Internacionales
Aprehenden al ministro de Salud de Bolivia como parte de las investigaciones por la compra sobrevalorada de respiradores
La policía de Bolivia detuvo este miércoles al ministro de Salud, Marcelo Navajas, como parte de las investigaciones por la compra sobrevalorada de 179 ventiladores españoles para pacientes con covid-19, informó el coronel Iván Rojas.
Navajas “se encuentra en calidad de aprehendido en dependencias de la FELCC [Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen] de la ciudad de La Paz”, indicó el comandante de la unidad, un día después de que la presidenta boliviana Jeanine Áñez ordenara investigar la cuestionada compra por “posible corrupción”.
La ministra de Comunicación, Isabel Fernández, por su parte, comunicó desde el edificio contiguo al Palacio Quemado que la aprehensión se realizó para “evitar cualquier interferencia en el trabajo de la justicia o el entorpecimiento de las pesquisas”. Y agregó: “Se ha instruido una investigación minuciosa y cuando se establezcan responsabilidades, la justicia deberá aplicar la ley respetando los principios de objetividad, imparcialidad y debido proceso. A diferencia del pasado Gobierno, damos señales contundentes”.
Otros dos funcionarios sanitarios también están detenidos por la policía.
Debido a que la compra de los 179 ventiladores por casi cinco millones de dólares se realizó con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dos empleados del organismo internacional también han sido convocados a declarar..
Gracias a denuncias en redes y medios iniciamos investigación sobre posible corrupción en compra de los respiradores españoles (…) Pido cárcel y ordeno todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso. Cada centavo de corrupción debe ser devuelto al Estado”, señaló Áñez en su cuenta de Twitter una vez que se conoció el escándalo de corrupción.
Bolivia adquirió los equipos de manufactura española a un precio unitario de 27.683 dólares, pero luego se conoció que la empresa los ofrece por entre 9.500 euros y 11.000 euros (10.312 dólares a 11.941 dólares). Otra empresa hispana ofició de intermediaria.
El escándalo comenzó el pasado fin de semana con el reclamo de los médicos de cuidados intensivos, que denunciaron que las máquinas no eran adecuadas para las unidades de terapia intensiva de los hospitales bolivianos. Luego surgieron los informes de que se había pagado sobreprecio.
“Este es un Gobierno de la transparencia, este es un Gobierno que no va a socapar (encubrir) absolutamente a nadie”, dijo el ministro interino de la Presidencia, Yerko Núñez, durante un acto en el que justamente se entregaba parte de los equipos observados.
El hecho provocó reacciones como la de la presidenta del Senado, Eva Copa, del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales, que calificó de “lamentable” dicha compra y que pidió que las investigaciones convoquen al BID, que otorgó el crédito para la adquisición de los respiradores por un total de cinco millones de dólares.
Tras la detención de Navaja, el ministerio de Salud estará a cargo, de forma interina, por la viceministra de Salud, Heidi Roca.
El covid-19 contagió hasta la fecha a cerca de 4.500 personas y provocó unos 190 decesos en Bolivia, nación que permanece bajo cuarentena y con sus fronteras cerradas desde el 17 de marzo y hasta fin de este mes.
La aerolínea Air Canada suspendió el lunes sus vuelos a Cuba debido a una escasez de combustible en la isla, que enfrenta un estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos.
«En los próximos días, la aerolínea realizará vuelos sin pasajeros para recoger a unos 3.000 clientes que ya se encuentran en destino y llevarlos de regreso a sus hogares», precisó Air Canada en un comunicado.
Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que a partir de este lunes a la medianoche el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes debido a la crisis energética.
Las autoridades de Chile detuvo a 34 presuntos miembros de la organización criminal peruana Los Pulpos y logró prácticamente erradicarla en el país, tras una serie de operativos policiales en enero de 2026, informó el lunes la policía chilena.
La banda criminal, surgida en la ciudad de Trujillo, en el norte de Perú, está vinculada a delitos de extorsión con pedidos de pago de hasta 14,000 dólares, según denuncias registradas en ese país.
Tras una serie de operativos, se logró «la detención en enero de 34 personas integrantes de esta organización criminal, pudiendo detener a sus líderes, a sus brazos operativos y a sus testaferros», anunció el subprefecto Cristián Sepúlveda en una conferencia realizada en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).
Esta célula que operaba en la zona centro-norte de Santiago «termina prácticamente desbaratada», celebró Luis Cordero, ministro de Seguridad de Chile.
De los detenidos, 32 son ciudadanos peruanos, uno es chileno y otro de una nacionalidad no especificada.
La policía chilena detectó la presencia de la banda criminal en la capital en 2021. Desde entonces detuvo en total a 50 personas asociadas a la organización, indicó a la AFP el equipo de prensa de la PDI.
El golpe a Los Pulpos forman parte de otros grandes operativos de Chile contra el crimen organizado.
Aunque Chile es uno de los países más seguros del continente, los delitos violentos han aumentado en la última década y la inseguridad se transformó en la principal preocupación del país, según encuestas.
La fiscalía chilena reportó 868 secuestros en 2024, un 76 % más respecto a 2021. Los homicidios se han estabilizado en los últimos años, pero aumentaron un 140% en una década: de una tasa de 2,5 casos por cada 100.000 habitantes pasó a 6 en 2024, según el gobierno.
Guatemala presentó nuevas instalaciones carcelarias construidas con contenedores adaptados como celdas de máxima seguridad, destinadas a recluir a líderes de estructuras delincuenciales, como parte del endurecimiento de su régimen penitenciario, informaron autoridades del país.
El nuevo modelo penitenciario busca reforzar el control interno y reducir los privilegios dentro de los centros de detención, mediante espacios individuales diseñados para limitar la comunicación no autorizada y fortalecer la supervisión permanente. Las autoridades señalaron que estas instalaciones cumplen estándares de seguridad reforzada y están orientadas a un control más estricto de personas consideradas de alta peligrosidad.
De acuerdo con el anuncio oficial, la medida forma parte de una estrategia integral de seguridad que incluye la reestructuración del sistema penitenciario, el fortalecimiento de la disciplina interna y la reducción de prácticas que históricamente han facilitado el control informal dentro de las cárceles.
El uso de contenedores adaptados permite una implementación más rápida de infraestructura especializada, con diseños que priorizan la vigilancia, el aislamiento y la eficiencia operativa. Las autoridades indicaron que este esquema busca prevenir la coordinación de actividades ilícitas desde el interior de los centros penales.
Las nuevas disposiciones marcan un giro en la política de seguridad de Guatemala, en un contexto de mayor presión gubernamental para recuperar el control del sistema penitenciario y reforzar las acciones contra estructuras criminales, bajo un enfoque de orden institucional y cumplimiento de la ley.
«Querían cama king size, aire acondicionado, comida de restaurante e internet. Pero se toparon con un gobierno que no cede. Bienvenidos a sus nuevas celdas. Se acabaron los privilegios.» señalo en sus redes sociales el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo
