Judicial
Juicio para exministro de Seguridad y 18 más por casos de tiendas penitenciarias
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador decretó este viernes enviar a juicio al exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez, y 18 personas más, acusados por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad, cometidos en las tiendas penitenciarias bajo el nombre de la Asociación Yo Cambio (Asocambio).
“Existe suficiente prueba, tanto de la Fiscalía y la defensa como para que sea valorada en sentencia, en la siguiente fase…ese sería la resolución de esta audiencia”, afirmó la jueza instructora. Mientras manifestó que aceptó toda la prueba ofertada por las partes procesales para que un tribunal las valore.
En cuanto a las medidas, la jueza ordenó mantener las medidas sustitutivas a la detención, ya que, consideró que mostraron la voluntad de someterse al proceso penal. En el caso del exministro, Mauricio Ramírez Landaverde y Ramón Fernando Roque Mártir, exinspector general de Centros Penales, únicos detenidos por el caso, decidió mantener la detención provisional.
“No dieron una resolución individualizando los hechos, pero ni eso, bueno, lógicamente nos vamos a ir al tribunal de sentencia, ojalá que nos manden a un tribunal que valga la pena, porque yo tengo la certeza que en mi cliente ni había nada mas que el hecho de haber firmado la escritura de constitución de Asocambio; ni modo, vamos a vista pública y allá nos vamos a tener que ver las caras”, aseguró Eduardo Cardoza, abogado del exdirector de ejecutivo de la Dirección de Centros Penales, Luis Alonso Barrera.
Diario El Mundo preguntó al exviceministro de Seguridad, Raúl Antonio López, sobre la decisión de la jueza de enviarlo a juicio y únicamente dijo: “Creo que es una resolución poco escueta, pero vamos a esperar la administración de justicia”.
El resto de procesados que fueron enviados a juicio son:
El exdirector general de Centros Penales, Marco Tulio Lima;
El exdirector jurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad, José Roberto Nochez;
La empleada de la Dirección de Centros Penales, Flor de María Hernández Alfaro;
El director de ejecutivo de Centros Penales, Luis Alonso Barrera, y
El exsubdirector de penales, Orlando Elias Molina Ríos, a todos se les imputa el delito de actos arbitrarios.
Más de una docena de exempleados de ANDA son procesados, y exfuncionarios de Centros Penales./ Lisbeth Ayala
Más de una docena de exempleados de ANDA son procesados, y exfuncionarios de Centros Penales./ Lisbeth Ayala
En el caso de Ramírez Landaverde también le imputan peculado. Además, otras 13 exempleados de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) son imputados de cohecho impropio.
La acusación.
Las 19 personas son acusadas de los delitos de actos arbitrarios, en la conformación de la Asociación Yo Cambio ( Asocambio), entidad donde se captaron y administraron fondos que familiares de reos, depositaban para alimentación.
La acusación establece que crearon 21 cuentas bancarias, una cuenta por penal, y por medio de esas cuentas trasladaron los fondos y se empezaron a administrar. La pericia financiera contable realizada en el caso indica que la Asociación Yo Cambio (Asocambio) administró $510,000 y no $14 millones como acusó públicamente la Fiscalía General de la República en septiembre de 2021.
La Fiscal aseguró que en esas cuentas, el dinero fue sacado entre octubre del 2018 a abril del 2019, y fue trasladado a Asocambio para comprar vehículos y bienes inmuebles, entre octubre del 2018 a abril del 2019.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana impuso una condena de 50 años de prisión a José Francisco Linares Girón, declarado culpable del feminicidio agravado de su expareja.
El crimen ocurrió el 23 de septiembre de 2023 en el distrito de Metapán, Santa Ana Norte. De acuerdo con las investigaciones, Linares Girón había mantenido una relación sentimental con la víctima, la cual terminó debido a la violencia física y psicológica que él ejercía sobre ella. Pese a la ruptura, el agresor continuó acosándola e insistiendo en retomar la relación.
Ante la negativa de la mujer, el condenado la citó en un predio donde la atacó violentamente hasta causarle la muerte. Luego intentó alterar la escena del crimen y huyó del lugar. El cuerpo fue localizado tres días después, el 26 de septiembre, por trabajadores de la zona que dieron aviso a las autoridades. Linares Girón fue capturado un día después, el 27 de septiembre, y desde entonces permanece en prisión.
En un caso similar, el Juzgado Primero de Sentencia de Zacatecoluca sentenció a 30 años de cárcel a Pedro Martínez López por el delito de feminicidio agravado. Este hecho tuvo lugar el 2 de noviembre de 2013 en el cantón San Pedro Loma, distrito de Tapalhuapa, en el departamento de La Paz.
