Internacionales
Aún sigue abierta la herida de la peor masacre migrantes en México a 9 años del suceso
“Queremos un lugar seguro al cual llamar hogar», dice la voz en off de una mujer que representa a los migrantes asesinados en su camino por México para llegar a Estados Unidos. El 24 de agosto de 2010, el Ejército encontró en San Fernando, Tamaulipas, 72 cuerpos tirados bocabajo, eran 58 hombre y 14 mujeres.
Todos migrantes, la mayoría centroamericanos, pero también había ecuatorianos, brasileños y un indio. Estaban maniatados y sus cuerpos golpeados. Murieron de un disparado por la espalda. Les habían disparado por la espalda. Tres días antes, el cártel de Los Zetas habían secuestrado los dos camiones donde viajaban a la frontera con EEUU.
Los llevaron hasta un rancho en El Huizachal, en San Fernando, donde los bajaron, ataron de manos y les dieron dos opciones: trabajar para el cártel o morir. Sólo una persona aceptó el empleo, según el informe judicial. A los demás los golpearon y les vendaron los ojos para matarlos uno por uno. Los disparos fueron en la espalda y la cabeza.
Hubo dos supervivientes, uno de ellos fue el ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla, que 24 horas después de la masacre llegó a un retén de la Marina donde informó de lo ocurrido.
Los Zetas eran conocidos por ser sanguinarios. Sus integrantes habían formado parte de un grupo de militares de élite. El principal territorio donde operaban era Tamaulipas y además del narcotráfico también se dedicaron al secuestro y la extorsión.
Para Gary Moore, un periodista especializado en incidentes humanitarios internacionales que investigó sobre el caso en 2011, estos asesinatos son la mayor matanza registrada en un solo acontecimiento desde la Revolución Mexicana.
Hasta la fecha no hay condenados por la masacre. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo hace un año que había 11 procesados y una orden de aprehensión pendientes, pero ninguna sentencia por este delito de lesa humanidad.
En el octavo aniversario del asesinato, el gobierno otorgó una indemnización económica a una víctima directa y 47 familiares de cinco migrantes ecuatorianos. Jaime Rochín del Rincón, entonces comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV), dijo que esto representaba el «reconocimiento del Estado mexicano sobre su responsabilidad y un acompañamiento a las víctimas de esa masacre».
La indemnización económica forma parte del proceso de reparación del daño, una de las obligaciones internacionales que tienen el Estado mexicano con víctimas de tortura, desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales. Esta fue la primera medida para la búsqueda de justicia en este caso, pero hasta la fecha sigue inconcluso.
«Seguimos exigiendo a los gobiernos la completa identificación de los restos. No queremos dinero, sino saber si realmente son de nuestros hijos los restos que nos entregaron», dijo la salvadoreña Mirna Solórzano en 2017 al diario español El País.
Después de que los 72 cuerpos de migrantes en San Fernando fueran encontrados se descubrieron 47 fosas con 195 restos en el mismo municipio de Tamaulipas en 2011. Un año después se hallaron 49 torsos en Cadereyta, Nuevo León.
La lucha de los familiares ha sido acompañada por la Fundación para la Justicia, una organización no gubernamental que apoya en la búsqueda de migrantes desaparecidos, creada en 2011 con sede Ciudad de México y representantes en Honduras, El Salvador y Guatemala.
Para conmemorar el noveno aniversario de la masacre de San Fernando, la Fundación para la Justicia hizo un video donde recuerdan, entre otras cosas, que hay «más de 72 deudas con la verdad y la justicia». La voz en off continúa: «La gente no se pierde de este planeta, no se escapa por la estratósfera. Quien no está aquí, quien hace falta, quien está desaparecida, desaparecido, sólo puede estar en esta tierra, sólo nos puede hacer falta en esta tierra. Quienes caminamos aquí, no nos perdemos. Yo habito aquí en la memoria. Yo habito aquí hasta que me encuentren. Yo habito aquí en la tierra. Y ustedes habitan aquí rotos».
La aerolínea Air Canada suspendió el lunes sus vuelos a Cuba debido a una escasez de combustible en la isla, que enfrenta un estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos.
«En los próximos días, la aerolínea realizará vuelos sin pasajeros para recoger a unos 3.000 clientes que ya se encuentran en destino y llevarlos de regreso a sus hogares», precisó Air Canada en un comunicado.
Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que a partir de este lunes a la medianoche el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes debido a la crisis energética.
Las autoridades de Chile detuvo a 34 presuntos miembros de la organización criminal peruana Los Pulpos y logró prácticamente erradicarla en el país, tras una serie de operativos policiales en enero de 2026, informó el lunes la policía chilena.
La banda criminal, surgida en la ciudad de Trujillo, en el norte de Perú, está vinculada a delitos de extorsión con pedidos de pago de hasta 14,000 dólares, según denuncias registradas en ese país.
Tras una serie de operativos, se logró «la detención en enero de 34 personas integrantes de esta organización criminal, pudiendo detener a sus líderes, a sus brazos operativos y a sus testaferros», anunció el subprefecto Cristián Sepúlveda en una conferencia realizada en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).
Esta célula que operaba en la zona centro-norte de Santiago «termina prácticamente desbaratada», celebró Luis Cordero, ministro de Seguridad de Chile.
De los detenidos, 32 son ciudadanos peruanos, uno es chileno y otro de una nacionalidad no especificada.
La policía chilena detectó la presencia de la banda criminal en la capital en 2021. Desde entonces detuvo en total a 50 personas asociadas a la organización, indicó a la AFP el equipo de prensa de la PDI.
El golpe a Los Pulpos forman parte de otros grandes operativos de Chile contra el crimen organizado.
Aunque Chile es uno de los países más seguros del continente, los delitos violentos han aumentado en la última década y la inseguridad se transformó en la principal preocupación del país, según encuestas.
La fiscalía chilena reportó 868 secuestros en 2024, un 76 % más respecto a 2021. Los homicidios se han estabilizado en los últimos años, pero aumentaron un 140% en una década: de una tasa de 2,5 casos por cada 100.000 habitantes pasó a 6 en 2024, según el gobierno.
Guatemala presentó nuevas instalaciones carcelarias construidas con contenedores adaptados como celdas de máxima seguridad, destinadas a recluir a líderes de estructuras delincuenciales, como parte del endurecimiento de su régimen penitenciario, informaron autoridades del país.
El nuevo modelo penitenciario busca reforzar el control interno y reducir los privilegios dentro de los centros de detención, mediante espacios individuales diseñados para limitar la comunicación no autorizada y fortalecer la supervisión permanente. Las autoridades señalaron que estas instalaciones cumplen estándares de seguridad reforzada y están orientadas a un control más estricto de personas consideradas de alta peligrosidad.
De acuerdo con el anuncio oficial, la medida forma parte de una estrategia integral de seguridad que incluye la reestructuración del sistema penitenciario, el fortalecimiento de la disciplina interna y la reducción de prácticas que históricamente han facilitado el control informal dentro de las cárceles.
El uso de contenedores adaptados permite una implementación más rápida de infraestructura especializada, con diseños que priorizan la vigilancia, el aislamiento y la eficiencia operativa. Las autoridades indicaron que este esquema busca prevenir la coordinación de actividades ilícitas desde el interior de los centros penales.
Las nuevas disposiciones marcan un giro en la política de seguridad de Guatemala, en un contexto de mayor presión gubernamental para recuperar el control del sistema penitenciario y reforzar las acciones contra estructuras criminales, bajo un enfoque de orden institucional y cumplimiento de la ley.
«Querían cama king size, aire acondicionado, comida de restaurante e internet. Pero se toparon con un gobierno que no cede. Bienvenidos a sus nuevas celdas. Se acabaron los privilegios.» señalo en sus redes sociales el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo
