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Recapturan a varios criminales favorecidos por jueces
La Policía Nacional Civil (PNC) ha recapturado a varios mareros y otros criminales que en vez de estar cumpliendo condenas en las cárceles del país gozaban de total libertad, pues fueron «favorecidos» por jueces del anterior sistema judicial, según ha denunciado el presidente de la república, Nayib Bukele, y el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Entre las más recientes capturas figuran la de Rodrigo Tenorio, exalcalde en Puerto El Triunfo, Usulután, con el partido FMLN, quien en 2016 fue capturado por la Policía y acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de financiar y apoyar en logística a criminales de la pandilla 18.
Según la Fiscalía, Tenorio fue procesado en libertad, pues un juez le decretó medidas alternas a la detención desde septiembre de 2016, así como a pagar una fianza de $5,000 y comprometerse a no salir del país ni cambiar de domicilio y presentarse a firmar cada 15 días a un Juzgado de Instrucción.
La decisión del juzgado de procesar en libertad a Tenorio fue duramente criticada por el ministro Villatoro quien expresó que «el sistema judicial corrupto de esos tiempos lo liberó», al referirse a que sucedió en los gobiernos anteriores.
La recaptura del exalcalde fue reportada el 28 de abril de 2022, hoy se le acusa de organizaciones terroristas, delito por el cual podría pasar no menos de 20 años de cárcel, según las reformas hechas al Código Penal.
Rodrigo Tenorio, exalcalde en Puerto El Triunfo con el partido FMLN, fue recapturado el 28 de abril.
El 24 de abril de este año, la Policía arrestó a Saúl Antonio Montano, perfilado como uno de los criminales más sanguinarios que fue procesado por asesinar a una mujer y sus dos hijos, hecho ocurrido el 10 de julio de 2018 en el municipio de San Cayetano Istepeque, en San Vicente.
Según fuentes policiales, Montano es apodado Klever y privó de libertad a esta familia a quienes obligó a atravesar una finca para luego asesinarlas y enterrar sus cuerpos. Una de las víctimas tenía tan solo 8 años.
Sin embargo, a pesar de que las autoridades tenían pruebas de la participación de Montano en este múltiple crimen, el sistema judicial decidió procesarlo en libertad, según expuso la Policía.
«A pesar de que fue capturado por ese triple homicidio y de todas las pruebas en su contra, en el 2020 un juez lo liberó, porque había pasado 2 años detenido sin sentencia firme», comunicó la institución.
La PNC reveló que «A pesar de que fue condenado a 120 años, no puso un pie en prisión porque al ser procesado en libertad, simplemente no se presentó al juicio y siguió delinquiendo en la zona rural de San Cayetano Istepeque».
El criminal fue recapturado el mes pasado y la clica a la que pertenece fue desarticulada por las autoridades en el marco de la estrategia de seguridad para combatir a las maras.
José Misael Cisneros Rodríguez, apodado «Medio millón», es para las autoridades uno de los principales financistas de la Mara Salvatrucha en el departamento de Chalatenango, pues es señalado de proporcionar dinero y armas de fuego a los mareros a cambio de «inmunidad».
«Medio millón había sido procesado por lavado de dinero y activos de $43 millones junto a su cuñado Rafael Eduardo Ardón Romero y su hermana, Sandra Guadalupe Cisneros Rodríguez. A pesar de estos señalamientos, en 2015 fue dejado en libertad por un juez corrupto», denuncio el ministro Villatoro.
Las autoridades reportaron la recaptura de Medio millón el 28 de abril de 2022; al respecto, el ministro expresó: «Esta vez, nos vamos a encargar de que se haga justicia y este terrorista pague por sus delitos».
Además del proceso por lavado de dinero y activos, Cisneros Rodríguez fue capturado por homicidio en 2012 luego de estar más de un año prófugo, y arrestado por agrupaciones ilícitas en 2014.
A raíz de tantos señalamientos por el actuar de algunos jueces, que favorecieron a criminales, el Órgano Judicial inició un proceso de depuración, fue así como a partir de septiembre de 2021 comenzó la renovación de jueces para los Juzgados de Paz, de Primera Instancia y las Cámaras.
De igual manera, fueron promovidos secretarios de tribunales y jueces con potencial, pero que nunca se les brindó la oportunidad para desempeñarse como tal. Hubo también una buena cantidad de jueces que aprovechando las disposiciones del Decreto 144 -que contempló reformas a la Ley de la Carrera Judicial- decidieron retirarse voluntariamente por cumplir 30 años de servicio o 60 de edad. A todos los jueces cesados se les brindó la oportunidad que lo hicieran con derecho a recibir 24 salarios como indemnización.
Hubo también jueces que prefirieron renunciar, como el caso de Guillermo Arévalo Domínguez, polémico por emitir un fallo que favoreció al exdiputado del partido ARENA, Norman Quijano, pues junto al magistrado Carlos Sánchez anularon el proceso de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
