Judicial
Juicio para exministro de Seguridad y 18 más por casos de tiendas penitenciarias
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador decretó este viernes enviar a juicio al exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez, y 18 personas más, acusados por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad, cometidos en las tiendas penitenciarias bajo el nombre de la Asociación Yo Cambio (Asocambio).
“Existe suficiente prueba, tanto de la Fiscalía y la defensa como para que sea valorada en sentencia, en la siguiente fase…ese sería la resolución de esta audiencia”, afirmó la jueza instructora. Mientras manifestó que aceptó toda la prueba ofertada por las partes procesales para que un tribunal las valore.
En cuanto a las medidas, la jueza ordenó mantener las medidas sustitutivas a la detención, ya que, consideró que mostraron la voluntad de someterse al proceso penal. En el caso del exministro, Mauricio Ramírez Landaverde y Ramón Fernando Roque Mártir, exinspector general de Centros Penales, únicos detenidos por el caso, decidió mantener la detención provisional.
“No dieron una resolución individualizando los hechos, pero ni eso, bueno, lógicamente nos vamos a ir al tribunal de sentencia, ojalá que nos manden a un tribunal que valga la pena, porque yo tengo la certeza que en mi cliente ni había nada mas que el hecho de haber firmado la escritura de constitución de Asocambio; ni modo, vamos a vista pública y allá nos vamos a tener que ver las caras”, aseguró Eduardo Cardoza, abogado del exdirector de ejecutivo de la Dirección de Centros Penales, Luis Alonso Barrera.
Diario El Mundo preguntó al exviceministro de Seguridad, Raúl Antonio López, sobre la decisión de la jueza de enviarlo a juicio y únicamente dijo: “Creo que es una resolución poco escueta, pero vamos a esperar la administración de justicia”.
El resto de procesados que fueron enviados a juicio son:
El exdirector general de Centros Penales, Marco Tulio Lima;
El exdirector jurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad, José Roberto Nochez;
La empleada de la Dirección de Centros Penales, Flor de María Hernández Alfaro;
El director de ejecutivo de Centros Penales, Luis Alonso Barrera, y
El exsubdirector de penales, Orlando Elias Molina Ríos, a todos se les imputa el delito de actos arbitrarios.
Más de una docena de exempleados de ANDA son procesados, y exfuncionarios de Centros Penales./ Lisbeth Ayala
Más de una docena de exempleados de ANDA son procesados, y exfuncionarios de Centros Penales./ Lisbeth Ayala
En el caso de Ramírez Landaverde también le imputan peculado. Además, otras 13 exempleados de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) son imputados de cohecho impropio.
La acusación.
Las 19 personas son acusadas de los delitos de actos arbitrarios, en la conformación de la Asociación Yo Cambio ( Asocambio), entidad donde se captaron y administraron fondos que familiares de reos, depositaban para alimentación.
La acusación establece que crearon 21 cuentas bancarias, una cuenta por penal, y por medio de esas cuentas trasladaron los fondos y se empezaron a administrar. La pericia financiera contable realizada en el caso indica que la Asociación Yo Cambio (Asocambio) administró $510,000 y no $14 millones como acusó públicamente la Fiscalía General de la República en septiembre de 2021.
La Fiscal aseguró que en esas cuentas, el dinero fue sacado entre octubre del 2018 a abril del 2019, y fue trasladado a Asocambio para comprar vehículos y bienes inmuebles, entre octubre del 2018 a abril del 2019.
Judicial
Pareja que agarró a patadas a agentes de tránsito por una multa, deberá acudir a terapia sicológica
Josué Misael M. y Ana María B. M. fueron condenados a un año de suspensión condicional del proceso tras agredir física y verbalmente a agentes de tránsito el pasado domingo.
Los hechos ocurrieron cuando los agentes procedieron a multar a la pareja por obstruir el paso frente a un garaje. Al intentar retirar las placas del vehículo, los imputados reaccionaron de manera violenta, propinando patadas a los agentes e insultándolos.
Ante estos hechos, las autoridades procedieron a la detención de ambos. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Paz de San Martín celebró una audiencia en la que los imputados aceptaron los cargos por el delito de resistencia.
Como parte de la sentencia, el juez impuso a la pareja reglas de conducta, entre ellas la obligación de asistir a terapia psicológica para el control de la ira y la prohibición de cambiar de domicilio.
Judicial
Tribunal condena a Erick Sánchez a 35 años de cárcel por homicidio agravado en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 35 años de prisión a Erick Daniel Sánchez Liévano por el delito de homicidio agravado en perjuicio de Ana A. Asimismo, lo condenó al pago de la responsabilidad civil en abstracto.
El hecho ocurrió en San Salvador el 16 de febrero de 2019, en horas de la mañana. Uno de los testigos declaró haber recibido una llamada telefónica de su madre, quien le informó que la habían subido a un vehículo y luego la comunicación se cortó. Posteriormente, un sujeto llamó exigiéndole 10 mil dólares o, de lo contrario, matarían a su madre. El familiar llamó inmediatamente al Sistema de Emergencias 911 para denunciar el secuestro.
Ese mismo día, a las 4:30 de la tarde, el testigo recibió otra llamada donde le reiteraron que no se trataba de una broma. A la mañana siguiente, volvieron a llamar para comunicarles que el plazo había vencido.
Luego de localizar el cuerpo, la autopsia determinó que Ana falleció el 16 de febrero y que presentaba heridas por arma blanca en el cuello, tórax y abdomen.
Al momento de la captura de Sánchez, se le incautaron dos teléfonos celulares. Se demostró que uno de los números telefónicos estuvo en el lugar del hecho y que fue utilizado para realizar las llamadas a los familiares de la víctima, exigiendo el pago del rescate.
La Fiscalía General de la República logró que la Cámara Ambiental de Santa Tecla admitiera la totalidad de las pruebas presentadas en contra del exdiputado del FMLN Guillermo Francisco Mata Bennet y sus dos hijos, procesados por enriquecimiento ilícito, al no poder justificar el incremento de su patrimonio por un monto de $271,314.75 dólares.
A Mata Bennet, que fungió como diputado en los periodos 2012-2015 y 2015-2018, se le señalan inconsistencias por un monto de $13,270.00 dólares.
A Guillermo Eduardo Mata Mayorga, se le señalan $251,685.80 dólares.
A Jorge Alberto Mata Mayorga, se le reclaman $6,358.85 dólares. En total, son 15 irregularidades en depósitos bancarios, pago de préstamos hipotecarios, pago de tarjetas de crédito, compra de vehículos, entre otros, que no pudieron justificar.
