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A sus 81 años fallece el expresidente argentino Fernando de la Rúa

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A los 81 años, murió Fernando de la Rúa. El ex presidente estaba internado en grave estado en la clínica Fleming desde el 28 de enero. En las últimas horas su estado había empeorado a raíz de una descompensación cardíaca y renal.

La noticia fue confirmada por el presidente Mauricio Macri. «Lamento el fallecimiento del ex presidente Fernando de la Rúa. Su trayectoria democrática merece el reconocimiento de todos los argentinos. Acompañamos a su familia en este momento», aseguró. 

El ex mandatario había sido hospitalizado el 1° de enero en Pilar por un problema cardiovascular. Luego de ser sometido a una intervención quirúrgica, donde le colocaron tres stents, estuvo varios días en terapia intensiva. Y durante la internación, también se le realizó una traqueotomía para desvincularlo de la asistencia ventilatoria mecánica.

El ex jefe de Estado ya había tenido varios problemas coronarios. Durante su presidencia, en junio de 2001, fue sometido a una angioplastia.

Luego, en 2010 y 2014, fue intervenido por temas similares, mientras que en enero de 2016 pasó por el quirófano por un problema en la vejiga.

Su última aparición pública se dio en el marco de la cumbre del G20 que se realizó en noviembre pasado en la ciudad de Buenos Aires. El ex presidente participó de la gala que se llevó a cabo en el Teatro Colón.

El ex presidente de la Nación, Fernando De la Rúa, en la gala del Teatro Colón durante el G20
El ex presidente de la Nación, Fernando De la Rúa, en la gala del Teatro Colón durante el G20

De la Rúa fue presidente de la Argentina entre 1999 y 2001, cuando debió dejar su cargo inmerso en la peor crisis económica de la historia del país. El 19 de diciembre, el ex jefe de Estado declaró el estado de sitio y al otro día renunció a la presidencia, yéndose de la Casa Rosada en helicóptero, una imagen que quedará en la memoria de los argentinos para siempre.

De la Rúa dijo que tenía conciencia del «sufrimiento de la gente» y que sabía distinguir entre «los necesitados y los delincuentes». «La mayoría sabe que con violencia e ilegalidad no se sale de los problemas. Los problemas hay que afrontarlos y eso estamos haciendo», sentenció.

Minutos después de que se transmitiera el mensaje presidencial, los ciudadanos salieron espontáneamente a la calle a protestar con cacerolas y miles de personas llegaron a la Plaza de Mayo. Allí se desataron dos días de violencia y locura que terminaron con 39 muertos.

El 21 de diciembre, en su último acto de Gobierno, De la Rúa levantó el estadio de sitio. El Congreso de la Nación nombró como presidente provisional al titular del Senado, el peronista Ramón Puerta. Se abrió una grieta institucional en el país. A Puerta lo sucedieron Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde. Este último fue el que logró pacificar el país e instrumentar la transición hasta el 25 de mayo de 2003, cuando asumió Néstor Kirchner.

En su carta de renuncia a Ramón Puerta, De la Rúa afirmó: «Mi mensaje de hoy para asegurar la gobernabilidad y constituir un Gobierno de unidad fue rechazado por líderes parlamentarios. Confío que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la República. Pido por eso al honorable Congreso que tenga a bien aceptarla».

Antes de llegar a la presidencia, el abogado había sido el primer jefe de Gobierno porteño, tres veces senador, una vez diputado y candidato a vicepresidente en 1973.

Parte de los incidentes de diciembre de 2001 (NA)
Parte de los incidentes de diciembre de 2001 (NA)

Su primera senaduría fue en 1973, cargo en el que estuvo hasta el golpe de Estado de 1976, cuando se retiró de la política para ejercer la abogacía representando a Bunge&Born. Con el retorno de la democracia, en 1983, le disputó la elección interna de la UCR a Raúl Alfonsín por la presidencia, perdiendo en manos de quien luego sería presidente hasta 1989.

A pesar de esto, en 1983 fue candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires y venció a Carlos Ruckauf, postulante del peronismo. Durante esos años, votó en contra de la ley del divorcio. En 1989 consigue renovar su banca pero en 1991 es candidato a diputado nacional, llegando así a la presidente del bloque del radicalismo en la Cámara baja. Rápidamente, en 1993, De la Rúa vuelve al Senado, tras imponerse en territorio porteño con más de 50% de los votos.

En 1994 se reforma la Constitución Nacional y allí se estableció que la ciudad de Buenos Aires pase a ser un territorio autónomo. Antes, el intendente lo elegía el presidente de turno pero con esta reforma se implementaría lo que hoy se conoce como jefe de Gobierno. En 1996, De la Rúa se postula para el cargo por la UCR y es electo con el 40% de los votos frente a Norberto Luis La Porta, del Frepaso, y Jorge Domínguez, peronista que era el intendente.

El ex presidente cuando se fue en helicóptero (NA)
El ex presidente cuando se fue en helicóptero (NA)

A partir de allí la carrera política del dirigente iría en ascenso. Cuando en 1997 se forma la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, coloquialmente conocida como La Alianza -la formaban varios partido políticos, aunque los más grandes eran la UCR y el Frepaso-, De la Rúa se ubica como el principal candidato a presidente para derrotar al peronismo en 1999. Acorde a lo establecido por la coalición, el postulante se definiría a través de una interna en todo el país. Fue así que en 1998, el entonces jefe de Gobierno compite con Graciela Ferndández Meijide -candidato del Frepaso- y se impone con el 62% de los votos, convirtiéndose así en candidato a presidente.

En las elecciones de octubre de 1999, en fórmula con Carlos «Chacho» Álvarez, De la Rúa obtuvo el 48,5% de los votos y consiguió una cómoda victoria frente a Eduardo Duhalde y Ramón Ortega, que se alzaron con el 38,09% de los sufragios. En tercer lugar quedó Domingo Cavallo con el 10,09%.

De la Rúa cuando recibió a Menem en el despacho presidencial (NA)
De la Rúa cuando recibió a Menem en el despacho presidencial (NA)

Una vez en el poder, lanzó un plan de ajuste feroz en el Estado y subió los impuestos a las clases medias y altas. El objetivo era controlar el gasto público y bajar las tasas de interés y para ello hubo un recorte de sueldo de entre el 8% y 20% a los empleados públicos, fuerzas de seguridad y empleados judiciales. También hubo despidos masivos y recortes de presupuesto en varias áreas.

En el 2000, el gobierno de De la Rúa debió acudir al Fondo Monetario Internacional y el entonces ministro de Economía, José Luis Machinea, negoció lo que se conoció como el blindaje, que fue presentado como un paquete de salvataje de 40 mil millones de dólares. Antes, en octubre, había renunciado el vicepresidente Álvarez, lo que agravó la situación política.

En el 2001 la crisis económica se deterioró, se disparó el riesgo país y los depósitos bancarios bajaron exponencialmente. La confianza de la gente y del mundo en las finanzas argentinas y en la presidencia estaba perdida. La reacción del Gobierno fue convocar a Domingo Cavallo al Ministerio de Economía, quien anunció más recortes a los jubilados y empleados estatales y emitió deuda por tres mil millones.

Fernando De La Rua y su ex ministro de economia Domingo Cavallo (NA)
Fernando De La Rua y su ex ministro de economia Domingo Cavallo (NA)

En noviembre, se inicia la reestructuración de deuda conocida como Megacanje, pero la desconfianza y la falta de inversiones golpeaban fuerte al gobierno. La gente comenzó a retirar la plata del banco y para frenar esto Cavallo anunció el «corralito».  A partir del 1 de diciembre, solo se permitía retirar 250 pesos en efectivo por semana y se prohibía enviar dinero al exterior, entre otras medidas.

Ante esto, el FMI endureció su posición y no envió los 1260 millones de dólares que debía prestar en el marco del «Blindaje». El argumento fue que Argentina no había alcanzado el déficit cero, tal como había prometido Domingo Cavallo. Así, el país entró en cesación de pagos y precipitó la caída del gobierno.

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Detenido en Estados Unidos un líder del cártel mexicano CJNG que fingió su muerte

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El yerno del líder del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue detenido en Estados Unidos, tras fingir su propia muerte, informó este jueves el Departamento de Justicia.

Según documentos judiciales estadounidenses, «Cristian Fernando Gutiérrez-Ochoa, de 37 años, comenzó a trabajar para el CJNG, uno de los cárteles de drogas más violentos de México, en torno a 2014».

Coordinó personalmente en México el transporte y la distribución de unos 40.000 kilos de metanfetamina y aproximadamente 2.000 kilos de cocaína, destinados a Estados Unidos, donde vivía en la opulencia.

Gutiérrez-Ochoa supuestamente promovió las actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero del CJNG, señaló el comunicado.

En 2021 secuestró presuntamente a dos miembros de la Armada de México en un intento por obtener la liberación de la esposa de su suegro, Nemesio Oseguera Cervantes alias ‘El Mencho’, que había sido arrestada por las autoridades de ese país.

Tras ser procurado en México, Gutierrez-Ochoa huyó a Estados Unidos, asumió una identidad ficticia y pasó a residir en una lujosa residencia en Riverside (California, oeste) comprada con fondos del lavado de dinero del CJNG».

Según la justicia estadounidense, «El Mencho» pudo haberle ayudado en su plan para fingir su propia muerte diciendo a sus socios que él lo asesinó por mentiroso.

Esto le ayudó a infiltrarse en Estados Unidos para estar con la hija de «El Mencho».

El Cártel de Jalisco «está más débil debido al arresto de un líder que supuestamente simuló su propia muerte y asumió una identidad falsa para evadir la justicia y vivir una vida de lujo en California», dijo la fiscal general adjunta Lisa Monaco, citada en un comunicado.

Este cártel ha desatado una violencia sin precedentes en México y ayuda a alimentar la mortal crisis de drogas en Estados Unidos, según la agencia antidrogas estadounidense (DEA).

Gutiérrez-Ochoa se expone a una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.

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Narco, apagones, bajo crecimiento: Ecuador en problemas antes de nuevas presidenciales

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La peor sequía en seis décadas tiene en jaque a las hidroeléctricas que cubren un 70 % de la demanda, el suministro de agua potable y la producción agrícola. La vida cotidiana es una pesadilla para muchos ecuatorianos.

«Lo que está viviendo el Ecuador es una crisis multidimensional que se expresa en términos económicos, eléctricos y políticos», dijo a la AFP Fernando Carrión, investigador político de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Quito.

La nación de 17 millones de habitantes dejó hace varios años de ser una isla de paz entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de coca. Convertida en centro internacional de operaciones del narcotráfico y el crimen organizado, la tasa de homicidios escaló de seis por cada 100.000 habitantes en 2018 al récord de 47 en 2023.

Noboa aplicó una política de mano dura y logró bajarla a 33, pero la sensación de inseguridad persiste. Y el fantasma de las masacres carcelarias regresó, con 17 muertos en el último choque.

El mandatario gobierna desde hace un año sin mayoría en el Congreso y distanciado de su vicepresidenta Verónica Abad, que fungía como embajadora en Israel y a quien el ministerio de Trabajo suspendió por cinco meses por el «abandono injustificado» de sus funciones.

Esa decisión le impedirá reemplazar a Noboa en enero cuando inicie su campaña por la reelección. Abad, que acusa a Noboa de «persecución», regresó a Ecuador el miércoles en «un acto de rebeldía».

«Hay desafíos por todo lado», manifestó el analista político y económico Alberto Acosta Burneo, del consultor Grupo Spurrier.

«Época frustrante»

La economía ecuatoriana, dolarizada y dependiente de la estancada producción petrolera, es otro eslabón en vilo. Antes de los apagones que llevan dos meses continuos, el país ya registraba una «fase muy baja de crecimiento», anotó Acosta Burneo.

Los cortes de luz empezaron en abril y arreciaron en septiembre ante la escasez de lluvias, asociada al cambio climático de acuerdo con la ministra encargada de Energía, Inés Manzano.

El gobierno prevé extenderlos al menos hasta diciembre, a un «costo muy grande» para el país, explicó Acosta Burneo.

Ecuador calculó con anticipación un crecimiento de 0,9% en 2024, contra 2,4% de 2023. El FMI pronosticó apenas 0,3%.

Los apagones dejan pérdidas por 1.440 millones de dólares (1% del PIB), según gremios empresariales que calculan en 12 millones de dólares el costo por cada hora sin luz.

«Es una época muy frustrante», reconoció Noboa, un empresario que se autodefine de centro-izquierda.

La aprobación de Noboa cayó de 85% en enero a 42% en octubre de acuerdo con Perfiles de Opinión. Su mandato de 18 meses termina en mayo de 2025, como reemplazo del derechista Guillermo Lasso (2021-2023).

Sin completar sus cuatro años de mandato, Lasso disolvió el Congreso y llamó a elecciones anticipadas para evitar un juicio político que buscaba su destitución.

La más reciente encuesta de la empresa Comunicaliza señala que el mandatario ha caído al menos seis puntos en la intención de voto. Aunque sigue en el primer lugar con 27,5%, seguido de la izquierdista Luisa González (26,7%).

«Estas distintas crisis le están golpeando (a Noboa) y probablemente la que más le golpea (…) es la crisis de la energía», aseguró Carrión.

Popularidad golpeada

Tras una arremetida del narco en enero, el gobernante respondió con duras políticas contra una veintena de organizaciones vinculadas a cárteles internacionales.

Declaró al país en conflicto armado interno, desplegó militares en las calles y las cárceles, dio los estatus de «terroristas» y «beligerantes» a las bandas para enfrentarlas sin tregua.

Su estrategia disminuyó los homicidios y aumentó el decomiso de droga a 262 toneladas en lo que va del año, frente a las 219 toneladas de 2023.

Sin embargo, la población «tiene una percepción de inseguridad muy alta, lo cual hace que el presidente pierda apoyos», señaló Carrión.

Noboa admitió que la crisis eléctrica «sí ha afectado» su popularidad.

Los secuestros y extorsiones también desangran al país. «Todo eso hace mella en la legitimidad del presidente y sus aspiraciones» de reelección, consideró Carrión. Bajo el fantasma del magnicidio, algunos candidatos presidenciales denuncian amenazas.

Más de 30 políticos han sido asesinados desde el año pasado, entre ellos el candidato a la presidencia Fernando Villavicencio (centro), baleado al salir de un mitin en Quito en vísperas de la primera vuelta del 9 de agosto de 2023.

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«Artefacto explosivo» estalla cerca de la sede de la autoridad carcelaria de Colombia

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La Policía Metropolitana de Bogotá y el departamento local de bomberos «atienden la activación de un artefacto explosivo en inmediaciones del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario)», escribió el miércoles en la red social X el alcalde Carlos Fernando Galán, pasadas las 21H00 locales (02H00 GMT).

«No hay personas heridas y los daños materiales son menores», agregó.

El general José Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró más tarde a medios que el estallido se debió al «lanzamiento de un artefacto explosivo improvisado en una bolsa».

Técnicos de la institución analizan el material explosivo para determinar su composición, agregó Gualdrón.

Medios locales transmitieron imágenes captadas por una cámara de seguridad en las que se observa a un hombre manipulando un paquete y posteriormente abandonándolo a metros de las instalaciones del INPEC, a las 20H21 locales (01H21 GMT).

En los últimos meses, los ataques armados contra funcionarios penitenciarios en Colombia se han recrudecido.

«Llevamos, desafortunadamente, 22 atentados y 11 funcionarios muertos en el año 2024 (…) Hoy en día los funcionarios penitenciarios del INPEC no están siendo ajenos a los ataques del crimen organizado», aseguró el coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, en una rueda de prensa la tarde del miércoles convocada tras el asesinato a un vigilante de la cárcel bogotana de La Picota.

Según Gutiérrez, los ataques se deben a que la autoridad carcelaria lleva a cabo «un trabajo fundamental conteniendo el delito desde las cárceles».

Expertos aseguran que varias organizaciones criminales manejan negocios ilegales como la extorsión desde el interior de las cárceles colombianas.

«¿Alguna duda de que el INPEC y sus trabajadores estamos siendo víctimas del conflicto armado y objetivo militar de los grupos al margen de la ley?», reaccionó el miércoles desde su cuenta de X Óscar Robayo, presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios.

En mayo, el coronel retirado Elmer Fernández, director de la prisión de La Modelo, una de las principales de Colombia, fue asesinado a tiros luego de recibir varias amenazas de muerte.

Colombia, principal productor de cocaína del mundo, está no obstante lejos de la violencia de su vecino Ecuador, donde las cárceles son epicentro de masacres y tiroteos.

En las prisiones ecuatorianas, destino de buena parte de la droga que se produce en el lado colombiano de la frontera, reos han retenido a guardias durante días.

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