Internacionales
Guatemaltecos esperan mejoras en salud, educación y combate a la corrupción con nuevo gobierno
Tras las elecciones generales del 25 de junio, 9,3 millones de guatemaltecos fueron convocados nuevamente a las urnas el 20 de agosto para definir al binomio presidencial que dirigirá el país por los próximos cuatro años.
Arévalo, del partido Movimiento Semilla, venció en el balotaje con el 58,01 por ciento de los votos a la aspirante presidencial del Partido Unión Nacional de la Esperanza, Sandra Torres.
Pese a que la victoria de Arévalo ha estado acompañada de polémicas legales relacionadas con las investigaciones del Ministerio Público por presuntas irregularidades en la inscripción de Movimiento Semilla, en Ciudad de Guatemala los ciudadanos mantienen intacta su fe en la posibilidad de cambio con el nuevo gobierno.
En uno de los países centroamericanos con tasas más altas de homicidios, con 17,3 asesinatos por cada cien mil habitantes en 2022, los guatemaltecos esperan que finalmente se apliquen políticas para frenar la violencia.
«Realmente esperamos un cambio, tuvimos muchas décadas de gobiernos militares y no funcionó, fue un desastre, que dejó más de 300 mil guatemaltecos muertos, de ahí tuvimos gobiernos democráticos en que tuvimos corrupción y no superamos ninguno de los problemas que tenemos al día de hoy», dijo a Xinhua el comerciante Maximiliano de la Garza.
Para este ciudadano, el nuevo Gobierno deberá poner atención a problemas como la pobreza que afecta a casi un 60 por ciento de la población, la mala calidad de la educación, los problemas del sistema de salud y el deterioro de la infraestructura de transporte en el país, pero principalmente la corrupción en el manejo del Estado.
«Estamos muy mal. ¿Por qué? Porque hubo mucha corrupción, se robaron el dinero que cada año está en el presupuesto de la nación, no hubo inversión, todo se lo robaron. Necesitamos ya un cambio», afirmó.
Similar es el criterio de la promotora de ventas de 28 años, Edith Flores, quien espera que Arévalo cumpla con sus promesas de campaña y atienda los problemas de salud y sanidad pública que tienen a los guatemaltecos con una esperanza de vida promedio de 70,2 años, una cifra bastante baja para el promedio de la región latinoamericana.
«Yo creo que más que todo es la educación de los niños, la salud que es lo que está tirado por los suelos y la corrupción, que es algo súper importante para que pueda avanzar el país», dijo Flores a Xinhua.
Beatriz Tojin, secretaria comercial de 40 años, enfatizó en la necesidad que tiene su país de mejorar el sistema educativo para atacar el 18,5 por ciento de analfabetismo que aún persiste y de mejorar el sistema de salud.
«Los centros de salud, son algo muy importante en las colonias, bajas, barrios, ya que sería bueno que pusieran algo como que estuvieran abiertos 24 horas ya que los hospitales generales no se dan abastos para atender, sería una cosa muy importante que ayudaría realmente a los que necesitan atención», expresó.
Dos ciudadanos salvadoreños con antecedentes penales fueron arrestados recientemente en Estados Unidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como parte de los operativos que la administración Trump mantiene para retirar de las calles a inmigrantes ilegales con historial violento.
En Dallas, fue detenido Edwin Sagastizado Morán, de 32 años, quien enfrenta condenas previas por robo en Houston, Texas, además de dos delitos graves por reingreso ilegal al país. Mientras tanto, en Houston, se reportó el arresto de Roberto Antonio Caballero García, de 30 años, quien posee una condena por intento de agresión sexuaI contra un menor y otra por escape durante su detención en el condado de Dallas.
El gobierno estadounidense ha señalado que, mientras algunos sectores políticos abogan por la permanencia de inmigrantes con antecedentes delictivos, se mantienen firmes en sus acciones de seguridad para proteger a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento de la ley.
Nicaragua se halla bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra el mandatario Daniel Ortega, en el poder desde 2007.
Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad.
«Al conmemorar siete años de la brutal ola de represión del régimen de Ortega y (de la copresidenta Rosario) Murillo contra los manifestantes, reflexionamos sobre el coraje y el deseo de los manifestantes de vivir en una Nicaragua libre de tiranía», afirma el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, en un comunicado.
«Estados Unidos no tolerará que Ortega y Murillo continúen atacando a Nicaragua», añade.
El secretario de Estado anuncia «restricciones de visa a más de 250 funcionarios del régimen de la dictadura nicaragüense», con lo que ya son más de 2.000 los sancionados durante los últimos años por Washington.
A inicios de abril, expertos de la ONU identificaron por primera vez a 54 funcionarios, militares, policías, magistrados y diputados de Nicaragua como responsables de graves «crímenes» de derechos humanos y «represión sistemática».
Esa lista la encabezan Ortega, Murillo, el jefe del Ejército, Julio César Avilés; de la Policía, Francisco Díaz; y líderes del Congreso, la Corte Suprema de Justicia, fiscalía, alcaldías y del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, exguerrilla).
Además el gobierno del presidente republicano Donald Trump acusa a Managua de hacer negocio con la migración.
«La administración Trump no tolerará amenazas a la seguridad de Estados Unidos por parte de un régimen que utiliza la inmigración como arma y posiciona a Nicaragua como un centro para los inmigrantes ilegales que intentan cruzar nuestra frontera», advierte Rubio en la red social X.
Los migrantes atraviesan cada vez más la región utilizando Managua como punto de desembarque para continuar el viaje hacia el norte por tierra.
En 2024, durante el mandato del presidente demócrata Joe Biden, Washington emitió una alerta para notificar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre las formas en que las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
Dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno nicaragüense, COMINTSA y Capital Mining, se hallan asimismo bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Washington anunció este jueves nuevas tarifas portuarias sobre buques construidos y operados por China que atraquen en puertos estadounidenses, en una apuesta por impulsar la industria naval nacional y frenar el dominio del gigante asiático en el sector.
La medida, que se deriva de una investigación iniciada bajo el gobierno anterior de Joe Biden, se conoce cuando Estados Unidos y China están enzarzados en plena guerra comercial por los aranceles del presidente Donald Trump a las importaciones.
«Los buques y el transporte marítimo son vitales para la seguridad económica estadounidense y la libre circulación del comercio», declaró el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, en un comunicado.
Según el funcionario, la mayoría de las tasas entrarán en vigor a mediados de octubre.
Bajo las nuevas reglas, se aplicarán tarifas por tonelada o por contenedor, y se cobrarán por cada visita a Estados Unidos, no por cada puerto en el que los buques atraquen.
Se impondrán hasta un máximo de cinco veces al año y los propietarios podrán verse eximidos si hacen un pedido de un buque construido en Estados Unidos.
La industria naviera estadounidense, dominante después de la Segunda Guerra Mundial, ha decaído gradualmente y ahora representa solo el 0,1% de la producción mundial.
Asia domina el sector en la actualidad, con China responsable por la construcción de casi la mitad de los barcos que son lanzados, por delante de Corea del Sur y Japón.
Los tres países asiáticos representan más del 95% de la construcción naval civil, según cifras de la ONU.
Las nuevas tarifas estadounidenses serán «perjudiciales para todos», reaccionó este viernes Lin Jian, un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores.
Según el vocero, las tasas «hacen que suban los costes del transporte marítimo a escala mundial» y «acentúan la presión inflacionista en Estados Unidos», pero «no permitirán reimpulsar la industria naval estadounidense».
«Revertir el dominio chino»
Según la decisión estadounidense, habrá tarifas distintas para los buques operados por chinos y para aquellos construidos en China, y ambas aumentarán gradualmente en los años siguientes.
Para los barcos ensamblados en China, la tarifa empieza en 18 dólares por tonelada neta o 120 dólares por contenedor. Esto significa que un buque con 15.000 contenedores podría tener que pagar una tarifa de hasta 1,8 millones de dólares.
Además, todos los buques de transporte de automóviles que no hayan sido fabricados en Estados Unidos también tendrán que pagar una tasa que comenzará a aplicarse dentro de 180 días.
El anuncio introduce también nuevos recargos para los barcos de transporte de gas natural licuado, aunque no entrarán en vigor hasta dentro de tres años.
Una hoja informativa que acompaña al anuncio dice que las tasas no cubrirán «el transporte marítimo en los Grandes Lagos o el Caribe, el transporte marítimo hacia y desde los territorios de Estados Unidos, o las exportaciones de productos básicos en buques que llegan vacíos a Estados Unidos».
«Las acciones de la administración Trump comenzarán a revertir el dominio chino, abordarán las amenazas a la cadena de suministro de Estados Unidos y enviarán una señal de demanda para los buques construidos» en el país, aseguró Greer.
