Política
Ofertan declaraciones de esposa e hija de diputado de ARENA Alberto Romero
En la segunda sesión de labores de la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado de ARENA, Alberto Romero, para estudiar la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se le retire el fuero constitucional al parlamentario de ARENA, Alberto Romero, quien por 23 años ha representado al departamento de Cuscatlán.
El abogado defensor del diputado del tricolor, Ernesto Parada, solicitó a la mesa de trabajo suspender el desarrollo del procedimiento y ponerlo en libertad, porque según él “no hay fundamentos para el desarrollo del proceso”.
Esta petición no tiene sentido, debido a que el proceso de antejuicio ha seguido todos los requerimientos que la ley establece, iniciando con la diligencia del fiscal general de la República, Rodolfo Delgado.
Por su parte, ante la petición realizada por Parada sobre dejar en libertad a Romero, el diputado fiscal Giovanny Zaldaña mencionó que dicho caso no es vinculante con los delitos que se desarrollan en la comisión.
Zaldaña explicó que el miembro de la fracción arenera se encuentra retenido, desde el pasado 23 de agosto, por el delito de resistencia agresiva, según un informe de la Policía Nacional Civil (PNC).
Asimismo, la diputada fiscal Marcela Pineda argumentó que rechaza la solicitud del abogado defensor, pues el objetivo es eliminar la barrera que proporciona el fuero constitucional para que la FGR pueda continuar con sus labores de investigación sobre $1,162,388.05 millones resguardados en cuatro cuentas bancarias.
La parlamentaria indicó que Romero posee otras 28 cuentas de banco, mismas que deberán ser investigadas por las autoridades competentes.
Para continuar con el caso, ambos diputados fiscales ofrecieron presentar pruebas testimoniales, entre ellas las declaraciones testimoniales de Ana Lourdes de Romero y
Lourdes Romero de Marroquín, esposa e hija respectivamente del parlamentario en cuestión.
Además, ofertaron la declaración testimonial de peritos financieros que realizaron la investigación de enriquecimiento ilícito en el año 2020; la declaración de María de Jesús Guardado, quien fungió como asesora de la Asamblea Legislativa hasta el 30 de abril de 2021; la declaración de Ricardo Gutierrez Romero, colaborador administrativo en este Órgano de Estado; la de David Fernando Vaquerano, quien laboró como ordenanza de la Asamblea hasta 2018 y quien realizó diversos depósitos monetarios en una cuenta bancaria de la esposa de Romero; la declaración de Ana Ortiz Lemus, asistente de fracción de ARENA hasta 2018.
También ofertaron entre la prueba documental la copia de la documentación legal de la Fundación para el Desarrollo de Cuscatlán y la documentación financiera de dicha asociación.
El proceso civil contra Alberto Romero inició luego de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectara irregularidades en su patrimonio.
El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo declaró responsable de enriquecimiento ilícito en los periodos presidenciales del arenero Elías Antonio Saca (2004-2009) y del FMLN Mauricio Funes (2009-2014). A Romero se le ordenó devolver al Estado $445,766.05 y se le inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.
La Fiscalía continúo con las investigaciones y detectó más de una veintena de inconsistencias en el patrimonio del diputado: entre 2011 y 2022, según la institución, el arenero obtuvo ingresos mayores a $1,612.388.00 millones sin que él lograra justificarlos.
El 23 de agosto, en la sesión plenaria 120, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, solicitó a la Asamblea Legislativa que se le elimine el fuero al miembro del tricolor, para poderlo procesar penalmente por los delitos señalados.
El parlamentario de la fracción tricolor ha desempeñado el cargo durante 23 años. Entre 2000 y 2006 fue diputado suplente. Desde entonces y hasta la fecha obtuvo una curul como propietario.
Además, Romero fungió como vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa en tres periodos, desde el 2009 a 2015 y de 2018-2021.
El funcionario, quien es ingeniero agrónomo de profesión, también fue jefe de la fracción arenera durante tres años (2015-2018).
De acuerdo a la Fiscalía, el funcionario oriundo de Cojutepeque tuvo ingresos sin justificar de $1,162,388.05, por lo que dicha institución le atribuye los referidos delitos. El enriquecimiento ilícito está tipificado en el artículo 333 del Código Penal y es castigado con una pena de entre dos y cuatro años de prisión. El otro cargo penal está regulado en el artículo 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y tiene una pena de cinco a 15 años de cárcel y la cancelación de 50 a 2,500 salarios mínimos vigentes al momento que se dicte la sentencia.
El presidente de ARENA, Carlos García Saade, afirmó en un spot difundido en redes sociales que el partido “limpió su casa” y que está listo para volver a la escena política. Según el dirigente, los cambios internos han convertido a ARENA en “la única plataforma seria, responsable e independiente”.
García Saade también aseguró que el tricolor sigue siendo “el partido más grande” del país. Sin embargo, el video publicado este miércoles generó numerosas reacciones de burla entre usuarios de redes sociales, quienes expresaron su escepticismo sobre la renovación del partido y lo consideran una opción política poco viable.
ARENA cambió y estamos listos para las elecciones del 2027.#RenovacionArena#Estamoslistos#AquiEstamos pic.twitter.com/EkaoVPJmHp
— ARENA (@ARENAOFICIAL) September 18, 2025
Con el propósito de seguir estrechando lazos de amistad y ampliar el trabajo bilateral en temáticas de interés de país entre Estados Unidos y El Salvador, esta mañana, los jefes de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara y Caleb Navarro, fueron invitados a una importante reunión en el Congreso de ese país.
La honorable invitación es iniciativa de la congresista Ana Paulina Luna, que, en su calidad de Presidenta del Caucus El Salvador resaltó la importancia de seguir fortaleciendo la relación y trabajo Bilateral entre los Gobiernos de Estados Unidos y el Gobiernos del Presidente Nayib Bukele. En la reunión estuvo presenta la embajadora en Estados Unidos, Milena Mayorga
El Caucus, conformada actualmente por 16 legisladores, aborda aspectos relativos a la relación bilateral entre El Salvador y Estados Unidos, con vistas a impulsar de manera conjunta acciones de beneficio para ambos pueblos.
El grupo de Congresistas está conformado por: Vicente Gonzalez, Andy Biggs, Dan Bishop, Lauren Boebert, Lou Correa, Eli Crane, Anna Paulina Luna, Nancy Mace, Cory Mills, Alex Mooney, Barry Moore, Ralph Norman, Andy Ogles, Scott Perry, Maria Salazar y Tim Burchett.
Cabe destacar que, en el anterior gobierno de Estados Unidos, incluyó al Jefe de Fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, en la lista Engel, esto, como medida de presión para coaccionar los votos de lo disputados de la Asamblea Legislativa e impedir que en El Salvador continuara el Régimen de Excepción, una estrategia del Presidente Bukele que ha dado paz y tranquilidad y ha salvado miles de vidas de los salvadoreños.
El presidente de la República, Nayib Bukele, continúa gozando de elevados niveles de aprobación a seis años de su gestión, según reveló este jueves Luis Haug, gerente general de CID-Gallup, al presentar los resultados de la última encuesta de opinión pública.
Haug destacó que existe una fuerte correlación entre la figura personal del mandatario y su desempeño como presidente, con un respaldo cercano al 87 % de los salvadoreños. «Es prácticamente igual: nueve de cada diez salvadoreños aprueban la gestión presidencial», afirmó durante la entrevista en el programa Frente a Frente de la Telecorporación Salvadoreña (TCS).
El ejecutivo de CID-Gallup señaló que desde su primer mandato, Bukele ha mantenido altos niveles de popularidad, impulsados por avances en áreas como seguridad, educación y economía. Además, destacó que la encuesta, realizada la semana pasada a nivel nacional, refleja que la gestión del mandatario es percibida como inclusiva y dirigida a todos los sectores de la sociedad salvadoreña.
