Internacionales
Jueza que Trump nombrará al Supremo favorece carga pública a migrantes y rechaza el aborto
La jueza Amy Coney Barrett, a quien el presidente, Donald Trump, planea nominar este sábado a la Corte Suprema, goza del respaldo del movimiento conservador, y es una de las preferidas de los evangélicos y los activistas antiaborto para ocupar el cargo que quedó vacante tras la muertede la magistrada Ruth Bader Ginsburg hace una semana.
Barrett, de 48 años, es jueza de un tribunal de apelaciones federal y ha sido conservadora en temas como el aborto y el papel del Gobierno en la salud. En caso de ser confirmada sería la magistrada más joven en la Corte Suprema, donde los cargos son vitalicios. Su presencia consolidaría una sólida mayoría conservadora de seis votos frente a tres de magistrados progresistas.
Antes de unirse a la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito, Barrett trabajó brevemente como abogada y luego enseñó durante 15 años en la facultad de derecho de Notre Dame, de donde es egresada.
Trump la nominó a su actual puesto hace tres años; de ser designada y confirmada por el Senado, sería la magistrada con menos experiencia en una corte.
“Es la combinación perfecta de una jurista brillante y de una mujer que lleva a la corte un argumento que es potencialmente contrario a las opiniones de las juezas que actualmente ejercen”, declaró al diario The New York Times Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony List, una organización antiaborto.
El derecho al aborto
Las opiniones de Barrett, una católica devota miembro de varios grupos antiaborto, y su filosofía jurídica respecto al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, han atraído mucha atención y tienen el potencial de llevar al país a un debate nacional altamente polarizado.
En 1973, la decisión de la Corte Suprema en el caso de Roe vs. Wade legalizó el aborto en el país. Desde entonces, ha habido muchos desafíos a la sentencia en las cortes, pero esta ha prevalecido, sentando un importante precedente.
Durante su audiencia de confirmación en 2017, Barrett dijo que no desafiará la decisión desde una corte de apelaciones: “No tendría interés como jueza de una corte de apelaciones en desafiar ese precedente. Sería vinculante”.
Sin embargo, como profesora de derecho, Barrett escribió en 2013 en la revista Texas Law Review un artículo en el que estaba de acuerdo en que un precedente no podía estar por encima de la interpretación de la Constitución.
“El deber de un magistrado [de la Corte Suprema] es hacia la Constitución y por ende es más legítimo aplicarla según su mejor entendimiento que un precedente que claramente cree que está en conflicto con esta”, escribió Barrett.
Como jueza de apelaciones Barrett se mostró a favor de restringir el acceso de las mujeres al aborto legal.
Durante una conferencia en la Universidad de Jacksonville en 2016, reporta el New York Times, la jueza Barrett dijo que Roe v. Wade establecía el derecho al aborto de las mujeres y que no era probable que eso cambiara, aunque sí podría cambiar la manera en que los estados restringen el acceso a ese derecho.
“Creo que la cuestión de si la gente puede tener abortos a muy largo plazo, ya saben, cuántas restricciones se pueden poner en las clínicas, creo que eso cambiaría”, señaló.
En 2018, defendió una decisión judicial en Indiana que prohibía los abortos que se basaban exclusivamente en el sexo o la discapacidad en un feto. Una corte de apelaciones dictaminó que esa ley estaba en conflicto con el precedente de la Corte Suprema.
El año pasado, Barrett siguió el precedente de la Corte Suprema y defendió una ley en Chicago que protege a las mujeres que ingresan a las clínicas de aborto de interacciones no deseadas con manifestantes y consejeros.
Con una posible nominación de Barrett, los votantes evangélicos confían que tendrán mayores posibilidades de revocar el caso Roe vs Wade y así terminar con el aborto legal en el país.
Inmigración
Barrett votó a favor de mantener la regla de carga pública de la Administración Trump, que permite denegar la residencia permanente a los solicitantes a los que el Gobierno considera que pueden depender de prestaciones públicas, como cupones de alimentos o ayudas para vivienda.
El Séptimo Circuito bloqueó la capacidad de la Administración para hacer cumplir su interpretación de la regla de carga pública en Illinois. Barrett escribió que la definición del Departamento de Seguridad Nacional no es “poco razonable”, especialmente considerando que “el texto del estatuto actual fue enmendado en 1996 para aumentar la determinación de la carga pública”.
Armas
También en el Séptimo Circuito, Barrett alegó que la Segunda Enmienda no prohíbe necesariamente poseer un arma a los condenados por delitos graves. También declaró una ley de Wisconsin que prohíbe tener armas a cualquier persona condenada por un delito grave, incluso si no ha sido condenada por un delito violento, como inconstitucional.
“Los cuerpos legislativos tienen el poder de prohibir que las personas peligrosas posean armas. Pero ese poder se extiende sólo a las personas que sean peligrosas”, escribió Barrett.
Internacionales
CAF celebró la cultura como motor de desarrollo en la antesala del Foro Económico Internacional
La cultura como motor de desarrollo, cohesión social e identidad colectiva fue el mensaje central que marcó ayer el inicio del Festival de Ideas «Voces por Nuestra Región: Cultura que mueve el mundo», organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en el Panama Convention Center, como preámbulo del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.
El encuentro abrió con una presentación artística del Ballet Nacional de Panamá, que ofreció un recorrido por el folclore del país, sintetizando —como se subrayó durante la jornada— la diversidad cultural que caracteriza a América Latina y el Caribe. Uno de los momentos más aplaudidos fue la participación de la ministra de Cultura de Panamá, María Eugenia Herrera, bailarina profesional, quien deleitó al público con una interpretación de danza tradicional panameña, reforzando el mensaje de que la cultura no solo se gestiona, sino que también se vive.
Durante la inauguración, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, señaló que el encuentro fue concebido como un «festival de ideas» que antecede al foro económico, al sostener que «las ideas son el motor del crecimiento y la herramienta para reducir brechas». En esa línea, remarcó que no existe mejor antesala para un espacio de discusión económica que un escenario donde la cultura asuma un papel central, al vincularse directamente con la identidad, la esencia y el potencial compartido de América Latina y el Caribe.
Díaz-Granados destacó que, para CAF, el desarrollo no se mide únicamente en cifras, sino también en la capacidad de las sociedades para soñar, crear y reconocerse en su diversidad. Recordó que desde hace más de tres décadas el banco ha impulsado la gestión cultural como un pilar institucional y anunció que el futuro hub de operaciones de CAF en Panamá, cuya inauguración está prevista para el próximo año, funcionará también como un centro de difusión de la cultura latinoamericana y caribeña.
La jornada incluyó la ponencia «La cultura como tejido vital de América Latina y el Caribe», con la participación de la líder indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien hizo un llamado a reconocer la cultura como una construcción colectiva que nace de los pueblos y de la memoria histórica. Menchú subrayó que la cultura es clave para la autodeterminación, la dignidad y la transmisión de valores entre generaciones, y llamó a los liderazgos regionales a construir un desarrollo que parta de la conciencia y el respeto por las raíces.
El festival reunió también a referentes regionales del arte, la educación, el pensamiento y el periodismo, entre ellos Carmen Aristegui, así como a ministros de cultura y educación de distintos países, gestores culturales, artistas y representantes de organismos multilaterales. A lo largo del día se desarrollaron paneles y sesiones simultáneas sobre inversión cultural, patrimonio, mercados del arte, políticas públicas y experiencias culturales transformadoras en distintos territorios de la región.
El Festival de Ideas fue planteado por CAF como un espacio abierto y participativo para visibilizar cómo la cultura impulsa innovación, cohesión social y desarrollo local, reforzando la idea de que América Latina y el Caribe pueden proyectarse como una «región de soluciones» frente a los desafíos globales.
Tras esta jornada cultural, hoy se llevará a cabo la primera fecha del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, que reunirá a autoridades, empresarios y tomadores de decisión para profundizar el diálogo entre el sector público y privado, con la cultura instalada, desde el inicio, como un eje estratégico del desarrollo regional.
Los miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo aprobaron por 17 votos a favor y 3 en contra un informe que aboga por una mejor protección de los titulares de derechos en línea, frente al auge de las herramientas de IA generativa.
Entre las recomendaciones aprobadas, los eurodiputados reclaman que las normas europeas sobre derechos de autor se apliquen a todas las IA generativas disponibles en la UE, independientemente del país o países en los que hayan sido diseñadas y entrenadas.
Esto implica que los servicios de IA informen de manera clara a los titulares de derechos cuando utilicen sus contenidos y que les paguen una «remuneración justa», bajo pena de sanciones en caso de incumplimiento.
Los eurodiputados también piden a la Comisión Europea y a los Estados miembros que adopten medidas «para proteger el pluralismo de los medios de comunicación, amenazado por los sistemas de IA que agregan información de manera selectiva, desviando su tráfico y sus ingresos».
Según ellos esto pasa por una remuneración adecuada y un control total sobre el uso de sus contenidos en el entrenamiento de las IA y en la agregación de datos, incluido el derecho a oponerse.
El informe será sometido a votación del pleno del Parlamento Europeo en marzo.
Las condiciones en las que los principales actores de la inteligencia artificial utilizan datos disponibles en internet, incluidos contenidos periodísticos, para alimentar y entrenar los grandes modelos de IA generativa son objeto de numerosos litigios en Estados Unidos y en Europa.
La UE adoptó en 2024 una ley sobre inteligencia artificial, que obliga a los sistemas de IA a respetar la legislación europea sobre derechos de autor.
Sin embargo, el alcance de este principio y, en particular, su aplicación a los datos y contenidos utilizados para entrenar los sistemas de IA generativa, siguen siendo inciertos, según un estudio del Parlamento publicado el año pasado.
El ejecutivo comunitario anunció que iniciará un procedimiento para ayudar a Google a preparar medidas acordes con su insignia normativa, la Ley de Mercados Digitales (DMA).
En virtud de la DMA, las mayores empresas tecnológicas del mundo deben abrirse a la competencia para ofrecer más opciones a los consumidores y limitar los abusos relacionados con posiciones dominantes en el mercado.
El gobierno de Donald Trump criticó duramente esta normativa, así como la regulación para la moderación de contenidos, llamada Ley de Servicios Digitales, y acusó al bloque de atacar injustamente a las empresas estadounidenses.
Bruselas cree que esta medida permitirá a los rivales «optimizar sus servicios y ofrecer a los usuarios alternativas reales a la búsqueda de Google».
Este procedimiento anunciado este martes no es una investigación formal que pueda implicar multas, ya que el ejecutivo de la UE desarrolló un plazo de seis meses.
Pero si Bruselas no está satisfecha con los esfuerzos de Google, puede concluir posteriormente que la empresa no está cumpliendo con sus normativas.
Cualquier infracción de la DMA puede acarrear multas de hasta el 10% de la facturación global total de una empresa.
«Queremos ayudar a Google explicándole con más detalle cómo debe cumplir con sus obligaciones de interoperabilidad y de intercambio de datos de búsqueda en línea en virtud de la Ley de Mercados Digitales», afirmó en un comunicado la responsable de Competencia de la UE, la española Teresa Ribera.
Google se defendió, insistiendo en que Android está concebido como un sistema abierto.
«Ya estamos concediendo licencias de datos de búsqueda a nuestros competidores en virtud de la DMA», afirmó Clare Kelly, asesora jurídica sénior de Google en materia de competencia, en un comunicado.
«Sin embargo, nos preocupa que nuevas normas, que a menudo se basan en las quejas de los competidores más que en los intereses de los consumidores, puedan comprometer la privacidad, la seguridad y la innovación de los usuarios».
Google ya se enfrenta a una multa en virtud de la DMA por favorecer sus propios servicios en una investigación iniciada en marzo de 2024.
El gigante también ha sido objeto de otra investigación de la DMA desde noviembre por sospechas de que ha relegado a los medios de comunicación en los resultados de búsqueda.
El escrutinio no termina con la DMA. Google también enfrenta otros casos relacionados con las normas de competencia del bloque.
