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«Es una rutina para mí y no me arrepiento de haber ahorcado a tanta gente”, asegura verdugo de 300 reos
Bisnieto, nieto e hijo de verdugos, Sabir Masih ha ejecutado a unos 300 reos, un trabajo que considera «rutinario» y que no le provoca remordimientos, en un momento en el que Pakistán se ha convertido en uno de los principales países en aplicar la pena de muerte en todo el mundo.
«Es una rutina para mí y no me arrepiento de haber ahorcado a tanta gente. Yo solo sigo las órdenes», afirma tranquilo el hombre de 34 años, espigado, de facciones marcadas y un pronunciado tartamudeo.
Su primera ejecución la llevó a cabo en julio de 2006, el caso de un reo condenado por asesinato durante el robo de un banco, con solo 22 años de edad, debido a que su padre estaba ocupado en el ahorcamiento de un preso en otra ciudad.
El preso «estaba recitando unos versos del Corán. El superintendente me hizo una señal, tiré de la palanca y el convicto quedó colgando. Yo no estaba asustado porque ya había visto una ejecución», recuerda Masih.
En ocho meses superó las 100 ejecuciones y siguió sumando hasta que en 2008 el Gobierno impuso una moratoria sobre la pena de muerte.
Durante los dos años largos de moratoria, Masih continuó cobrando su salario como empleado público de prisiones de la provincia del Punjab, sin ejecutar a nadie.
Hasta que el 16 de diciembre de 2014 un grupo de talibanes mató a 125 estudiantes en un ataque a una escuela de la ciudad de Peshawar (noroeste), lo que llevó al entonces primer ministro Nawaz Sharif a poner fin a la moratoria para casos de terrorismo y tres meses después para todos.
Tan solo tres días después del ataque, Masih ahorcó a los dos primeros presos tras años y desde entonces ha llevado a cabo unas 100.
Pakistán ha ejecutado a 506 personas desde el fin de la moratoria, lo que le ha convertido en uno de los principales países en aplicar la pena de muerte en el mundo, solo por detrás de Arabia Saudí, Irán e Irak.
La última ejecución de Masih fue la de Imran Ali, condenado por la violación y asesinato de una niña de siete años, en un controvertido caso que desató protestas violentas para reclamar seguridad y una acción rápida contra el violador, a quien ahorcó en octubre.
«Permaneció callado. El superintendente le dijo que si quería pedir perdón al padre de Zainab, pero permaneció en silencio», explica el verdugo.
Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI) consideran que Pakistán «viola el derecho y las normas internacionales» en su aplicación de las condenas a la horca, mientras que organizaciones locales critican el sistema policial y judicial paquistaní por ser poco eficaces, lo que deviene en sentencias injustas.
Nada de ello afecta a Masih, quien sostiene que la pena de muerte ayuda a reducir los crímenes, a pesar de las evidencias contra ello, y remarca la tradición de su familia.
«Me gusta esta profesión porque es la profesión de mi familia. Estoy contento con lo que hago y no siento ninguna incomodidad», afirma con orgullo.
Su familia ha realizado este trabajo durante seis generaciones, el abuelo de su padre ya se dedicaba a ello, desde los tiempos en que Pakistán era parte de la India británica.
Su tío abuelo Tara Masih fue el encargado de ejecutar al ex primer ministro Zulficar Ali Bhutto en 1977 tras ser depuesto en un golpe de Estado y condenado por un tribunal.
La ineficacia del sistema judicial paquistaní quedó de manifiesto en 2016 cuando el Tribunal Supremo absolvió a los hermanos Ghulam Qadir y Ghulam Sarwar por asesinato, para descubrir que habían sido ejecutados meses antes.
Masih había sido el encargado de ahorcarlos.
«Si un inocente es ahorcado no es culpa mía, es culpa del juez que ordenó la ejecución», asegura con parsimonia.
El momento en el que Masih se entusiasma es cuando explica gesticulando cómo se practica la ejecución, cómo coloca la soga en el cuello del reo, le cubre la cabeza, le ata las manos atrás y los pies, cómo le explica al preso que no saque la lengua ya que se la puede cortar durante el ahorcamiento.
Y cómo los ajusticiados cuelgan durante media hora, para asegurarse de que han muerto, ya que unos mueren en unos pocos minutos, mientras que otros pueden tardar mucho más y se asfixian lentamente.
Masih recuerda que ha visto todo tipo de comportamientos en el patíbulo, desde presos que lloran, algunos que rezan, hasta otros que guardan silencio.
Incluso algunos que parecen orgullosos de morir así.
«Personas de grupos terroristas y extremistas lanzan cánticos como Alla- hu-Akbar(dios es grande) y dicen que han ganado, que para ellos es un triunfo, no una derrota», sentencia el verdugo.
La influencer mexicana Valeria Márquez, de 23 años, fue asesinada la tarde del martes dentro de su salón de belleza, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco, según confirmaron autoridades estatales.
La joven, conocida por compartir contenidos sobre belleza y estilo de vida en redes sociales, algunos con hasta 800,000 reproducciones, fue atacada a tiros alrededor de las 18:30 horas locales (00:30 GMT del miércoles) por un sujeto que ingresó al local y disparó directamente en su contra, informó la fiscalía estatal en un comunicado.
“La víctima es una persona con presencia activa e influencia en redes sociales”, destacó la institución, que añadió que el caso está siendo investigado bajo el protocolo de feminicidio.
Elementos de la policía municipal llegaron al establecimiento tras una llamada de emergencia y confirmaron el fallecimiento de Márquez en el lugar. Agentes del Ministerio Público permanecieron en la escena recabando pruebas y testimonios para esclarecer el crimen.
La violencia de género continúa siendo una grave preocupación en México. De acuerdo con ONU Mujeres, 7 de cada 10 mexicanas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de agresión, y diariamente se registran en promedio 10 asesinatos de mujeres, sumando homicidios dolosos y feminicidios.
Las autoridades no han reportado hasta el momento detenidos por este hecho.
El asesinato de Luis Armando Córdova Díaz, exdiputado y exsecretario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco, se suma a una serie de ataques contra figuras políticas ocurridos recientemente en México, en medio del proceso electoral que culminará el 2 de junio.
Córdova, quien fue legislador entre 2012 y 2015, fue atacado en Zapopan, Jalisco, parte del área metropolitana de Guadalajara. Según informó la Fiscalía del Estado, ya se abrió una investigación para esclarecer el crimen. “Se revisan cámaras de videovigilancia, entrevistas y otros indicios para identificar a los agresores, quienes habrían huido a bordo de una motocicleta”, señaló la institución en un comunicado.
El PRI condenó el homicidio a través de la red social X, donde exigió justicia y alertó sobre la creciente inseguridad. “¡El pueblo no merece vivir con miedo!”, expresó el partido.
Jalisco, considerado bastión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más poderosos del país, es escenario frecuente de violencia, desapariciones y enfrentamientos armados. Zapopan, donde ocurrió el ataque, es además una de las sedes seleccionadas para el Mundial de Fútbol 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.
El homicidio de Córdova ocurre en un contexto de creciente violencia política en el país. El pasado lunes fue asesinado Esteban Alfonseca, exalcalde de Actopan, Veracruz. Un día antes, Yesenia Lara, candidata a la alcaldía de Texistepec por el partido oficialista Morena, resultó herida tras ser atacada a balazos mientras marchaba en caravana junto a simpatizantes.
Veracruz, donde se celebrarán elecciones locales el próximo 1 de junio para renovar 212 alcaldías, ha sido identificado como un territorio estratégico para el crimen organizado por su ubicación en la costa del Golfo de México.
De acuerdo con analistas, los asesinatos de candidatos y exfuncionarios suelen intensificarse en periodos electorales como una forma en que los grupos delictivos buscan controlar gobiernos locales y ejercer influencia sobre los procesos democráticos.
Un sargento del ejército colombiano perdió la vida tras quedar atrapado en el baño de un autobús que fue incendiado por presuntos guerrilleros disidentes de las FARC en una carretera del departamento de Caquetá, al sur del país. El hecho se registró la noche del martes, informó el Ejército Nacional mediante un comunicado.
Según el reporte oficial, hombres armados interceptaron el autobús que había partido del municipio de San Vicente del Caguán, obligaron a los pasajeros a descender y luego prendieron fuego al vehículo. La víctima, un militar vestido de civil, no logró salir a tiempo y murió calcinado dentro del automotor.
“El ataque constituye una flagrante violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario”, denunció el Ejército, que atribuye la acción a un grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC, sin especificar cuál.
En el departamento de Caquetá operan dos facciones del denominado Estado Mayor Central (EMC), la principal agrupación de disidencias de las FARC. Una de ellas, bajo el mando de alias Calarcá, participa en diálogos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro; mientras que la otra, liderada por alias Iván Mordisco, se apartó del proceso en 2023 y ha intensificado su accionar violento contra las fuerzas estatales.
Ambas estructuras se disputan el control de actividades ilegales como el narcotráfico, la extorsión y la deforestación en esa región selvática.
Colombia vive actualmente el pico más alto de violencia en la última década. El presidente Petro ha denunciado la implementación de un “plan pistola” por parte de grupos armados, que consiste en asesinatos sistemáticos de policías y militares. Según cifras oficiales, entre el 15 de abril y el 5 de mayo, esta ofensiva ha dejado más de 30 uniformados muertos.
El «plan pistola» recuerda la estrategia empleada por el narcotraficante Pablo Escobar en los años noventa, cuando ofrecía recompensas por cada miembro de la fuerza pública asesinado.
Como medida preventiva, el Ministerio de Defensa recomendó a principios de mayo que los integrantes de las fuerzas armadas se desplacen vestidos de civil para reducir el riesgo de ser atacados.
Colombia continúa sumida en un conflicto armado interno que, a lo largo de seis décadas, ha dejado más de 9,5 millones de víctimas entre muertos, desplazados y desaparecidos, de acuerdo con registros oficiales.
