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Uruguay va a las urnas con alta indecisión
Los centros de votación en Uruguay abrieron sus puertas el domingo y comenzaron las elecciones generales, en las que los uruguayos decidirán entre la permanencia de la actual coalición de centroderecha hoy encabezada por el Partido Nacional del actual presidente Luis Lacalle Pou, o la vuelta al poder de la izquierda.
Unos 2,7 millones de uruguayos están llamados a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados, y, además, decidir sobre dos plebiscitos clave sobre inseguridad y pensiones en una campaña electoral que no ha terminado de convencer a los votantes.
A diferencia de las marcadas divisiones entre derecha e izquierda de Argentina, Brasil o México, la arena política uruguaya está relativamente libre de tensiones, con importantes coincidencias entre las principales coaliciones, lo que atenúa en parte el impacto del resultado.
La izquierda está liderada por el Frente Amplio, históricamente liderado por el expresidente José Mujica. En medio de campañas austeras y una amplía apatía, el voto de los ciudadanos indecisos será clave para una izquierda que gobernó por 15 años consecutivos y aspira a volver al poder después de perderlo en 2019.
“Ha sido una campaña alejada de la gente, que no logró los niveles de movilizaciones que tiene Uruguay históricamente, donde la adhesión a los partidos es de las más altas de Latinoamérica”, afirmó a The Associated Press el analista político Julián Kanarek.
A pocos días de la votación, las principales encuestas señalan como favoritos al izquierdista Yamandú Orsi y su compañera de fórmula Carolina Cosse y colocan al opositor Frente Amplio con más de un 40% de intención de voto. A continuación, aparece Álvaro Delgado, candidato del oficialista del Partido Nacional, con entre un 20 % y 24 % del apoyo y, en tercer lugar, Andrés Ojeda, abanderado del conservador Partido Colorado, con entre 12 % y 17 %.
Para resultar electo, cualquiera de los aspirantes presidenciales deberá superar el 50 % de las papeletas válidas, lo que le otorga a los indecisos —que rondan entre el 10 % y el 14 %— un papel clave. De no lograrlo, los dos candidatos más votados se medirán en una segunda vuelta el 24 de noviembre.
En la misma jornada se celebrarán también dos plebiscitos, en los que el voto —a diferencia de la elección presidencial— no es obligatorio.
El primero, respaldado por el oficialismo, aborda las crecientes preocupaciones sobre la inseguridad y consulta si se debe levantar la prohibición constitucional de las redadas policiales nocturnas en los hogares. Hasta ahora solo se permiten allanamientos en casas durante el día y con orden judicial.
La segunda consulta popular, más polémica, es una reforma a las pensiones impulsada por las centrales obreras y agrupaciones sociales que busca restablecer la edad de jubilación en los 60 años, recientemente elevada por el gobierno de Lacalle Pou a los 65.
Propone además equiparar el monto de las jubilaciones y pensiones al valor del salario mínimo nacional y, en el punto más controvertido, eliminar las administradoras de fondos de pensiones privados para dejar los aportes sólo en el sistema público, lo que generó calurosos debates por su posible costo fiscal. “Es un plebiscito complejo porque ni la izquierda está de acuerdo”, señaló Kanarek.
Las encuestas vaticinan una victoria del Frente Amplio que, de confirmarse, volvería al poder tras cinco años y después de haber estado al mando del país entre 2005 y 2020.
Sin embargo, en medio de la apatía de los electores, ninguno de los candidatos ha conseguido desmarcarse de forma contundente.
Si por un lado la elección en 2019 de Lacalle Pou supuso un punto de quiebre tras 15 años de gobiernos del Frente Amplio, el carismático mandatario —quien dejará la Presidencia con una gestión aprobada por el 50% de los uruguayos— no puede reelegirse y tampoco logró transmitir su capital político a su heredero, Álvaro Delgado.
A eso se suma una participación ciudadana que alcanzó su menor nivel el pasado junio, durante las elecciones primarias para elegir a los candidatos de los partidos en las que el voto no era obligatorio. Tan solo un 35% de los electores acudieron a las urnas, la tasa más baja de la historia.
Expertos atribuyen esa baja adhesión y movilización popular a que la ciudadanía no considera que éste será un ciclo electoral con “cambios fundamentales”.
Los proyectos de los dos principales contendientes bloques guardan similitudes y coinciden en tener sus ejes centrales en mejorar la competitividad del país, acortar las brechas económicas y reducir la tasa de la pobreza infantil en Uruguay, donde uno de cada cinco niños vive por debajo de la línea de pobreza.
La política en Uruguay, una de las economías más estables de América Latina, se da a través del “debate de los matices más que de extremos”, apuntó el politólogo Agustín Canzani, en contraste con otros países, como México, Brasil o Estados Unidos. “Es un vaivén entre un bloque de centro-izquierda y uno de centro-derecha» que, según matizó, ha ordenado el panorama político «por lo menos en las últimas dos décadas”.
El Pentágono planea desplegar en el golfo Pérsico a cerca de 3,000 soldados de la 82ª División Aerotransportada, una de las grandes fuerzas de élite del ejército estadounidense, dijeron dos altos cargos este martes, informó el periódico español El País.
Entretanto Hezbolá advirtió que combatirá cualquier intento de ocupación tras el anuncio del Gobierno israelí de que su ejército controlará todo el sur de Líbano hasta el río Litani, ubicado unos 30 kilómetros al norte de la frontera.
En las últimas horas, el ejército israelí atacó Beirut, al tiempo que Irán y la milicia chií libanesa Hezbolá respondieron con bombardeos contra Israel, que causaron al menos seis heridos leves en Tel Aviv.
Todo esto sucede, mientras el precio del barril de petróleo superó nuevamente los 100 dólares tras la caída del coste vivida ayer después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció una tregua de cinco días en los ataques contra infraestructuras energéticas de Irán.
A pesar del anuncio de Trump, Irán aseguró que dos proyectiles impactaron esta madrugada contra un gasoducto en Jorramshahr y contra edificios administrativos de una estación gasística de Isfahán.
El barco camaronero «Maguro» atracó en La Habana con tres días de retraso respecto a lo previsto, tras luchar contra fuertes vientos, corrientes y una molesta batería durante su travesía desde México.
Al acercarse a las fortificaciones de la época colonial de La Habana, los activistas subieron al techo de la embarcación —rebautizada simbólicamente como «Granma 2.0» en homenaje al yate utilizado por los guerrilleros de Fidel Castro (1926-2016) para iniciar su revolución en 1956.
Sostenían una pancarta que decía «Let Cuba live» (Dejen vivir a Cuba), mientras otros, que los esperaban en el muelle, coreaban «¡Cuba sí! ¡Bloqueo no!».
«Ojalá todo el mundo se uniera, incluso los cubanos en el extranjero, y vinieran a hacer lo mismo, porque es el pueblo el que está sufriendo», dijo Amado Rodríguez, un chofer de 59 años que caminaba cerca de la bahía de La Habana.
Los primeros cargamentos llegaron en avión desde Europa, América Latina y Estados Unidos la semana pasada como parte de una misión aérea y marítima, bautizada «Convoy Nuestra América», para llevar unas 50 toneladas de ayuda a Cuba.
Se espera que otros dos barcos lleguen el martes o el miércoles.
Los activistas señalan que el esfuerzo busca aliviar la situación de los cubanos tras un bloqueo petrolero de facto impuesto por Estados Unidos que el presidente Donald Trump puso en marcha en enero.
Los críticos, incluidos exiliados cubanos en Miami, han calificado la iniciativa como un «espectáculo político» que beneficia más al cubano comunista que a la gente de a pie.
El organizador del convoy, David Adler, ciudadano estadounidense, dijo a la AFP que la misión llevó ayuda urgentemente necesaria directamente al pueblo cubano y mostró al mundo «el costo humano del asedio de Trump contra Cuba».
«Demostró que la solidaridad internacional puede triunfar sobre el aislamiento forzado», afirmó Adler, coordinador del grupo global de izquierda Progressive International.
El país ha sufrido siete apagones nacionales desde 2024 -dos de ellos en la última semana- debido al envejecimiento de sus centrales termoeléctricas y a la escasez de petróleo.
La situación en Cuba se ha precarizado desde que Trump ordenó en enero una operación militar para capturar al principal aliado regional de la isla comunista, el líder socialista venezolano Nicolás Maduro, privando así al país de su principal proveedor de petróleo.
El «Maguro» zarpó el viernes desde la península de Yucatán, en México, con 32 personas a bordo, entre ellas activistas de Australia, Brasil, Ecuador, Italia, México y Estados Unidos. Periodistas de la AFP viajaban en el barco.
Durante la travesía -en la que fue escoltado durante una parte del trayecto por un buque de la Armada mexicana-, el activista brasileño Thiago Ávila dijo que otros países deberían acudir en ayuda de Cuba.
«No podemos permitir que el mundo y el derecho internacional sean sepultados bajo la codicia de Donald Trump», declaró a la AFP Ávila, que también fue uno de los organizadores de una flotilla que intentó llevar ayuda a Gaza el año pasado, pero el bloqueo naval israelí lo impidió.
«Por eso estamos aquí, por eso la gente decidió movilizarse para esto y decidió donar», añadió.
La también activista brasileña Lisi Proença dijo que el grupo estaba aplicando la experiencia adquirida con la flotilla de Gaza para hacer llegar ayuda a Cuba.
«Lo interesante es que ahora podemos transportar artículos mucho más grandes, como paneles solares», dijo a la AFP.
Además de los cortes diarios de electricidad, los precios del combustible se han disparado, el transporte público se ha vuelto escaso y la basura se acumula en las calles de Cuba porque los camiones recolectores ya no funcionan.
Cuba ha responsabilizado a Washington de las penurias del país, principalmente debido al bloqueo de combustible y a un embargo comercial de más de seis décadas.
Exiliados cubanos y otros críticos, que atribuyen la crisis económica al gobierno comunista, afirman que el convoy brinda apoyo político a La Habana.
«Todo esto no es más que un espectáculo político», dijo a la AFP Luis Zúñiga, ex preso político cubano radicado en Miami.
«La crisis eléctrica en Cuba no se debe al embargo petrolero impuesto por el presidente de Estados Unidos. Se remonta a mucho antes de eso», afirmó Zúñiga.
El anuncio retrotrae a los libaneses al año 1982, cuando en el contexto de la guerra civil, Israel invadió toda esa zona para repeler a grupos armados palestinos.
El ejército hebreo mantuvo aquí una zona tampón de entre 10 y 20 km de profundidad hasta su retirada completa en el año 2000 bajo la presión del movimiento proiraní Hezbolá, con el que vuelve a estar en conflicto, esta vez en el contexto de la guerra contra Irán.
Las fuerzas israelíes «maniobran en el interior del territorio libanés para apoderarse de una línea de defensa avanzada» hasta el río Litani, declaró el ministro de Defensa, Israel Katz, en un vídeo difundido por su oficina.
La consecuencia para los civiles es que «los cientos de miles de residentes del sur de Líbano que fueron evacuados hacia el norte no volverán al sur del Litani mientras no esté garantizada la seguridad de los habitantes del norte» de Israel, añadió Katz.
Francia, que reivindica un papel diplomático activo en Líbano, reaccionó pidiendo a Israel que «se abstenga» de cumplir con el anuncio de tomar la zona al sur del río Litani, pues tendría «consecuencias humanitarias de calado que agravarían la situación ya de por sí dramática del país», dijo a AFP el canciller Jean-Noël Barrot.
Desde que Hezbolá, patrocinado por Irán, metió a Líbano en la guerra regional, Israel ha efectuado cientos de ataques en el país vecino, que causaron según las autoridades más de un millar de muertos y más de un millón de desplazados.
«La batalla contra Hezbolá (…) no ha hecho más que comenzar», advirtió el lunes la portavoz arabófona del ejército israelí, Ella Waweya.
Este martes al amanecer, los bombardeos israelíes mataron a cinco personas en el sur del país, y a otras tres en una zona residencial cercana a Beirut.
«Mi casa quedó destruida por completo. No queda ya nada, ha ardido todo», dijo a la AFP Abas Qasem, de 55 años. Un apartamento vecino al suyo fue blanco de un ataque en Bchamoun, al sureste de Beirut.
«¿Qué he hecho yo para que mi casa sea destruida? Soy una persona normal», añade entre llantos, como su esposa, al descubrir la devastación en su apartamento.
En este ataque en particular murieron una niña de cuatro años y hubo cuatro heridos, según el ministerio de Sanidad.
Bchamoun no es un bastión de Hezbolá.
El movimiento islamista entró en la guerra el 2 de marzo para vengar la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, fallecido dos días antes, en la primera jornada de ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.
El movimiento chiita dijo estar oponiendo resistencia al avance de las fuerzas israelíes en localidades fronterizas, y reivindicó unos ataques contra soldados en el pueblo de Al Qauzah, y contra el norte de Israel.
Según la agencia estatal libanesa Ani, una unidad israelí incursionó en el pueblo fronterizo de Halta, donde los soldados allanaron varias casas «y abrieron fuego contra los habitantes», matando a uno de ellos e hiriendo a otro.
Al mismo tiempo, y en el plano diplomático, Líbano retiró la acreditación al recientemente nombrado embajador de Irán en Beirut, Mohamad Reza Raeuf Sheibani, y le dio de plazo hasta el domingo para salir del país.
Las autoridades de Beirut acusan a los Guardianes de la Revolución iraníes de dirigir las operaciones del movimiento libanés Hezbolá contra Israel.
El canciller israelí, Gideon Saar, elogió la decisión libanesa de expulsar al embajador iraní. Era «necesario», dijo.
Pero también pidió al gobierno de Beirut que tome «medidas concretas y significativas» contra Hezbolá, que cuenta con dos ministros en el gabinete.
