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Recapturan a varios criminales favorecidos por jueces
La Policía Nacional Civil (PNC) ha recapturado a varios mareros y otros criminales que en vez de estar cumpliendo condenas en las cárceles del país gozaban de total libertad, pues fueron «favorecidos» por jueces del anterior sistema judicial, según ha denunciado el presidente de la república, Nayib Bukele, y el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Entre las más recientes capturas figuran la de Rodrigo Tenorio, exalcalde en Puerto El Triunfo, Usulután, con el partido FMLN, quien en 2016 fue capturado por la Policía y acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de financiar y apoyar en logística a criminales de la pandilla 18.
Según la Fiscalía, Tenorio fue procesado en libertad, pues un juez le decretó medidas alternas a la detención desde septiembre de 2016, así como a pagar una fianza de $5,000 y comprometerse a no salir del país ni cambiar de domicilio y presentarse a firmar cada 15 días a un Juzgado de Instrucción.
La decisión del juzgado de procesar en libertad a Tenorio fue duramente criticada por el ministro Villatoro quien expresó que «el sistema judicial corrupto de esos tiempos lo liberó», al referirse a que sucedió en los gobiernos anteriores.
La recaptura del exalcalde fue reportada el 28 de abril de 2022, hoy se le acusa de organizaciones terroristas, delito por el cual podría pasar no menos de 20 años de cárcel, según las reformas hechas al Código Penal.
Rodrigo Tenorio, exalcalde en Puerto El Triunfo con el partido FMLN, fue recapturado el 28 de abril.
El 24 de abril de este año, la Policía arrestó a Saúl Antonio Montano, perfilado como uno de los criminales más sanguinarios que fue procesado por asesinar a una mujer y sus dos hijos, hecho ocurrido el 10 de julio de 2018 en el municipio de San Cayetano Istepeque, en San Vicente.
Según fuentes policiales, Montano es apodado Klever y privó de libertad a esta familia a quienes obligó a atravesar una finca para luego asesinarlas y enterrar sus cuerpos. Una de las víctimas tenía tan solo 8 años.
Sin embargo, a pesar de que las autoridades tenían pruebas de la participación de Montano en este múltiple crimen, el sistema judicial decidió procesarlo en libertad, según expuso la Policía.
«A pesar de que fue capturado por ese triple homicidio y de todas las pruebas en su contra, en el 2020 un juez lo liberó, porque había pasado 2 años detenido sin sentencia firme», comunicó la institución.
La PNC reveló que «A pesar de que fue condenado a 120 años, no puso un pie en prisión porque al ser procesado en libertad, simplemente no se presentó al juicio y siguió delinquiendo en la zona rural de San Cayetano Istepeque».
El criminal fue recapturado el mes pasado y la clica a la que pertenece fue desarticulada por las autoridades en el marco de la estrategia de seguridad para combatir a las maras.
José Misael Cisneros Rodríguez, apodado «Medio millón», es para las autoridades uno de los principales financistas de la Mara Salvatrucha en el departamento de Chalatenango, pues es señalado de proporcionar dinero y armas de fuego a los mareros a cambio de «inmunidad».
«Medio millón había sido procesado por lavado de dinero y activos de $43 millones junto a su cuñado Rafael Eduardo Ardón Romero y su hermana, Sandra Guadalupe Cisneros Rodríguez. A pesar de estos señalamientos, en 2015 fue dejado en libertad por un juez corrupto», denuncio el ministro Villatoro.
Las autoridades reportaron la recaptura de Medio millón el 28 de abril de 2022; al respecto, el ministro expresó: «Esta vez, nos vamos a encargar de que se haga justicia y este terrorista pague por sus delitos».
Además del proceso por lavado de dinero y activos, Cisneros Rodríguez fue capturado por homicidio en 2012 luego de estar más de un año prófugo, y arrestado por agrupaciones ilícitas en 2014.
A raíz de tantos señalamientos por el actuar de algunos jueces, que favorecieron a criminales, el Órgano Judicial inició un proceso de depuración, fue así como a partir de septiembre de 2021 comenzó la renovación de jueces para los Juzgados de Paz, de Primera Instancia y las Cámaras.
De igual manera, fueron promovidos secretarios de tribunales y jueces con potencial, pero que nunca se les brindó la oportunidad para desempeñarse como tal. Hubo también una buena cantidad de jueces que aprovechando las disposiciones del Decreto 144 -que contempló reformas a la Ley de la Carrera Judicial- decidieron retirarse voluntariamente por cumplir 30 años de servicio o 60 de edad. A todos los jueces cesados se les brindó la oportunidad que lo hicieran con derecho a recibir 24 salarios como indemnización.
Hubo también jueces que prefirieron renunciar, como el caso de Guillermo Arévalo Domínguez, polémico por emitir un fallo que favoreció al exdiputado del partido ARENA, Norman Quijano, pues junto al magistrado Carlos Sánchez anularon el proceso de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Foto: Cortesía
“Farmear aura” se ha convertido en una expresión popular en redes sociales utilizada para describir la búsqueda de momentos en los que una persona proyecta seguridad, estilo o una actitud que la hace parecer “intocable” ante los demás.
El término combina “farming”, una palabra utilizada en videojuegos para referirse a la recolección repetitiva de recursos, con “aura”, un concepto asociado con la presencia o energía que transmite una persona.
De esta manera, “ganar aura” significa protagonizar una situación que genera admiración, mientras que cometer una vergüenza pública puede interpretarse como “perder aura”.
La expresión también se utiliza con sentido humorístico para convertir situaciones cotidianas en una especie de marcador imaginario de carisma. Entre los ejemplos se encuentran mantener la calma ante una provocación o, por el contrario, tropezarse en público.
En redes sociales, expresiones como “perder aura” o “ganar aura” se han convertido en una forma de relatar este tipo de experiencias.
Internacionales -deportes
Estos son los jugadores sancionados por la FIFA tras los incidentes en la final del Mundial 2026
La Comisión Disciplinaria de la FIFA confirmó este viernes las sanciones contra jugadores de Argentina y España por los incidentes registrados después de la final del Mundial 2026, en la que España se impuso 1-0 a Argentina.
Leandro Paredes recibió la sanción más severa, con 10 partidos de suspensión y una multa de $90,000. Nahuel Molina fue castigado con siete encuentros de suspensión y una multa por el mismo monto.
También fueron sancionados Thiago Almada, con un partido de suspensión y una multa de $30,000; Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino, con tres partidos y una multa de $30,000; y el español Gavi, con un partido de suspensión y una multa de $30,000.
Las suspensiones deberán cumplirse en los siguientes partidos de las respectivas selecciones nacionales. Los involucrados disponen de 10 días para solicitar la decisión fundamentada y las resoluciones pueden ser recurridas.
Además, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue multada con $321,000 por diferentes infracciones disciplinarias registradas durante el Mundial. La selección argentina también deberá disputar sus dos próximos partidos como local con una restricción del 50 % en el aforo.
Consternación ha generado en Nicaragua la muerte de una niña de cuatro años, registrada el pasado 18 de agosto en la comunidad Denis Larios, municipio de Ticuantepe, Managua.
Según información difundida por medios oficialistas, las investigaciones preliminares señalan que la menor habría fallecido luego de que su madre, identificada como Angélica María Mairena López, de 31 años, presuntamente la sumergiera en un balde con agua.
El hecho habría ocurrido aproximadamente a las 6:40 de la tarde. Posteriormente, la niña fue trasladada a un centro hospitalario, donde se confirmó su fallecimiento.
Mairena fue detenida y presentada ante las autoridades por el delito de parricidio. De acuerdo con las versiones difundidas, la mujer presuntamente atravesaría un cuadro depresivo; sin embargo, esta circunstancia deberá ser determinada y valorada dentro del proceso correspondiente.
La investigación continúa y será la justicia la encargada de establecer las responsabilidades correspondientes.
