Internacionales
Casi 100 años después, Argentina busca la verdad sobre la muerte de 500 indígenas en la masacre de Napalpí
Rosa Grilo tiene 114 años y es la única sobreviviente de la masacre de Napalpí, en la provincia del Chaco, en el norte de Argentina. El 19 de julio de 1924, unos 500 indígenas de los pueblos Qom y Mocoit que protestaban por los abusos que sufrían fueron asesinados indiscriminadamente por la Policía y un grupo de colonos.
«Es muy triste para mí porque mataron a mi papá y casi no me quiero acordar, porque me hace doler el corazón. Un avión de arriba tiraba bolsas y caían al piso y ahí los mataban. Mi abuelo y mi mamá gritaban: ¡disparemos, disparemos! No sé por qué mataron a muchos niños y grandes. Fue mucho el sufrimiento». Desde el patio de su casa, Rosa relató así en 2018 lo ocurrido a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia.
Casi un siglo después y coincidiendo con el Día del Aborigen Americano, el martes se inició un histórico juicio «por la verdad» y sin imputados, porque los responsables fallecieron.
«El juicio por la verdad no busca responsabilidades penales (…) No van a encontrar aquí imputados. Lo que se trata es de hacer una determinación judicial de los hechos, de conocer la verdad de lo acontecido, primero, para la reivindicación de la memoria de los pueblos, para calmar las heridas, para reparar, como una forma de acción positiva», aseguró Zunilda Niremperger, la jueza a cargo del juicio.
Niremperger añadió que lo que se pretende «es activar la memoria y generar conciencia colectiva de que las grandes violaciones a derechos humanos no deben volver a repetirse».
Las audiencias orales y públicas se realizarán en las ciudades de Resistencia y Machagai, en la provincia de Chaco, y dos se celebrarán en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (exEsma), en Buenos Aires.
Se escucharán unos 40 testimonios de sobrevivientes –el de Rosa y los registros audiovisuales de Melitona Enrique, Rosa Chara y Pedro Balquinta, que ya fallecieron–, y de los descendientes de las víctimas.
También declararán varios investigadores indígenas dedicados a la reconstrucción histórica de este episodio declarado en 2019 crimen de lesa humanidad por la Justicia. Asimismo,se expondrá el trabajo del historiador qom Juan Chico, que falleció en 2021 por covid-19. Defensor a ultranza de los derechos indígenas, Chico creó la Fundación Napalpí y dejó libros esenciales sobre la masacre como ‘La Voz de la Sangre’ y ‘Las Voces de Napalpí’.
El 19 de mayo se procederá a los alegatos de la Fiscalía.
La masacre
El 19 de julio de 1924, según los registros históricos y las pruebas recabadas, unos 130 policías y un grupo de civiles partieron desde Quitilipi hasta Napalpí por orden del gobernador del entonces territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno.
Su objetivo era terminar con la protesta de los pueblos originarios que trabajaban en condiciones de esclavitud. Pedían una retribución justa por la cosecha de algodón y trabajar fuera del territorio chaqueño, en los ingenios azucareros de Salta y Jujuy, que ofrecían mejor paga.
Durante 45 minutos, la Policía descargó más de 5.000 balas de fusil sobre la reducción de Napalpí, como se denominaba a los lugares de confinamiento de indígenas. Los que consiguieron escapar fueron perseguidos por la sierra. La idea era no dejar testigos y, de hecho, muy pocos lograron sobrevivir. Decenas de niños fueron enviados como sirvientes a las localidades de Quitilipi y Machagai y los muertos se enterraron en fosas comunes.
En 2019, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAS) identificó los restos de una víctima, enterrada a poca profundidad, en el terreno de una vivienda que fue escenario de la masacre.
Internacionales
OPS advierte sobre riesgos sanitarios tras terremotos que dejaron 4,734 fallecidos en Venezuela
A casi tres semanas de los devastadores terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio, la respuesta sanitaria entró en una fase crítica de recuperación temprana, centrada en restablecer los servicios esenciales de salud, fortalecer las redes de referencia y prevenir emergencias secundarias de salud pública, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
De acuerdo con un balance oficial divulgado por las autoridades venezolanas, los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, que afectaron principalmente la región norte-centro del país, han dejado 4,734 personas fallecidas y 16,740 heridas.
Además, 17,907 personas se quedaron sin vivienda y 20,903 damnificados se han instalado en 107 campamentos temporales. Asimismo, 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron.
En este contexto, la OPS señaló a través de un boletín que, si bien la atención médica de emergencia y las evaluaciones rápidas permitieron salvar vidas durante los primeros momentos posteriores al desastre, la prioridad se centra actualmente en restablecer los servicios de salud, rehabilitar los establecimientos afectados y garantizar la continuidad de la atención esencial conforme avance la recuperación.
«A medida que la respuesta entra en esta nueva etapa, la OPS continúa apoyando al Ministerio del Poder Popular para la Salud mediante cooperación técnica y la coordinación del Clúster de Salud, que reúne a 110 organizaciones involucradas en la respuesta sanitaria y es codirigido por la OPS y el Comité Internacional de Rescate (IRC)», indicó la entidad panamericana.
Según la OPS, el Análisis de la Situación de Salud Pública identifica los principales riesgos sanitarios previstos para los próximos tres meses y orienta las prioridades en materia de vigilancia epidemiológica, vacunación e intervenciones relacionadas con agua, saneamiento e higiene.
La organización advirtió que el desplazamiento de personas, el hacinamiento y las interrupciones de los servicios esenciales incrementan el riesgo de enfermedades diarreicas y respiratorias, enfermedades transmitidas por vectores y padecimientos prevenibles mediante vacunación.
Estas condiciones también podrían agravar la desnutrición, las complicaciones relacionadas con la salud materna y las necesidades de atención en salud mental.
«A medida que la respuesta deja atrás la fase de emergencia inmediata, mantener el acceso a los servicios esenciales de salud seguirá siendo fundamental para proteger la salud de las comunidades afectadas», consideró la OPS.
La entidad regional subrayó que trabajará junto con el Ministerio del Poder Popular para la Salud y sus socios para fortalecer las capacidades nacionales y apoyar una recuperación que no solo permita restablecer los servicios sanitarios, sino también fortalecer la resiliencia del sistema de salud de cara al futuro.
México es uno de los países más afectados por la violencia contra las mujeres, con un promedio de una docena de asesinatos diarios, según Naciones Unidas.
El feminicidio ha sido motivo de protestas durante los últimos años debido a que, en numerosos casos, los agresores han quedado impunes.
Ante esta situación, será presentada una iniciativa ante el Congreso bicameral, que el pasado 6 de mayo reformó la Constitución para abrir paso a esta ley.
El proyecto busca homologar la definición del delito y unificar la forma en que se investiga, juzga y sanciona el feminicidio. El Gobierno señaló que los 32 estados del país aplican procedimientos distintos y que, en muchos casos, no se toma en cuenta el contexto de violencia en el que viven las víctimas.
La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que espera que la ley permita que «haya cero impunidad» en este delito.
La propuesta establece penas de entre 50 y 70 años de prisión. Actualmente, los estados del país contemplan sanciones diferentes. Por ejemplo, en Zacatecas la pena es de entre 30 y 50 años de cárcel.
La iniciativa también contempla agravantes que podrían incrementar la sanción cuando la víctima sea una niña, adolescente o esté embarazada. Además, establece que el delito no prescriba.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, confió en que la iniciativa sea aprobada en septiembre, cuando inicie un nuevo periodo de sesiones en el Congreso.
Una enfermera fue detenida en la ciudad de Teresina, Brasil, luego de que presuntamente intentara sacar a una bebé recién nacida de un hospital escondida dentro de un bolso negro.
Las cámaras de seguridad instaladas en la zona registraron los movimientos de la trabajadora en el área de maternidad. Las imágenes muestran que la mujer llegó al lugar alrededor de las 12:36 de la tarde y, poco más de una hora después, caminó por uno de los pasillos con la menor en brazos.
De acuerdo con el relato de los familiares, la enfermera le dijo a la madre que llevaría a la recién nacida para realizarle varios exámenes de rutina, entre ellos la prueba del talón.
La tía de la bebé decidió esperar cerca de la sala donde supuestamente se realizarían los estudios. Sin embargo, dos minutos después observó que la empleada salió sin la recién nacida en brazos y cargando un bolso negro de gran tamaño.
La familiar también notó que la enfermera se había cambiado de ropa, situación que incrementó sus sospechas.
Ante lo ocurrido, la tía decidió seguir a la trabajadora y logró detenerla cerca de la salida del hospital.
