Internacionales
Aún sigue abierta la herida de la peor masacre migrantes en México a 9 años del suceso
“Queremos un lugar seguro al cual llamar hogar», dice la voz en off de una mujer que representa a los migrantes asesinados en su camino por México para llegar a Estados Unidos. El 24 de agosto de 2010, el Ejército encontró en San Fernando, Tamaulipas, 72 cuerpos tirados bocabajo, eran 58 hombre y 14 mujeres.
Todos migrantes, la mayoría centroamericanos, pero también había ecuatorianos, brasileños y un indio. Estaban maniatados y sus cuerpos golpeados. Murieron de un disparado por la espalda. Les habían disparado por la espalda. Tres días antes, el cártel de Los Zetas habían secuestrado los dos camiones donde viajaban a la frontera con EEUU.
Los llevaron hasta un rancho en El Huizachal, en San Fernando, donde los bajaron, ataron de manos y les dieron dos opciones: trabajar para el cártel o morir. Sólo una persona aceptó el empleo, según el informe judicial. A los demás los golpearon y les vendaron los ojos para matarlos uno por uno. Los disparos fueron en la espalda y la cabeza.
Hubo dos supervivientes, uno de ellos fue el ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla, que 24 horas después de la masacre llegó a un retén de la Marina donde informó de lo ocurrido.
Los Zetas eran conocidos por ser sanguinarios. Sus integrantes habían formado parte de un grupo de militares de élite. El principal territorio donde operaban era Tamaulipas y además del narcotráfico también se dedicaron al secuestro y la extorsión.
Para Gary Moore, un periodista especializado en incidentes humanitarios internacionales que investigó sobre el caso en 2011, estos asesinatos son la mayor matanza registrada en un solo acontecimiento desde la Revolución Mexicana.
Hasta la fecha no hay condenados por la masacre. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo hace un año que había 11 procesados y una orden de aprehensión pendientes, pero ninguna sentencia por este delito de lesa humanidad.
En el octavo aniversario del asesinato, el gobierno otorgó una indemnización económica a una víctima directa y 47 familiares de cinco migrantes ecuatorianos. Jaime Rochín del Rincón, entonces comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV), dijo que esto representaba el «reconocimiento del Estado mexicano sobre su responsabilidad y un acompañamiento a las víctimas de esa masacre».
La indemnización económica forma parte del proceso de reparación del daño, una de las obligaciones internacionales que tienen el Estado mexicano con víctimas de tortura, desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales. Esta fue la primera medida para la búsqueda de justicia en este caso, pero hasta la fecha sigue inconcluso.
«Seguimos exigiendo a los gobiernos la completa identificación de los restos. No queremos dinero, sino saber si realmente son de nuestros hijos los restos que nos entregaron», dijo la salvadoreña Mirna Solórzano en 2017 al diario español El País.
Después de que los 72 cuerpos de migrantes en San Fernando fueran encontrados se descubrieron 47 fosas con 195 restos en el mismo municipio de Tamaulipas en 2011. Un año después se hallaron 49 torsos en Cadereyta, Nuevo León.
La lucha de los familiares ha sido acompañada por la Fundación para la Justicia, una organización no gubernamental que apoya en la búsqueda de migrantes desaparecidos, creada en 2011 con sede Ciudad de México y representantes en Honduras, El Salvador y Guatemala.
Para conmemorar el noveno aniversario de la masacre de San Fernando, la Fundación para la Justicia hizo un video donde recuerdan, entre otras cosas, que hay «más de 72 deudas con la verdad y la justicia». La voz en off continúa: «La gente no se pierde de este planeta, no se escapa por la estratósfera. Quien no está aquí, quien hace falta, quien está desaparecida, desaparecido, sólo puede estar en esta tierra, sólo nos puede hacer falta en esta tierra. Quienes caminamos aquí, no nos perdemos. Yo habito aquí en la memoria. Yo habito aquí hasta que me encuentren. Yo habito aquí en la tierra. Y ustedes habitan aquí rotos».
Las autoridades guatemaltecas elevaron a nueve el saldo de policías asesinados el domingo durante una escalada de violencia de pandilleros, al fallecer este lunes un agente herido en los ataques que llevaron a decretar el estado de sitio.
Grupos criminales desataron una ola de atentados contra la policía en varias partes del país, en represalia por la retoma de tres cárceles donde jefes pandilleros mantenían como rehenes a decenas de guardias para presionar su traslado a prisiones con menores medidas de seguridad, según el gobierno.
Ocho agentes murieron el domingo, mientras que otro, identificado como Frayan Medrano, falleció el lunes en un hospital público tras ser baleado cuando se desplazaba en una motocicleta junto a un compañero que se encuentra en «estado crítico», según reportes de la policía y el ministerio de Gobernación.
El ataque contra Medrano se produjo en un municipio al sur de la capital, en momentos en que la policía liberaba a 46 personas tomadas como rehenes el sábado pasado por presos acusados de pertenecer a pandillas, consideradas terroristas por Guatemala y Estados Unidos.
Debido a ello, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, declaró la noche del domingo el estado de sitio por 30 días, una medida que autoriza detenciones e interrogatorios sin orden judicial y suspende derechos de reunión y manifestación.
El decreto está en vigor, aun cuando todavía debe ser aprobado por el Congreso, de mayoría opositora, según establece la legislación guatemalteca para los estados de emergencia.
En redes sociales se encuentra circulando un video, el cual muestra el momento en que ocurrió el ataque armado en contra de dos agentes la Policía Nacional Civil (PNC) que circulaban por la 20 calle y 26 avenida de la zona 10 de la ciudad de Guatemala.
Las imágenes dan cuenta que los dos policías iban en un vehículo de dos ruedas por el mencionado lugar, de pronto un automóvil particular los alcanza y se escuchan los disparos.
El video muestra el momento en que los agentes caen a un costado de la ruta, mientras la camioneta desde la que se efectuaron los disparos huye del lugar.
De acuerdo con la información oficial, ambos agentes de la PNC murieron tras el hecho de violencia ocurrido la mañana de este domingo 18 de enero.
Tras la recuperación del control de la cárcel Renovación I, se registraron varios ataques simultáneos en contra de agentes de la PNC, en distintos puntos de la ciudad y otros municipios.
En una respuesta contundente a la escalada de violencia registrada este domingo, el Ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, anunció que el Ejército de Guatemala se encuentra en apoyo total al Ministerio de Gobernación. La medida surge tras una serie de ataques simultáneos perpetrados por bandas criminales contra agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en diversas regiones del país.
El titular de la Defensa fue enfático al declarar que las fuerzas castrenses ya se encuentran operando en las calles. “El Ejército de Guatemala está al 100 por ciento en apoyo del Ministerio de Gobernación y todas sus fuerzas”.
Distribución estratégica: Elementos militares han sido desplegados específicamente en las zonas donde se registraron las agresiones contra los agentes policiales.
Operativos conjuntos: Se han iniciado patrullajes y acciones de seguridad combinadas a nivel nacional para retomar el orden público.
Uso del poder estatal: El Gobierno manifestó que utilizará el monopolio de la fuerza para garantizar la tranquilidad ciudadana ante las reacciones criminales.
El detonante: Éxito en la cárcel “Renovación I”
Las autoridades vinculan los ataques armados de este domingo con la exitosa operación realizada en el centro penitenciario Renovación I. Según el reporte oficial:
Toma de control: El centro carcelario fue recuperado sin registrarse bajas entre las autoridades ni entre la población privada de libertad.
Represalia criminal: Los ataques contra la PNC se ejecutaron de forma simultánea tras informarse sobre la toma de control de dicha cárcel.
Sin privilegios: El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, reiteró que no se cederá ante peticiones de retornar privilegios en los centros penales.
“Con ellos no hay diálogo y vamos a seguir dando resultados… no se va a negociar con terroristas”, sentenciaron los ministros Sáenz y Villeda en conferencia de prensa.
Planes de seguridad: Cinturón de Fuego y Plan Centinela
Para combatir al crimen organizado y transnacional, el Ministerio de la Defensa y Gobernación mantendrán activos varios planes estratégicos de seguridad:
Cinturón de Fuego: Operación de vigilancia para proteger el territorio nacional.
Plan Centinela: Enfocado en el combate al narcotráfico, tráfico de personas y armas.
Tecnología avanzada: Se utilizarán puestos de control y vigilancia con tecnología de punta para blindar a las comunidades.
Enfoque en Escuintla: Se reforzará la Operación Centinela específicamente en el departamento de Escuintla.
