Internacionales
«Es una rutina para mí y no me arrepiento de haber ahorcado a tanta gente”, asegura verdugo de 300 reos
Bisnieto, nieto e hijo de verdugos, Sabir Masih ha ejecutado a unos 300 reos, un trabajo que considera «rutinario» y que no le provoca remordimientos, en un momento en el que Pakistán se ha convertido en uno de los principales países en aplicar la pena de muerte en todo el mundo.
«Es una rutina para mí y no me arrepiento de haber ahorcado a tanta gente. Yo solo sigo las órdenes», afirma tranquilo el hombre de 34 años, espigado, de facciones marcadas y un pronunciado tartamudeo.
Su primera ejecución la llevó a cabo en julio de 2006, el caso de un reo condenado por asesinato durante el robo de un banco, con solo 22 años de edad, debido a que su padre estaba ocupado en el ahorcamiento de un preso en otra ciudad.
El preso «estaba recitando unos versos del Corán. El superintendente me hizo una señal, tiré de la palanca y el convicto quedó colgando. Yo no estaba asustado porque ya había visto una ejecución», recuerda Masih.
En ocho meses superó las 100 ejecuciones y siguió sumando hasta que en 2008 el Gobierno impuso una moratoria sobre la pena de muerte.
Durante los dos años largos de moratoria, Masih continuó cobrando su salario como empleado público de prisiones de la provincia del Punjab, sin ejecutar a nadie.
Hasta que el 16 de diciembre de 2014 un grupo de talibanes mató a 125 estudiantes en un ataque a una escuela de la ciudad de Peshawar (noroeste), lo que llevó al entonces primer ministro Nawaz Sharif a poner fin a la moratoria para casos de terrorismo y tres meses después para todos.
Tan solo tres días después del ataque, Masih ahorcó a los dos primeros presos tras años y desde entonces ha llevado a cabo unas 100.
Pakistán ha ejecutado a 506 personas desde el fin de la moratoria, lo que le ha convertido en uno de los principales países en aplicar la pena de muerte en el mundo, solo por detrás de Arabia Saudí, Irán e Irak.
La última ejecución de Masih fue la de Imran Ali, condenado por la violación y asesinato de una niña de siete años, en un controvertido caso que desató protestas violentas para reclamar seguridad y una acción rápida contra el violador, a quien ahorcó en octubre.
«Permaneció callado. El superintendente le dijo que si quería pedir perdón al padre de Zainab, pero permaneció en silencio», explica el verdugo.
Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) consideran que Pakistán «viola el derecho y las normas internacionales» en su aplicación de las condenas a la horca, mientras que organizaciones locales critican el sistema policial y judicial paquistaní por ser poco eficaces, lo que deviene en sentencias injustas.
Nada de ello afecta a Masih, quien sostiene que la pena de muerte ayuda a reducir los crímenes, a pesar de las evidencias contra ello, y remarca la tradición de su familia.
«Me gusta esta profesión porque es la profesión de mi familia. Estoy contento con lo que hago y no siento ninguna incomodidad», afirma con orgullo.
Su familia ha realizado este trabajo durante seis generaciones, el abuelo de su padre ya se dedicaba a ello, desde los tiempos en que Pakistán era parte de la India británica.
Su tío abuelo Tara Masih fue el encargado de ejecutar al ex primer ministro Zulficar Ali Bhutto en 1977 tras ser depuesto en un golpe de Estado y condenado por un tribunal.
La ineficacia del sistema judicial paquistaní quedó de manifiesto en 2016 cuando el Tribunal Supremo absolvió a los hermanos Ghulam Qadir y Ghulam Sarwar por asesinato, para descubrir que habían sido ejecutados meses antes.
Masih había sido el encargado de ahorcarlos.
«Si un inocente es ahorcado no es culpa mía, es culpa del juez que ordenó la ejecución», asegura con parsimonia.
El momento en el que Masih se entusiasma es cuando explica gesticulando cómo se practica la ejecución, cómo coloca la soga en el cuello del reo, le cubre la cabeza, le ata las manos atrás y los pies, cómo le explica al preso que no saque la lengua ya que se la puede cortar durante el ahorcamiento.
Y cómo los ajusticiados cuelgan durante media hora, para asegurarse de que han muerto, ya que unos mueren en unos pocos minutos, mientras que otros pueden tardar mucho más y se asfixian lentamente.
Masih recuerda que ha visto todo tipo de comportamientos en el patíbulo, desde presos que lloran, algunos que rezan, hasta otros que guardan silencio.
Incluso algunos que parecen orgullosos de morir así.
«Personas de grupos terroristas y extremistas lanzan cánticos como Alla- hu-Akbar(dios es grande) y dicen que han ganado, que para ellos es un triunfo, no una derrota», sentencia el verdugo.
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
