Internacionales
Los muertos por las inundaciones en Brasil ascendieron a 137
El número de muertos por las graves inundaciones que castigan desde hace una semana el sur de Brasil llegó este sábado a 137 y el de damnificados a casi dos millones, según el último boletín de la Defensa Civil.
De acuerdo con el organismo, la mayor tragedia climática en la historia de la región sur de Brasil también dejó 141 desaparecidos y 756 heridos.
La situación más dramática se vive en Rio Grande do Sul, estado fronterizo con Argentina y Uruguay y donde se han reportado al menos 136 fallecidos. La otra víctima se registró en el vecino estado de Santa Catarina.
Según la Defensa Civil, la tragedia se ha extendido a 441 de los 497 municipios de Rio Grande do Sul, donde ha afectado a 1,95 millones de personas, que corresponden al 17,3 % de los 11,3 millones de habitantes de este próspero estado.
De los afectados, 71.409 tuvieron que ser abrigados en alojamientos improvisados en escuelas, gimnasios e iglesias y otros 339.929 en viviendas de familiares y amigos.
La Defensa Civil informó igualmente que los trabajos de rescate, en los que participan 27.218 bomberos, militares y policías con el apoyo de 3.466 patrullas, 41 aeronaves y 340 embarcaciones, han permitido hasta ahora el rescate de 70.863 personas y de 9.984 animales.
Las devastadoras inundaciones destruyeron parte de algunas poblaciones; dejaron totalmente bajo las aguas a numerosos municipios y parcialmente a otros, como Porto Alegre, la capital regional, y dejaron un enorme rastro de destrucción.
Ciudades como Canoas y Eldorado do Sul continúan bajo las aguas y otras como Muçum, de la que solo quedaron destrozos, comienzan a planear su reconstrucción en áreas más elevadas y alejadas de las orillas de los ríos.
En Eldorado, pese a que las aguas comenzaron a bajar un poco, las calles siguen convertidas en verdaderos ríos en los que la corriente aún es fuerte y peligrosa.
En un recorrido en una embarcación del Ejército por esta ciudad en gran parte aún inundada es posible ver numerosos animales muertos, incluso caballos, viviendas totalmente destruidas y decenas de vehículos amontonados en algunas áreas que comienzan a aparecer con la bajada de las aguas.
Como muchas personas que viven en casas de dos pisos prefirieron permanecer en sus viviendas, el trabajo del Ejército ya no está enfocado totalmente en los rescates sino en la distribución de agua y alimentos.
Algunas familias, que regresaron tras haber sido evacuadas, comenzaron a limpiar sus viviendas pero sin saber si ese trabajo será útil ante las nuevas lluvias esperadas y las remociones anunciadas por las alcaldías.
“Estuvimos cinco días en casa de familiares de mi esposa en Guaíba y ahora regresamos para ver lo que quedó. Pero lo perdimos todo”, afirmó un hombre que se identificó como Leonardo y que intentaba limpiar su vivienda de una única planta convertida en depósito de lama con la misma agua fangosa que cubre la ciudad.
Pese a que la prioridad son los rescates, las autoridades tuvieron que anunciar este viernes un refuerzo en la seguridad, pues ha habido casos de saqueos en algunas localidades e incluso agresiones sexuales en algunos albergues que acogen a las víctimas del desastre.
Una de las principales preocupaciones es el impacto económico que tendrá la tragedia ya que Rio Grande do Sul es un importante polo agropecuario del país y el mayor productor de arroz de Brasil.
La ya grave situación puede empeorar en los próximos días, para cuando se esperan nuevos temporales con precipitaciones, frío y fuertes rachas de viento.
La previsión del Gobierno es que las lluvias alcancen entre sábado y domingo un volumen de 115 milímetros, lo cual volverá a presionar el nivel de ríos que ya están desbordados, según el ministro de Información, Paulo Pimenta.
El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anunció el jueves un paquete de ayuda financiera por 50.000 millones de reales (9.800 millones de dólares) para Rio Grande do Sul.
Según calculan las autoridades regionales, las necesidades iniciales para atender la emergencia están cifradas en 18.839 millones de reales (3.663 millones de dólares).
Internacionales
¿Quién es el acusado del mayor robo de joyas en EE.UU. que quedó en libertad tras ser deportado a Ecuador?
Un hombre acusado de participar en lo que las autoridades calificaron como el mayor robo de joyas en la historia de Estados Unidos, con un botín estimado en USD 100 millones, quedó en libertad luego de ser deportado a Ecuador, una decisión que dejó en suspenso el proceso judicial en su contra.
Se trata de Jeson Nelon Prescilla Flores, uno de los siete sospechosos señalados por el asalto a un camión blindado de la empresa Brinks ocurrido en julio de 2022.
De acuerdo con la acusación, el vehículo transportaba oro, diamantes, piedras preciosas y relojes de lujo cuando fue interceptado a plena luz del día.
La banda habría seguido el camión durante más de 480 kilómetros, desde el norte de California hasta una parada al norte de Los Ángeles, antes de ejecutar el robo.
Según reportó el diario Los Angeles Times, la mayor parte de la mercancía robada aún no ha sido recuperada.
Sin embargo, Prescilla Flores fue liberado bajo fianza en agosto y poco después quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En un giro inesperado, el imputado optó por la deportación a finales de diciembre, mientras aún estaba detenido por ICE, lo que paralizó en la práctica el caso penal.
En una moción presentada el 15 de enero, la defensa sostuvo que “el Gobierno decidió renunciar a la persecución penal” al permitir la expulsión del acusado del país.
No obstante, los fiscales aseguran que no fueron informados de la deportación mientras el proceso seguía abierto y argumentaron que el caso no debería extinguirse simplemente porque el acusado haya salido del territorio estadounidense.
Los joyeros afectados expresaron su indignación. “Cuando un acusado en un importante caso federal de robo abandona el país antes del juicio, las víctimas se quedan sin respuestas, sin un veredicto y sin cierre”, afirmó Jerry Kroll, abogado de algunas de las empresas joyeras, citado por el Los Angeles Times.
“Para nuestros clientes —joyeros que perdieron el trabajo de toda su vida— este desenlace deja al descubierto una falla del sistema que merece transparencia. Tienen derecho a respuestas claras sobre cómo ocurrió esto y sobre si existen salvaguardas para evitar que vuelva a suceder”, agregó.
Prescilla Flores, quien se había declarado no culpable, se enfrentaba a hasta 15 años de prisión por conspiración. Por su parte, las autoridades indicaron que podría volver a ser acusado si regresa a Estados Unidos.
Mientras tanto, la coordinación entre agencias federales quedó bajo cuestionamiento y el paradero de gran parte del botín continúa siendo un misterio.
Internacionales
Hallados todos los cadáveres de los 10 pasajeros de avioneta accidentada en Indonesia
Los equipos de rescate completaron este viernes el hallazgo de los restos mortales de los 10 pasajeros que iban en una avioneta que se estrelló contra una montaña en Indonesia el fin de semana, informó un funcionario local.
El avión turbohélice de Indonesian Air Transport, fletado por el Ministerio de Pesca indonesio, transportaba a siete tripulantes y tres funcionarios cuando perdió contacto con el control de tráfico aéreo el sábado.
A principios de esta semana se recuperaron ocho cadáveres, mientras los equipos de rescate peinaban las empinadas laderas de la montaña, con sus esfuerzos dificultados por el difícil terreno y las malas condiciones meteorológicas.
Los cuerpos de las dos personas que seguían desaparecidas fueron encontrados este viernes y serán recuperados, informó el responsable local de rescate, Andi Sultan.
La caja negra del avión fue localizada el miércoles y podría arrojar luz sobre las causas del accidente, ocurrido poco antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Makassar, según la agencia local de búsqueda y rescate.
Los restos del avión, incluyendo el fuselaje, partes de la cola y las ventanas, fueron encontrados el domingo cerca de la cima de la montaña.
Indonesia, un extenso archipiélago en el sudeste asiático, depende del transporte aéreo para comunicar sus islas.
El país tiene un mal balance en materia de seguridad aérea. El pasado septiembre, un helicóptero con seis pasajeros y dos tripulantes se estrelló poco después de despegar de Borneo Meridional, sin supervivientes.
Menos de dos semanas después, cuatro personas murieron al estrellarse otro helicóptero en el distrito de Ilaga, en la isla de Papúa.
Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5,000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.
Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.
La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas, incluidas 4,714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.
Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9,787 posibles decesos.
Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3,117 muertos.
El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre «mártires» —miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes— y «alborotadores» respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2,427 eran «mártires».
Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes «intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas».
Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad, pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.
La Casa Blanca indicó el 15 de enero que «800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse» el 14 de enero «fueron suspendidas» tras las presiones de Washington.
Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de «completamente falsa».
«El irracional y arrogante presidente estadounidense (…) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido», declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su «represión brutal», en particular «a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas».
