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Recapturan a varios criminales favorecidos por jueces
La Policía Nacional Civil (PNC) ha recapturado a varios mareros y otros criminales que en vez de estar cumpliendo condenas en las cárceles del país gozaban de total libertad, pues fueron «favorecidos» por jueces del anterior sistema judicial, según ha denunciado el presidente de la república, Nayib Bukele, y el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Entre las más recientes capturas figuran la de Rodrigo Tenorio, exalcalde en Puerto El Triunfo, Usulután, con el partido FMLN, quien en 2016 fue capturado por la Policía y acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de financiar y apoyar en logística a criminales de la pandilla 18.
Según la Fiscalía, Tenorio fue procesado en libertad, pues un juez le decretó medidas alternas a la detención desde septiembre de 2016, así como a pagar una fianza de $5,000 y comprometerse a no salir del país ni cambiar de domicilio y presentarse a firmar cada 15 días a un Juzgado de Instrucción.
La decisión del juzgado de procesar en libertad a Tenorio fue duramente criticada por el ministro Villatoro quien expresó que «el sistema judicial corrupto de esos tiempos lo liberó», al referirse a que sucedió en los gobiernos anteriores.
La recaptura del exalcalde fue reportada el 28 de abril de 2022, hoy se le acusa de organizaciones terroristas, delito por el cual podría pasar no menos de 20 años de cárcel, según las reformas hechas al Código Penal.
Rodrigo Tenorio, exalcalde en Puerto El Triunfo con el partido FMLN, fue recapturado el 28 de abril.
El 24 de abril de este año, la Policía arrestó a Saúl Antonio Montano, perfilado como uno de los criminales más sanguinarios que fue procesado por asesinar a una mujer y sus dos hijos, hecho ocurrido el 10 de julio de 2018 en el municipio de San Cayetano Istepeque, en San Vicente.
Según fuentes policiales, Montano es apodado Klever y privó de libertad a esta familia a quienes obligó a atravesar una finca para luego asesinarlas y enterrar sus cuerpos. Una de las víctimas tenía tan solo 8 años.
Sin embargo, a pesar de que las autoridades tenían pruebas de la participación de Montano en este múltiple crimen, el sistema judicial decidió procesarlo en libertad, según expuso la Policía.
«A pesar de que fue capturado por ese triple homicidio y de todas las pruebas en su contra, en el 2020 un juez lo liberó, porque había pasado 2 años detenido sin sentencia firme», comunicó la institución.
La PNC reveló que «A pesar de que fue condenado a 120 años, no puso un pie en prisión porque al ser procesado en libertad, simplemente no se presentó al juicio y siguió delinquiendo en la zona rural de San Cayetano Istepeque».
El criminal fue recapturado el mes pasado y la clica a la que pertenece fue desarticulada por las autoridades en el marco de la estrategia de seguridad para combatir a las maras.
José Misael Cisneros Rodríguez, apodado «Medio millón», es para las autoridades uno de los principales financistas de la Mara Salvatrucha en el departamento de Chalatenango, pues es señalado de proporcionar dinero y armas de fuego a los mareros a cambio de «inmunidad».
«Medio millón había sido procesado por lavado de dinero y activos de $43 millones junto a su cuñado Rafael Eduardo Ardón Romero y su hermana, Sandra Guadalupe Cisneros Rodríguez. A pesar de estos señalamientos, en 2015 fue dejado en libertad por un juez corrupto», denuncio el ministro Villatoro.
Las autoridades reportaron la recaptura de Medio millón el 28 de abril de 2022; al respecto, el ministro expresó: «Esta vez, nos vamos a encargar de que se haga justicia y este terrorista pague por sus delitos».
Además del proceso por lavado de dinero y activos, Cisneros Rodríguez fue capturado por homicidio en 2012 luego de estar más de un año prófugo, y arrestado por agrupaciones ilícitas en 2014.
A raíz de tantos señalamientos por el actuar de algunos jueces, que favorecieron a criminales, el Órgano Judicial inició un proceso de depuración, fue así como a partir de septiembre de 2021 comenzó la renovación de jueces para los Juzgados de Paz, de Primera Instancia y las Cámaras.
De igual manera, fueron promovidos secretarios de tribunales y jueces con potencial, pero que nunca se les brindó la oportunidad para desempeñarse como tal. Hubo también una buena cantidad de jueces que aprovechando las disposiciones del Decreto 144 -que contempló reformas a la Ley de la Carrera Judicial- decidieron retirarse voluntariamente por cumplir 30 años de servicio o 60 de edad. A todos los jueces cesados se les brindó la oportunidad que lo hicieran con derecho a recibir 24 salarios como indemnización.
Hubo también jueces que prefirieron renunciar, como el caso de Guillermo Arévalo Domínguez, polémico por emitir un fallo que favoreció al exdiputado del partido ARENA, Norman Quijano, pues junto al magistrado Carlos Sánchez anularon el proceso de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
