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Biden propone acelerar expulsión de «migrantes peligrosos»
El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden impulsó este jueves una norma que acelera la negación de asilo a migrantes que representan un peligro para «la seguridad nacional o pública» de Estados Unidos.
Es la última medida del demócrata para intentar convencer al electorado de que es proactivo frente a la afluencia de migrantes que cruzan la frontera sin visa y sin usar las «vías legales», como pedir cita a través de una aplicación de teléfono móvil, hacer los trámites en los países por los que pasan o acogerse a permisos humanitarios.
Y es que la migración se ha convertido en un tema central de la campaña para los comicios de noviembre que disputará con su predecesor republicano Donald Trump, quien amenaza con una deportación masiva de migrantes si regresa a la Casa Blanca.
Este jueves el Departamento de Seguridad Interior (DHS) impulsó un nuevo reglamento que permite acortar el proceso para negar el asilo a un migrante que no pueda optar a él según la legislación estadounidense.
Afecta a una cantidad «pequeña» de migrantes, pero permite expulsarlos «más rápidamente», señala en un comunicado, sin especificar a cuántos.
Solicitudes denegadas solo tomarían días
Hasta ahora los migrantes que presentan un riesgo para la seguridad nacional o pública permanecen bajo custodia del DHS mientras sus casos son remitidos a los jueces de inmigración, un proceso que puede durar años y es costoso.
La nueva regla permite denegar las solicitudes en cuestión de días si hay pruebas de que se les puede rechazar por motivos de «terrorismo, seguridad nacional o penales», explica el DHS.
Se determinaría al comienzo del proceso durante las llamadas entrevistas de miedo creíble, en las que los funcionarios evalúan si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país.
Se trata de identificar y expulsar «más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí», dijo el secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas, citado en la nota.
Más 720.000 deportados en el último año
Desde el 12 de mayo de 2023 hasta el 1º de mayo de 2024, el DHS ha expulsado o devuelto a sus países a más de 720.000 individuos, la gran mayoría de los cuales cruzaron la frontera con México, incluidos más de 109.000 miembros de familias, según datos oficiales.
La patrulla fronteriza asegura que en los últimos meses ha detenido a cientos de pandilleros que intentaban entrar en Estados Unidos ilegalmente y el director del FBI (la policía federal), Christopher Wray, reconoció ante el Senado que «individuos peligrosos» han entrado en el país.
La nueva norma, que pasará por un proceso de comentarios públicos durante el cual podría sufrir cambios antes de entrar en vigor, «es un paso más en nuestros esfuerzos continuos para garantizar la seguridad» de los estadounidenses, afirmó Mayorkas.
Además de este reglamento, el DHS está actualizando su política sobre el «uso de información clasificada en procedimientos migratorios», informa el comunicado.
La crisis migratoria ha sido un quebradero de cabeza para Biden, quien propuso conceder la ciudadanía a 11 millones de migrantes en un país que lleva más de 35 años sin una ley de este tipo. Pero tropezó con la oposición del Congreso.
Durante su mandato, más de siete millones de migrantes y solicitantes de asilo, en su mayoría latinoamericanos, han sido interceptados por la patrulla fronteriza tras cruzar ilegalmente la frontera con México, según datos oficiales.
Las cifras se han reducido en los últimos meses, pero el gobierno teme que aumenten con la llegada del calor a partir de mayo.
La aerolínea Air Canada suspendió el lunes sus vuelos a Cuba debido a una escasez de combustible en la isla, que enfrenta un estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos.
«En los próximos días, la aerolínea realizará vuelos sin pasajeros para recoger a unos 3.000 clientes que ya se encuentran en destino y llevarlos de regreso a sus hogares», precisó Air Canada en un comunicado.
Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que a partir de este lunes a la medianoche el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes debido a la crisis energética.
Las autoridades de Chile detuvo a 34 presuntos miembros de la organización criminal peruana Los Pulpos y logró prácticamente erradicarla en el país, tras una serie de operativos policiales en enero de 2026, informó el lunes la policía chilena.
La banda criminal, surgida en la ciudad de Trujillo, en el norte de Perú, está vinculada a delitos de extorsión con pedidos de pago de hasta 14,000 dólares, según denuncias registradas en ese país.
Tras una serie de operativos, se logró «la detención en enero de 34 personas integrantes de esta organización criminal, pudiendo detener a sus líderes, a sus brazos operativos y a sus testaferros», anunció el subprefecto Cristián Sepúlveda en una conferencia realizada en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).
Esta célula que operaba en la zona centro-norte de Santiago «termina prácticamente desbaratada», celebró Luis Cordero, ministro de Seguridad de Chile.
De los detenidos, 32 son ciudadanos peruanos, uno es chileno y otro de una nacionalidad no especificada.
La policía chilena detectó la presencia de la banda criminal en la capital en 2021. Desde entonces detuvo en total a 50 personas asociadas a la organización, indicó a la AFP el equipo de prensa de la PDI.
El golpe a Los Pulpos forman parte de otros grandes operativos de Chile contra el crimen organizado.
Aunque Chile es uno de los países más seguros del continente, los delitos violentos han aumentado en la última década y la inseguridad se transformó en la principal preocupación del país, según encuestas.
La fiscalía chilena reportó 868 secuestros en 2024, un 76 % más respecto a 2021. Los homicidios se han estabilizado en los últimos años, pero aumentaron un 140% en una década: de una tasa de 2,5 casos por cada 100.000 habitantes pasó a 6 en 2024, según el gobierno.
Guatemala presentó nuevas instalaciones carcelarias construidas con contenedores adaptados como celdas de máxima seguridad, destinadas a recluir a líderes de estructuras delincuenciales, como parte del endurecimiento de su régimen penitenciario, informaron autoridades del país.
El nuevo modelo penitenciario busca reforzar el control interno y reducir los privilegios dentro de los centros de detención, mediante espacios individuales diseñados para limitar la comunicación no autorizada y fortalecer la supervisión permanente. Las autoridades señalaron que estas instalaciones cumplen estándares de seguridad reforzada y están orientadas a un control más estricto de personas consideradas de alta peligrosidad.
De acuerdo con el anuncio oficial, la medida forma parte de una estrategia integral de seguridad que incluye la reestructuración del sistema penitenciario, el fortalecimiento de la disciplina interna y la reducción de prácticas que históricamente han facilitado el control informal dentro de las cárceles.
El uso de contenedores adaptados permite una implementación más rápida de infraestructura especializada, con diseños que priorizan la vigilancia, el aislamiento y la eficiencia operativa. Las autoridades indicaron que este esquema busca prevenir la coordinación de actividades ilícitas desde el interior de los centros penales.
Las nuevas disposiciones marcan un giro en la política de seguridad de Guatemala, en un contexto de mayor presión gubernamental para recuperar el control del sistema penitenciario y reforzar las acciones contra estructuras criminales, bajo un enfoque de orden institucional y cumplimiento de la ley.
«Querían cama king size, aire acondicionado, comida de restaurante e internet. Pero se toparon con un gobierno que no cede. Bienvenidos a sus nuevas celdas. Se acabaron los privilegios.» señalo en sus redes sociales el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo
