Internacionales
Combinación letal de drogas provoca el fallecimiento de un bebé
Eran las 3 de la mañana y el hijo de 11 semanas de Samantha Whitney Jones estaba llorando.
Entonces, la mujer hizo lo que muchas madres harían: sentarse y amamantarlo.
Pero unas cinco horas más tarde, su bebé moriría. La causa del fallecimiento, según los fiscales, fue una «combinación letal de drogas» que ingirió a través de la leche materna de Jones.
Hace unos días, la madre, de 30 años y original de Pensilvania, fue acusada de homicidio criminal por la muerte de su hijo recién nacido, que fue identificado como R.J. Una autopsia reveló que la sangre del bebé contenía metadona, anfetamina y metanfetamina, de acuerdo a una declaración jurada de causa probable.
Como que la investigación aún está en curso, es posible que Jones pueda enfrentar cargos que conlleven una sentencia de cadena perpetua, según apuntó la fiscal adjunta de distrito Kristin McElroy en un comunicado de la Oficina del Fiscal del Condado de Bucks County.La fianza de Jones se estableció en USD 3 millones en efectivo.
Louis Busico, el abogado que representa a Jones, no pudo ser contactado para hacer declaraciones sobre el caso.
En la madrugada del 2 de abril, Jones dijo a la policía que estaba «demasiado cansada» para bajar y preparar una botella de fórmula para R.J. Por esa razón optó por amamantar, pero contó que el pequeño «dormitaba de vez en cuando» y no estaba segura de si realmente estaba bebiendo leche.
Alrededor de las 6 de la mañana, el marido de Jones encontró a su esposa durmiendo y a R.J. llorando.
Cuando la mujer se despertó, le pidió a su marido que preparara una botella de fórmula, que luego le dio a su hijo en la cuna. Jones se volvió a dormir y cuando despertó, una hora más tarde, fue a ver a R.J.
El bebé estaba acostado en su cuna, pálido y sin respiración, con «mucosidad sanguinolenta en la nariz», de acuerdo al informe judicial.
Jones gritó a su madre, Cheryl Jones, que también estaba viviendo en su casa, y llamó a la policía. Cheryl comenzó la reanimación cardiopulmonar y las autoridades llegaron minutos después.
R.J., que había sufrido un paro cardíaco, fue trasladado de urgencia al Hospital Doylestown, a poco más de 10 kilómetros de distancia, pero ya era demasiado tarde. Alrededor de las 8:30 de la mañana, R.J. fue declarado muerto.
Jones explicó a la policía que había estado amamantando a su bebé durante todo este tiempo, pero cambió a la fórmula unos días antes de su muerte porque estaba preocupada ya que R.J. «no estaba recibiendo suficiente leche de lactancia y, por lo tanto, no estaba durmiendo». Las autoridades analizaron el contenido de la fórmula para bebes y la botella utilizada para alimentar a R.J. la mañana en que murió, y ninguno de ellos dio positivo en el test de «drogas ilícitas».
En el momento de la muerte de R.J., Jones confirmó que estaba tomando metadona, que le habían recetado como parte del tratamiento para una adicción a los analgésicos. Jones también la había tomado durante el embarazo de R.J., según aseguraron los investigadores.
De acuerdo con un artículo de 2008 publicado en Canadian Family Physician, las mujeres que usan metadona como parte del tratamiento médico no deben ser desalentadas a la lactancia materna.
«Los beneficios de la lactancia materna superan, en gran medida, cualquier riesgo mínimo teórico», reza el artículo.
Sin embargo, se cree que las drogas estimulantes como la anfetamina o la metanfetamina «se concentran en la leche materna y pueden causar irritabilidad y perturbar el sueño de los bebés», según el Mater Mothers Hospital de Australia. El centro médico aconseja a las mujeres no amamantar de 24 a 48 horas después de usar ese tipo de sustancia y enfatizó en la importancia de extraer y deshacerse de la leche materna contaminada.
En 2002, la madre de California, Amy Prien, fue acusada de asesinato en segundo grado luego de que la oficina forense confirmara que su hijo de 3 meses había tomado una sobredosis de metanfetamina, que ingresó a su sistema a través de la leche materna. Se declaró culpable de homicidio involuntario en 2006. En 2012, otra madre de California fue sentenciada a seis años de prisión después de que su bebé de 6 semanas muriera después de ingerir lecha materna que también contenía metanfetamina. En 2014, Stephanie Greene fue condenada a 20 años de prisión en Carolina del Sur por la muerte de su bebé de 46 días, que había fallecido en noviembre de 2010 por una insuficiencia respiratoria. Las pruebas revelaron que la sangre del bebé contenía niveles tóxicos de morfina y clonazepam, de acuerdo a ABC News.
En la corte, Busico, el abogado de Jones, señaló que la mujer había «sufrido la mayor pérdida que cualquier ser humano puede sufrir». Dijo que la muerte del bebé había sido «un accidente horrible de proporciones insondables», aunque remarcó que no había sido un homicidio.
Una audiencia preliminar ha sido programada para los próximos días.
La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó el hallazgo sin vida de tres adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 20 de abril en el municipio de Tecate.
Los cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina situada en una zona desértica y corresponden a Jeremy Alexander Robinson Cañedo, de 15 años; Edgar Jovani Pelayo Ceniceros, de 16 años; y Brian Samuel Jiménez Hernández, también de 16 años.
De acuerdo con la información disponible, los tres jóvenes fueron vistos por última vez cuando salieron de sus viviendas en Tecate con destino a Tijuana, donde acudirían a una presunta oferta de trabajo.
Tras su desaparición, familiares, colectivos de búsqueda y autoridades realizaron diversas labores para tratar de ubicarlos.
La FGE informó que, luego de los procedimientos periciales correspondientes para confirmar su identidad, los cuerpos fueron entregados a sus familiares.
Según reportes periodísticos, el hallazgo de la fosa clandestina se produjo a partir de información proporcionada por un presunto integrante del crimen organizado, quien fue detenido y habría revelado datos sobre el lugar donde se encontraban ocultos los cuerpos.
El caso provocó una amplia movilización social en Baja California y reavivó las exigencias de familiares y colectivos para fortalecer las acciones de búsqueda y prevención de desapariciones de menores de edad.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El papa León XIV elogió este miércoles el acuerdo marco para la paz anunciado por Estados Unidos e Irán, al considerarlo el resultado de un «alentador trabajo de diálogo y negociación».
Las dos naciones, con la mediación de Pakistán, alcanzaron esta semana un memorando de entendimiento para poner fin a la contienda en Oriente Medio. Ante este avance, el pontífice expresó su gratitud a quienes participaron en el proceso de negociación.
«Espero que este acuerdo contribuya a fortalecer la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, al promover sendas de diálogo y cooperación entre los pueblos», manifestó el obispo de Roma durante su audiencia semanal en el Vaticano.
Durante su intervención, León XIV también se refirió a la guerra en Ucrania, conflicto que calificó como «doloroso», e instó a la apertura de «caminos de diálogo» que permitan alcanzar una paz justa y duradera.
La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, es considerada el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y ya supera en duración a la Primera Guerra Mundial.
El papa lamentó además las consecuencias humanas y materiales del conflicto.
«Tantas víctimas inocentes y socorristas muertos, tantas iglesias y tanta herencia cultural devastada por las llamas», expresó, días después de que una conocida catedral ortodoxa ucraniana resultara incendiada en Kiev tras un ataque masivo ruso.
Asimismo, manifestó su cercanía con las víctimas de la guerra.
«Estoy cerca de quienes guardan luto por sus seres queridos, estoy con los heridos y con quienes, en medio de la violencia, siguen sirviendo la vida con valentía», añadió el líder de la Iglesia católica.
Una prohibición del uso de teléfonos inteligentes para empleados públicos entró en vigor este miércoles en Afganistán por iniciativa del gobierno talibán, según informaron diversos funcionarios.
De acuerdo con un funcionario de la provincia nororiental de Badajshán, quien habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad, la medida fue comunicada mediante un decreto oral del Emirato Islámico, nombre con el que se identifica el Estado afgano bajo el gobierno talibán.
«Se leyó un decreto oral del Emirato Islámico y se les comunicó a todos los jefes de departamento que, a partir de hoy, ningún empleado de los servicios talibanes tiene permitido usar un teléfono inteligente», declaró el funcionario a la AFP.
La semana pasada circuló en redes sociales una nota atribuida a la Corte Suprema sobre la restricción. Sin embargo, la institución no emitió declaraciones al respecto.
El documento exhortaba a los jefes de departamento a informar a todo el personal, sin distinción de rango, que el uso de teléfonos inteligentes quedaba estrictamente prohibido a partir del 17 de junio.
La circular también señalaba que la medida aplicaba tanto a las fuerzas civiles como militares y establecía que únicamente el líder supremo talibán, Hibatula Akhundzada, podría autorizar excepciones.
Hasta el momento, las autoridades no han explicado oficialmente los motivos de la prohibición. Además, dos portavoces del gobierno afgano no respondieron a las consultas realizadas por la AFP.
Por su parte, un funcionario de la provincia de Gazni, cercana a Kabul, confirmó que la disposición ya había comenzado a aplicarse.
«Se decidió que a partir del miércoles queda prohibido el uso de teléfonos inteligentes dentro de todas las oficinas de la provincia de Gazni», escribió Irfan Andarh, empleado de la Administración de Minas y Petróleo, en un grupo de WhatsApp al que tuvo acceso la AFP.
Pese a la entrada en vigor de la medida, varios organismos estatales continuaban difundiendo información a través de WhatsApp durante la tarde del miércoles, según constató la agencia.
El uso de teléfonos inteligentes está ampliamente extendido en las ciudades afganas, incluida la administración pública.
Según funcionarios afganos, el incumplimiento de la nueva normativa podría derivar en despido, acciones penales y penas de hasta seis meses de prisión.
Los talibanes gobiernan Afganistán desde agosto de 2021 bajo una interpretación estricta de la ley islámica.
