Internacionales
«Es una rutina para mí y no me arrepiento de haber ahorcado a tanta gente”, asegura verdugo de 300 reos
Bisnieto, nieto e hijo de verdugos, Sabir Masih ha ejecutado a unos 300 reos, un trabajo que considera «rutinario» y que no le provoca remordimientos, en un momento en el que Pakistán se ha convertido en uno de los principales países en aplicar la pena de muerte en todo el mundo.
«Es una rutina para mí y no me arrepiento de haber ahorcado a tanta gente. Yo solo sigo las órdenes», afirma tranquilo el hombre de 34 años, espigado, de facciones marcadas y un pronunciado tartamudeo.
Su primera ejecución la llevó a cabo en julio de 2006, el caso de un reo condenado por asesinato durante el robo de un banco, con solo 22 años de edad, debido a que su padre estaba ocupado en el ahorcamiento de un preso en otra ciudad.
El preso «estaba recitando unos versos del Corán. El superintendente me hizo una señal, tiré de la palanca y el convicto quedó colgando. Yo no estaba asustado porque ya había visto una ejecución», recuerda Masih.
En ocho meses superó las 100 ejecuciones y siguió sumando hasta que en 2008 el Gobierno impuso una moratoria sobre la pena de muerte.
Durante los dos años largos de moratoria, Masih continuó cobrando su salario como empleado público de prisiones de la provincia del Punjab, sin ejecutar a nadie.
Hasta que el 16 de diciembre de 2014 un grupo de talibanes mató a 125 estudiantes en un ataque a una escuela de la ciudad de Peshawar (noroeste), lo que llevó al entonces primer ministro Nawaz Sharif a poner fin a la moratoria para casos de terrorismo y tres meses después para todos.
Tan solo tres días después del ataque, Masih ahorcó a los dos primeros presos tras años y desde entonces ha llevado a cabo unas 100.
Pakistán ha ejecutado a 506 personas desde el fin de la moratoria, lo que le ha convertido en uno de los principales países en aplicar la pena de muerte en el mundo, solo por detrás de Arabia Saudí, Irán e Irak.
La última ejecución de Masih fue la de Imran Ali, condenado por la violación y asesinato de una niña de siete años, en un controvertido caso que desató protestas violentas para reclamar seguridad y una acción rápida contra el violador, a quien ahorcó en octubre.
«Permaneció callado. El superintendente le dijo que si quería pedir perdón al padre de Zainab, pero permaneció en silencio», explica el verdugo.
Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) consideran que Pakistán «viola el derecho y las normas internacionales» en su aplicación de las condenas a la horca, mientras que organizaciones locales critican el sistema policial y judicial paquistaní por ser poco eficaces, lo que deviene en sentencias injustas.
Nada de ello afecta a Masih, quien sostiene que la pena de muerte ayuda a reducir los crímenes, a pesar de las evidencias contra ello, y remarca la tradición de su familia.
«Me gusta esta profesión porque es la profesión de mi familia. Estoy contento con lo que hago y no siento ninguna incomodidad», afirma con orgullo.
Su familia ha realizado este trabajo durante seis generaciones, el abuelo de su padre ya se dedicaba a ello, desde los tiempos en que Pakistán era parte de la India británica.
Su tío abuelo Tara Masih fue el encargado de ejecutar al ex primer ministro Zulficar Ali Bhutto en 1977 tras ser depuesto en un golpe de Estado y condenado por un tribunal.
La ineficacia del sistema judicial paquistaní quedó de manifiesto en 2016 cuando el Tribunal Supremo absolvió a los hermanos Ghulam Qadir y Ghulam Sarwar por asesinato, para descubrir que habían sido ejecutados meses antes.
Masih había sido el encargado de ahorcarlos.
«Si un inocente es ahorcado no es culpa mía, es culpa del juez que ordenó la ejecución», asegura con parsimonia.
El momento en el que Masih se entusiasma es cuando explica gesticulando cómo se practica la ejecución, cómo coloca la soga en el cuello del reo, le cubre la cabeza, le ata las manos atrás y los pies, cómo le explica al preso que no saque la lengua ya que se la puede cortar durante el ahorcamiento.
Y cómo los ajusticiados cuelgan durante media hora, para asegurarse de que han muerto, ya que unos mueren en unos pocos minutos, mientras que otros pueden tardar mucho más y se asfixian lentamente.
Masih recuerda que ha visto todo tipo de comportamientos en el patíbulo, desde presos que lloran, algunos que rezan, hasta otros que guardan silencio.
Incluso algunos que parecen orgullosos de morir así.
«Personas de grupos terroristas y extremistas lanzan cánticos como Alla- hu-Akbar(dios es grande) y dicen que han ganado, que para ellos es un triunfo, no una derrota», sentencia el verdugo.
Internacionales
Narco, apagones, bajo crecimiento: Ecuador en problemas antes de nuevas presidenciales
La peor sequía en seis décadas tiene en jaque a las hidroeléctricas que cubren un 70 % de la demanda, el suministro de agua potable y la producción agrícola. La vida cotidiana es una pesadilla para muchos ecuatorianos.
«Lo que está viviendo el Ecuador es una crisis multidimensional que se expresa en términos económicos, eléctricos y políticos», dijo a la AFP Fernando Carrión, investigador político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito.
La nación de 17 millones de habitantes dejó hace varios años de ser una isla de paz entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de coca. Convertida en centro internacional de operaciones del narcotráfico y el crimen organizado, la tasa de homicidios escaló de seis por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 47 en 2023.
Noboa aplicó una política de mano dura y logró bajarla a 33, pero la sensación de inseguridad persiste. Y el fantasma de las masacres carcelarias regresó, con 17 muertos en el último choque.
El mandatario gobierna desde hace un año sin mayoría en el Congreso y distanciado de su vicepresidenta Verónica Abad, que fungía como embajadora en Israel y a quien el ministerio de Trabajo suspendió por cinco meses por el «abandono injustificado» de sus funciones.
Esa decisión le impedirá reemplazar a Noboa en enero cuando inicie su campaña por la reelección. Abad, que acusa a Noboa de «persecución», regresó a Ecuador el miércoles en «un acto de rebeldía».
«Hay desafíos por todo lado», manifestó el analista político y económico Alberto Acosta Burneo, del consultor Grupo Spurrier.
«Época frustrante»
La economía ecuatoriana, dolarizada y dependiente de la estancada producción petrolera, es otro eslabón en vilo. Antes de los apagones que llevan dos meses continuos, el país ya registraba una «fase muy baja de crecimiento», anotó Acosta Burneo.
Los cortes de luz empezaron en abril y arreciaron en septiembre ante la escasez de lluvias, asociada al cambio climático de acuerdo con la ministra encargada de Energía, Inés Manzano.
El gobierno prevé extenderlos al menos hasta diciembre, a un «costo muy grande» para el país, explicó Acosta Burneo.
Ecuador calculó con anticipación un crecimiento de 0,9% en 2024, contra 2,4% de 2023. El FMI pronosticó apenas 0,3%.
Los apagones dejan pérdidas por 1.440 millones de dólares (1% del PIB), según gremios empresariales que calculan en 12 millones de dólares el costo por cada hora sin luz.
«Es una época muy frustrante», reconoció Noboa, un empresario que se autodefine de centro-izquierda.
La aprobación de Noboa cayó de 85% en enero a 42% en octubre de acuerdo con Perfiles de Opinión. Su mandato de 18 meses termina en mayo de 2025, como reemplazo del derechista Guillermo Lasso (2021-2023).
Sin completar sus cuatro años de mandato, Lasso disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas para evitar un juicio político que buscaba su destitución.
La más reciente encuesta de la empresa Comunicaliza señala que el mandatario ha caído al menos seis puntos en la intención de voto. Aunque sigue en el primer lugar con 27,5%, seguido de la izquierdista Luisa González (26,7%).
«Estas distintas crisis le están golpeando (a Noboa) y probablemente la que más le golpea (…) es la crisis de la energía», aseguró Carrión.
Popularidad golpeada
Tras una arremetida del narco en enero, el gobernante respondió con duras políticas contra una veintena de organizaciones vinculadas a cárteles internacionales.
Declaró al país en conflicto armado interno, desplegó militares en las calles y las cárceles, dio los estatus de «terroristas» y «beligerantes» a las bandas para enfrentarlas sin tregua.
Su estrategia disminuyó los homicidios y aumentó el decomiso de droga a 262 toneladas en lo que va del año, frente a las 219 toneladas de 2023.
Sin embargo, la población «tiene una percepción de inseguridad muy alta, lo cual hace que el presidente pierda apoyos», señaló Carrión.
Noboa admitió que la crisis eléctrica «sí ha afectado» su popularidad.
Los secuestros y extorsiones también desangran al país. «Todo eso hace mella en la legitimidad del presidente y sus aspiraciones» de reelección, consideró Carrión. Bajo el fantasma del magnicidio, algunos candidatos presidenciales denuncian amenazas.
Más de 30 políticos han sido asesinados desde el año pasado, entre ellos el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio (centro), baleado al salir de un mitin en Quito en vísperas de la primera vuelta del 9 de agosto de 2023.
Internacionales
«Artefacto explosivo» estalla cerca de la sede de la autoridad carcelaria de Colombia
La Policía Metropolitana de Bogotá y el departamento local de bomberos «atienden la activación de un artefacto explosivo en inmediaciones del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario)», escribió el miércoles en la red social X el alcalde Carlos Fernando Galán, pasadas las 21H00 locales (02H00 GMT).
«No hay personas heridas y los daños materiales son menores», agregó.
El general José Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró más tarde a medios que el estallido se debió al «lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado en una bolsa».
Técnicos de la institución analizan el material explosivo para determinar su composición, agregó Gualdrón.
Medios locales transmitieron imágenes captadas por una cámara de seguridad en las que se observa a un hombre manipulando un paquete y posteriormente abandonándolo a metros de las instalaciones del INPEC, a las 20H21 locales (01H21 GMT).
En los últimos meses, los ataques armados contra funcionarios penitenciarios en Colombia se han recrudecido.
«Llevamos, desafortunadamente, 22 atentados y 11 funcionarios muertos en el año 2024 (…) Hoy en día los funcionarios penitenciarios del INPEC no están siendo ajenos a los ataques del crimen organizado», aseguró el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, en una rueda de prensa la tarde del miércoles convocada tras el asesinato a un vigilante de la cárcel bogotana de La Picota.
Según Gutiérrez, los ataques se deben a que la autoridad carcelaria lleva a cabo «un trabajo fundamental conteniendo el delito desde las cárceles».
Expertos aseguran que varias organizaciones criminales manejan negocios ilegales como la extorsión desde el interior de las cárceles colombianas.
«¿Alguna duda de que el INPEC y sus trabajadores estamos siendo víctimas del conflicto armado y objetivo militar de los grupos al margen de la ley?», reaccionó el miércoles desde su cuenta de X Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios.
En mayo, el coronel retirado Elmer Fernández, director de la prisión de La Modelo, una de las principales de Colombia, fue asesinado a tiros luego de recibir varias amenazas de muerte.
Colombia, principal productor de cocaína del mundo, está no obstante lejos de la violencia de su vecino Ecuador, donde las cárceles son epicentro de masacres y tiroteos.
En las prisiones ecuatorianas, destino de buena parte de la droga que se produce en el lado colombiano de la frontera, reos han retenido a guardias durante días.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobó el martes una vacuna contra la mpox de la farmacéutica japonesa KM Bilogics, la segunda en obtener la luz verde de la agencia de la ONU.
La OMS explicó que permitirá el uso de emergencia del inmunizante LC16m8 para «facilitar un mayor y rápido acceso a las vacunas en las comunidades donde se expanden los brotes de mpox».
Esta licencia allana el camino para que las autoridades estatales aprueben e importen rápidamente el fármaco para su distribución.
Esto «marca un paso significativo en nuestra respuesta a la emergencia actual, aportando una nueva opción para proteger a todas las poblaciones, incluidos los niños», dijo Yukiko Nakatani, subdirectora general de la OMS de acceso a medicamentos y productos de salud.
La agencia de la ONU declaró en agosto una emergencia de salud pública de importancia internacional por la mpox tras el aumento de casos del Clado 1b en República Democrática del Congo (RDC), que se extendió a otros países.
Esta y otras cepas de este virus se han detectado en 80 países en lo que va de año, según la OMS.
República Democrática del Congo es de largo el más afectado y donde se han registrado la mayoría de 39.000 casos sospechosos y casi mil muertos.
La OMS subrayó que el anuncio del martes es particularmente importante porque el gobierno japonés se comprometió a donar 3,05 millones de dosis de esta vacuna a RDC.
«Es el mayor paquete de donación anunciado hasta la fecha para la actual emergencia de mpox», afirmó.
Sin embargo, la agencia advirtió que la vacuna no debe usarse durante el embarazo o en personas inmunocomprometidas.
El mpox, antes conocido como viruela del mono, fue detectado por primera vez en humanos en 1970 en la actual RDC (ex Zaire).
Es una enfermedad viral que se transmite del animal al humano, así como por por contacto físico estrecho con una persona infectada por el virus.
Provoca fiebre, dolores musculares y lesiones cutáneas y en algunos casos puede ser mortal.
