Judicial
Juicio para exministro de Seguridad y 18 más por casos de tiendas penitenciarias
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador decretó este viernes enviar a juicio al exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez, y 18 personas más, acusados por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad, cometidos en las tiendas penitenciarias bajo el nombre de la Asociación Yo Cambio (Asocambio).
“Existe suficiente prueba, tanto de la Fiscalía y la defensa como para que sea valorada en sentencia, en la siguiente fase…ese sería la resolución de esta audiencia”, afirmó la jueza instructora. Mientras manifestó que aceptó toda la prueba ofertada por las partes procesales para que un tribunal las valore.
En cuanto a las medidas, la jueza ordenó mantener las medidas sustitutivas a la detención, ya que, consideró que mostraron la voluntad de someterse al proceso penal. En el caso del exministro, Mauricio Ramírez Landaverde y Ramón Fernando Roque Mártir, exinspector general de Centros Penales, únicos detenidos por el caso, decidió mantener la detención provisional.
“No dieron una resolución individualizando los hechos, pero ni eso, bueno, lógicamente nos vamos a ir al tribunal de sentencia, ojalá que nos manden a un tribunal que valga la pena, porque yo tengo la certeza que en mi cliente ni había nada mas que el hecho de haber firmado la escritura de constitución de Asocambio; ni modo, vamos a vista pública y allá nos vamos a tener que ver las caras”, aseguró Eduardo Cardoza, abogado del exdirector de ejecutivo de la Dirección de Centros Penales, Luis Alonso Barrera.
Diario El Mundo preguntó al exviceministro de Seguridad, Raúl Antonio López, sobre la decisión de la jueza de enviarlo a juicio y únicamente dijo: “Creo que es una resolución poco escueta, pero vamos a esperar la administración de justicia”.
El resto de procesados que fueron enviados a juicio son:
El exdirector general de Centros Penales, Marco Tulio Lima;
El exdirector jurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad, José Roberto Nochez;
La empleada de la Dirección de Centros Penales, Flor de María Hernández Alfaro;
El director de ejecutivo de Centros Penales, Luis Alonso Barrera, y
El exsubdirector de penales, Orlando Elias Molina Ríos, a todos se les imputa el delito de actos arbitrarios.
Más de una docena de exempleados de ANDA son procesados, y exfuncionarios de Centros Penales./ Lisbeth Ayala
Más de una docena de exempleados de ANDA son procesados, y exfuncionarios de Centros Penales./ Lisbeth Ayala
En el caso de Ramírez Landaverde también le imputan peculado. Además, otras 13 exempleados de la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) son imputados de cohecho impropio.
La acusación.
Las 19 personas son acusadas de los delitos de actos arbitrarios, en la conformación de la Asociación Yo Cambio ( Asocambio), entidad donde se captaron y administraron fondos que familiares de reos, depositaban para alimentación.
La acusación establece que crearon 21 cuentas bancarias, una cuenta por penal, y por medio de esas cuentas trasladaron los fondos y se empezaron a administrar. La pericia financiera contable realizada en el caso indica que la Asociación Yo Cambio (Asocambio) administró $510,000 y no $14 millones como acusó públicamente la Fiscalía General de la República en septiembre de 2021.
La Fiscal aseguró que en esas cuentas, el dinero fue sacado entre octubre del 2018 a abril del 2019, y fue trasladado a Asocambio para comprar vehículos y bienes inmuebles, entre octubre del 2018 a abril del 2019.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
Judicial
Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
