Internacionales
Aún sigue abierta la herida de la peor masacre migrantes en México a 9 años del suceso
“Queremos un lugar seguro al cual llamar hogar», dice la voz en off de una mujer que representa a los migrantes asesinados en su camino por México para llegar a Estados Unidos. El 24 de agosto de 2010, el Ejército encontró en San Fernando, Tamaulipas, 72 cuerpos tirados bocabajo, eran 58 hombre y 14 mujeres.
Todos migrantes, la mayoría centroamericanos, pero también había ecuatorianos, brasileños y un indio. Estaban maniatados y sus cuerpos golpeados. Murieron de un disparado por la espalda. Les habían disparado por la espalda. Tres días antes, el cártel de Los Zetas habían secuestrado los dos camiones donde viajaban a la frontera con EEUU.
Los llevaron hasta un rancho en El Huizachal, en San Fernando, donde los bajaron, ataron de manos y les dieron dos opciones: trabajar para el cártel o morir. Sólo una persona aceptó el empleo, según el informe judicial. A los demás los golpearon y les vendaron los ojos para matarlos uno por uno. Los disparos fueron en la espalda y la cabeza.
Hubo dos supervivientes, uno de ellos fue el ecuatoriano Luis Freddy Lala Pomavilla, que 24 horas después de la masacre llegó a un retén de la Marina donde informó de lo ocurrido.
Los Zetas eran conocidos por ser sanguinarios. Sus integrantes habían formado parte de un grupo de militares de élite. El principal territorio donde operaban era Tamaulipas y además del narcotráfico también se dedicaron al secuestro y la extorsión.
Para Gary Moore, un periodista especializado en incidentes humanitarios internacionales que investigó sobre el caso en 2011, estos asesinatos son la mayor matanza registrada en un solo acontecimiento desde la Revolución Mexicana.
Hasta la fecha no hay condenados por la masacre. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo hace un año que había 11 procesados y una orden de aprehensión pendientes, pero ninguna sentencia por este delito de lesa humanidad.
En el octavo aniversario del asesinato, el gobierno otorgó una indemnización económica a una víctima directa y 47 familiares de cinco migrantes ecuatorianos. Jaime Rochín del Rincón, entonces comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas (CEAV), dijo que esto representaba el «reconocimiento del Estado mexicano sobre su responsabilidad y un acompañamiento a las víctimas de esa masacre».
La indemnización económica forma parte del proceso de reparación del daño, una de las obligaciones internacionales que tienen el Estado mexicano con víctimas de tortura, desaparición forzada o ejecuciones extrajudiciales. Esta fue la primera medida para la búsqueda de justicia en este caso, pero hasta la fecha sigue inconcluso.
«Seguimos exigiendo a los gobiernos la completa identificación de los restos. No queremos dinero, sino saber si realmente son de nuestros hijos los restos que nos entregaron», dijo la salvadoreña Mirna Solórzano en 2017 al diario español El País.
Después de que los 72 cuerpos de migrantes en San Fernando fueran encontrados se descubrieron 47 fosas con 195 restos en el mismo municipio de Tamaulipas en 2011. Un año después se hallaron 49 torsos en Cadereyta, Nuevo León.
La lucha de los familiares ha sido acompañada por la Fundación para la Justicia, una organización no gubernamental que apoya en la búsqueda de migrantes desaparecidos, creada en 2011 con sede Ciudad de México y representantes en Honduras, El Salvador y Guatemala.
Para conmemorar el noveno aniversario de la masacre de San Fernando, la Fundación para la Justicia hizo un video donde recuerdan, entre otras cosas, que hay «más de 72 deudas con la verdad y la justicia». La voz en off continúa: «La gente no se pierde de este planeta, no se escapa por la estratósfera. Quien no está aquí, quien hace falta, quien está desaparecida, desaparecido, sólo puede estar en esta tierra, sólo nos puede hacer falta en esta tierra. Quienes caminamos aquí, no nos perdemos. Yo habito aquí en la memoria. Yo habito aquí hasta que me encuentren. Yo habito aquí en la tierra. Y ustedes habitan aquí rotos».
Un joven identificado como Franklin Moisés Che Xol, de 23 años, fue detenido por la Policía Nacional Civil en la aldea San Francisco Las Mercedes, Chisec, Alta Verapaz, Guatemala, tras ser retenido previamente por vecinos de la comunidad.
De acuerdo con las autoridades, el sujeto habría agredido a su madre, de 50 años, ocasionándole graves lesiones a tal grado de sufrir una amputación en uno de sus brazos.
La mujer fue trasladada de inmediato a un hospital donde recibe atención médica especializada.
El detenido fue presentado ante el juez competente para enfrentar el debido proceso legal.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó mediante decreto ejecutivo la eliminación del subsidio al diésel, una medida que entró en vigencia a partir de la medianoche de este 13 de septiembre de 2025.
Con esta disposición, el precio del galón pasó de USD 1.80 a USD 2.80, y se mantendrá en ese rango hasta el 11 de diciembre, cuando comenzará a aplicarse un sistema de bandas de estabilización ligado a los precios internacionales del petróleo.
Según el Gobierno, el subsidio representaba un gasto anual de más de USD 1,100 millones y beneficiaba en gran parte al contrabando, la minería ilegal y sectores que no lo necesitaban.
Noboa aseguró que la eliminación de esta política permitirá redirigir recursos a programas sociales y a la atención de sectores vulnerables.
Para mitigar el impacto, el Ejecutivo anunció medidas compensatorias como el compromiso de mantener estables las tarifas del transporte público, bonos de apoyo para transportistas, ampliación de la cobertura de programas sociales, créditos preferenciales para el agro y un plan de chatarrización de vehículos.
El anuncio marca un cambio trascendental en la política de subsidios en Ecuador, país que históricamente ha enfrentado tensiones sociales cada vez que se modifican los precios de los combustibles.
Internacionales
¿Qué pasó antes y después de la explosión del camión con gas en México que dejó muertos y heridos?
Por: CNN Español
Este miércoles, una explosión de una pipa de gas LP bajo el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México, provocó una tragedia que ha dejado hasta el momento ocho personas muertas y decenas de lesionadas, entre ellas cuatro bebés.
Así ocurrió el accidente
De acuerdo con la Fiscalía capitalina, la pipa, que transportaba 49.500 litros de gas LP, se volcó en una curva cerca del paradero de Santa Marta, cerca de los límites entre la capital mexicana y el Estado de México.
La volcadura ocasionó una fuga en una línea de distribución y una acumulación de gas que derivó en una fuerte explosión e incendio, cuya onda expansiva dañó 32 vehículos, según han reportado las autoridades.
Testigos captaron en video la nube blanca que comenzó a expandirse segundos antes del estallido, lo que provocó pánico entre peatones y usuarios del transporte público en la zona.
Foto: Cortesía
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Víctimas y daños
Las autoridades reportaron que, hasta la mañana de este jueves, el saldo preliminar es de ocho personas fallecidas y 67 lesionadas que aún son atendidas.
Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de la capital. Entre ellos hay al menos 13 menores y cuatro bebés de entre seis meses y un año.
De los heridos, además, 19 ya fueron dados de alta, mientras que 22 permanecen en estado crítico. La mayoría de las víctimas sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado.
Además, se reportaron 28 vehículos siniestrados, entre ellos dos camiones de carga —uno que transportaba cemento y otro con cartón para reciclaje—, varios de los cuales quedaron completamente consumidos por el fuego. También se registraron daños en la infraestructura vial y en el mobiliario urbano.
Bomberos de la Ciudad de México, Protección Civil y cuerpos de seguridad desplegaron un operativo para controlar las llamas y evacuar la zona. Tras varias horas de labores, la pipa fue retirada y la circulación en Calzada Ignacio Zaragoza se restableció de manera parcial.
Foto: Cortesía
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La investigación
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para determinar las causas del siniestro y determinar responsabilidades.
Señaló en un comunicado que en el lugar “trabaja personal pericial especializado en criminalística, fotografía, química, incendios y explosiones, hidrosanitarias, hechos de tránsito, video, mecánica y seguridad industrial, con el objetivo de recabar los primeros indicios y determinar la causa de lo ocurrido”.
La pipa pertenece a la empresa Transportadora Silza, del Grupo Tomza.
Según la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, un organismo de la Secretaría de Medio Ambiente federal, la unidad no contaba con una póliza de seguro vigente, ya que venció en junio de 2025, lo que podría complicar las indemnizaciones a las víctimas y a los afectados por los daños materiales.
Foto: Cortesía
En tanto, la compañía aseguró en un comunicado que asumirá su responsabilidad social y legal frente a lo sucedido y que su chofer, al igual que otras personas lesionadas, recibe atención médica.
La compañía afirmó que sí tiene tres pólizas de seguro vigentes para responder a las necesidades del caso. “Dichas pólizas, contratadas con Chubb Seguros, Qualitas y AXXA Seguros, cubren daños a terceros, daño moral, daños ecológicos y responsabilidad civil por parte de transportistas.”, dice el comunicado. La empresa dijo que está dispuesta a colaborar con las autoridades y cumplir con la normatividad vigente.
Las autoridades capitalinas señalaron que se revisarán si la empresa incurrió en incumplimientos normativos y, en su caso, se fincarán responsabilidades civiles y penales.
