencia.
Gutiérrez-Ochoa supuestamente promovió las actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero del CJNG, señaló el comunicado.
En 2021 secuestró presuntamente a dos miembros de la Armada de México en un intento por obtener la liberación de la esposa de su suegro, Nemesio Oseguera Cervantes alias ‘El Mencho’, que había sido arrestada por las autoridades de ese país.
Tras ser procurado en México, Gutierrez-Ochoa huyó a Estados Unidos, asumió una identidad ficticia y pasó a residir en una lujosa residencia en Riverside (California, oeste) comprada con fondos del lavado de dinero del CJNG».
Según la justicia estadounidense, «El Mencho» pudo haberle ayudado en su plan para fingir su propia muerte diciendo a sus socios que él lo asesinó por mentiroso.
Esto le ayudó a infiltrarse en Estados Unidos para estar con la hija de «El Mencho».
El Cártel de Jalisco «está más débil debido al arresto de un líder que supuestamente simuló su propia muerte y asumió una identidad falsa para evadir la justicia y vivir una vida de lujo en California», dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco, citada en un comunicado.
Este cártel ha desatado una violencia sin precedentes en México y ayuda a alimentar la mortal crisis de drogas en Estados Unidos, según la agencia antidrogas estadounidense (DEA).
Gutiérrez-Ochoa se expone a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.
