Internacionales
Casi 100 años después, Argentina busca la verdad sobre la muerte de 500 indígenas en la masacre de Napalpí
Rosa Grilo tiene 114 años y es la única sobreviviente de la masacre de Napalpí, en la provincia del Chaco, en el norte de Argentina. El 19 de julio de 1924, unos 500 indígenas de los pueblos Qom y Mocoit que protestaban por los abusos que sufrían fueron asesinados indiscriminadamente por la Policía y un grupo de colonos.
«Es muy triste para mí porque mataron a mi papá y casi no me quiero acordar, porque me hace doler el corazón. Un avión de arriba tiraba bolsas y caían al piso y ahí los mataban. Mi abuelo y mi mamá gritaban: ¡disparemos, disparemos! No sé por qué mataron a muchos niños y grandes. Fue mucho el sufrimiento». Desde el patio de su casa, Rosa relató así en 2018 lo ocurrido a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia.
Casi un siglo después y coincidiendo con el Día del Aborigen Americano, el martes se inició un histórico juicio «por la verdad» y sin imputados, porque los responsables fallecieron.
«El juicio por la verdad no busca responsabilidades penales (…) No van a encontrar aquí imputados. Lo que se trata es de hacer una determinación judicial de los hechos, de conocer la verdad de lo acontecido, primero, para la reivindicación de la memoria de los pueblos, para calmar las heridas, para reparar, como una forma de acción positiva», aseguró Zunilda Niremperger, la jueza a cargo del juicio.
Niremperger añadió que lo que se pretende «es activar la memoria y generar conciencia colectiva de que las grandes violaciones a derechos humanos no deben volver a repetirse».
Las audiencias orales y públicas se realizarán en las ciudades de Resistencia y Machagai, en la provincia de Chaco, y dos se celebrarán en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (exEsma), en Buenos Aires.
Se escucharán unos 40 testimonios de sobrevivientes –el de Rosa y los registros audiovisuales de Melitona Enrique, Rosa Chara y Pedro Balquinta, que ya fallecieron–, y de los descendientes de las víctimas.
También declararán varios investigadores indígenas dedicados a la reconstrucción histórica de este episodio declarado en 2019 crimen de lesa humanidad por la Justicia. Asimismo,se expondrá el trabajo del historiador qom Juan Chico, que falleció en 2021 por covid-19. Defensor a ultranza de los derechos indígenas, Chico creó la Fundación Napalpí y dejó libros esenciales sobre la masacre como ‘La Voz de la Sangre’ y ‘Las Voces de Napalpí’.
El 19 de mayo se procederá a los alegatos de la Fiscalía.
La masacre
El 19 de julio de 1924, según los registros históricos y las pruebas recabadas, unos 130 policías y un grupo de civiles partieron desde Quitilipi hasta Napalpí por orden del gobernador del entonces territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno.
Su objetivo era terminar con la protesta de los pueblos originarios que trabajaban en condiciones de esclavitud. Pedían una retribución justa por la cosecha de algodón y trabajar fuera del territorio chaqueño, en los ingenios azucareros de Salta y Jujuy, que ofrecían mejor paga.
Durante 45 minutos, la Policía descargó más de 5.000 balas de fusil sobre la reducción de Napalpí, como se denominaba a los lugares de confinamiento de indígenas. Los que consiguieron escapar fueron perseguidos por la sierra. La idea era no dejar testigos y, de hecho, muy pocos lograron sobrevivir. Decenas de niños fueron enviados como sirvientes a las localidades de Quitilipi y Machagai y los muertos se enterraron en fosas comunes.
En 2019, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAS) identificó los restos de una víctima, enterrada a poca profundidad, en el terreno de una vivienda que fue escenario de la masacre.
La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó el hallazgo sin vida de tres adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 20 de abril en el municipio de Tecate.
Los cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina situada en una zona desértica y corresponden a Jeremy Alexander Robinson Cañedo, de 15 años; Edgar Jovani Pelayo Ceniceros, de 16 años; y Brian Samuel Jiménez Hernández, también de 16 años.
De acuerdo con la información disponible, los tres jóvenes fueron vistos por última vez cuando salieron de sus viviendas en Tecate con destino a Tijuana, donde acudirían a una presunta oferta de trabajo.
Tras su desaparición, familiares, colectivos de búsqueda y autoridades realizaron diversas labores para tratar de ubicarlos.
La FGE informó que, luego de los procedimientos periciales correspondientes para confirmar su identidad, los cuerpos fueron entregados a sus familiares.
Según reportes periodísticos, el hallazgo de la fosa clandestina se produjo a partir de información proporcionada por un presunto integrante del crimen organizado, quien fue detenido y habría revelado datos sobre el lugar donde se encontraban ocultos los cuerpos.
El caso provocó una amplia movilización social en Baja California y reavivó las exigencias de familiares y colectivos para fortalecer las acciones de búsqueda y prevención de desapariciones de menores de edad.
Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El papa León XIV elogió este miércoles el acuerdo marco para la paz anunciado por Estados Unidos e Irán, al considerarlo el resultado de un «alentador trabajo de diálogo y negociación».
Las dos naciones, con la mediación de Pakistán, alcanzaron esta semana un memorando de entendimiento para poner fin a la contienda en Oriente Medio. Ante este avance, el pontífice expresó su gratitud a quienes participaron en el proceso de negociación.
«Espero que este acuerdo contribuya a fortalecer la confianza mutua, la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio, al promover sendas de diálogo y cooperación entre los pueblos», manifestó el obispo de Roma durante su audiencia semanal en el Vaticano.
Durante su intervención, León XIV también se refirió a la guerra en Ucrania, conflicto que calificó como «doloroso», e instó a la apertura de «caminos de diálogo» que permitan alcanzar una paz justa y duradera.
La invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, es considerada el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y ya supera en duración a la Primera Guerra Mundial.
El papa lamentó además las consecuencias humanas y materiales del conflicto.
«Tantas víctimas inocentes y socorristas muertos, tantas iglesias y tanta herencia cultural devastada por las llamas», expresó, días después de que una conocida catedral ortodoxa ucraniana resultara incendiada en Kiev tras un ataque masivo ruso.
Asimismo, manifestó su cercanía con las víctimas de la guerra.
«Estoy cerca de quienes guardan luto por sus seres queridos, estoy con los heridos y con quienes, en medio de la violencia, siguen sirviendo la vida con valentía», añadió el líder de la Iglesia católica.
Una prohibición del uso de teléfonos inteligentes para empleados públicos entró en vigor este miércoles en Afganistán por iniciativa del gobierno talibán, según informaron diversos funcionarios.
De acuerdo con un funcionario de la provincia nororiental de Badajshán, quien habló bajo condición de anonimato por razones de seguridad, la medida fue comunicada mediante un decreto oral del Emirato Islámico, nombre con el que se identifica el Estado afgano bajo el gobierno talibán.
«Se leyó un decreto oral del Emirato Islámico y se les comunicó a todos los jefes de departamento que, a partir de hoy, ningún empleado de los servicios talibanes tiene permitido usar un teléfono inteligente», declaró el funcionario a la AFP.
La semana pasada circuló en redes sociales una nota atribuida a la Corte Suprema sobre la restricción. Sin embargo, la institución no emitió declaraciones al respecto.
El documento exhortaba a los jefes de departamento a informar a todo el personal, sin distinción de rango, que el uso de teléfonos inteligentes quedaba estrictamente prohibido a partir del 17 de junio.
La circular también señalaba que la medida aplicaba tanto a las fuerzas civiles como militares y establecía que únicamente el líder supremo talibán, Hibatula Akhundzada, podría autorizar excepciones.
Hasta el momento, las autoridades no han explicado oficialmente los motivos de la prohibición. Además, dos portavoces del gobierno afgano no respondieron a las consultas realizadas por la AFP.
Por su parte, un funcionario de la provincia de Gazni, cercana a Kabul, confirmó que la disposición ya había comenzado a aplicarse.
«Se decidió que a partir del miércoles queda prohibido el uso de teléfonos inteligentes dentro de todas las oficinas de la provincia de Gazni», escribió Irfan Andarh, empleado de la Administración de Minas y Petróleo, en un grupo de WhatsApp al que tuvo acceso la AFP.
Pese a la entrada en vigor de la medida, varios organismos estatales continuaban difundiendo información a través de WhatsApp durante la tarde del miércoles, según constató la agencia.
El uso de teléfonos inteligentes está ampliamente extendido en las ciudades afganas, incluida la administración pública.
Según funcionarios afganos, el incumplimiento de la nueva normativa podría derivar en despido, acciones penales y penas de hasta seis meses de prisión.
Los talibanes gobiernan Afganistán desde agosto de 2021 bajo una interpretación estricta de la ley islámica.
