Internacionales
Casi 100 años después, Argentina busca la verdad sobre la muerte de 500 indígenas en la masacre de Napalpí
Rosa Grilo tiene 114 años y es la única sobreviviente de la masacre de Napalpí, en la provincia del Chaco, en el norte de Argentina. El 19 de julio de 1924, unos 500 indígenas de los pueblos Qom y Mocoit que protestaban por los abusos que sufrían fueron asesinados indiscriminadamente por la Policía y un grupo de colonos.
«Es muy triste para mí porque mataron a mi papá y casi no me quiero acordar, porque me hace doler el corazón. Un avión de arriba tiraba bolsas y caían al piso y ahí los mataban. Mi abuelo y mi mamá gritaban: ¡disparemos, disparemos! No sé por qué mataron a muchos niños y grandes. Fue mucho el sufrimiento». Desde el patio de su casa, Rosa relató así en 2018 lo ocurrido a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia.
Casi un siglo después y coincidiendo con el Día del Aborigen Americano, el martes se inició un histórico juicio «por la verdad» y sin imputados, porque los responsables fallecieron.
«El juicio por la verdad no busca responsabilidades penales (…) No van a encontrar aquí imputados. Lo que se trata es de hacer una determinación judicial de los hechos, de conocer la verdad de lo acontecido, primero, para la reivindicación de la memoria de los pueblos, para calmar las heridas, para reparar, como una forma de acción positiva», aseguró Zunilda Niremperger, la jueza a cargo del juicio.
Niremperger añadió que lo que se pretende «es activar la memoria y generar conciencia colectiva de que las grandes violaciones a derechos humanos no deben volver a repetirse».
Las audiencias orales y públicas se realizarán en las ciudades de Resistencia y Machagai, en la provincia de Chaco, y dos se celebrarán en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (exEsma), en Buenos Aires.
Se escucharán unos 40 testimonios de sobrevivientes –el de Rosa y los registros audiovisuales de Melitona Enrique, Rosa Chara y Pedro Balquinta, que ya fallecieron–, y de los descendientes de las víctimas.
También declararán varios investigadores indígenas dedicados a la reconstrucción histórica de este episodio declarado en 2019 crimen de lesa humanidad por la Justicia. Asimismo,se expondrá el trabajo del historiador qom Juan Chico, que falleció en 2021 por covid-19. Defensor a ultranza de los derechos indígenas, Chico creó la Fundación Napalpí y dejó libros esenciales sobre la masacre como ‘La Voz de la Sangre’ y ‘Las Voces de Napalpí’.
El 19 de mayo se procederá a los alegatos de la Fiscalía.
La masacre
El 19 de julio de 1924, según los registros históricos y las pruebas recabadas, unos 130 policías y un grupo de civiles partieron desde Quitilipi hasta Napalpí por orden del gobernador del entonces territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno.
Su objetivo era terminar con la protesta de los pueblos originarios que trabajaban en condiciones de esclavitud. Pedían una retribución justa por la cosecha de algodón y trabajar fuera del territorio chaqueño, en los ingenios azucareros de Salta y Jujuy, que ofrecían mejor paga.
Durante 45 minutos, la Policía descargó más de 5.000 balas de fusil sobre la reducción de Napalpí, como se denominaba a los lugares de confinamiento de indígenas. Los que consiguieron escapar fueron perseguidos por la sierra. La idea era no dejar testigos y, de hecho, muy pocos lograron sobrevivir. Decenas de niños fueron enviados como sirvientes a las localidades de Quitilipi y Machagai y los muertos se enterraron en fosas comunes.
En 2019, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAS) identificó los restos de una víctima, enterrada a poca profundidad, en el terreno de una vivienda que fue escenario de la masacre.
Un fatídico hecho de sangre se registró este lunes en un restaurante ubicado sobre la 18.ª avenida y 8.ª calle, de la Zona 6, de la capital guatemalteca. Clientes y empleados de la cevichería «Viña del Mar» fueron atacados a balazos por dos hombres que ingresaron con los rostros cubiertos. En el lugar fallecieron cinco personas, mientras que los lesionados fueron trasladados al Hospital San Juan de Dios, posteriormente uno murió en el nosocomio, informó el periódico Prensa Libre.
Entre los heridos se encuentra un menor de cinco años que fue movilizado a una unidad de emergencias pediátricas.
Bomberos Voluntarios y Bomberos Municipales fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, tras recibir llamadas de emergencias de los vecinos, quienes escucharon los disparos.
Actualmente la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP) investigan el móvil de la masacre.
Según una publicación en la web del medio guatemalteco La Hora, citando versiones de testigos, los atacantes se movilizaban en motocicletas.
En las redes sociales comenzaron a circular las posibles identidades de las víctimas entre ellas Kimberly Pérez Ramos, su pareja Isaías Boch y el hijo en común que resultó herido; los tres residentes de Buena Vista, Santa María Ixhuatán, Santa Rosa.
Noemí Sinay Hernández ha sido identificada entre las víctimas mortales. La mujer contaba con récord delictivo por asociaciones ilícitas, portación de arma hechiza y conspiración para asesinato, confirmó el vocero de la PNC, Jorge Aguilar. De todos los fallecidos era la única que contaba con antecedentes policiales, añadió.
Una de las hipótesis de la Policía es que el ataque iba dirigido hacia Hernández por presunta rivalidad entre bandas criminales
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por considerarla corrupta y antidemocrática, fracasó este lunes en su aspiración de lograr un tercer mandato, lo que el presidente Bernardo Arévalo rechazaba de forma rotunda.
La salida de Porras del Ministerio Público (MP) es considerada clave por activistas y juristas locales e internacionales para atacar la red de corrupción enquistada en el sistema de justicia, que ha hecho tambalear a la frágil democracia guatemalteca.
Porras quedó fuera de la lista de seis candidatos aprobada por la comisión de abogados que los seleccionó para que Arévalo designe al fiscal general que asumirá el cargo el 17 de mayo por los próximos cuatro años.
Arévalo descartó elegir a Porras por considerarla «peligrosa» para el país, pero la propia comisión evaluadora la excluyó, aunque encabezaba una tabla de puntajes que solo consideraba la experiencia y títulos académicos, no la integridad ética.
Sus críticos la consideran operadora del llamado «pacto de corruptos», la élite político-empresarial ultraconservadora que domina el país.
Internacionales
Masacres en Colombia aumentan un 32% en 2026 y dejan más de 90 víctimas en tres meses
La situación de seguridad en Colombia muestra una crisis durante el inicio de 2026, con un aumento significativo en las masacres registradas entre enero y marzo. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Colombia, en ese periodo se contabilizaron 30 hechos que dejaron 94 fallecidos a causa de la violencia, lo que representa un incremento del 32% en comparación con el mismo lapso del año anterior.
Según detalla un artículo de «El Colombiano», las cifras reflejan un problema persistente en distintas regiones del país, donde continúan ocurriendo asesinatos colectivos, definidos como la muerte intencional de tres o más personas en un mismo hecho. Este tipo de violencia evidencia la presencia activa de criminales en varios territorios.
Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz reportó un panorama aún más crítico, con 35 masacres y 133 víctimas durante el primer trimestre de 2026, lo que convierte este periodo en el más violento de la última década en este tipo de crímenes.
Los casos se han concentrado en al menos 34 municipios de 17 departamentos, lo que evidencia una expansión territorial de la violencia, en muchos casos vinculada a disputas entre grupos armados ilegales. Enero y marzo fueron los meses con mayor incidencia, con 13 casos de violencia cada uno, mientras que en febrero se registraron nueve.
El año inició con un hecho que marcó la tendencia. El 3 de enero, en Santander de Quilichao, tres mujeres fueron asesinadas en un mismo hecho violento. El caso, que incluyó ataques en distintos momentos relacionados entre sí, evidenció la gravedad de la situación y el impacto en las comunidades.
La comparación con años anteriores confirma el aumento de la violencia, ya que en el primer trimestre de 2025 se registraron 16 masacres, en 2024 fueron 18 y en 2023 un total de 27 casos. Según Indepaz, entre 2016 y marzo de 2026 se han documentado 729 masacres y 2,657 víctimas en el país, reflejando la persistencia de este fenómeno a lo largo del tiempo.
