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Fiscal de Bolivia cita a declarar a Morales por presunto abuso de menor
El expresidente Evo Morales, envuelto en un escándalo por presuntamente haber abusado de una menor durante su mandato, fue citado a declarar el jueves por la fiscalía en una investigación por «estupro, trata y tráfico de personas», anunció este lunes esa oficina.
«Se ha dispuesto la citación de las tres personas sindicadas en este caso: el señor Evo Morales, los padres de la víctima, para el día jueves 10 de octubre en la fiscalía para que presenten su declaración informativa» en el departamento de Tarija, informó el jefe del ministerio público, Juan Lanchipa.
De 64 años y convertido en el mayor opositor del gobierno de su exministro Luis Arce, el líder indígena afirmó en X que es víctima de una «lawfare» (persecución judicial) y la atribuyó a «la traición» del actual presidente, con quien se disputa la nominación presidencial del oficialismo de cara a los comicios de 2025.
«Nos iniciaron cuatro procesos judiciales de forma simultánea, todos con acciones forzadas para buscar nuestra aprehensión», dijo Morales, sin mencionar la citación de la fiscalía.
El escándalo se remonta a 2015, cuando Morales era presidente. Ese año, según la investigación de la fiscalía, Morales se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016.
Morales, que estuvo al frente del poder ejecutivo entre 2006 y 2019, calificó la denuncia como «otra mentira más» y agregó que en 2020 ya había sido investigado por los mismos hechos y que «se ha demostrado que no hubo nada».
Sin embargo, el nuevo expediente fue abierto por la fiscal del departamento de Tarija Sandra Gutiérrez. La funcionaria ordenó la aprehensión de Morales el 26 de septiembre, pero la orden fue anulada el miércoles por una jueza que acogió un recurso judicial a favor del exjefe de Estado.
El fiscal Lanchipa apartó de sus funciones a Gutiérrez por «conducta negligente», pero la justicia la restituyó en el cargo y será ella quien tomará la declaración del Morales, según anunció el jefe del ministerio público.
Además del delito de estupro (acceso carnal con menores de 14 a 18 años), Morales es investigado ahora por trata y tráfico de personas.
Según el expediente judicial, los padres de la menor la inscribieron en la «guardia juvenil» de Morales «con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (…) a cambio de su hija menor».
En Bolivia las penas por varios delitos no son acumulativas. De ser hallado culpable en un eventual juicio, Evo Morales enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión, que es la que fijan las normas para el delito más grave en este caso que es el de la trata de personas.
El elefante, un macho solitario, ha sembrado el pánico desde principios de enero en el distrito rural de West Singhbhum.
«Estamos tratando de rastrear y rescatar a este elefante que mató a tanta gente», dijo a AFP el funcionario forestal gubernamental Aditya Narayan, quien confirmó un saldo de 20 muertos.
Entre los fallecidos hay niños y ancianos, además de un cuidador profesional de elefantes.
Tras dejar un rastro de destrucción, el animal no ha sido visto desde el viernes, pese a múltiples patrullajes en la zona.
Las autoridades dijeron que equipos de búsqueda, con ayuda de drones, revisan densas franjas forestales, incluido un parque nacional en el vecino estado de Odisha.
El miedo ha llevado a los habitantes de más de 20 aldeas a abandonar sus campos o atrincherarse en sus casas por la noche.
«Un equipo policial, o un vehículo de funcionarios forestales, visita por la noche para brindar ayuda esencial a los aldeanos», señaló un dirigente local.
Cada año, cientos de miles de indios se ven afectados por elefantes que arrasan cultivos.
Los elefantes asiáticos están ahora restringidos a apenas el 15% de su hábitat original.
Animales por lo general tímidos, los elefantes entran en contacto cada vez más frecuente con humanos debido a la rápida expansión de los asentamientos y el avance sobre los bosques, incluidas operaciones mineras.
Seis presuntos integrantes de la banda criminal venezolana Tren de Aragua fueron detenidos en Ciudad de México acusados de extorsión y de tráfico de drogas y de personas, informó este martes la secretaría de Seguridad federal.
Este grupo criminal ha sido designado como «organización terrorista» por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Militares y agentes federales mexicanos «detuvieron a seis integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas», detalló en la red social X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
Entre los presuntos criminales capturados destaca una mujer señalada como la encargada «del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas» de trata, añadió el funcionario.
También fue detenido un hombre acusado de ser el operador financiero de la organización y de administrar los inmuebles de la banda.
Las autoridades no detallaron la nacionalidad de los detenidos. Otros integrantes de esta banda han sido capturados en México en los últimos meses.
La presunta relación de funcionarios del gobierno venezolano con el Tren de Aragua fue uno de los argumentos de Trump para lanzar una operación militar el 3 de enero en Venezuela y capturar y trasladar a Estados Unidos al depuesto mandatario Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico.
El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y según estudios se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.
Los fiscales reprocharon al ex jefe de Estado conservador haber liderado una «insurrección» motivada por una «sed de poder destinada a instaurar una dictadura».
También acusaron al exdirigente, de 65 años, de no mostrar «ningún remordimiento» por actos que amenazaban «el orden constitucional y la democracia».
«En el momento de dictar sentencia no puede tenerse en cuenta ninguna circunstancia atenuante y se impone una sanción severa», concluyeron los fiscales, que solicitaron la pena capital, aún vigente en Corea del Sur aunque no se llevó a cabo ninguna ejecución desde 1997.
El veredicto se espera para el próximo mes.
En la noche del 3 de diciembre de 2024, Yoon Suk Yeol había conmocionado al país al anunciar por sorpresa en televisión la imposición de la ley marcial, enviando tropas al Parlamento.
Horas más tarde dio marcha atrás, después de que un número suficiente de diputados lograra abrirse paso hasta el hemiciclo, rodeado por soldados, y votase la suspensión de su decreto.
Fue destituido oficialmente en abril de 2025 por el Tribunal Constitucional, tras meses de manifestaciones masivas y de caos político.
Yoon Suk Yeol había justificado la imposición de la ley marcial —medida sin precedentes en Corea del Sur desde las dictaduras militares de la década de 1980— alegando que el Parlamento, controlado por la oposición, bloqueaba el presupuesto.
