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Recapturan a varios criminales favorecidos por jueces
La Policía Nacional Civil (PNC) ha recapturado a varios mareros y otros criminales que en vez de estar cumpliendo condenas en las cárceles del país gozaban de total libertad, pues fueron «favorecidos» por jueces del anterior sistema judicial, según ha denunciado el presidente de la república, Nayib Bukele, y el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Entre las más recientes capturas figuran la de Rodrigo Tenorio, exalcalde en Puerto El Triunfo, Usulután, con el partido FMLN, quien en 2016 fue capturado por la Policía y acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de financiar y apoyar en logística a criminales de la pandilla 18.
Según la Fiscalía, Tenorio fue procesado en libertad, pues un juez le decretó medidas alternas a la detención desde septiembre de 2016, así como a pagar una fianza de $5,000 y comprometerse a no salir del país ni cambiar de domicilio y presentarse a firmar cada 15 días a un Juzgado de Instrucción.
La decisión del juzgado de procesar en libertad a Tenorio fue duramente criticada por el ministro Villatoro quien expresó que «el sistema judicial corrupto de esos tiempos lo liberó», al referirse a que sucedió en los gobiernos anteriores.
La recaptura del exalcalde fue reportada el 28 de abril de 2022, hoy se le acusa de organizaciones terroristas, delito por el cual podría pasar no menos de 20 años de cárcel, según las reformas hechas al Código Penal.
Rodrigo Tenorio, exalcalde en Puerto El Triunfo con el partido FMLN, fue recapturado el 28 de abril.
El 24 de abril de este año, la Policía arrestó a Saúl Antonio Montano, perfilado como uno de los criminales más sanguinarios que fue procesado por asesinar a una mujer y sus dos hijos, hecho ocurrido el 10 de julio de 2018 en el municipio de San Cayetano Istepeque, en San Vicente.
Según fuentes policiales, Montano es apodado Klever y privó de libertad a esta familia a quienes obligó a atravesar una finca para luego asesinarlas y enterrar sus cuerpos. Una de las víctimas tenía tan solo 8 años.
Sin embargo, a pesar de que las autoridades tenían pruebas de la participación de Montano en este múltiple crimen, el sistema judicial decidió procesarlo en libertad, según expuso la Policía.
«A pesar de que fue capturado por ese triple homicidio y de todas las pruebas en su contra, en el 2020 un juez lo liberó, porque había pasado 2 años detenido sin sentencia firme», comunicó la institución.
La PNC reveló que «A pesar de que fue condenado a 120 años, no puso un pie en prisión porque al ser procesado en libertad, simplemente no se presentó al juicio y siguió delinquiendo en la zona rural de San Cayetano Istepeque».
El criminal fue recapturado el mes pasado y la clica a la que pertenece fue desarticulada por las autoridades en el marco de la estrategia de seguridad para combatir a las maras.
José Misael Cisneros Rodríguez, apodado «Medio millón», es para las autoridades uno de los principales financistas de la Mara Salvatrucha en el departamento de Chalatenango, pues es señalado de proporcionar dinero y armas de fuego a los mareros a cambio de «inmunidad».
«Medio millón había sido procesado por lavado de dinero y activos de $43 millones junto a su cuñado Rafael Eduardo Ardón Romero y su hermana, Sandra Guadalupe Cisneros Rodríguez. A pesar de estos señalamientos, en 2015 fue dejado en libertad por un juez corrupto», denuncio el ministro Villatoro.
Las autoridades reportaron la recaptura de Medio millón el 28 de abril de 2022; al respecto, el ministro expresó: «Esta vez, nos vamos a encargar de que se haga justicia y este terrorista pague por sus delitos».
Además del proceso por lavado de dinero y activos, Cisneros Rodríguez fue capturado por homicidio en 2012 luego de estar más de un año prófugo, y arrestado por agrupaciones ilícitas en 2014.
A raíz de tantos señalamientos por el actuar de algunos jueces, que favorecieron a criminales, el Órgano Judicial inició un proceso de depuración, fue así como a partir de septiembre de 2021 comenzó la renovación de jueces para los Juzgados de Paz, de Primera Instancia y las Cámaras.
De igual manera, fueron promovidos secretarios de tribunales y jueces con potencial, pero que nunca se les brindó la oportunidad para desempeñarse como tal. Hubo también una buena cantidad de jueces que aprovechando las disposiciones del Decreto 144 -que contempló reformas a la Ley de la Carrera Judicial- decidieron retirarse voluntariamente por cumplir 30 años de servicio o 60 de edad. A todos los jueces cesados se les brindó la oportunidad que lo hicieran con derecho a recibir 24 salarios como indemnización.
Hubo también jueces que prefirieron renunciar, como el caso de Guillermo Arévalo Domínguez, polémico por emitir un fallo que favoreció al exdiputado del partido ARENA, Norman Quijano, pues junto al magistrado Carlos Sánchez anularon el proceso de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
El presidente Donald Trump envió este viernes una carta a miembros del Congreso en la que sostiene que la guerra entre Estados Unidos e Irán ha concluido y, con ello, busca cerrar el debate sobre si su administración debe pedir autorización legislativa para mantener fuerzas armadas desplegadas en Oriente Medio. El documento, obtenido por Politico, fue enviado el mismo día en que expiraba el plazo legal para solicitar ese permiso.
Trump subraya en la misiva que “no ha habido intercambio de fuego entre EE. UU. e Irán desde el 7 de abril de 2026”, en alusión a la tregua que ambos gobiernos acordaron y que el presidente extendió de manera indefinida la semana pasada. Según altos funcionarios de su administración, incluido el secretario de Guerra Pete Hegseth, ese alto el fuego reinicia el conteo legal que activa la norma conocida como War Powers Resolution, o Ley de Poderes de Guerra, que exige la aprobación del Congreso para prolongar un conflicto más allá de 60 días.
La Ley de Poderes de Guerra de 1973 obliga al Ejecutivo a consultar y, en muchos casos, recibir autorización del Legislativo antes de mantener tropas en operaciones internacionales, salvo que el Congreso ya haya declarado la guerra o EE. UU. haya sido atacado directamente. Trump cuestionó hoy la constitucionalidad de la normativa, señalando desde la Casa Blanca que “hay algunas personas que la consideran inconstitucional” y preguntó por qué su administración debería actuar de forma diferente a gobiernos anteriores que tampoco solicitaron ese permiso.
Legisladores demócratas habían argumentado que el conteo de los 60 días debía comenzar el 2 de marzo, cuando Trump informó formalmente al Congreso sobre el inicio de los ataques junto a Israel contra objetivos en Irán. Si se aplica esa fecha, el plazo para pedir autorización vencía este viernes, lo que avivó el debate sobre la necesidad de control parlamentario sobre decisiones de guerra. La carta de Trump busca zanjar ese punto argumentando que la tregua actual pone fin al ciclo de hostilidades y, por ende, reinicia cualquier obligación legal de consulta.
Los parlamentarios que conforman la comisión política iniciaron ayer el estudio de los acuerdos constitucionales número siete y ocho aprobados el miércoles anterior en la sesión plenaria ordinaria 107.
El primer acuerdo contiene la reforma al inciso primero del artículo 79 de la Constitución de la República, en el sentido de que se inscriba una nueva circunscripción en el extranjero.
Dicha modificación permitiría que los salvadoreños que residen fuera del país tengan representación directa en el congreso, con diputados que velen por sus necesidades.
El presidente de la comisión política y del congreso, Ernesto Castro, explicó que con esta enmienda «la diáspora -que tiene DUI con domicilio en el exterior- van a poder votar directamente por sus representantes; ellos van a elegir específicamente quiénes quieren que los representen».
Se trata de una iniciativa propuesta por el presidente Nayib Bukele, la cual recibió el respaldo de los 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC.
La enmienda propone que la nueva circunscripción se base en el registro electoral y no en la cantidad de personas que residen en el exterior, y aclara que se respetará la actual configuración del congreso, que es de 60 diputados.
«El voto de ellos antes era consignado para el departamento de San Salvador, pero ahora nuestros hermanos en el exterior van a votar directamente por sus representantes», detalló Castro.
Destacó que la diáspora es considerada prioridad para la actual legislatura, y por ello es incluída en su agenda al recibirla durante las sesiones plenarias.
Respecto al segundo acuerdo (número 8), la Asamblea aprobó con 57 votos despartidizar la conformación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), manteniendo la representación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con dos magistrados. Los tres restantes, que eran propuestos por partidos políticos, serán elegidos como funcionarios de segundo grado.
La comisión política acordó continuar el estudio de los dos expedientes el próximo lunes.
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Depósitos bancarios en El Salvador crecieron 16.8 % a febrero y superan los $22,600 millones
El sistema bancario de El Salvador cerró febrero de 2026 con un saldo de depósitos de $22,619.6 millones, lo que representa un incremento de $3,259.3 millones respecto al mismo mes del año anterior, equivalente a una variación interanual de 16.8 %, según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) compilados por la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).
El crecimiento no se limitó a una comparación anual favorable. Frente a diciembre de 2025, los depósitos aumentaron $494.7 millones, y respecto a enero de 2026, la captación sumó $313.2 millones adicionales, lo que refleja una tendencia sostenida en los primeros meses del año.
El segmento que más contribuyó al crecimiento en términos absolutos fue el de depósitos a la vista, que alcanzó $13,986.5 millones al cierre de febrero, con un alza interanual de $2,119.7 millones, equivalente a 17.9 %. Este tipo de cuenta representa cerca del 62 % del total captado por el sistema y agrupa tanto cuentas de ahorro como cuentas corrientes de personas y empresas.
Los depósitos a plazo de hasta un año también mostraron dinamismo, con un saldo de $7,389.1 millones y un crecimiento interanual de 16.2 %, aportando $1,029.9 millones adicionales en el período. En contraste, los depósitos pactados a más de un año registraron un avance más moderado de 4.7 % interanual, para ubicarse en $813.7 millones.
En cuanto a la distribución por institución, Banco Agrícola mantuvo el liderazgo del sistema con $5,875.1 millones en depósitos, seguido por Banco Cuscatlán con $3,997 millones y BAC Credomatic con $3,274.4 millones. Davivienda ocupó el cuarto lugar con $2,969 millones, mientras que Banco Hipotecario cerró el grupo de los cinco principales con $1,554.4 millones.
Un sistema que crece en activos, crédito y rentabilidad
El comportamiento de los depósitos se inscribe en una expansión más amplia del sistema financiero salvadoreño. Los activos totales del sector alcanzaron $28,889.3 millones en febrero de 2026, un incremento interanual de $3,189.9 millones equivalente a 12.4 %.
Por su parte, los préstamos brutos sumaron $19,238.7 millones, con un crecimiento de 9 % respecto al mismo mes de 2025, impulsados principalmente por los sectores de consumo, que concentró el 31.5 % de la cartera, y construcción, que registró el mayor dinamismo relativo con un alza interanual de 32.2 %.
La brecha entre el ritmo de crecimiento de los depósitos y el del crédito sugiere que el sistema acumula una base de fondeo más amplia que la requerida por la demanda actual de financiamiento, lo que en principio ofrece condiciones favorables para sostener la expansión crediticia en los próximos meses.
En materia de calidad de cartera, el índice de morosidad se ubicó en 1.4 % en febrero de 2026, por debajo del 1.7 % registrado en el mismo mes de 2025, mientras que la cobertura de reservas sobre préstamos vencidos alcanzó 155 %.
