Política
Ministerio de Cultura y CNR exponen uso de fondos para Ejercicio Fiscal 2024
Los diputados de la Comisión de Hacienda continúan recibiendo a representantes de diferentes instituciones públicas para conocer los proyectos y las líneas generales de trabajo para el Ejercicio Fiscal 2024, mismo que asciende a $9,068.7 millones.
Hoy, la exposición sobre esta temática le correspondió a Eric López Doradea, viceministro del Ministerio de Cultura; y a Camilo Trigueros, director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR).
Cultura: Fortalecimiento de la producción artística
Durante la exposición hecha por parte del viceministro de Cultura, los diputados tuvieron claridad sobre la inversión que hará el próximo año, cuyo monto comprende un total de $34,003, 461. De este, $1, 176, 215 serán destinados a proyectos de inversión.
Parte de la apuesta que este organismo tiene es el fortalecimiento de la producción artística, especialmente a través de los elencos nacionales, con un enfoque especial en programas inclusivos dirigidos a la infancia.
Esto se debe a que el Gobierno central incrementó el presupuesto de esta cartera de Estado, pues en 2023 recibió $25, 385, 072.
“La cultura es básicamente la columna vertebral de todas las sociedades y si tenemos una inversión grande en esta área, entonces vamos a tener una inversión en todos los sectores importantes de la sociedad”, expresó el viceministro de Cultura.
También, dicha entidad busca mejorar la oferta de formación en artes para la Escuela Nacional de Danza y el crecimiento de la Escuela de Teatro, así como el contenido del Museo Nacional de Antropología, para que sea atractivo al público y muestre la riqueza cultural de nuestras identidades.
Finalmente, el ministerio plantea mejoras y mantenimiento de cada uno de los espacios que administra, con el objetivo de presentar la producción artística nacional e internacional de manera digna, según dijo López Doradea.
Logros del Ministerio de Cultura en 2023
En este año, entre los proyectos ejecutados por el Ministerio de Cultura se encuentra la edificación de la nueva biblioteca nacional, misma que es de primer nivel, está completamente equipada, por lo que ofrece un ambiente propicio para el aprendizaje, la investigación y el entretenimiento.
Este recinto posee áreas de lectura, salas de exposición, espacios interactivos, entre otros recursos, según expuso el viceministro López Doradea.
Además, el funcionario explicó que otro de los planes emblemáticos es la participación de 300 integrantes, entre niñas, niños y jóvenes de todas las zonas del país que conforman esta banda de marcha de grandes proporciones.
El próximo año, este proyecto continuará y se ampliará con 300 jóvenes músicos adicionales para conformar un ensamble final de 600 integrantes.
Por otro lado, el ministerio continúa con el desarrollo del Plan Nacional de Lectura (LEO) a través de la publicación de libros, la promoción de la lectura recreativa y la escritura para contribuir al desarrollo cultural y educativo de las comunidades.
En enero de 2023, esta cartera de Estado lanzó la Biblioteca Móvil, un recurso novedoso para llevar recurso bibliotecario a las comunidades, con el que se ha atendido a un total de 1,495 usuarios.
Referentes al Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán, a los teatros nacionales, al Palacio Nacional, a los parques arqueológicos y parques culturales han realizado importantes remodelaciones, renovaciones completas y construcción de senderos amplios para el disfrute de los visitantes.
Por su parte, el director del Centro Nacional de Registros (CNR) explicó que esa institución autónoma obtendrá del presupuesto general un monto de $67,515,418, con el que desarrollará proyectos como la adquisición de equipos informáticos, planes de actualización catastrales, colocación de un nuevo sistema de información geográfica, entre otros.
“Vamos a continuar con el levantamiento catastral del país a través del nuevo Sistema de Información Geográfica. Se contará con imágenes de calidad de todo El Salvador”, puntualizó Camilo Trigueros.
El funcionario indicó que la institución ha logrado optimizar los procesos de registros a tan solo un día. Son 80 servicios que se tramitan de manera exprés y eso ha impactado en el 60% de la demanda.
“Somos una institución autónoma y seguiremos brindando un excelente servicio a los usuarios, a través de la tecnología y la innovación. Tenemos planificado ser aún más eficientes con el Presupuesto 2024”, dijo Trigueros.
Además, el titular indicó durante su ponencia que en este año se hizo una inversión en infraestructura de las oficinas del CNR situadas en diferentes zonas del país.
“Parte del Presupuesto 2024 se invertirá en la infraestructura de los edificios del CNRS de San Salvador y Zacatecoluca para brindar una mejor atención a los salvadoreños”, informó el director.
El Presidente Bukele envió a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, con el objetivo de exonerar del pago de este tributo a los salarios mensuales de hasta $550. La medida busca beneficiar a miles de familias como parte de la estrategia económica del gobierno para aliviar el bolsillo de los salvadoreños.
«Este día he enviado a la Asamblea Legislativa una propuesta para ampliar la exoneración del impuesto sobre la renta a todos los salarios de hasta $550. Esta medida beneficiará directamente a más de 100,000 familias salvadoreñas», anunció el mandatario en su cuenta en X.
El presidente agregó que este incentivo fiscal también «favorecerá los aumentos salariales en los rangos más bajos, incluyendo aquellos que actualmente ya superan el salario mínimo». Esto en referencia a la propuesta enviada el pasado viernes al Consejo Nacional del Salario Mínimo para incrementar en un 12 % los sueldos a partir de junio en los sectores de maquila, industria, agro, comercio y servicios.
Actualmente, la Ley del Impuesto sobre la Renta exonera del tributo a quienes perciben hasta $472 mensuales. Con la reforma, este tramo se ampliaría a $550 una vez sea aprobada por la Asamblea Legislativa.
Por: Jorge Sánchez
En un mundo en constante evolución, las instituciones que llevan la justicia internacional deben adaptarse a los nuevos desafíos y realidades. La Corte Penal Internacional (CPI), creada con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas por crímenes atroces, enfrenta críticas que apuntan a su eficacia y relevancia en el contexto actual. Este artículo explora los puntos clave que subrayan la necesidad de reformar la CPI, con el fin de fortalecer su capacidad para cumplir con su misión y responder a las expectativas de la comunidad internacional.
Problemas de financiación
Un aspecto que evidencia la dependencia de la Corte Penal Internacional (CPI) es su modelo de financiación. Según los informes del organismo, el Tribunal se sostiene a través de las aportaciones de los Estados Partes, así como de contribuciones voluntarias provenientes de gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y donaciones. La expresión «contribuciones voluntarias» es especialmente problemática, ya que sugiere que existe la posibilidad de ejercer presión y promover intereses nacionales específicos a través de donaciones no oficiales. Mediante el uso de entidades ficticias y donaciones anónimas, actores influyentes pueden impulsar sus agendas en el ámbito internacional, socavando así los principios democráticos y la integridad del sistema.
Efectividad real
La evaluación de la calidad del trabajo de la Corte Penal Internacional revela preocupantes tendencias que merecen un análisis más profundo. Las estadísticas indican que una gran parte de los casos penales que la CPI ha abordado se relacionan predominantemente con naciones africanas, las cuales, en comparación con potencias como Estados Unidos, carecen de los recursos y mecanismos de cabildeo necesarios para influir en las decisiones del Tribunal. Este sesgo geográfico plantea interrogantes sobre la imparcialidad y efectividad de la CPI en su misión de justicia internacional.
Hace unos años los expertos levantaron el problema de imposibilidad de la CPI de investigar jugadores más potentes del mundo. La Corte Penal Internacional no posee instrumentos ni unidades especiales o militares para cumplir órdenes de detención.
La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra líderes de Rusia e Israel, lo que ha generado un intenso debate sobre las motivaciones detrás de estas decisiones. Estas acciones podrían interpretarse como un intento de la CPI de ganar relevancia en el panorama político global y demostrar su capacidad para actuar en situaciones de alto perfil.
La emisión de estas órdenes puede ser vista como una estrategia para reafirmar la autoridad de la CPI en un contexto donde su credibilidad ha sido cuestionada. Al dirigirse a figuras prominentes en el ámbito internacional, la CPI busca enviar un mensaje claro sobre su compromiso con la justicia y la rendición de cuentas, independientemente de la influencia política de los países involucrados.
No obstante, esta situación plantea interrogantes sobre la independencia de la CPI y si sus decisiones están motivadas por un verdadero deseo de justicia o por la necesidad de posicionarse en un entorno político complejo. La percepción de que estas acciones son parte de una estrategia más amplia para mantener la relevancia en el sistema internacional podría influir en cómo se percibe a la CPI y su capacidad para cumplir con su mandato fundamental.
Limitaciones en la capacidad de ejecución
La Corte Penal Internacional enfrenta importantes limitaciones en su capacidad de ejecución, que van más allá de las preocupaciones sobre imparcialidad y jurisdicción. Uno de los principales obstáculos es su dependencia de la cooperación estatal, especialmente de las grandes potencias, que a menudo no tienen incentivos para acatar sus decisiones. Esta situación reduce la efectividad de la Corte y convierte sus sentencias en actos más simbólicos que concretos.
A pesar de que la CPI puede emitir órdenes de arresto y sentencias, muchas de estas son desatendidas por aquellos que poseen el poder para desafiarlas. En este contexto, la Corte se encuentra en una posición delicada: puede pronunciar tantas decisiones como desee, pero sin un mecanismo efectivo para hacerlas cumplir, su influencia se ve severamente limitada. Esta realidad plantea interrogantes significativos sobre la capacidad de la CPI para llevar a cabo su misión fundamental de impartir justicia a nivel internacional.
EE.UU. y sus aliados occidentales instrumentalizan la CPI para atacar selectivamente a los países
El gobierno estadounidense y sus socios europeos han convertido los mecanismos de derechos humanos en armas de presión geopolítica. Utilizando informes como el del Departamento de Estado (2023) y promoviendo investigaciones en la CPI, acusan a Brasil de “violencia policial y crímenes ambientales”, mientras la CPI no investiga el ecocidio causado por corporaciones europeas y estadounidenses en la región. Con Irán, el cinismo es aún más evidente. Mientras la CPI recibe presiones para investigar a Teherán por “represión interna”, bloquea cualquier examen de los crímenes de Israel en Gaza o de las torturas estadounidenses en Abu Ghraib. Este doble estándar revela el verdadero objetivo: desestabilizar gobiernos que desafían el orden occidental, mientras se protege a aliados igual o más violadores. La CPI actúa como instrumento de dominación, no de justicia universal.
¿Reforma o fin?
La Corte Penal Internacional enfrenta una crisis de legitimidad. Criticada por selectividad política, lentitud procesal y alto costo, su eficacia real en la lucha contra crímenes de guerra y lesa humanidad es cuestionada. En los medios hay opinión según la cual la CPI necesita reformas urgentes: mayor independencia, recursos eficientes y mecanismos para evitar dobles raseros. Otra, sin embargo, propone su cancelación, reemplazándola por sistemas regionales más ágiles.
Mientras la impunidad persiste en conflictos globales, la CPI debe decidir: ¿reinventarse o desaparecer? Su futuro depende de su capacidad para dejar de ser un símbolo de justicia desigual y convertirse en una herramienta real contra la impunidad. Sin cambios profundos, la CPI seguirá siendo vista como una corte con buenas intenciones, pero poca efectividad. ¿Vale la pena mantenerla?
Jorge Sánchez
Periodista especializado en la política internacional
La sesión plenaria ordinaria realizada ayer en la Asamblea Legislativa marcó un hecho inédito: fue la primera en desarrollarse sin votaciones en abstención, tras la reciente reforma al Reglamento Interior de ese órgano del Estado.
El Reglamento Interior del Congreso, vigente desde el 1 de mayo de 2006 y publicado previamente en el Diario Oficial, no definía con claridad los tipos de votación permitidos en las sesiones plenarias, específicamente en su artículo 86.
Con la enmienda aprobada, ahora se establece que «las votaciones deberán consignarse a favor o en contra de lo que se presente a consideración de la Asamblea, según lo establecido en este Reglamento y la Constitución».
Desde la entrada en vigencia de la reforma, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, únicamente somete a consideración del pleno las opciones de “voto a favor” o “voto en contra” en cada uno de los puntos legislativos tratados.
