Judicial
Juicio para exministro de Seguridad y 18 más por casos de tiendas penitenciarias
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador decretó este viernes enviar a juicio al exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez, y 18 personas más, acusados por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad, cometidos en las tiendas penitenciarias bajo el nombre de la Asociación Yo Cambio (Asocambio).
“Existe suficiente prueba, tanto de la Fiscalía y la defensa como para que sea valorada en sentencia, en la siguiente fase…ese sería la resolución de esta audiencia”, afirmó la jueza instructora. Mientras manifestó que aceptó toda la prueba ofertada por las partes procesales para que un tribunal las valore.
En cuanto a las medidas, la jueza ordenó mantener las medidas sustitutivas a la detención, ya que, consideró que mostraron la voluntad de someterse al proceso penal. En el caso del exministro, Mauricio Ramírez Landaverde y Ramón Fernando Roque Mártir, exinspector general de Centros Penales, únicos detenidos por el caso, decidió mantener la detención provisional.
“No dieron una resolución individualizando los hechos, pero ni eso, bueno, lógicamente nos vamos a ir al tribunal de sentencia, ojalá que nos manden a un tribunal que valga la pena, porque yo tengo la certeza que en mi cliente ni había nada mas que el hecho de haber firmado la escritura de constitución de Asocambio; ni modo, vamos a vista pública y allá nos vamos a tener que ver las caras”, aseguró Eduardo Cardoza, abogado del exdirector de ejecutivo de la Dirección de Centros Penales, Luis Alonso Barrera.
Diario El Mundo preguntó al exviceministro de Seguridad, Raúl Antonio López, sobre la decisión de la jueza de enviarlo a juicio y únicamente dijo: “Creo que es una resolución poco escueta, pero vamos a esperar la administración de justicia”.
El resto de procesados que fueron enviados a juicio son:
El exdirector general de Centros Penales, Marco Tulio Lima;
El exdirector jurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad, José Roberto Nochez;
La empleada de la Dirección de Centros Penales, Flor de María Hernández Alfaro;
El director de ejecutivo de Centros Penales, Luis Alonso Barrera, y
El exsubdirector de penales, Orlando Elias Molina Ríos, a todos se les imputa el delito de actos arbitrarios.
Más de una docena de exempleados de ANDA son procesados, y exfuncionarios de Centros Penales./ Lisbeth Ayala
Más de una docena de exempleados de ANDA son procesados, y exfuncionarios de Centros Penales./ Lisbeth Ayala
En el caso de Ramírez Landaverde también le imputan peculado. Además, otras 13 exempleados de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) son imputados de cohecho impropio.
La acusación.
Las 19 personas son acusadas de los delitos de actos arbitrarios, en la conformación de la Asociación Yo Cambio ( Asocambio), entidad donde se captaron y administraron fondos que familiares de reos, depositaban para alimentación.
La acusación establece que crearon 21 cuentas bancarias, una cuenta por penal, y por medio de esas cuentas trasladaron los fondos y se empezaron a administrar. La pericia financiera contable realizada en el caso indica que la Asociación Yo Cambio (Asocambio) administró $510,000 y no $14 millones como acusó públicamente la Fiscalía General de la República en septiembre de 2021.
La Fiscal aseguró que en esas cuentas, el dinero fue sacado entre octubre del 2018 a abril del 2019, y fue trasladado a Asocambio para comprar vehículos y bienes inmuebles, entre octubre del 2018 a abril del 2019.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
