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«Es una rutina para mí y no me arrepiento de haber ahorcado a tanta gente”, asegura verdugo de 300 reos
Bisnieto, nieto e hijo de verdugos, Sabir Masih ha ejecutado a unos 300 reos, un trabajo que considera «rutinario» y que no le provoca remordimientos, en un momento en el que Pakistán se ha convertido en uno de los principales países en aplicar la pena de muerte en todo el mundo.
«Es una rutina para mí y no me arrepiento de haber ahorcado a tanta gente. Yo solo sigo las órdenes», afirma tranquilo el hombre de 34 años, espigado, de facciones marcadas y un pronunciado tartamudeo.
Su primera ejecución la llevó a cabo en julio de 2006, el caso de un reo condenado por asesinato durante el robo de un banco, con solo 22 años de edad, debido a que su padre estaba ocupado en el ahorcamiento de un preso en otra ciudad.
El preso «estaba recitando unos versos del Corán. El superintendente me hizo una señal, tiré de la palanca y el convicto quedó colgando. Yo no estaba asustado porque ya había visto una ejecución», recuerda Masih.
En ocho meses superó las 100 ejecuciones y siguió sumando hasta que en 2008 el Gobierno impuso una moratoria sobre la pena de muerte.
Durante los dos años largos de moratoria, Masih continuó cobrando su salario como empleado público de prisiones de la provincia del Punjab, sin ejecutar a nadie.
Hasta que el 16 de diciembre de 2014 un grupo de talibanes mató a 125 estudiantes en un ataque a una escuela de la ciudad de Peshawar (noroeste), lo que llevó al entonces primer ministro Nawaz Sharif a poner fin a la moratoria para casos de terrorismo y tres meses después para todos.
Tan solo tres días después del ataque, Masih ahorcó a los dos primeros presos tras años y desde entonces ha llevado a cabo unas 100.
Pakistán ha ejecutado a 506 personas desde el fin de la moratoria, lo que le ha convertido en uno de los principales países en aplicar la pena de muerte en el mundo, solo por detrás de Arabia Saudí, Irán e Irak.
La última ejecución de Masih fue la de Imran Ali, condenado por la violación y asesinato de una niña de siete años, en un controvertido caso que desató protestas violentas para reclamar seguridad y una acción rápida contra el violador, a quien ahorcó en octubre.
«Permaneció callado. El superintendente le dijo que si quería pedir perdón al padre de Zainab, pero permaneció en silencio», explica el verdugo.
Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) consideran que Pakistán «viola el derecho y las normas internacionales» en su aplicación de las condenas a la horca, mientras que organizaciones locales critican el sistema policial y judicial paquistaní por ser poco eficaces, lo que deviene en sentencias injustas.
Nada de ello afecta a Masih, quien sostiene que la pena de muerte ayuda a reducir los crímenes, a pesar de las evidencias contra ello, y remarca la tradición de su familia.
«Me gusta esta profesión porque es la profesión de mi familia. Estoy contento con lo que hago y no siento ninguna incomodidad», afirma con orgullo.
Su familia ha realizado este trabajo durante seis generaciones, el abuelo de su padre ya se dedicaba a ello, desde los tiempos en que Pakistán era parte de la India británica.
Su tío abuelo Tara Masih fue el encargado de ejecutar al ex primer ministro Zulficar Ali Bhutto en 1977 tras ser depuesto en un golpe de Estado y condenado por un tribunal.
La ineficacia del sistema judicial paquistaní quedó de manifiesto en 2016 cuando el Tribunal Supremo absolvió a los hermanos Ghulam Qadir y Ghulam Sarwar por asesinato, para descubrir que habían sido ejecutados meses antes.
Masih había sido el encargado de ahorcarlos.
«Si un inocente es ahorcado no es culpa mía, es culpa del juez que ordenó la ejecución», asegura con parsimonia.
El momento en el que Masih se entusiasma es cuando explica gesticulando cómo se practica la ejecución, cómo coloca la soga en el cuello del reo, le cubre la cabeza, le ata las manos atrás y los pies, cómo le explica al preso que no saque la lengua ya que se la puede cortar durante el ahorcamiento.
Y cómo los ajusticiados cuelgan durante media hora, para asegurarse de que han muerto, ya que unos mueren en unos pocos minutos, mientras que otros pueden tardar mucho más y se asfixian lentamente.
Masih recuerda que ha visto todo tipo de comportamientos en el patíbulo, desde presos que lloran, algunos que rezan, hasta otros que guardan silencio.
Incluso algunos que parecen orgullosos de morir así.
«Personas de grupos terroristas y extremistas lanzan cánticos como Alla- hu-Akbar(dios es grande) y dicen que han ganado, que para ellos es un triunfo, no una derrota», sentencia el verdugo.
Estados Unidos y Venezuela anunciaron el 5 de marzo que iban a restablecer sus relaciones, pero hasta este lunes las operaciones diplomáticas se llevaban a cabo a distancia, desde la embajada en Bogotá.
«Reanudamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, marcando un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela», explicó un comunicado de prensa.
La representante diplomática estadounidense, Laura Dogu, llegó a Venezuela desde enero, y su equipo ha ido acondicionando la legación en Caracas.
Dogu posó ante la embajada en un mensaje en la red X, así como otros funcionarios.
«La reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del Presidente [Trump] para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de entablar un diálogo directo con el gobierno interino de Venezuela, la sociedad civil y el sector privado», añadió el comunicado.
Tras la captura en una intervención militar del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el gobierno de Donald Trump anunció que quería promover primero la estabilización económica, con la recuperación del sector petrolero, para luego alentar la entrada de inversiones extranjeras y finalmente una transición política.
El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó ante el Congreso que esas etapas podían solaparse.
Foto: AFP
Esta nueva etapa diplomática aporta «el tipo de estabilidad que atrae los negocios de vuelta» a Venezuela, declaró este lunes Rubio a la cadena Al Jazeera.
«Queremos ver una transición completa porque, para que Venezuela pueda alcanzar su potencial económico, tiene que tener un gobierno estable y democrático», añadió.
Embajada venezolana en Washington
Al mismo tiempo, Venezuela también ha tomado posesión de nuevo de su embajada en Washington, según reportes en redes sociales.
El viceministro para América del Norte, Oliver Blanco, colgó un video en X la semana pasada en la sede de la legación, junto al encargado de negocios, en la que informaba de encuentros en el Departamento de Estado para «explorar oportunidades de fortalecimiento de la relación bilateral».
El Departamento del Tesoro estadounidense anunció la semana pasada que autorizaba las transacciones económicas para facilitar la reapertura de la legación venezolana.
Tras el derrocamiento de Maduro el 3 de enero y la toma de poder en Caracas de su sustituta, Delcy Rodríguez, Estados Unidos empezó rápidamente a levantar las sanciones para el sector petrolero venezolano.
Al mismo tiempo, Caracas promulgó una reforma legal del sector y empezó a liberar prisioneros políticos.
Delcy Rodríguez, muy elogiada en público por Trump, está remodelando el gobierno y el aparato de seguridad interno.
Washington mantiene los ingresos por la venta del crudo venezolano en una cuenta bancaria bajo su control.
Y en el Caribe mantiene también una flotilla encargada desde septiembre de destruir lo que califica de «narcolanchas», unas operaciones polémicas que han causado al menos 163 muertos.
Maduro y Flores comparecieron dos veces ante un juez en Nueva York, la última el pasado jueves.
Maduro está acusado de conspiración por «narcoterrorismo», conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.
Internacionales
La justicia española determina que un beso en la mano puede ser una agresión sexual si no hay consentimiento
El Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial en España, dictaminó que dar un beso en la mano puede ser considerado una agresión sexual si no hay consentimiento, según una decisión consultada el lunes por la AFP.
La resolución, dictada el 5 de marzo, confirmó la condena de un hombre por agresión sexual que realizó tocamientos no consentidos a una mujer en una parada de autobús.
La defensa del acusado pretendía recalificar los hechos como un simple «acoso callejero», pero los magistrados consideraron que cualquier contacto físico con connotación sexual sobrepasaba dicha categoría y que debía abonar la multa de 1,620 euros (1,850 dólares) prevista en su primera condena.
Pero según los magistrados «no se trató de un mero acto de cogerle de la mano» sino que el acusado «actuó con intención de atentar contra su integridad sexual, le cogió la mano besándosela al tiempo que le solicitaba mediante gestos que le acompañara, ofreciéndole dinero».
«Hubo, por ello, un acto de agresión sexual por cuanto la acción describe un tocamiento de índole y matiz sexual que la víctima no tenía obligación de soportar con claro contenido sexual y ataque a la víctima cosificándola», añade.
«Existe, por tanto, un acto de agresión sexual en la medida en que la acción describe un contacto de naturaleza y tono sexuales que la víctima no tenía ninguna obligación de soportar, con un contenido claramente sexual y un atentado a la víctima al reducirla a un objeto», prosigue la resolución.
España está a la vanguardia en la lucha contra la violencia de género y en 2004 aprobó una ley pionera en Europa contra la violencia contra las mujeres.
En 2025, el caso conocido como el del «beso forzado» vio cómo el que era entonces el hombre fuerte del fútbol español, el presidente de la federación española, Luis Rubiales, fue condenado por agresión sexual por un beso a la jugadora Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino en Sídney, en agosto de 2023.
Una investigación estadounidense lo vincula con una organización que traficaba fentanilo y cocaína, cuyo centro de operaciones estaba en Guatemala.
En San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, Guatemala, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo al salvadoreño Juan Carlos Escobar Rodríguez, alias Lucas o Pepe, reclamado en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
La PNC del vecino país calificó la detención como «un nuevo golpe a estructuras vinculadas al narcotráfico». Al salvadoreño, quien también tiene nacionalidad guatemalteca, lo arrestaron agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) y es la extradición número 21 que realizaran a Estados Unidos, según el informe publicado por el Ministerio de Gobernación.
La cartera de Estado guatemalteca detalló que, con la captura, se da cumplimiento a una orden emitida el 4 de marzo de 2026 por un juzgado que atendió la solicitud de Estados Unidos.
«Escobar Rodríguez es requerido por delitos relacionados con la conspiración y tentativa de distribución de cocaína y fentanilo. Además, está señalado de portar un arma de fuego en actividades vinculadas al narcotráfico. Durante su captura, se le incautó una pistola con 16 municiones, mientras se conducía a bordo de un pick-up», detalló el Ministerio de Gobernación guatemalteco.
En Estados Unidos, una investigación determinó que Escobar Rodríguez mantiene vínculos directos con el narcotráfico, al estar presuntamente involucrado en conspiración y tentativa de distribución de cocaína y fentanilo.
Según el informe, la conspiración tenía como objetivo fabricar y distribuir sustancias controladas, con la pretensión, conocimiento y claro conocimiento de que serían importadas ilegalmente a Estados Unidos.
La conspiración tiene que ver con la intención de enviar aproximadamente cinco kilogramos de cocaína y unos 400 gramos de fentanilo. Además de la tentativa de distribución de una sustancia controlada que sería importada a Estados Unidos, sumado a la portación de un arma de fuego en relación con un delito de tráfico de drogas.
La PNC de esa nación también aprehendió en Ayutla, San Marcos, a Jorge Edy Peláez Martínez, quien, junto a Escobar Rodríguez, supuestamente forman parte de la organización dedicada al tráfico de drogas, teniendo su centro de operaciones en Guatemala para distribuir cocaína y fentanilo hacía el distrito norte de Georgia y otros puntos de Estados Unidos.
