Internacionales
Evo Morales desafía a la justicia y se atrinchera en su feudo cocalero
Evo Morales desafía a la justicia y se atrinchera en su feudo cocalero
El expresidente boliviano Evo Morales se atrincheró el viernes en su feudo cocalero del Chapare tras declararse “perseguido político” y con sus seguidores en vigilia busca evitar su arresto después de no presentarse a declarar ante la Fiscalía, que lo investiga por presunta trata, tráfico de personas y estupro.
La fiscal Sandra Gutiérrez dijo la víspera que, ante la inasistencia de Morales a una citación para responder a las acusaciones, “corresponde sacar el mandamiento de aprehensión” sin precisar cuándo expedirá la orden.
A través de sus abogados, Morales dijo que no se presentará a declarar “por falta de garantías”.
Morales vive en el Chapare, en el centro del país, donde todavía preside el mayor sindicato de cocaleros y se dedica a la cría de peces y a la siembra de arroz.
Los sindicatos que apoyan al exgobernante emitieron un comunicado en el que llamaron a realizar “vigilias”.
“Si detienen al hermano Evo Morales, inmediatamente se produce el bloqueo de carreteras en contra del gobierno de (el presidente Luis) Arce por la crisis económica, corrupción y por persecución política”, dice la declaración del llamado Pacto de Unidad, afín al político de 65 años.
Si bien la acusación contra Morales no es nueva, se activó después de éste encabezó una multitudinaria marcha contra Arce por la crisis económica, el alza de precios y para reclamar su habilitación como candidato a la presidencia en 2025, con un fallo del Tribunal Constitucional lo dejó afuera de la carrera.
El caso involucraría a una entonces menor de edad con la que Morales supuestamente mantuvo una relación cuando fue mandatario (2006-2019). También están investigados los padres de la joven.
El comandante de la policía, Álvaro Álvarez, informó que el padre fue detenido el viernes. Los progenitores tampoco se habían presentado a declarar.
Morales y Arce libran una dura guerra política por el liderazgo y la nominación presidencial del dividido partido gobernante Movimiento al Socialismo (MAS).
“Hay una desesperación de Morales que busca victimizarse. Si no se presentó a declarar no tiene privilegios y corresponde ordenar su arraigo y arrestarlo para que declare. Si hay bloqueos, nosotros saldremos a desbloquear”, dijo el dirigente del mayor sindicato indígena y campesino Juan Carlos Gutiérrez, alineado con Arce.
Gutiérrez dijo que la fiscal que lleva la investigación debería “apartarse del caso” ya que fue ministra de Justicia del exmandatario.
El caso ha desatado una guerra de acusaciones entre los dos bandos. Morales, a través de la red social X —antes Twitter— acusó al gobierno de “forzar un proceso penal” en su contra “con el objetivo de descabezar al movimiento popular”. A su vez Arce lo acusó de organizar protestas para forzar su renuncia.
Según analistas y opositores el MAS vive una profunda crisis y un agotamiento del modelo económico estatista que impulso Morales tras el derrumbe de los partidos tradicionales en 2003. La lucha interna está induciendo a los divididos partidos de oposición de centro y de derecha a buscar alianzas para enfrentar al debilitado oficialismo.
La guerra en el MAS ha agravado la profunda crisis de la justicia boliviana, señalada por organizaciones internacionales por su falta de independencia del poder político
La misión de paz de la ONU en Líbano (Finul) alertó el viernes de la «gran destrucción» de pueblos y aldeas en el sur del país, donde Israel y el movimiento islamista Hezbolá libran una guerra abierta.
«La escalada a lo largo de la Línea Azul [que delimita la frontera entre Líbano e Israel] está causando una gran destrucción de pueblos y aldeas en el sur de Líbano, mientras se siguen lanzando cohetes hacia Israel, incluso en áreas civiles», dijo el portavoz de la Finul, Andrea Tenenti, en una conferencia de prensa de la ONU en Ginebra.
«La devastación y destrucción de muchas aldeas a lo largo de la Línea Azul e incluso más allá es impactante», añadió.
Tras un año de tiroteos fronterizos, Israel y el movimiento islamista Hezbolá están ahora en guerra abierta en Líbano, donde Israel lanzó una ofensiva terrestre en el sur el 30 de septiembre.
La semana pasada, la Finul, que tiene desplegados 10,000 efectivos de mantenimiento de la paz, acusó a las tropas israelíes de disparar «repetidamente» y «deliberadamente» contra sus posiciones.
Israel llevó a cabo este viernes nuevos bombardeos en la Franja de Gaza, tras infligir un duro golpe al movimiento islamista palestino Hamás con el asesinato de su líder, Yahya Sinwar.
Israel, que mantiene un doble frente a la vez en Gaza y Líbano, anunció el jueves la muerte de Sinwar, abatido la víspera en una operación de sus soldados en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.
Mientras tanto sigue su ofensiva en Líbano contra Hezbolá, aliado de Hamás y apoyado también por Irán.
La muerte del líder de Hamás, considerado el artífice del ataque sin precedentes del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, marca «el principio del fin» de la guerra en Gaza, dijo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
El jefe del Estado Mayor del ejército, el general Herzi Halevi, aseguró que la guerra «no se detendrá» antes de la captura de todos los autores del ataque y el regreso de «todos los rehenes» retenidos en Gaza, los dos objetivos declarados por Israel de su ofensiva en el territorio palestino.
Hamás no ha confirmado la muerte, pero un alto cargo del movimiento dijo el viernes que el grupo islamista palestino no será eliminado.
«Parece que Israel piensa que matar a nuestros líderes significa el fin de nuestro movimiento y la lucha del pueblo palestino», dijo a AFP Basem Naim.
«Hamás es un movimiento liderado por la gente que busca la libertad y la dignidad, y eso no puede ser eliminado», añadió.
Sinwar, de 61 años, lideraba Hamás en Gaza desde 2017 y fue nombrado líder político del movimiento en agosto tras la muerte de Ismail Haniyeh, asesinado en Teherán el 31 de julio en un ataque atribuido a Israel.
Internacionales
Comienza juicio contra expresidenta boliviana Áñez por «golpe de Estado» contra Morales
Un tribunal de La Paz iniciará este jueves el juicio penal contra la expresidenta boliviana Jeanine Áñez, por presuntamente haber planificado en 2019 un «golpe de Estado» contra el entonces mandatario, Evo Morales.
Recluida en una cárcel de La Paz, Áñez ya fue sentenciada a 10 años de prisión en junio de 2022 por asumir la presidencia de manera inconstitucional.
Junto con la exmandataria de 57 años comenzarán a ser juzgados el exgobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y seis personas más, incluidos exministros, exmandos militares y policiales y un líder social.
El ministerio público los acusa de «terrorismo, asociación delictuosa y uso indebido de influencias», a raíz de las violentas protestas que forzaron la renuncia de Morales en 2019, señalado entonces de cometer un supuesto fraude en los comicios en los que buscaba una tercera reelección.
La fiscalía pide para Áñez y los demás procesados entre 15 y 20 años de cárcel, según su grado de participación en terrorismo, el cargo más grave que les imputa.
Camacho está acusado como autor de ese delito y Áñez como cómplice.
El ministerio público dice tener pruebas para que los acusados sean condenados por los hechos que «derivaron en la ruptura del orden constitucional y la salida prematura del gobierno» de Morales.
En noviembre de 2019, Áñez, senadora de oposición, asumió la presidencia de Bolivia dos días después de que Morales y su entonces vicepresidente, Álvaro García, renunciaran en medio de la convulsión social.
Morales comenzó a gobernar en 2006. Fue reelegido en 2009, 2014 y 2019, cuando buscó un cuarto mandato hasta 2025.
Fantasioso, ilegal, una patraña
Áñez, quien estuvo en la presidencia por un año, calificó esta semana el juicio denominado «Golpe de Estado I», como «ilegal y fantasioso» y una «patraña».
En su opinión, el oficialismo decidió encarcelarla sin «ninguna prueba de nada».
Además rechaza el juicio penal ordinario y pide que, en su calidad de expresidenta, el máximo tribunal examine su caso, previa autorización del Congreso.
La exmandataria de derecha enfrenta varios procesos más relacionados todos con la crisis de 2019, que dejó unas 20 muertos en la represión militar que siguió al cambio de gobierno.
El juicio contra Áñez recibió desde el inicio el apoyo decidido del gobierno del presidente Luis Arce y Morales.
Sin embargo, la agria disputa entre ambos por la candidatura presidencial del oficialismo en las elecciones de 2025 podría incidir en el curso judicial.
Un juzgado de El Alto ordenó a Morales declarar como testigo por una supuesta manipulación política del proceso contra Áñez.
El exmandatario permanece resguardado en la región cocalera del Chapare, donde tiene su base política, ante la posibilidad de que la fiscalía ordene su arresto.
Morales es investigado por estupro, trata y tráfico de personas, a raíz del supuesto abuso de una menor de 15 años con quien, según la fiscalía, tuvo una hija en 2016.
El líder indígena, que rechaza el proceso como «una mentira más», acusa a Arce de orquestar su posible detención.
Gustavo Flores-Macías, investigador de la universidad de Cornell en Estados Unidos, dijo a la AFP que la justicia boliviana está presa en los vaivenes políticos.
El sistema de justicia se encuentra ahora «con un mayor nivel de manipulación política» comparado con otros de la región, remarcó.
