Internacionales
Denuncian quema de papeletas, disturbios y compra de votos en elecciones de Guatemala
Las elecciones Guatemala 2023 se han visto opacadas por denuncias de disturbios y quema de papeletas electorales en un centro de votación de San Martín Zapotitlán, Retalhuelu. Asimismo, según el medio Prensa Libre, varios vecinos aseguraron que los candidatos del partido oficial, Vamos —que postula a la alcaldía a Blanca Mendoza—, habrían coordinado el traslado de personas para que votaran en el municipio.
Asimismo, Sandra Torres, quien encabeza la intención de voto, denunció que el oficialismo estaba «comprando votos» en las elecciones de Guatemala tras sufragar, en la mañana, en una escuela de la capital.
Los locales informaron al medio citado que Vamos llevó al municipio a personas que no son del lugar en camiones y también que un grupo de ciudadanos ingresaron a una mesa electoral y quemaron varias papeletas.
La Policia Nacional Civil llegó al lugar y dispersaron a estos manifestantes con bombas lacrimógenas, mientras los que vecinos lanzaban piedras y otros objetos. Otros lugareños mencionaron que estas personas son contrarias al oficialismo y que quieren una gobernación opositora. Por el momento, se mantiene cerrado el centro de sufragio.
“El partido oficial no puede hacer regalos ni comprando votos, porque tenemos denuncias de que están comprando votos” con el reparto de alimentos, dijo Torres tras sufragar en la escuela Valle Verde, de la capital.
Torres recordó que el presidente derechista Alejandro Giammattei había asegurado en un mensaje al país el viernes que iba a respetar los resultados de la votación. «Pero ¿dónde está la transparencia si está comprando votos el partido oficial (Vamos)?», expresó la exesposa del difunto mandatario Álvaro Colom.
Torres es seguida en intención de voto por Edmond Mulet, la derechista Zury Ríos y el oficialista de derecha Manuel Conde, según los últimos sondeos.
Los casi 3.500 centros de votación abrieron a las 07.00 (hora local) y recibirán durante 13 horas los sufragios de unos 9,4 millones de ciudadanos habilitados. Los primeros resultados oficiales se conocerán hacia las 21.00 horas.
Hay 22 candidatos presidenciales en liza, algo usual en Guatemala. Si ninguno obtiene mayoría absoluta, habría un balotaje el 20 de agosto. El voto es voluntario y está prohibida la reelección. Además, en estos comicios, serán elegidos 160 diputados, 340 alcaldes y 20 representantes al Parlamento centroamericano.
Según el artículo 223 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) en el ámbito del proceso electoral 2023, la ley seca estará vigente desde este sábado 24 de junio hasta el lunes 26 de junio. La legislación establece sanciones y penas de prisión a quienes incumplan con la prohibición.
Internacionales
Incautan más de medio millón de quetzales vinculados a extorsiones en una vivienda de Guatemala
Las autoridades de seguridad pública de Guatemala reportaron este jueves 27 de agosto la captura de un hombre de 39 años y la incautación de Q548 mil 300 en efectivo, dinero que habría sido generado de manera ilícita.
El procedimiento policial se realizó en la 33 avenida y 46 calle de la colonia El Granizo II, zona 7 de la Ciudad de Guatemala.
De acuerdo con la información compartida, personal de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), en coordinación con fiscales del Ministerio Público, desarrolló el operativo como parte del seguimiento a investigaciones en curso.
Durante la inspección de una vivienda fueron localizados Q548 mil 300 en efectivo. Según las autoridades, el dinero también podría estar relacionado con casos de extorsión y ataques armados registrados en ese sector de la capital.
En el lugar fue detenido en flagrancia un hombre de 39 años, debido a que no pudo explicar el origen del dinero y por sus posibles vínculos con hechos delictivos.
El detenido fue puesto a disposición del juzgado correspondiente, que deberá dilucidar su situación legal.
Uganda declaró el fin de un brote de ébola luego de cumplir 42 días desde que el último paciente confirmado fue dado de alta, sin que se documentara una nueva transmisión asociada a ese caso, informó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026. Tras cumplirse 42 días sin nuevos contagios relacionados con ese caso, la OMS señaló que se marca el fin del brote.
«Uganda cumplió 42 días desde que el último enfermo por ébola confirmado, importado desde otro país, fue dado de alta el 16 de julio de 2026, sin que se haya documentado ninguna transmisión posterior asociada a ese caso, lo que marca el fin del brote», publicó la OMS en X.
La organización elogió al gobierno de Uganda, al personal sanitario y a sus socios por «las sólidas medidas adoptadas para contener el brote y evitar una propagación más amplia».
Uganda registró un total de 20 casos de ébola, casi todos correspondientes a personas que habían viajado desde la República Democrática del Congo (RDC), además de dos fallecimientos.
El ébola se transmite mediante el contacto con fluidos corporales y provoca fiebre hemorrágica.
El país fue reconocido por sus esfuerzos para evitar la propagación del brote, que desbordó los centros sanitarios en algunas zonas del este de la vecina RDC.
Desde que se declaró el brote el 15 de mayo, en la RDC se registraron más de 5.600 casos confirmados, incluidos más de 2.700 fallecimientos.
Según el texto, este es considerado el brote de propagación más rápida de esta enfermedad registrado hasta la fecha.
Irán ha ejecutado a más de 500 personas en lo que va de 2026, luego de un nuevo aumento de los ahorcamientos registrado en los últimos días, pese al llamado del presidente estadounidense Donald Trump para detener estas ejecuciones, informó el jueves la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega.
De acuerdo con IHR, al menos 511 personas han sido ejecutadas en Irán durante 2026, entre ellas al menos 29 relacionadas con las protestas antigubernamentales de enero.
La organización señaló que entre las personas ejecutadas figuran al menos 16 mujeres y 13 «presos políticos» vinculados a grupos de oposición prohibidos.
Activistas acusan a las autoridades iraníes de utilizar la pena capital como un mecanismo para intimidar a la población después de las protestas y de la guerra que comenzó el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel.
«Todas las ejecuciones, independientemente de los cargos, tienen un claro propósito interno: generar miedo y evitar nuevas protestas», declaró a la AFP el director de IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam, quien agregó que existe preocupación por que esta tendencia pueda empeorar durante los próximos meses.
Desde el 19 de marzo, también fueron ejecutadas dos personas en relación con las protestas que comenzaron en 2022 tras la muerte bajo custodia de la joven kurdoiraní Mahsa Amini, quien había sido detenida en Teherán por presuntamente incumplir el código de vestimenta.
El martes, Trump escribió en su red Truth Social que Irán «asesina a manifestantes, incluso cuando no están manifestando, en una magnitud que no se había visto nunca».
«Se trata de una crisis humanitaria de proporciones épicas y debe detenerse, AHORA», agregó el mandatario estadounidense.
Amiry-Moghaddam sostuvo que, durante la guerra, la comunidad internacional concentró su atención en la reapertura del estrecho de Ormuz y en el conflicto, lo que, según afirmó, dio «a las autoridades un mayor margen para llevar a cabo ejecuciones de manifestantes, presos políticos y otras personas condenadas a muerte».
El director de IHR valoró los comentarios de Trump y afirmó que «una mayor atención aumenta el costo político para la república islámica».
La organización también aseguró que cientos de manifestantes han sido condenados a muerte o enfrentan cargos que podrían conllevar la pena capital.
Según Amnistía Internacional, Irán ejecutó al menos a 2.159 personas durante 2025. Sin embargo, las autoridades parecen estar intensificando actualmente las ejecuciones de manifestantes y de otras personas consideradas presos políticos durante el conflicto.
Más de 30 países, entre ellos Francia, Reino Unido y Canadá, condenaron este mes el uso de la pena capital por parte de Irán y afirmaron que el país está ejecutando a manifestantes para «silenciar la disidencia».
