Internacionales
Ecuador, «bajo conflicto armado» por control de bandas criminales deja alrededor de 10 muertos
Ante la opresión de las bandas criminales en Ecuador, el presidente Daniel Noboa declaró ayer conflicto armado interno y ordenó a las Fuerzas Armadas «ejecutar operaciones militares para neutralizar» a los grupos armados.
El mandatario había decretado medidas el lunes con un estado de excepción y toque de queda, pero las organizaciones terroristas tomaron venganza.
Con el decreto, el Gobierno dispone de la «movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el territorio nacional, para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes».
La Asamblea dará amnistía para todos los agentes del orden. La situación en las calles es caótica. Hombres armados y encapuchados ingresaron ayer a la universidad de Guayaquil y a la universidad Técnica Estatal de Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Quema de vehículos, bombas en patrullas y el lanzamiento de otros artefactos explosivos en las vías fueron confirmados por la Policía Nacional.
Hasta el momento se reportan alrededor de diez personas fallecidas en Ecuador, dijo la Policía, que ayer atendió 650 emergencias.
El Ministerio de Educación cambió la modalidad a «no presencial» en todo el sistema hasta el viernes. El personal también está sujeto a teletrabajo como medida preventiva ante los saqueos y otros incidentes en espacios públicos de la capital.
El transporte público era irregular y el Sistema Integrado de Transporte Masivo Urbano (Metrovía) suspendió el servicio en todas sus troncales. Comercios, centros comerciales y mercados cerraron.
Ayer, una transmisión en vivo fue interrumpida por un grupo de 13 atacantes que ingresaron con fusiles y granadas al canal TC televisión en Guayaquil. Periodistas, camarógrafos y otros miembros de la producción se convirtieron en rehenes.
La Policía logró liberar a las víctimas horas después. La supuesta negativa del Ejecutivo a conceder las peticiones de las agrupaciones ilícitas hizo que sus integrantes llevaran a cabo desde ayer en la madrugada los secuestros de nueve policías y más de 100 guardias de las cárceles en todo el territorio nacional.
De los más de 100 oficiales raptados ayer, tres fueron secuestrados de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) Wilson Franco Machala, en la provincia de El Oro.
Otro agente fue privado de libertad por tres agresores a bordo de un vehículo polarizado y sin placas, en la sede en Llano 1, en Quito, y otros tres en la vía El Empalme, en la provincia de Los Ríos.
Los grupos criminales amenazaron con que, si la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no se retiraban de las prisiones, comenzarían a matar a los agentes.
«Todo depende de usted [presidente], toda esta masacre la tiene en sus manos. No queremos continuar, pero si usted se opone a todas las peticiones de nuestra organización, vamos a comenzar a darle guerra, porque no le tenemos miedo», aseguró un hombre cubierto de la cara en un video mientras apuntaba a uno de los guardias.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, solicitó al Gobierno militarizar el metro de la ciudad «para mantener la seguridad de la capital», así como el sistema de transporte, fuentes de agua potable, estaciones de despacho de energía eléctrica y sedes de las funciones del Estado.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionó ante un Ecuador dominado por las bandas. «No es soplar y hacer botellas», compartió desde la red social X.
La ministra de Interior, Mónica Palencia, señaló durante una entrevista en CNN «que la crisis de seguridad no es un tema del Gobierno de Daniel Noboa». «La crisis de inseguridad se instauró en Ecuador hace muchísimos años cuando empezaron los vínculos del narcoterrorismo con la política.
Al contrario, es el Gobierno de Noboa en el que por transparencia se está trabajando para recuperar un estado de paz», insistió Palencia.
El Gobierno identificó ayer a 22 agrupaciones como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, siendo estas: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gánster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Lobos, Los p.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones. Noboa convocó al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) para discutir la situación de inseguridad.
Internacionales
Diputados aprueban tratado entre Costa Rica y El Salvador que permitirá a los condenados cumplir sus penas en el país de origen
Un total de 37 diputados de la Asamblea Legislativa costarricense aprobaron en segundo debate el Proyecto de Ley 24.857, que ratifica un tratado bilateral entre Costa Rica y El Salvador para el cumplimiento de condenas penales en el extranjero.
Petición de Laura Fernández no se cumplió: Partido Pueblo Soberano no logró los 40 diputados
Te puede interesar:
Petición de Laura Fernández no se cumplió: Partido Pueblo Soberano no logró los 40 diputados
La iniciativa establece el marco legal que permitirá a personas privadas de libertad de ambas nacionalidades cumplir el resto de su sentencia en su país de origen, siempre que se cumplan una serie de requisitos previamente definidos.
El tratado tiene como principal objetivo facilitar los procesos de reinserción social de las personas condenadas, al permitirles finalizar su pena en un entorno cultural, social y familiar más cercano.
Además, el acuerdo busca fortalecer la cooperación regional en materia de seguridad y justicia penal, en un contexto en el que ambos países enfrentan retos importantes relacionados con el sistema penitenciario y el hacinamiento carcelario.
Según lo aprobado, el traslado solo será posible para personas con sentencia firme y con el consentimiento expreso del condenado. Asimismo, se establece como requisito que al momento del traslado resten al menos seis meses de condena por cumplir.
El tratado excluye a quienes hayan sido condenados por delitos políticos, militares o contra la seguridad del Estado, limitando su aplicación a delitos de carácter común.
El acuerdo fue ratificado por El Salvador en octubre de 2023, mientras que en Costa Rica fue aprobado por el Plenario Legislativo en febrero de 2026, tras completar su trámite legislativo ordinario.
¿Quiénes votaron por el proyecto 24,857?
Pese a que durante la votación hubo 15 diputados ausentes, el proyecto logró reunir los 37 votos necesarios para su aprobación definitiva. El respaldo provino de seis de las siete bancadas representadas en la Asamblea Legislativa, evidenciando un amplio apoyo político, con la única excepción del Frente Amplio.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), 14 diputados votaron a favor, uno lo hizo en contra y tres se ausentaron. El Partido Progreso Social Democrático (PPSD) aportó ocho votos afirmativos, con un legislador ausente. Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) registró seis votos a favor y dos ausencias.
La bancada de Nueva República apoyó el proyecto con tres votos afirmativos, mientras que otros tres diputados estuvieron ausentes. En contraste, el Frente Amplio se manifestó en contra de la iniciativa, con tres votos negativos y tres ausencias. Finalmente, el Partido Liberal Progresista registró un voto a favor y una ausencia.
En cuanto a los diputados independientes, cinco votaron a favor del tratado, uno en contra y dos estuvieron ausentes. La distribución de los votos reflejó un consenso mayoritario en torno a la cooperación internacional en materia penitenciaria, aunque también dejó en evidencia diferencias ideológicas sobre el alcance y las implicaciones del acuerdo.
En Costa Rica, la entidad responsable de velar por el cumplimiento del tratado será la Dirección de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Esta institución tendrá a su cargo la coordinación de los traslados, la verificación de los requisitos legales y el seguimiento de las personas condenadas que sean repatriadas o enviadas al extranjero.
En el caso de El Salvador, la responsabilidad recaerá en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, específicamente en la Dirección General de Centros Penales. Para que el traslado de una persona condenada pueda concretarse, será indispensable el consentimiento de ambos Estados, así como el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y de seguridad establecidos en el tratado.
Uno de los compromisos clave dentro del mecanismo de traslado de personas privadas de libertad es el intercambio oportuno y transparente de información entre las autoridades de ambos países. El trámite podrá ser solicitado tanto por los Estados como por los propios reos, sus familiares o representantes legales, aunque la decisión final siempre quedará en manos de las autoridades competentes.
El acuerdo también establece que los países definirán de manera conjunta los mecanismos de seguridad que se utilizarán durante los traslados.
Además, se garantiza que los condenados no podrán ser juzgados nuevamente por el mismo delito y que deberán respetarse los plazos y condiciones de la sentencia original. En los casos en que el reo padezca una enfermedad crónica o degenerativa, las autoridades deberán agilizar el análisis y resolución de las solicitudes de traslado.
Internacionales
La fiscalía francesa cita a declarar a Elon Musk en el marco de una investigación sobre X
La fiscalía de París indicó este martes que citó a declarar en abril al propietario de la plataforma X, Elon Musk, y a su ex directora general Linda Yaccarino, en el marco de una investigación sobre esta red social.
«Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino», señaló el ministerio público en un comunicado.
La justicia francesa abrió una investigación en 2025 a raíz de denuncias de diputados sobre el presunto sesgo en los algoritmos de X, que podría haber alterado su funcionamiento.
Las pesquisas se ampliaron a otros delitos como complicidad en la difusión de imágenes de pornografía infantil, y al rol de Grok, su IA, en la difusión de contenidos negacionistas e imágenes falsas de carácter sexual.
Esta citación a declarar debe «permitirles exponer su posición sobre los hechos y, en su caso, las medidas para cumplir [con la legislación] previstas», apuntó la fiscal de París, Laure Beccuau.
La fiscalía también anunció el allanamiento este martes de los locales en Francia de la plataforma X y el llamado a declarar de sus trabajadores, en calidad de testigos, entre el 20 y el 24 de abril de 2026.
A diferencia de la investigación sobre la plataforma australiana Kick, la justicia optó por llamar a declarar voluntariamente a Musk y Yaccarino con un «enfoque constructivo», según el comunicado.
A finales de enero, la justicia emitió órdenes de detención contra tres gerentes de Kick, en el marco de la investigación por la muerte en directo del «streamer» Jean Pormanove, al no presentarse a las primeras citaciones.
Internacionales
Venezuela ya exporta Gas Licuado de Petróleo
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó el domingo que su país ha exportado, por primera vez en su historia, un primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
A través de la aplicación Telegram, Rodríguez se manifestó orgullosa de compartir el momento en que zarpó desde Venezuela el buque Chrysopigi Lady, sin especificar el destino, con el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo.
«Junto a la clase trabajadora marcamos este hito histórico al exportar la primera molécula de gas del país, un logro para el bienestar del pueblo venezolano», manifestó Rodríguez.
La histórica exportación forma parte de una serie de esfuerzos del Gobierno venezolano por incrementar su producción energética, en medio de restricciones internacionales.
El pasado 16 de enero y sin especificar detalles del negocio, la presidenta encargada anunció que Venezuela había firmado un contrato internacional de comercialización de GLP. Rodríguez integró ayer en su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello -sancionada por Estados Unidos- fue designada ministra de Turismo. Es hija del ministro Diosdado Cabello, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Rodríguez asumió la presidencia tras el derrocamiento de Maduro en una incursión militar de Estados Unidos, que incluyó bombardeos a Caracas y varias regiones vecinas.
Al frente de la presidencia, ha cambiado varios ministros y a altos cargos militares.
Daniella Cabello asumirá la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional, publicó la presidenta interina en Telegram.


