Internacionales
Los muertos por las inundaciones en Brasil ascendieron a 137
El número de muertos por las graves inundaciones que castigan desde hace una semana el sur de Brasil llegó este sábado a 137 y el de damnificados a casi dos millones, según el último boletín de la Defensa Civil.
De acuerdo con el organismo, la mayor tragedia climática en la historia de la región sur de Brasil también dejó 141 desaparecidos y 756 heridos.
La situación más dramática se vive en Rio Grande do Sul, estado fronterizo con Argentina y Uruguay y donde se han reportado al menos 136 fallecidos. La otra víctima se registró en el vecino estado de Santa Catarina.
Según la Defensa Civil, la tragedia se ha extendido a 441 de los 497 municipios de Rio Grande do Sul, donde ha afectado a 1,95 millones de personas, que corresponden al 17,3 % de los 11,3 millones de habitantes de este próspero estado.
De los afectados, 71.409 tuvieron que ser abrigados en alojamientos improvisados en escuelas, gimnasios e iglesias y otros 339.929 en viviendas de familiares y amigos.
La Defensa Civil informó igualmente que los trabajos de rescate, en los que participan 27.218 bomberos, militares y policías con el apoyo de 3.466 patrullas, 41 aeronaves y 340 embarcaciones, han permitido hasta ahora el rescate de 70.863 personas y de 9.984 animales.
Las devastadoras inundaciones destruyeron parte de algunas poblaciones; dejaron totalmente bajo las aguas a numerosos municipios y parcialmente a otros, como Porto Alegre, la capital regional, y dejaron un enorme rastro de destrucción.
Ciudades como Canoas y Eldorado do Sul continúan bajo las aguas y otras como Muçum, de la que solo quedaron destrozos, comienzan a planear su reconstrucción en áreas más elevadas y alejadas de las orillas de los ríos.
En Eldorado, pese a que las aguas comenzaron a bajar un poco, las calles siguen convertidas en verdaderos ríos en los que la corriente aún es fuerte y peligrosa.
En un recorrido en una embarcación del Ejército por esta ciudad en gran parte aún inundada es posible ver numerosos animales muertos, incluso caballos, viviendas totalmente destruidas y decenas de vehículos amontonados en algunas áreas que comienzan a aparecer con la bajada de las aguas.
Como muchas personas que viven en casas de dos pisos prefirieron permanecer en sus viviendas, el trabajo del Ejército ya no está enfocado totalmente en los rescates sino en la distribución de agua y alimentos.
Algunas familias, que regresaron tras haber sido evacuadas, comenzaron a limpiar sus viviendas pero sin saber si ese trabajo será útil ante las nuevas lluvias esperadas y las remociones anunciadas por las alcaldías.
“Estuvimos cinco días en casa de familiares de mi esposa en Guaíba y ahora regresamos para ver lo que quedó. Pero lo perdimos todo”, afirmó un hombre que se identificó como Leonardo y que intentaba limpiar su vivienda de una única planta convertida en depósito de lama con la misma agua fangosa que cubre la ciudad.
Pese a que la prioridad son los rescates, las autoridades tuvieron que anunciar este viernes un refuerzo en la seguridad, pues ha habido casos de saqueos en algunas localidades e incluso agresiones sexuales en algunos albergues que acogen a las víctimas del desastre.
Una de las principales preocupaciones es el impacto económico que tendrá la tragedia ya que Rio Grande do Sul es un importante polo agropecuario del país y el mayor productor de arroz de Brasil.
La ya grave situación puede empeorar en los próximos días, para cuando se esperan nuevos temporales con precipitaciones, frío y fuertes rachas de viento.
La previsión del Gobierno es que las lluvias alcancen entre sábado y domingo un volumen de 115 milímetros, lo cual volverá a presionar el nivel de ríos que ya están desbordados, según el ministro de Información, Paulo Pimenta.
El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció el jueves un paquete de ayuda financiera por 50.000 millones de reales (9.800 millones de dólares) para Rio Grande do Sul.
Según calculan las autoridades regionales, las necesidades iniciales para atender la emergencia están cifradas en 18.839 millones de reales (3.663 millones de dólares).
Al menos seis personas fueron asesinadas y varias están gravemente heridas tras un ataque el jueves en una zona rural del suroeste de Colombia, sometida a la presión de grupos armados que se nutren del narcotráfico, informaron autoridades.
En medio de su peor crisis de violencia en la última década, Colombia sufre embates de guerrillas y otras organizaciones que aterrorizan a la población civil, especialmente en zonas remotas del país.
Hombres con armas de corto y largo alcance llegaron en dos camionetas a una hacienda cercana a la ciudad de Popayán, en el departamento del Cauca, y abrieron fuego contra varias personas, dijo en una declaración a medios el secretario de gobierno de la ciudad, Felipe Acosta.
Los agresores ultiman a una persona que estaba fuera y a cinco más que estaban dentro de la finca, agregó.
En el departamento operan disidencias de la extinta guerrilla FARC y otras organizaciones ilegales.
Las autoridades aún no tienen pistas sobre los autores de la masacre, a la espera de que la policía pueda ingresar a la zona con el apoyo del ejército.
El ataque dejó además un número indeterminado de personas gravemente heridas, dijo en la red social X el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz.
Con esta son 36 las masacres registradas en el país en el transcurso del año, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, una cifra récord desde la firma del histórico acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno en 2016.
Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, llegó al poder en 2022 con el objetivo de firmar acuerdos de paz con todos los grupos armados.
Pero a cuatro meses de dejar el poder, ningún proceso ha tenido avances significativos.
Internacionales
Intento de suprimir feriado del 1º de mayo enfurece a sindicatos e izquierda en Francia
Los sindicatos y los partidos de izquierda franceses cargaron este viernes contra la propuesta de autorizar a los empleados, especialmente del comercio de proximidad, a trabajar el 1º de mayo, día feriado y símbolo en Francia de la lucha sindical.
La legislación laboral establece que «el 1º de mayo es día festivo y no laborable», aunque prevé que un panadero o un florista puedan abrir ese día pero sin sus empleados, so pena de multas de hasta 1,500 euros ($1,750).
Los legisladores de centro y derecha, con el apoyo del gobierno, buscan cambiar la ley para permitir trabajar ese día a los empleados de los comercios de proximidad y de salas culturales, si lo deciden de forma «voluntaria». Recibirían el doble de salario.
«No queremos tocar la conquista del 1º de mayo», sino «dar seguridad al marco existente», aseguró esta semana el ministro de Trabajo, Jean-Pierre Farandou, que anunció el objetivo de aplicar el cambio, si se aprueba, desde este año.
Según los sindicatos, esta ley permitiría que al menos 1,4 millones de empleados más trabajen el 1º de mayo. Sus opositores consideran además que no se respetará la cuestión del voluntariado, ya que los empleados se sentirán obligados a trabajar.
«El voluntariado no existe», criticó Natalie Huyghe, empleada de jardinería de 57 años y afiliada al sindicato CGT. «Si esto funciona, se va a extender a todos los sectores», abundó Hadjia Djebbar, de 62 años, durante una protesta cerca del Parlamento.
La proposición de ley ya fue adoptada una primera vez en el Senado y, este viernes, superó un nuevo trámite en la Asamblea Nacional (Cámara Baja), no sin polémica.
Ante la posibilidad de que no llegara a votarse por las 140 enmiendas presentadas, los partidarios del cambio decidieron de forma táctica rechazar su ley sin debate para así acelerar el trámite parlamentario de cara a su adopción antes de finales de mes.
«Es una puñalada en la espalda de millones de trabajadores y trabajadoras», denunció la líder del sindicato CGT, Sophie Binet.
Su par de la CFDT, Marylise Léon, criticó en la televisión TF1 la «cantinela de que los franceses trabajarían menos que los demás». «Eso no es verdad. En Francia hay 11 días festivos. En otros países de Europa, hay 14, 15», agregó.
Esta tradicional fiesta nació el 1º de mayo de 1886 con el llamado a la huelga de sindicatos estadounidenses para exigir una jornada laboral máxima de ocho horas diarias. Durante este movimiento murieron varios huelguistas y policías.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió el miércoles un «incremento responsable» de salarios, carcomidos por años de inflación y una dramática retracción de la economía en la última década.
El salario mínimo en Venezuela equivale actualmente a 27 centavos de dólar frente a una inflación anual que supera el 600 %. Y aunque el ingreso puede llegar a 150 dólares con bonos estatales, sigue siendo insuficiente frente a los 645 dólares que, según estimaciones privadas, cuesta la canasta básica alimentaria familiar.
«Anuncio que el 1.° de mayo haremos un incremento y este incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable», dijo Rodríguez durante una alocución transmitida por la televisión estatal.
En tanto «Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino», prometió.
«Nuestro objetivo inmediato, mediano y a largo plazo es recuperar sostenida y paulatinamente el ingreso de los trabajadores mediante el crecimiento productivo tanto en el área de los hidrocarburos como de la minería, que generan ingresos inmediatos», indicó acompañada por miembros de su gabinete.
Este jueves más de 2,000 trabajadores y jubilados marcharon hacia el Palacio de Miraflores (sede presidencial) como rechazo a la promesa de aumento salarial hecha por Rodríguez.
Agentes policiales antimotines dispuestos en varios puntos de la ruta frenaban con escudos y reprimían con gases lacrimógenos a la multitud que avanzaba al grito de consignas.
«Basta ya del engaño, del aumento de los salarios. Quieren poner como salario un aumento de los bonos que da el gobierno. Eso es totalmente inaudito», dijo a la AFP Mauricio Ramos, un profesor universitario jubilado de 71 años.
