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Recapturan a varios criminales favorecidos por jueces
La Policía Nacional Civil (PNC) ha recapturado a varios mareros y otros criminales que en vez de estar cumpliendo condenas en las cárceles del país gozaban de total libertad, pues fueron «favorecidos» por jueces del anterior sistema judicial, según ha denunciado el presidente de la república, Nayib Bukele, y el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Entre las más recientes capturas figuran la de Rodrigo Tenorio, exalcalde en Puerto El Triunfo, Usulután, con el partido FMLN, quien en 2016 fue capturado por la Policía y acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de financiar y apoyar en logística a criminales de la pandilla 18.
Según la Fiscalía, Tenorio fue procesado en libertad, pues un juez le decretó medidas alternas a la detención desde septiembre de 2016, así como a pagar una fianza de $5,000 y comprometerse a no salir del país ni cambiar de domicilio y presentarse a firmar cada 15 días a un Juzgado de Instrucción.
La decisión del juzgado de procesar en libertad a Tenorio fue duramente criticada por el ministro Villatoro quien expresó que «el sistema judicial corrupto de esos tiempos lo liberó», al referirse a que sucedió en los gobiernos anteriores.
La recaptura del exalcalde fue reportada el 28 de abril de 2022, hoy se le acusa de organizaciones terroristas, delito por el cual podría pasar no menos de 20 años de cárcel, según las reformas hechas al Código Penal.
Rodrigo Tenorio, exalcalde en Puerto El Triunfo con el partido FMLN, fue recapturado el 28 de abril.
El 24 de abril de este año, la Policía arrestó a Saúl Antonio Montano, perfilado como uno de los criminales más sanguinarios que fue procesado por asesinar a una mujer y sus dos hijos, hecho ocurrido el 10 de julio de 2018 en el municipio de San Cayetano Istepeque, en San Vicente.
Según fuentes policiales, Montano es apodado Klever y privó de libertad a esta familia a quienes obligó a atravesar una finca para luego asesinarlas y enterrar sus cuerpos. Una de las víctimas tenía tan solo 8 años.
Sin embargo, a pesar de que las autoridades tenían pruebas de la participación de Montano en este múltiple crimen, el sistema judicial decidió procesarlo en libertad, según expuso la Policía.
«A pesar de que fue capturado por ese triple homicidio y de todas las pruebas en su contra, en el 2020 un juez lo liberó, porque había pasado 2 años detenido sin sentencia firme», comunicó la institución.
La PNC reveló que «A pesar de que fue condenado a 120 años, no puso un pie en prisión porque al ser procesado en libertad, simplemente no se presentó al juicio y siguió delinquiendo en la zona rural de San Cayetano Istepeque».
El criminal fue recapturado el mes pasado y la clica a la que pertenece fue desarticulada por las autoridades en el marco de la estrategia de seguridad para combatir a las maras.
José Misael Cisneros Rodríguez, apodado «Medio millón», es para las autoridades uno de los principales financistas de la Mara Salvatrucha en el departamento de Chalatenango, pues es señalado de proporcionar dinero y armas de fuego a los mareros a cambio de «inmunidad».
«Medio millón había sido procesado por lavado de dinero y activos de $43 millones junto a su cuñado Rafael Eduardo Ardón Romero y su hermana, Sandra Guadalupe Cisneros Rodríguez. A pesar de estos señalamientos, en 2015 fue dejado en libertad por un juez corrupto», denuncio el ministro Villatoro.
Las autoridades reportaron la recaptura de Medio millón el 28 de abril de 2022; al respecto, el ministro expresó: «Esta vez, nos vamos a encargar de que se haga justicia y este terrorista pague por sus delitos».
Además del proceso por lavado de dinero y activos, Cisneros Rodríguez fue capturado por homicidio en 2012 luego de estar más de un año prófugo, y arrestado por agrupaciones ilícitas en 2014.
A raíz de tantos señalamientos por el actuar de algunos jueces, que favorecieron a criminales, el Órgano Judicial inició un proceso de depuración, fue así como a partir de septiembre de 2021 comenzó la renovación de jueces para los Juzgados de Paz, de Primera Instancia y las Cámaras.
De igual manera, fueron promovidos secretarios de tribunales y jueces con potencial, pero que nunca se les brindó la oportunidad para desempeñarse como tal. Hubo también una buena cantidad de jueces que aprovechando las disposiciones del Decreto 144 -que contempló reformas a la Ley de la Carrera Judicial- decidieron retirarse voluntariamente por cumplir 30 años de servicio o 60 de edad. A todos los jueces cesados se les brindó la oportunidad que lo hicieran con derecho a recibir 24 salarios como indemnización.
Hubo también jueces que prefirieron renunciar, como el caso de Guillermo Arévalo Domínguez, polémico por emitir un fallo que favoreció al exdiputado del partido ARENA, Norman Quijano, pues junto al magistrado Carlos Sánchez anularon el proceso de fraude electoral y agrupaciones ilícitas.
Más de 70 personas han perdido la vida a causa de inundaciones y deslizamientos de tierra en regiones aisladas de Nepal y el noreste de India, donde continúan las complejas operaciones de rescate. Según los balances oficiales, Nepal registra 46 fallecidos, mientras que en el estado indio de Bengala Occidental se contabilizan 28 muertos, con varias personas desaparecidas.
En Nepal, los deslizamientos en el distrito de Illam provocaron 37 muertes. Los equipos de rescate han tenido que desplazarse largas distancias por zonas montañosas y cruzar ríos desbordados para llegar a las comunidades afectadas.
En India, los desastres afectaron principalmente las plantaciones de té de Darjeeling, donde más de un centenar de viviendas fueron destruidas y se reportaron deslizamientos en 35 lugares distintos. Autoridades locales advirtieron que el número de víctimas podría aumentar al llegar a las zonas más remotas.
Los fenómenos meteorológicos extremos son comunes durante la temporada de monzones en el sur de Asia, entre junio y septiembre, pero los científicos señalan que el cambio climático ha intensificado su frecuencia y gravedad. Varios cientos de turistas fueron evacuados de las áreas afectadas, algunos incluso en elefantes, mientras que los habitantes buscan recuperarse de los daños materiales.
El número de fallecidos por el derrumbe de una escuela islámica en la isla de Java, Indonesia, aumentó este lunes a 63, informaron las autoridades locales. Equipos de rescate continúan con las labores de búsqueda para recuperar los cuerpos de al menos seis menores que aún permanecen desaparecidos.
El colapso ocurrió la semana pasada en la región de Sidoarjo, cuando más de 150 estudiantes se encontraban reunidos para las oraciones de la tarde. “Esperamos poder concluir hoy la operación de recuperación y devolver los cuerpos a las familias”, declaró el director de operaciones de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, Yudhi Bramantyo.
El subdirector de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Budi Irawan, confirmó que este es el desastre más mortífero registrado en Indonesia en lo que va del año.
Las familias de las víctimas autorizaron el uso de maquinaria pesada tras cumplirse las 72 horas críticas para hallar sobrevivientes. Las primeras investigaciones apuntan a que la causa del colapso podría estar relacionada con una construcción de baja calidad.
El Gobierno de El Salvador mantiene un monitoreo permanente a nivel nacional ante el incremento de lluvias, con el objetivo de atender de forma inmediata las emergencias reportadas en distintos puntos del país.
Las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección Civil se encuentran en alerta y ejecutan acciones preventivas desde el fin de semana, tras la emisión de alerta amarilla el pasado 30 de septiembre, la cual continúa vigente.
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, explicó que la alerta permite activar todos los mecanismos de operación, recopilar información, analizar datos y coordinar decisiones estratégicas entre las instituciones. “Trabajamos de forma articulada con todas las entidades del Sistema Nacional de Protección Civil, cada una cumple un rol fundamental en la gestión integral de emergencias”, señaló.
Como parte del plan de respuesta, el Gobierno tiene habilitada una red de 180 albergues preequipados y distribuidos en todo el territorio, especialmente en zonas de mayor riesgo.
En las últimas horas, el personal de Protección Civil realizó labores de limpieza en la comunidad El Granjero 2, en San Salvador, mientras que cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas removieron un derrumbe en la carretera hacia Santa Isabel Ishuatán, Sonsonate. Además, la Unidad de Guardavidas de Protección Civil efectuó monitoreos en la comunidad Punta Jocote, La Unión.
En San Salvador, el Equipo Táctico Operativo también efectuó la limpieza de tragantes y cunetas en la colonia Médica y la remoción de un árbol caído sobre una vivienda en la colonia Santa Lucía, distrito de Ilopango.
