Judicial
MIDES SEM DE SV, por tercera vez, reitera a la Fiscalía que alcalde Ernesto Muyshondt y su tesorero están cometiendo delito de malversación
Actualmente la deuda que tiene la Alcaldía de San Salvador, con MIDES, sobrepasa los
$ 5 millones de Dólares, a pesar que mensualmente se recauda mucho más dinero que pagan los Capitalinos que el monto de la factura, a través de la tasa municipal que es exclusiva para el pago del servicio de disposición final de la basura.
El abogado Carlos Miranda Rubio, apoderado legal de MIDES, presentó este día una solicitud dirigida a la Fiscalía General de la República, en la que solicita que ante la existencia de suficiente evidencia del posible cometimiento del delito de Malversación por parte de las autoridades edilicias se proceda a ejercer las acciones penales de forma inmediata.
De acuerdo al profesional de derecho, la primera denuncia fue interpuesta contra el Alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y su Concejo Municipal, a fecha 29 de abril de 2019, hace ya casi dos años sin que se haya obtenido respuesta sobre las diligencias solicitadas.
La segunda denuncia, el abogado comenta que se presentó una solicitud ampliada a fecha 12 de noviembre de 2020, hace ya 3 meses al conocerse los resultados del Examen Especial de Corte de Cuentas de la República que confirmaba que la municipalidad de San Salvador no canceló a MIDES, a pesar de contar con los fondos suficientes para hacerlo, fondos provenientes de los montos recaudados por los pagos que hacen los contribuyentes de la Tasa Municipal que es única y exclusiva para realizar las erogaciones por tal servicio. Prueba que es contundente para comprobar que se ha cometido el delito de Malversación.
Y ahora, según el apoderado legal, no solamente reiteran la solicitud sino que “al haber transcurrido ya UN AÑO Y NUEVE MESES, sin que se tenga respuestas, ni acciones concretas por parte de la Fiscalía, debe procederse a presentar la acción penal por el delito de Malversación, en contra del Alcalde Municipal, el Concejo Municipal y el Tesorero Municipal, este último en virtud que los hallazgos de Corte de Cuenta señalan de forma clara su grado de responsabilidad en verificar que los fondos recibidos por la municipalidad sean empleados en su justo fin.”
A la fecha, el abogado con documentación en mano comprueba que la Alcaldía de San Salvador le debe a MIDES, un monto que ya sobrepasa la suma de US $ 5 millones de Dólares por los servicios de disposición final de la basura, cantidad que se incrementa de forma semanal. Sin embargo, a criterio del licenciado Miranda Rubio, “la situación se vuelve insostenible por la falta de pago de la Alcaldía de San Salvador, producto de esa malversación de fondos y además está colocando en crisis ambiental la ciudad y en grave riesgo que la basura no reciba su debido tratamiento en el sitio adecuado que es el Relleno Sanitario de MIDES.”
El delito de Malversación, está tipificado en el artículo 332 del Código Penal, y en esencia, de acuerdo al abogado, prohibe a los administradores de los fondos públicos o municipales darles un fin distinto al que tienen establecido legalmente. En el caso de la tasa municipal para la disposición final de la basura se encuentra determinada en la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales de la ciudad de San Salvador y es exclusiva para ese rubro, existiendo otras tasas para temas como recolección, transporte y ornato de la ciudad. La Malversación se consuma con el hecho que el funcionario le dé un destino distinto a los recursos financieros del que es su destino original, incluso aunque se pretenda justificar su uso en otro bien o servicio para el municipio, pues lo que se pretende es garantizar que el servicio que debe cubrir no se vea afectado por una acción indebida de la administración pública o municipal.
El Salvador Today
Audiencia especial programada contra Enrique Rais y cinco imputados por estafa y administración fraudulenta
El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador programó para el martes 16 de septiembre una audiencia especial de reapertura del proceso penal que la Fiscalía General de la República (FGR) impulsa contra Enrique Rais y cinco personas más por los delitos de administración fraudulenta y estafa.
Los hechos afectan al ciudadano canadiense Franco Pacceti y a las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. La jueza que conocerá el caso ha citado a víctimas, fiscales y defensores para que comparezcan a la diligencia.
El expediente proviene de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que anuló un sobreseimiento anterior a favor de Rais y los demás imputados. Inicialmente, el extinto Juzgado Décimo Cuarto de Paz había exonerado de manera definitiva a Enrique Rais, su esposa Marie Annette Clairmont de Rais, su hija Michelle Marie Rais de Barake, su sobrino Hugo Ernesto Blanco Rais, así como a Claudia Marina Albergue Martínez y Demetrio Alexander Palacios, tras una solicitud de sobreseimiento de la Fiscalía.
El proceso está relacionado con la estafa a Pacceti y las sociedades Tradesal y Cindesol Inc. Los imputados son acusados de administrar de manera fraudulenta la sociedad Mides, que contaba con 2,000 acciones, de las cuales 1,800 pertenecían a Cintec y luego fueron transferidas a Tradesal Inc. Según la FGR, Enrique Rais y Hugo Blanco Rais habrían desviado utilidades de la sociedad hacia cuentas personales y empresas locales y extranjeras sin relación con Mides.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
