Internacionales
Aún sigue abierta la herida de la peor masacre migrantes en México a 9 años del suceso

“Queremos un lugar seguro al cual llamar hogar», dice la voz en off de una mujer que representa a los migrantes asesinados en su camino por México para llegar a Estados Unidos. El 24 de agosto de 2010, el Ejército encontró en San Fernando, Tamaulipas, 72 cuerpos tirados bocabajo, eran 58 hombre y 14 mujeres.
Todos migrantes, la mayoría centroamericanos, pero también había ecuatorianos, brasileños y un indio. Estaban maniatados y sus cuerpos golpeados. Murieron de un disparado por la espalda. Les habían disparado por la espalda. Tres días antes, el cártel de Los Zetas habían secuestrado los dos camiones donde viajaban a la frontera con EEUU.
Los llevaron hasta un rancho en El Huizachal, en San Fernando, donde los bajaron, ataron de manos y les dieron dos opciones: trabajar para el cártel o morir. Sólo una persona aceptó el empleo, según el informe judicial. A los demás los golpearon y les vendaron los ojos para matarlos uno por uno. Los disparos fueron en la espalda y la cabeza.
Hubo dos supervivientes, uno de ellos fue el ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla, que 24 horas después de la masacre llegó a un retén de la Marina donde informó de lo ocurrido.
Los Zetas eran conocidos por ser sanguinarios. Sus integrantes habían formado parte de un grupo de militares de élite. El principal territorio donde operaban era Tamaulipas y además del narcotráfico también se dedicaron al secuestro y la extorsión.
Para Gary Moore, un periodista especializado en incidentes humanitarios internacionales que investigó sobre el caso en 2011, estos asesinatos son la mayor matanza registrada en un solo acontecimiento desde la Revolución Mexicana.
Hasta la fecha no hay condenados por la masacre. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo hace un año que había 11 procesados y una orden de aprehensión pendientes, pero ninguna sentencia por este delito de lesa humanidad.
En el octavo aniversario del asesinato, el gobierno otorgó una indemnización económica a una víctima directa y 47 familiares de cinco migrantes ecuatorianos. Jaime Rochín del Rincón, entonces comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV), dijo que esto representaba el «reconocimiento del Estado mexicano sobre su responsabilidad y un acompañamiento a las víctimas de esa masacre».
La indemnización económica forma parte del proceso de reparación del daño, una de las obligaciones internacionales que tienen el Estado mexicano con víctimas de tortura, desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales. Esta fue la primera medida para la búsqueda de justicia en este caso, pero hasta la fecha sigue inconcluso.
«Seguimos exigiendo a los gobiernos la completa identificación de los restos. No queremos dinero, sino saber si realmente son de nuestros hijos los restos que nos entregaron», dijo la salvadoreña Mirna Solórzano en 2017 al diario español El País.
Después de que los 72 cuerpos de migrantes en San Fernando fueran encontrados se descubrieron 47 fosas con 195 restos en el mismo municipio de Tamaulipas en 2011. Un año después se hallaron 49 torsos en Cadereyta, Nuevo León.
La lucha de los familiares ha sido acompañada por la Fundación para la Justicia, una organización no gubernamental que apoya en la búsqueda de migrantes desaparecidos, creada en 2011 con sede Ciudad de México y representantes en Honduras, El Salvador y Guatemala.
Para conmemorar el noveno aniversario de la masacre de San Fernando, la Fundación para la Justicia hizo un video donde recuerdan, entre otras cosas, que hay «más de 72 deudas con la verdad y la justicia». La voz en off continúa: «La gente no se pierde de este planeta, no se escapa por la estratósfera. Quien no está aquí, quien hace falta, quien está desaparecida, desaparecido, sólo puede estar en esta tierra, sólo nos puede hacer falta en esta tierra. Quienes caminamos aquí, no nos perdemos. Yo habito aquí en la memoria. Yo habito aquí hasta que me encuentren. Yo habito aquí en la tierra. Y ustedes habitan aquí rotos».
Internacionales
Meitu reporta alza de ingresos y beneficios en el primer semestre de 2025 impulsada por la IA y suscriptores de pago

La tecnológica china Meitu, especializada en aplicaciones de edición de selfis y productos de imagen, presentó sus resultados financieros correspondientes al primer semestre de 2025. La compañía informó ingresos por 1.800 millones de yuanes (unos 252,4 millones de dólares), lo que representa un aumento interanual del 12,3 %.
El beneficio neto ajustado atribuible a los accionistas alcanzó los 467 millones de yuanes, un crecimiento del 71,3 % respecto al mismo período de 2024.
Según la firma con sede en Xiamen, provincia de Fujian, este desempeño se debe principalmente a la expansión de sus aplicaciones basadas en inteligencia artificial, el aumento de suscriptores de pago y el crecimiento de su negocio de productos de imagen y diseño por suscripción.
Este segmento generó 1.350 millones de yuanes, lo que equivale al 74,2 % de los ingresos totales y un incremento interanual del 45,2 %. Hasta el 30 de junio, la base de suscriptores de pago alcanzó un récord de 15,4 millones, un 42 % más que el año pasado.
Los usuarios activos mensuales globales sumaron 280 millones, con un alza del 8,5 % interanual. De estos, 98 millones corresponden a mercados fuera de la parte continental de China, lo que refleja un aumento del 15,3 %.
En materia de innovación, Meitu destinó 450 millones de yuanes a investigación y desarrollo, un 6,1 % más que en 2024. Su laboratorio MT Lab contabiliza 463 patentes autorizadas y 317 derechos de autor de software en inteligencia artificial.
Fundada en 2008, la compañía se ha consolidado como una de las líderes chinas en el desarrollo de productos tecnológicos basados en IA orientados a la imagen y el cuidado de la belleza digital.
Internacionales
México: Hallan seis cabezas humanas en carretera de Tlaxcala; también reportan restos en Colima

Las autoridades mexicanas informaron este martes sobre el hallazgo de seis cabezas humanas abandonadas en una carretera que conecta los estados de Puebla y Tlaxcala, en la zona centro del país. El hecho fue reportado inicialmente por automovilistas y confirmado más tarde por la fiscalía de Tlaxcala, que detalló que los restos corresponden a seis hombres.
La institución anunció la apertura de una investigación para identificar a las víctimas y dar con los responsables. Medios locales reportaron que en el lugar se encontró un panfleto que vincula las decapitaciones con un presunto ajuste de cuentas entre grupos dedicados al robo de combustible.
En paralelo, en el estado de Colima, en el occidente del país, la policía localizó otro cráneo y restos humanos, según informaron medios de comunicación que citaron fuentes de seguridad.
El hallazgo de cabezas humanas es inédito en Puebla y Tlaxcala, donde si bien se ha detectado presencia de bandas relacionadas con el trasiego de drogas y combustibles, la violencia no había alcanzado este nivel. No obstante, en meses recientes se reportaron cadáveres en zonas limítrofes entre ambos estados.
México acumula episodios similares en otras regiones: el 30 de junio, 20 cadáveres —cinco de ellos decapitados— fueron localizados en una carretera de Sinaloa. En marzo de 2022, seis cabezas fueron abandonadas sobre un vehículo en Guerrero.
Los casos recientes ocurren poco después de que el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco denunciara el hallazgo de restos humanos en una presunta fosa clandestina en Tlaquepaque, estado de Jalisco. La fiscalía local, sin embargo, afirmó que se trataba de inhumaciones realizadas conforme a la ley.
Jalisco concentra la mayor cifra de personas desaparecidas en México, con cerca de 16,000 casos de los más de 130,000 registrados oficialmente desde 2006, cuando se intensificó la lucha contra los cárteles del narcotráfico. Desde entonces, el país acumula aproximadamente 480,000 homicidios.
Internacionales
La leyenda del agricultor colombiano y los 600 millones de dólares de Pablo Escobar resurge en 2025

La historia de José Mariena Cartolos, un supuesto agricultor colombiano que en 2015 habría encontrado 600 millones de dólares enterrados en su finca vinculados al narcotraficante Pablo Escobar, vuelve a captar la atención pública en 2025.
Según reportes de medios internacionales y portales digitales, Cartolos habría hallado bidones metálicos con fajos de dinero bajo más de un metro de tierra mientras trabajaba una plantación de palma en Bogotá. La finca, de más de 200 años de antigüedad, habría servido como escondite de parte de la fortuna del extinto líder del Cartel de Medellín.
En su momento, se informó que el dinero fue entregado a la policía local, que abrió una investigación para determinar su origen. No obstante, nunca hubo confirmación oficial por parte del Gobierno colombiano sobre la existencia del hallazgo ni sobre el destino concreto de los fondos. La leyenda indica que, de haberse recuperado, los recursos habrían sido destinados a proyectos sociales.
El relato, considerado por muchos como mito o rumor viral, ha generado un fenómeno de “turismo de búsqueda de tesoros” en Colombia, alentado por el misterio que rodea la fortuna dispersa del Cartel de Medellín. Historias similares se reportaron en años posteriores, como el hallazgo de 18 millones de dólares y objetos personales de Escobar por parte de su sobrino Nicolás Escobar, aunque los billetes estaban en mal estado para circular legalmente.
El resurgimiento de la historia en 2025 refleja el continuo interés global en los vestigios del narcotráfico colombiano y en el lado más legendario de Pablo Escobar, donde mito y realidad se entrelazan en la memoria colectiva.