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Jueza que Trump nombrará al Supremo favorece carga pública a migrantes y rechaza el aborto
La jueza Amy Coney Barrett, a quien el presidente, Donald Trump, planea nominar este sábado a la Corte Suprema, goza del respaldo del movimiento conservador, y es una de las preferidas de los evangélicos y los activistas antiaborto para ocupar el cargo que quedó vacante tras la muertede la magistrada Ruth Bader Ginsburg hace una semana.
Barrett, de 48 años, es jueza de un tribunal de apelaciones federal y ha sido conservadora en temas como el aborto y el papel del Gobierno en la salud. En caso de ser confirmada sería la magistrada más joven en la Corte Suprema, donde los cargos son vitalicios. Su presencia consolidaría una sólida mayoría conservadora de seis votos frente a tres de magistrados progresistas.
Antes de unirse a la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, Barrett trabajó brevemente como abogada y luego enseñó durante 15 años en la facultad de derecho de Notre Dame, de donde es egresada.
Trump la nominó a su actual puesto hace tres años; de ser designada y confirmada por el Senado, sería la magistrada con menos experiencia en una corte.
“Es la combinación perfecta de una jurista brillante y de una mujer que lleva a la corte un argumento que es potencialmente contrario a las opiniones de las juezas que actualmente ejercen”, declaró al diario The New York Times Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony List, una organización antiaborto.
El derecho al aborto
Las opiniones de Barrett, una católica devota miembro de varios grupos antiaborto, y su filosofía jurídica respecto al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, han atraído mucha atención y tienen el potencial de llevar al país a un debate nacional altamente polarizado.
En 1973, la decisión de la Corte Suprema en el caso de Roe vs. Wade legalizó el aborto en el país. Desde entonces, ha habido muchos desafíos a la sentencia en las cortes, pero esta ha prevalecido, sentando un importante precedente.
Durante su audiencia de confirmación en 2017, Barrett dijo que no desafiará la decisión desde una corte de apelaciones: “No tendría interés como jueza de una corte de apelaciones en desafiar ese precedente. Sería vinculante”.
Sin embargo, como profesora de derecho, Barrett escribió en 2013 en la revista Texas Law Review un artículo en el que estaba de acuerdo en que un precedente no podía estar por encima de la interpretación de la Constitución.
“El deber de un magistrado [de la Corte Suprema] es hacia la Constitución y por ende es más legítimo aplicarla según su mejor entendimiento que un precedente que claramente cree que está en conflicto con esta”, escribió Barrett.
Como jueza de apelaciones Barrett se mostró a favor de restringir el acceso de las mujeres al aborto legal.
Durante una conferencia en la Universidad de Jacksonville en 2016, reporta el New York Times, la jueza Barrett dijo que Roe v. Wade establecía el derecho al aborto de las mujeres y que no era probable que eso cambiara, aunque sí podría cambiar la manera en que los estados restringen el acceso a ese derecho.
“Creo que la cuestión de si la gente puede tener abortos a muy largo plazo, ya saben, cuántas restricciones se pueden poner en las clínicas, creo que eso cambiaría”, señaló.
En 2018, defendió una decisión judicial en Indiana que prohibía los abortos que se basaban exclusivamente en el sexo o la discapacidad en un feto. Una corte de apelaciones dictaminó que esa ley estaba en conflicto con el precedente de la Corte Suprema.
El año pasado, Barrett siguió el precedente de la Corte Suprema y defendió una ley en Chicago que protege a las mujeres que ingresan a las clínicas de aborto de interacciones no deseadas con manifestantes y consejeros.
Con una posible nominación de Barrett, los votantes evangélicos confían que tendrán mayores posibilidades de revocar el caso Roe vs Wade y así terminar con el aborto legal en el país.
Inmigración
Barrett votó a favor de mantener la regla de carga pública de la Administración Trump, que permite denegar la residencia permanente a los solicitantes a los que el Gobierno considera que pueden depender de prestaciones públicas, como cupones de alimentos o ayudas para vivienda.
El Séptimo Circuito bloqueó la capacidad de la Administración para hacer cumplir su interpretación de la regla de carga pública en Illinois. Barrett escribió que la definición del Departamento de Seguridad Nacional no es “poco razonable”, especialmente considerando que “el texto del estatuto actual fue enmendado en 1996 para aumentar la determinación de la carga pública”.
Armas
También en el Séptimo Circuito, Barrett alegó que la Segunda Enmienda no prohíbe necesariamente poseer un arma a los condenados por delitos graves. También declaró una ley de Wisconsin que prohíbe tener armas a cualquier persona condenada por un delito grave, incluso si no ha sido condenada por un delito violento, como inconstitucional.
“Los cuerpos legislativos tienen el poder de prohibir que las personas peligrosas posean armas. Pero ese poder se extiende sólo a las personas que sean peligrosas”, escribió Barrett.
Internacionales
Narco, apagones, bajo crecimiento: Ecuador en problemas antes de nuevas presidenciales
La peor sequía en seis décadas tiene en jaque a las hidroeléctricas que cubren un 70 % de la demanda, el suministro de agua potable y la producción agrícola. La vida cotidiana es una pesadilla para muchos ecuatorianos.
«Lo que está viviendo el Ecuador es una crisis multidimensional que se expresa en términos económicos, eléctricos y políticos», dijo a la AFP Fernando Carrión, investigador político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito.
La nación de 17 millones de habitantes dejó hace varios años de ser una isla de paz entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de coca. Convertida en centro internacional de operaciones del narcotráfico y el crimen organizado, la tasa de homicidios escaló de seis por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 47 en 2023.
Noboa aplicó una política de mano dura y logró bajarla a 33, pero la sensación de inseguridad persiste. Y el fantasma de las masacres carcelarias regresó, con 17 muertos en el último choque.
El mandatario gobierna desde hace un año sin mayoría en el Congreso y distanciado de su vicepresidenta Verónica Abad, que fungía como embajadora en Israel y a quien el ministerio de Trabajo suspendió por cinco meses por el «abandono injustificado» de sus funciones.
Esa decisión le impedirá reemplazar a Noboa en enero cuando inicie su campaña por la reelección. Abad, que acusa a Noboa de «persecución», regresó a Ecuador el miércoles en «un acto de rebeldía».
«Hay desafíos por todo lado», manifestó el analista político y económico Alberto Acosta Burneo, del consultor Grupo Spurrier.
«Época frustrante»
La economía ecuatoriana, dolarizada y dependiente de la estancada producción petrolera, es otro eslabón en vilo. Antes de los apagones que llevan dos meses continuos, el país ya registraba una «fase muy baja de crecimiento», anotó Acosta Burneo.
Los cortes de luz empezaron en abril y arreciaron en septiembre ante la escasez de lluvias, asociada al cambio climático de acuerdo con la ministra encargada de Energía, Inés Manzano.
El gobierno prevé extenderlos al menos hasta diciembre, a un «costo muy grande» para el país, explicó Acosta Burneo.
Ecuador calculó con anticipación un crecimiento de 0,9% en 2024, contra 2,4% de 2023. El FMI pronosticó apenas 0,3%.
Los apagones dejan pérdidas por 1.440 millones de dólares (1% del PIB), según gremios empresariales que calculan en 12 millones de dólares el costo por cada hora sin luz.
«Es una época muy frustrante», reconoció Noboa, un empresario que se autodefine de centro-izquierda.
La aprobación de Noboa cayó de 85% en enero a 42% en octubre de acuerdo con Perfiles de Opinión. Su mandato de 18 meses termina en mayo de 2025, como reemplazo del derechista Guillermo Lasso (2021-2023).
Sin completar sus cuatro años de mandato, Lasso disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas para evitar un juicio político que buscaba su destitución.
La más reciente encuesta de la empresa Comunicaliza señala que el mandatario ha caído al menos seis puntos en la intención de voto. Aunque sigue en el primer lugar con 27,5%, seguido de la izquierdista Luisa González (26,7%).
«Estas distintas crisis le están golpeando (a Noboa) y probablemente la que más le golpea (…) es la crisis de la energía», aseguró Carrión.
Popularidad golpeada
Tras una arremetida del narco en enero, el gobernante respondió con duras políticas contra una veintena de organizaciones vinculadas a cárteles internacionales.
Declaró al país en conflicto armado interno, desplegó militares en las calles y las cárceles, dio los estatus de «terroristas» y «beligerantes» a las bandas para enfrentarlas sin tregua.
Su estrategia disminuyó los homicidios y aumentó el decomiso de droga a 262 toneladas en lo que va del año, frente a las 219 toneladas de 2023.
Sin embargo, la población «tiene una percepción de inseguridad muy alta, lo cual hace que el presidente pierda apoyos», señaló Carrión.
Noboa admitió que la crisis eléctrica «sí ha afectado» su popularidad.
Los secuestros y extorsiones también desangran al país. «Todo eso hace mella en la legitimidad del presidente y sus aspiraciones» de reelección, consideró Carrión. Bajo el fantasma del magnicidio, algunos candidatos presidenciales denuncian amenazas.
Más de 30 políticos han sido asesinados desde el año pasado, entre ellos el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio (centro), baleado al salir de un mitin en Quito en vísperas de la primera vuelta del 9 de agosto de 2023.
Internacionales
«Artefacto explosivo» estalla cerca de la sede de la autoridad carcelaria de Colombia
La Policía Metropolitana de Bogotá y el departamento local de bomberos «atienden la activación de un artefacto explosivo en inmediaciones del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario)», escribió el miércoles en la red social X el alcalde Carlos Fernando Galán, pasadas las 21H00 locales (02H00 GMT).
«No hay personas heridas y los daños materiales son menores», agregó.
El general José Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró más tarde a medios que el estallido se debió al «lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado en una bolsa».
Técnicos de la institución analizan el material explosivo para determinar su composición, agregó Gualdrón.
Medios locales transmitieron imágenes captadas por una cámara de seguridad en las que se observa a un hombre manipulando un paquete y posteriormente abandonándolo a metros de las instalaciones del INPEC, a las 20H21 locales (01H21 GMT).
En los últimos meses, los ataques armados contra funcionarios penitenciarios en Colombia se han recrudecido.
«Llevamos, desafortunadamente, 22 atentados y 11 funcionarios muertos en el año 2024 (…) Hoy en día los funcionarios penitenciarios del INPEC no están siendo ajenos a los ataques del crimen organizado», aseguró el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, en una rueda de prensa la tarde del miércoles convocada tras el asesinato a un vigilante de la cárcel bogotana de La Picota.
Según Gutiérrez, los ataques se deben a que la autoridad carcelaria lleva a cabo «un trabajo fundamental conteniendo el delito desde las cárceles».
Expertos aseguran que varias organizaciones criminales manejan negocios ilegales como la extorsión desde el interior de las cárceles colombianas.
«¿Alguna duda de que el INPEC y sus trabajadores estamos siendo víctimas del conflicto armado y objetivo militar de los grupos al margen de la ley?», reaccionó el miércoles desde su cuenta de X Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios.
En mayo, el coronel retirado Elmer Fernández, director de la prisión de La Modelo, una de las principales de Colombia, fue asesinado a tiros luego de recibir varias amenazas de muerte.
Colombia, principal productor de cocaína del mundo, está no obstante lejos de la violencia de su vecino Ecuador, donde las cárceles son epicentro de masacres y tiroteos.
En las prisiones ecuatorianas, destino de buena parte de la droga que se produce en el lado colombiano de la frontera, reos han retenido a guardias durante días.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el martes una vacuna contra la mpox de la farmacéutica japonesa KM Bilogics, la segunda en obtener la luz verde de la agencia de la ONU.
La OMS explicó que permitirá el uso de emergencia del inmunizante LC16m8 para «facilitar un mayor y rápido acceso a las vacunas en las comunidades donde se expanden los brotes de mpox».
Esta licencia allana el camino para que las autoridades estatales aprueben e importen rápidamente el fármaco para su distribución.
Esto «marca un paso significativo en nuestra respuesta a la emergencia actual, aportando una nueva opción para proteger a todas las poblaciones, incluidos los niños», dijo Yukiko Nakatani, subdirectora general de la OMS de acceso a medicamentos y productos de salud.
La agencia de la ONU declaró en agosto una emergencia de salud pública de importancia internacional por la mpox tras el aumento de casos del Clado 1b en República Democrática del Congo (RDC), que se extendió a otros países.
Esta y otras cepas de este virus se han detectado en 80 países en lo que va de año, según la OMS.
República Democrática del Congo es de largo el más afectado y donde se han registrado la mayoría de 39.000 casos sospechosos y casi mil muertos.
La OMS subrayó que el anuncio del martes es particularmente importante porque el gobierno japonés se comprometió a donar 3,05 millones de dosis de esta vacuna a RDC.
«Es el mayor paquete de donación anunciado hasta la fecha para la actual emergencia de mpox», afirmó.
Sin embargo, la agencia advirtió que la vacuna no debe usarse durante el embarazo o en personas inmunocomprometidas.
El mpox, antes conocido como viruela del mono, fue detectado por primera vez en humanos en 1970 en la actual RDC (ex Zaire).
Es una enfermedad viral que se transmite del animal al humano, así como por por contacto físico estrecho con una persona infectada por el virus.
Provoca fiebre, dolores musculares y lesiones cutáneas y en algunos casos puede ser mortal.
