Internacionales
Fiscal de Bolivia cita a declarar a Morales por presunto abuso de menor
El expresidente Evo Morales, envuelto en un escándalo por presuntamente haber abusado de una menor durante su mandato, fue citado a declarar el jueves por la fiscalía en una investigación por «estupro, trata y tráfico de personas», anunció este lunes esa oficina.
«Se ha dispuesto la citación de las tres personas sindicadas en este caso: el señor Evo Morales, los padres de la víctima, para el día jueves 10 de octubre en la fiscalía para que presenten su declaración informativa» en el departamento de Tarija, informó el jefe del ministerio público, Juan Lanchipa.
De 64 años y convertido en el mayor opositor del gobierno de su exministro Luis Arce, el líder indígena afirmó en X que es víctima de una «lawfare» (persecución judicial) y la atribuyó a «la traición» del actual presidente, con quien se disputa la nominación presidencial del oficialismo de cara a los comicios de 2025.
«Nos iniciaron cuatro procesos judiciales de forma simultánea, todos con acciones forzadas para buscar nuestra aprehensión», dijo Morales, sin mencionar la citación de la fiscalía.
El escándalo se remonta a 2015, cuando Morales era presidente. Ese año, según la investigación de la fiscalía, Morales se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016.
Morales, que estuvo al frente del poder ejecutivo entre 2006 y 2019, calificó la denuncia como «otra mentira más» y agregó que en 2020 ya había sido investigado por los mismos hechos y que «se ha demostrado que no hubo nada».
Sin embargo, el nuevo expediente fue abierto por la fiscal del departamento de Tarija Sandra Gutiérrez. La funcionaria ordenó la aprehensión de Morales el 26 de septiembre, pero la orden fue anulada el miércoles por una jueza que acogió un recurso judicial a favor del exjefe de Estado.
El fiscal Lanchipa apartó de sus funciones a Gutiérrez por «conducta negligente», pero la justicia la restituyó en el cargo y será ella quien tomará la declaración del Morales, según anunció el jefe del ministerio público.
Además del delito de estupro (acceso carnal con menores de 14 a 18 años), Morales es investigado ahora por trata y tráfico de personas.
Según el expediente judicial, los padres de la menor la inscribieron en la «guardia juvenil» de Morales «con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (…) a cambio de su hija menor».
En Bolivia las penas por varios delitos no son acumulativas. De ser hallado culpable en un eventual juicio, Evo Morales enfrentaría una pena máxima de 20 años de prisión, que es la que fijan las normas para el delito más grave en este caso que es el de la trata de personas.
El Ejército mexicano desplegó 2,500 efectivos en el oeste de México como medida disuasiva tras la muerte del capo narco Nemesio «El Mencho» Oseguera el domingo en un operativo militar, informó este lunes el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla.
«Se encontraban destacamentados en Jalisco alrededor de 7.000 efectivos, entonces se va a reforzar» la presencia militar en la zona de operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por Oseguera, dijo Trevilla en rueda de prensa.
«La intención es, más que nada, tener un efecto disuasivo», añadió el secretario de Defensa, tras cientos de bloqueos el domingo en 20 estados del país.
La Fuerza Aérea de Perú (FAP) halló 15 personas muertas este lunes tras el accidente de un helicóptero militar desaparecido el domingo en la región Arequipa, al sur del país, informó la autoridad militar.
La FAP precisó que el helicóptero realizaba labores rescate de víctimas de las inundaciones registradas en Arequipa.
«El personal de rescate ha confirmado el fallecimiento de los cuatro tripulantes (..), así como los 11 pasajeros que se encontraban a bordo», señaló la FAP.
«Tras la intensificación de las labores de búsqueda, las patrullas de fuerzas especiales y la policía han logrado localizar el helicóptero Mi-17 que perdió contacto radial la tarde de ayer», indicó la fuerza aérea en un comunicado.
El helicóptero siniestrado, un Mil Mi-17 de fabricación rusa, había despegado de la ciudad de Pisco, en la región de Ica. Los rescatistas localizaron la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa, a poco más de 300 kilómetros del lugar de partida.
Internacionales
Concluye proceso legal que anula la concesión de Hutchison en puertos del canal de Panamá
La justicia panameña dio por concluido el proceso legal que anuló la concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings para operar dos puertos en el canal, al publicar este lunes el fallo.
La Corte Suprema panameña declaró en enero «inconstitucional» el contrato que ha permitido a la empresa Panama Ports Company (PPC), filial de Hutchison, administrar desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.
Sin embargo, para que la sentencia, que no admite apelación, quedara en firme aún faltaban unos trámites que han concluido este lunes con la publicación del fallo en la gaceta oficial.
El viernes, el vocero de PPC, Alejandro Kouruklis, reconoció que la publicación del fallo en la gaceta oficial supondría que «la concesión deja de existir», por lo que pidió al gobierno panameño «negociar» con la firma hongkonesa el futuro de los puertos para «evitar el caos».
Tras ese fallo judicial, que se produjo en medio de las presiones de Estados Unidos por la presencia china en el canal, el presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que la danesa Maersk operaría temporalmente esas terminales.
La decisión ha traído incertidumbre en los puertos, ubicados en sendas entradas de la vía interoceánica, por los que en 2025 pasó el 38 % de los contenedores que transitaron por Panamá.
«El camino que se está siguiendo puede causar un caos» porque «no va a haber un orden ni marco legal» en que puedan confiar los proveedores, trabajadores y las líneas navieras, había declarado el viernes Kouruklis al canal panameño TVN-2.
«Nuestro plan no es salir, es conversar con el Estado a ver qué solución se le puede dar a esto» y «no tomar decisiones abruptas» para que un tercero entre en las instalaciones «a tomar bienes que no le pertenecen», añadió.
Hutchison amenazó hace días a Maersk con «acciones legales» si asume la administración de las terminales sin su consentimiento y anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle «graves daños».
Pero la Corte panameña asegura que la concesión, renovada por otros 25 años en 2021 es «inconstitucional» y tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» que perjudicaba al Estado.
El fallo también llegó en momentos donde Hutchison Holdings quiere ceder sus puertos, entre ellos los de Panamá, a un grupo de empresas liderado por la estadounidense BlackRock por 22,800 millones de dólares.
