Política
Ofertan declaraciones de esposa e hija de diputado de ARENA Alberto Romero
En la segunda sesión de labores de la Comisión Especial de Antejuicio contra el diputado de ARENA, Alberto Romero, para estudiar la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se le retire el fuero constitucional al parlamentario de ARENA, Alberto Romero, quien por 23 años ha representado al departamento de Cuscatlán.
El abogado defensor del diputado del tricolor, Ernesto Parada, solicitó a la mesa de trabajo suspender el desarrollo del procedimiento y ponerlo en libertad, porque según él “no hay fundamentos para el desarrollo del proceso”.
Esta petición no tiene sentido, debido a que el proceso de antejuicio ha seguido todos los requerimientos que la ley establece, iniciando con la diligencia del fiscal general de la República, Rodolfo Delgado.
Por su parte, ante la petición realizada por Parada sobre dejar en libertad a Romero, el diputado fiscal Giovanny Zaldaña mencionó que dicho caso no es vinculante con los delitos que se desarrollan en la comisión.
Zaldaña explicó que el miembro de la fracción arenera se encuentra retenido, desde el pasado 23 de agosto, por el delito de resistencia agresiva, según un informe de la Policía Nacional Civil (PNC).
Asimismo, la diputada fiscal Marcela Pineda argumentó que rechaza la solicitud del abogado defensor, pues el objetivo es eliminar la barrera que proporciona el fuero constitucional para que la FGR pueda continuar con sus labores de investigación sobre $1,162,388.05 millones resguardados en cuatro cuentas bancarias.
La parlamentaria indicó que Romero posee otras 28 cuentas de banco, mismas que deberán ser investigadas por las autoridades competentes.
Para continuar con el caso, ambos diputados fiscales ofrecieron presentar pruebas testimoniales, entre ellas las declaraciones testimoniales de Ana Lourdes de Romero y
Lourdes Romero de Marroquín, esposa e hija respectivamente del parlamentario en cuestión.
Además, ofertaron la declaración testimonial de peritos financieros que realizaron la investigación de enriquecimiento ilícito en el año 2020; la declaración de María de Jesús Guardado, quien fungió como asesora de la Asamblea Legislativa hasta el 30 de abril de 2021; la declaración de Ricardo Gutierrez Romero, colaborador administrativo en este Órgano de Estado; la de David Fernando Vaquerano, quien laboró como ordenanza de la Asamblea hasta 2018 y quien realizó diversos depósitos monetarios en una cuenta bancaria de la esposa de Romero; la declaración de Ana Ortiz Lemus, asistente de fracción de ARENA hasta 2018.
También ofertaron entre la prueba documental la copia de la documentación legal de la Fundación para el Desarrollo de Cuscatlán y la documentación financiera de dicha asociación.
El proceso civil contra Alberto Romero inició luego de que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) detectara irregularidades en su patrimonio.
El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo declaró responsable de enriquecimiento ilícito en los periodos presidenciales del arenero Elías Antonio Saca (2004-2009) y del FMLN Mauricio Funes (2009-2014). A Romero se le ordenó devolver al Estado $445,766.05 y se le inhabilitó para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años.
La Fiscalía continúo con las investigaciones y detectó más de una veintena de inconsistencias en el patrimonio del diputado: entre 2011 y 2022, según la institución, el arenero obtuvo ingresos mayores a $1,612.388.00 millones sin que él lograra justificarlos.
El 23 de agosto, en la sesión plenaria 120, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, solicitó a la Asamblea Legislativa que se le elimine el fuero al miembro del tricolor, para poderlo procesar penalmente por los delitos señalados.
El parlamentario de la fracción tricolor ha desempeñado el cargo durante 23 años. Entre 2000 y 2006 fue diputado suplente. Desde entonces y hasta la fecha obtuvo una curul como propietario.
Además, Romero fungió como vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa en tres periodos, desde el 2009 a 2015 y de 2018-2021.
El funcionario, quien es ingeniero agrónomo de profesión, también fue jefe de la fracción arenera durante tres años (2015-2018).
De acuerdo a la Fiscalía, el funcionario oriundo de Cojutepeque tuvo ingresos sin justificar de $1,162,388.05, por lo que dicha institución le atribuye los referidos delitos. El enriquecimiento ilícito está tipificado en el artículo 333 del Código Penal y es castigado con una pena de entre dos y cuatro años de prisión. El otro cargo penal está regulado en el artículo 4 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos y tiene una pena de cinco a 15 años de cárcel y la cancelación de 50 a 2,500 salarios mínimos vigentes al momento que se dicte la sentencia.
Política
Nueva junta directiva del Parlacen presidida por Nuevas Ideas asume el cargo
Los diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) tomaron pesesión este lunes de la nueva junta directiva del foro regional para el periodo de 2024-2025. Durante la sesión el salvadoreño Carlos René Hernández Castillo, diputado por el partido de Nuevas Ideas inicio funciones como presidente del Parlacen. También fue electa como secretaria del Parlacen la diputada salvadoreña, Cecilia Guadalupe Rivera Méndez.
Hernández es diputado del parlamento regional desde el 28 de octubre del 2021. El diputado salvadoreño fue juramentado este día en sesión solemne llevada a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala y por la plataforma Zoom.
«Es innegable que el tiempo nos exige revisar nuestras fortalezas y, con espíritu constructivo y dinámico reconocer las áreas que debemos mejorar…El Parlacen debe adecuarse a los tiempos modernos, respondiendo de manera efectiva a las demandas de nuestros pueblos, para que nuestros ciudadanos puedan percibir los beneficios de la integración», dijo Hernández Castillo durante su discurso de juramentación.
Durante la ceremonia también participó, a través de un video vía plataforma virtual, el vicepresidente de la República de El Salvador, Félix Ulloa, quien felicitó a la nueva junta directiva y mencionó que «es un doble honor porque El Salvador asume la presidencia del Parlacen».
En la sesión también fueron establecidos los demás cargos de la junta directiva, la cual quedó conformada por los vicepresidentes Edgar Antonio de León, de Guatemala; Nedis Adrián Licona, de Honduras; Guillermo Daniel Ortega, de Nicaragua; Dorindo Jayans Cortez, de Panamá y Ramón Emilio Gori, de República Dominicana.
Política
Debacle de GANA en las elecciones de 2024: Guillermo Gallegos bajo la lupa
El partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) sufrió una significativa reducción en su base electoral durante las recientes elecciones presidenciales, legislativas y municipales de 2024. Esta caída se atribuye internamente al exdiputado Guillermo Gallegos, quien enfrenta múltiples acusaciones de corrupción y nepotismo.
Fuentes dentro del partido indican que varios de sus dirigentes habrían estado bajo la influencia de Gallegos para promover sus intereses personales, incluyendo la permanencia de individuos de su círculo cercano en posiciones de poder dentro del partido. Simultáneamente, varios miembros destacados de GANA han expresado su descontento con la permanencia de Gallegos como vicepresidente.
Uno de los principales opositores a Gallegos ha sido el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Meléndez, quien ha exigido a Gallegos que actúe con la “ética y transparencia” que él mismo proclama y devuelva los miles de dólares que recibió del Estado para financiar la ONG de su esposa, además de cuestionar sus viajes al extranjero mientras ocupaba un cargo de relevancia en el Órgano Legislativo.
Meléndez, junto a otros tres ediles elegidos en los últimos comicios, reaccionó ante un proceso disciplinario que enfrentó por parte de la dirigencia del partido y Gallegos, tras un incremento en su salario y dietas al asumir sus cargos el 1 de mayo. En este contexto, el alcalde subrayó que Gallegos se resiste a dar paso a nuevas generaciones, reiterando su llamado junto a otros miembros de GANA a una renovación en la dirigencia para permitir que el partido “pase a manos nuevas y pueda prosperar”.
El enfrentamiento de Gallegos no es nuevo; en agosto de 2019, tuvo un conflicto con el fallecido fundador de GANA, Andrés Rovira. Gallegos afirmó en diversas ocasiones que Rovira había renunciado a la presidencia del directorio para adelantar las elecciones internas. Sin embargo, Rovira desmintió esa afirmación ante los medios, aclarando que solo había renunciado a participar en el siguiente directorio.
Los resultados electorales para GANA fueron decepcionantes. El partido logró apenas 23,229 votos en San Salvador, lo que no fue suficiente para obtener un escaño en la Asamblea Legislativa. A nivel nacional, GANA solo consiguió seis alcaldías, muy por debajo de las expectativas iniciales. Esta falta de éxito es aún más alarmante considerando que el partido hipotecó su sede para financiar su campaña electoral de 2024, hecho que fue confirmado por Gallegos.
Política
Magistrada Presidente del TSE inicia su gestión con una auditoría exhaustiva
La Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Roxana Soriano, solicitó, como una de las primeras decisiones de su gestión, una auditoría exhaustiva de la Corte de Cuentas de la República (CCR) a la autoridad electoral de El Salvador por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 23 de septiembre de 2024.
Esta acción marca un hito en el Organismo Colegiado, siendo la primera vez que su máxima autoridad toma medidas inmediatas para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en la institución. Soriano presentó una solicitud formal a la CCR, subrayando su compromiso con la mejora de la gestión administrativa y financiera del TSE.
“Queremos consolidar al Tribunal Supremo Electoral como una institución confiable, por ello, hemos solicitado la intervención de la Corte de Cuentas para que realice las auditorías correspondientes a las gestiones anteriores”, manifestó la Magistrada Presidente.
La auditoría seguirá el proceso correspondiente, y una vez se reciba el Informe de Auditoría, se tomarán las medidas necesarias para fortalecer la administración de los recursos públicos y recuperar la confianza ciudadana. Soriano destacó que esta iniciativa no solo busca corregir errores pasados, sino también establecer bases firmes para una gestión más eficiente y transparente en el futuro.
Además, la Presidente añadió que su visión de modernización se sustentará en pilares clave como la transparencia, la modernización de los procesos, la mejora continua del talento humano institucional y el fortalecimiento del trabajo territorial, con miras a consolidar al TSE como una institución ejemplar en la administración electoral del país y la región.