Internacionales
Aún sigue abierta la herida de la peor masacre migrantes en México a 9 años del suceso
“Queremos un lugar seguro al cual llamar hogar», dice la voz en off de una mujer que representa a los migrantes asesinados en su camino por México para llegar a Estados Unidos. El 24 de agosto de 2010, el Ejército encontró en San Fernando, Tamaulipas, 72 cuerpos tirados bocabajo, eran 58 hombre y 14 mujeres.
Todos migrantes, la mayoría centroamericanos, pero también había ecuatorianos, brasileños y un indio. Estaban maniatados y sus cuerpos golpeados. Murieron de un disparado por la espalda. Les habían disparado por la espalda. Tres días antes, el cártel de Los Zetas habían secuestrado los dos camiones donde viajaban a la frontera con EEUU.
Los llevaron hasta un rancho en El Huizachal, en San Fernando, donde los bajaron, ataron de manos y les dieron dos opciones: trabajar para el cártel o morir. Sólo una persona aceptó el empleo, según el informe judicial. A los demás los golpearon y les vendaron los ojos para matarlos uno por uno. Los disparos fueron en la espalda y la cabeza.
Hubo dos supervivientes, uno de ellos fue el ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla, que 24 horas después de la masacre llegó a un retén de la Marina donde informó de lo ocurrido.
Los Zetas eran conocidos por ser sanguinarios. Sus integrantes habían formado parte de un grupo de militares de élite. El principal territorio donde operaban era Tamaulipas y además del narcotráfico también se dedicaron al secuestro y la extorsión.
Para Gary Moore, un periodista especializado en incidentes humanitarios internacionales que investigó sobre el caso en 2011, estos asesinatos son la mayor matanza registrada en un solo acontecimiento desde la Revolución Mexicana.
Hasta la fecha no hay condenados por la masacre. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo hace un año que había 11 procesados y una orden de aprehensión pendientes, pero ninguna sentencia por este delito de lesa humanidad.
En el octavo aniversario del asesinato, el gobierno otorgó una indemnización económica a una víctima directa y 47 familiares de cinco migrantes ecuatorianos. Jaime Rochín del Rincón, entonces comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV), dijo que esto representaba el «reconocimiento del Estado mexicano sobre su responsabilidad y un acompañamiento a las víctimas de esa masacre».
La indemnización económica forma parte del proceso de reparación del daño, una de las obligaciones internacionales que tienen el Estado mexicano con víctimas de tortura, desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales. Esta fue la primera medida para la búsqueda de justicia en este caso, pero hasta la fecha sigue inconcluso.
«Seguimos exigiendo a los gobiernos la completa identificación de los restos. No queremos dinero, sino saber si realmente son de nuestros hijos los restos que nos entregaron», dijo la salvadoreña Mirna Solórzano en 2017 al diario español El País.
Después de que los 72 cuerpos de migrantes en San Fernando fueran encontrados se descubrieron 47 fosas con 195 restos en el mismo municipio de Tamaulipas en 2011. Un año después se hallaron 49 torsos en Cadereyta, Nuevo León.
La lucha de los familiares ha sido acompañada por la Fundación para la Justicia, una organización no gubernamental que apoya en la búsqueda de migrantes desaparecidos, creada en 2011 con sede Ciudad de México y representantes en Honduras, El Salvador y Guatemala.
Para conmemorar el noveno aniversario de la masacre de San Fernando, la Fundación para la Justicia hizo un video donde recuerdan, entre otras cosas, que hay «más de 72 deudas con la verdad y la justicia». La voz en off continúa: «La gente no se pierde de este planeta, no se escapa por la estratósfera. Quien no está aquí, quien hace falta, quien está desaparecida, desaparecido, sólo puede estar en esta tierra, sólo nos puede hacer falta en esta tierra. Quienes caminamos aquí, no nos perdemos. Yo habito aquí en la memoria. Yo habito aquí hasta que me encuentren. Yo habito aquí en la tierra. Y ustedes habitan aquí rotos».
Viral se ha vuelto el video en el que aparecen unos misioneros de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, quienes participaron en la elaboración de una alfombra durante las celebraciones del Santo Entierro.
En el clip se observa a los religiosos que con determinación ayudan para que la alfombra quede lo más colorida posible.
Como era de esperarse, los internautas no tardaron en reaccionar y dejar comentarios de todo tipo.
Aunque no se detalla en que lugar ocurrió el curioso momento, usuarios de las redes manifiestan que fue en el vecino país de Guatemala.
Lo que debía ser una jornada de recogimiento y fe se convirtió en tragedia la tarde del Jueves Santo en el Barrio de San Miguel, uno de los más tradicionales de Celaya, estado de Guanajuato, México.
Una mujer perdió la vida y un hombre resultó gravemente herido tras un ataque armado ocurrido durante la representación religiosa de la Semana Santa, donde cientos se dieron cita con fe y fervor.
La balacera tuvo lugar en la calle Diego Rivera, a escasos metros de la iglesia del barrio, donde decenas de personas se congregaban para presenciar la conmemoración litúrgica.
Según testigos, civiles armados abrieron fuego contra algunos asistentes, provocando escenas de pánico entre los presentes, indica El Heraldo México.
Socorristas y policías acudieron al lugar, donde confirmaron la muerte de una mujer debido a las heridas sufridas, quien solo ha sido identificada como Jazmín.
Un hombre más fue trasladado en estado delicado a un hospital cercano. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas por este hecho y sobre las causas del mismo.
En medio de crecientes tensiones bilaterales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitió un duro comunicado este sábado 19 de abril en respuesta a informaciones difundidas en medios de Ecuador. Según dichos reportes, estructuras criminales habrían enviado sicarios desde territorio mexicano con el objetivo de atentar contra el presidente, Daniel Noboa, y su gabinete.
La SRE negó de forma categórica cualquier participación mexicana en hechos delictivos y acusó al gobierno ecuatoriano de construir narrativas sin fundamento, a partir de comunicados oficiales o filtraciones.
El comunicado de la SRE califica de “reiterada e inescrupulosa” la creación de versiones oficiales que señalan a México como fuente de amenazas. “Rechazamos tajantemente que se aluda a México como origen de supuestos actos delictivos o situaciones internas en Ecuador”, señala el documento, que salió a la luz la tarde del sábado.
Asimismo, el gobierno mexicano remarcó que su política exterior se rige bajo el principio de no intervención, una doctrina histórica de México. La SRE considera que la filtración de documentos militares ecuatorianos que involucran a México en una supuesta operación criminal representa un intento de manipulación informativa.
Las tensiones entre ambos países escalaron de forma dramática el 5 de abril de 2024, cuando fuerzas policiales ecuatorianas irrumpieron en la embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, quien había recibido asilo político.
El hecho fue calificado por México como una grave violación al derecho internacional y a la soberanía de sus instalaciones diplomáticas.
Desde entonces, las relaciones diplomáticas están rotas, y la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado públicamente que no habrá restablecimiento de relaciones mientras Daniel Noboa continúe en el poder. En este contexto, los señalamientos de presuntos sicarios provenientes de México reavivan el conflicto y complican cualquier búsqueda de cooperación.
