Internacionales
Casi 100 años después, Argentina busca la verdad sobre la muerte de 500 indígenas en la masacre de Napalpí
Rosa Grilo tiene 114 años y es la única sobreviviente de la masacre de Napalpí, en la provincia del Chaco, en el norte de Argentina. El 19 de julio de 1924, unos 500 indígenas de los pueblos Qom y Mocoit que protestaban por los abusos que sufrían fueron asesinados indiscriminadamente por la Policía y un grupo de colonos.
«Es muy triste para mí porque mataron a mi papá y casi no me quiero acordar, porque me hace doler el corazón. Un avión de arriba tiraba bolsas y caían al piso y ahí los mataban. Mi abuelo y mi mamá gritaban: ¡disparemos, disparemos! No sé por qué mataron a muchos niños y grandes. Fue mucho el sufrimiento». Desde el patio de su casa, Rosa relató así en 2018 lo ocurrido a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia.
Casi un siglo después y coincidiendo con el Día del Aborigen Americano, el martes se inició un histórico juicio «por la verdad» y sin imputados, porque los responsables fallecieron.
«El juicio por la verdad no busca responsabilidades penales (…) No van a encontrar aquí imputados. Lo que se trata es de hacer una determinación judicial de los hechos, de conocer la verdad de lo acontecido, primero, para la reivindicación de la memoria de los pueblos, para calmar las heridas, para reparar, como una forma de acción positiva», aseguró Zunilda Niremperger, la jueza a cargo del juicio.
Niremperger añadió que lo que se pretende «es activar la memoria y generar conciencia colectiva de que las grandes violaciones a derechos humanos no deben volver a repetirse».
Las audiencias orales y públicas se realizarán en las ciudades de Resistencia y Machagai, en la provincia de Chaco, y dos se celebrarán en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (exEsma), en Buenos Aires.
Se escucharán unos 40 testimonios de sobrevivientes –el de Rosa y los registros audiovisuales de Melitona Enrique, Rosa Chara y Pedro Balquinta, que ya fallecieron–, y de los descendientes de las víctimas.
También declararán varios investigadores indígenas dedicados a la reconstrucción histórica de este episodio declarado en 2019 crimen de lesa humanidad por la Justicia. Asimismo,se expondrá el trabajo del historiador qom Juan Chico, que falleció en 2021 por covid-19. Defensor a ultranza de los derechos indígenas, Chico creó la Fundación Napalpí y dejó libros esenciales sobre la masacre como ‘La Voz de la Sangre’ y ‘Las Voces de Napalpí’.
El 19 de mayo se procederá a los alegatos de la Fiscalía.
La masacre
El 19 de julio de 1924, según los registros históricos y las pruebas recabadas, unos 130 policías y un grupo de civiles partieron desde Quitilipi hasta Napalpí por orden del gobernador del entonces territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno.
Su objetivo era terminar con la protesta de los pueblos originarios que trabajaban en condiciones de esclavitud. Pedían una retribución justa por la cosecha de algodón y trabajar fuera del territorio chaqueño, en los ingenios azucareros de Salta y Jujuy, que ofrecían mejor paga.
Durante 45 minutos, la Policía descargó más de 5.000 balas de fusil sobre la reducción de Napalpí, como se denominaba a los lugares de confinamiento de indígenas. Los que consiguieron escapar fueron perseguidos por la sierra. La idea era no dejar testigos y, de hecho, muy pocos lograron sobrevivir. Decenas de niños fueron enviados como sirvientes a las localidades de Quitilipi y Machagai y los muertos se enterraron en fosas comunes.
En 2019, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAS) identificó los restos de una víctima, enterrada a poca profundidad, en el terreno de una vivienda que fue escenario de la masacre.
Cuatro astronautas despegarán para volver a dotar de personal la Estación Espacial Internacional (EEI) la próxima semana, informó la NASA el viernes, tras la evacuación médica de emergencia de la tripulación anterior.
La NASA anunció que la nueva misión, llamada Crew-12, despegará en el cohete Falcon 9 de SpaceX a primera hora del miércoles, con el lanzamiento «previsto para no antes de las 6H01 a.m.» hora local (11H01 GMT).
La confirmación aporta una pizca de certeza a la Crew-12, que había afrontado problemas de último minuto con el cohete y cambios de personal.
A principios de esta semana, SpaceX había dejado en tierra sus cohetes Falcon 9 mientras investigaba lo que la Administración Federal de Aviación (FAA) describió como una «falla de encendido del motor de la segunda etapa».
«El vehículo Falcon 9 está autorizado para volver a volar», dijo el viernes a la AFP un portavoz de la FAA.
La pausa temporal por parte de SpaceX generó preocupaciones de que el vuelo de la Crew-12 pudiera haberse retrasado.
La misión reemplazará a la Crew-11, que regresó a la Tierra en enero, un mes antes de lo previsto, durante la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial.
Militares y agentes federales capturaron en el estado mexicano de Querétaro (centro) a 30 integrantes de una célula criminal ligada al poderoso cártel de Sinaloa, informó este viernes la secretaría de Seguridad Federal.
Los detenidos son 21 hombres y nueve mujeres señaladas de ser presuntos vendedores de drogas y extorsionadores de la banda criminal conocida como Los Salazar. Entre los capturados está uno de sus jefes, Diego «N», alias ‘El Flaco’ (por ley se reservan los apellidos).
Este grupo criminal es «afín al cártel de Sinaloa» y las capturas fueron resultado de cuatro meses de investigación, escribió en la red social X el secretario de seguridad mexicano Omar García Harfuch.
Un comunicado de la dependencia detalló que las capturas se realizaron en doce operativos en la ciudad de Querétaro, capital del estado del mismo nombre.
«Se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información», añadió el comunicado.
Estas detenciones se conocen luego de que el pasado jueves la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo en Querétaro para participar con autoridades locales en un evento público.
El gobierno mexicano ha multiplicado sus operativos contra el narcotráfico en medio de reclamos y amenazas de imponer aranceles del presidente estadounidense Donald Trump.
Tras dos semanas de protestas indígenas, el gobierno de Brasil anunció este viernes la suspensión del dragado del río Tapajós, en la Amazonía, donde pueblos nativos rechazan la explotación fluvial para la exportación de granos.
Cientos de indígenas acamparon durante días frente a la terminal portuaria del gigante agroindustrial estadounidense Cargill, en el norte brasileño, para llamar la atención del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
«Frente a la movilización de pueblos indígenas y (…) como gesto de negociación», el gobierno suspendió el proceso de contratación de una empresa para las obras de dragado anual del Tapajós, en el estado de Pará, según una nota oficial.
Pueblos amazónicos alertan sobre la expansión portuaria en ríos que consideran vitales para su modo de vida, una queja que ya expresaron en la conferencia climática COP30 de la ONU en noviembre.
Piden la derogación de un decreto firmado por el izquierdista Lula en agosto pasado, que designa los principales ríos de la Amazonía como prioritarios para la navegación de carga y la expansión de puertos privados.
También reclamaban la cancelación de la licitación para dragar el Tapajós, un importante afluente del Amazonas.
Además de suspender ese proceso, el gobierno prometió este viernes una «consulta libre, previa e informada» a las comunidades locales antes de avanzar en obras.
«El gobierno está abriendo nuestros territorios a muchos proyectos (…) para impulsar el agronegocio», dijo esta semana a la AFP la líder indígena Auricelia Arapiuns, por video desde la protesta en la ciudad portuaria amazónica de Santarém.
Los manifestantes llegaron a impedir que los camiones «entren y salgan de la terminal», dijo Cargill en un comunicado enviado a la AFP.
La multinacional estadounidense cuenta con operaciones de logística agrícola en todo Brasil.
Los manifestantes bloquearon la carretera que conduce al aeropuerto internacional de Santarém, punto frecuentado por turistas.
«La infraestructura (para los ríos) que llega no es un espacio para nosotros, y nunca lo será», afirmó esta semana la líder indígena Alessandra Korap, del pueblo mundurukú.
Brasil es el mayor exportador mundial de soja y maíz y, en los últimos años, ha optado por puertos fluviales del norte para abaratar la exportación de granos.
La fiscalía general había señalado el martes «serios riesgos ambientales» para el río Tapajós.
