El Salvador Today
¿El final de la corrupción en El Salvador?, una lista que se espera depurar a fondo
El pasado viernes, con 78 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa le eliminaron el fuero constitucional al diputado de ARENA, Alberto Romero; quien ahora, deberá enfrentar un proceso penal por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR).
Recordemos que el proceso inició luego de que, el pasado 23 de agosto, en la sesión plenaria 120, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, solicitara al órgano de Estado que se le retirara la inmunidad al legislador para poderlo procesar penalmente.
Ese mismo día, el miembro del partido tricolor fue retenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Ante esto, Bessy Ríos, analista política, quien participó en nuestra entrevista El Salvador Today, señaló que “hay demasiada oscuridad sobre este tema, debido a que circulaban dos versiones”.
Además, destacó que “lo cierto es que, ya sea uno u otro caso, no se le había quitado el fuero, por lo tanto, se suponía que no debía haber sido detenido”.
“El abogado del diputado hizo una exposición muy interesante y buena, la verdad fue muy técnica. Sin embargo, al colega se le olvidó que el fuero solo funciona para los dichos de los diputados; es decir, el fuero no es impunidad, es inmunidad. Entonces, todos los delitos comunes que cometan los diputados deben de ser trasladados a la Asamblea Legislativa para ver si hay formación a causa, posteriormente desaforarlos y ponerlos ante la orden de la Cámara”, añadió.
De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria extraordinaria número nueve, el parlamentario oriundo de Cojutepeque, Cuscatlán, tiene distribuidos en cuatro cuentas bancarias un total de $1,162,388.05. Además, existen otras 28 cuentas que tendrán que ser investigadas por las autoridades pertinentes. Es por eso que la FGR le imputa los referidos delitos.
Al haberle quitado el fuero, el integrante del partido ARENA fue suspendido de su cargo como legislador, el cual ocupó durante 23 años, de acuerdo a los registros.
El Código Procesal Penal, en su artículo 333, establece que “el funcionario, autoridad pública o empleado público, que con ocasión del cargo o de sus funciones obtuviere incremento patrimonial no justificado, será sancionado con prisión de tres a diez años”.
Así mismo, la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, en su artículo 4, determina que se entenderá por lavado de dinero y de activos, cualquier operación, transacción, acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito y a legalizar bienes y valores provenientes de actividades delictivas cometidas dentro o fuera del país.
La nueva legislatura está marcando un precedente en el combate a la corrupción al retirarle la inmunidad a legisladores, independientemente del partido a que pertenezcan, para ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes.
Las investigaciones fiscales
Una investigación realizada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia determinó que hubo varias irregularidades en el patrimonio del diputado, quien no pudo justificar el origen de $445,766.05. El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo encontró responsable de enriquecimiento ilícito a Romero y ordenó que le retribuyera al Estado dicha cantidad.
Esto sirvió para que la FGR ahondara en las investigaciones de los periodos entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2022, tiempo en el que Romero se ha desempeñado como diputado propietario por el departamento de Cuscatlán. Los hallazgos revelaron que el funcionario no ha podido justificar $1,162,388.05, por eso las autoridades le atribuyen los delitos de enriquecimiento y lavado de dinero.
Familiares abandonaron a Romero
La tarde del 23 de agosto, el miembro del partido tricolor fue retenido por agentes de la PNC, horas después de que abandonara el recinto legislativo durante el desarrollo de la plenaria número 120.
Ese mismo día, luego de que la Fiscalía solicitara a los parlamentarios que le retiraran el fuero constitucional a Romero; Ana Lourdes de Romero y Lourdes Gabriela Romero de Marroquín, esposa e hija respectivamente, abandonaron el país, vía terrestre, rumbo a Guatemala.
En la Comisión Especial de Antejuicio, los diputados fiscales citaron a las dos familiares del señalado y a la exasesora de la Asamblea Legislativa María de Jesús Guardado, quien fungió en el cargo hasta el 30 de abril de 2021. Al igual que las familiares de Romero, ella abandonó El Salvador; lo hizo el 24 agosto de 2023 y su destino fue Estados Unidos, según los registros de Migración y Extranjería.
Otros de los convocados fueron el excolaborador administrativo de este Órgano de Estado, Ricardo Gutiérrez Romero (quien reside en Estados Unidos desde el 22 de abril de 2021); al exordenanza de la institución, David Fernando Vaquerano, quien trabajó hasta el 1 de febrero de 2018 (habita en Estados Unidos desde el 6 de febrero de 2018).
La asistente de la fracción de ARENA Ana María Gertrudis Ortiz de Lemus también fue citada y fue la única que comparecería ante la comisión.
El diputado más viajero
En mayo de 2016, un medio de comunicación publicó que la Asamblea Legislativa gastó más de $20 mil en viajes en un mes. Uno de los diputados viajeros fue Romero, quien acudió a Perú para atender una invitación del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y participar como observadores internacionales en el proceso electoral 2016 de ese país.
El medio de comunicación citó que llamó a varios legisladores para cuestionarlos sobre esos viajes, pero el único que atendió fue Romero, quien se limitó a decir que no comentaba sobre ese tema: “Fíjese que yo no comento viajes, a la próxima, oiga”, respondió.
Ese no es el único viaje que hizo el diputado ese año. El acuerdo de Junta Directiva número 1766 específica que Alberto Romero, entonces jefe de fracción de ARENA, estaría en Londres, Reino Unido, del 26 de noviembre al 3 de diciembre de ese año. Él acudiría a esa nación para participar en el Curso de certificación profesional en asuntos parlamentarios, por lo que se le debía pagar el sueldo, comprarle el boleto de avión y entregarle viáticos.
Entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2020, Alberto Romero viajó a Bogotá, Colombia, pero según una publicación periodística, la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Asamblea Legislativa declaró inexistente los informes sobre dichos viajes.
Además, una investigación de El Faro reveló que, entre 2015 y 2016, el diputado Romero hizo hecho tres viajes (dos a Estados Unidos y uno a Perú) y estuvo ausente por 14 días. En boletos de avión gastó $4, 272.
El mismo medio publicó que, entre enero y octubre del 2011, el legislador duplicó su salario mensual a través del cobro de $42 mil en viáticos por su participación en misiones oficiales.
Transmisión:
Nuestro invitado de hoy es Óscar Martínez Peñate, Analista político. Analizaremos el tema: “Cambios en las minicipalidades”.
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