Judicial
MIDES SEM DE SV, por tercera vez, reitera a la Fiscalía que alcalde Ernesto Muyshondt y su tesorero están cometiendo delito de malversación
Actualmente la deuda que tiene la Alcaldía de San Salvador, con MIDES, sobrepasa los
$ 5 millones de Dólares, a pesar que mensualmente se recauda mucho más dinero que pagan los Capitalinos que el monto de la factura, a través de la tasa municipal que es exclusiva para el pago del servicio de disposición final de la basura.
El abogado Carlos Miranda Rubio, apoderado legal de MIDES, presentó este día una solicitud dirigida a la Fiscalía General de la República, en la que solicita que ante la existencia de suficiente evidencia del posible cometimiento del delito de Malversación por parte de las autoridades edilicias se proceda a ejercer las acciones penales de forma inmediata.
De acuerdo al profesional de derecho, la primera denuncia fue interpuesta contra el Alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y su Concejo Municipal, a fecha 29 de abril de 2019, hace ya casi dos años sin que se haya obtenido respuesta sobre las diligencias solicitadas.
La segunda denuncia, el abogado comenta que se presentó una solicitud ampliada a fecha 12 de noviembre de 2020, hace ya 3 meses al conocerse los resultados del Examen Especial de Corte de Cuentas de la República que confirmaba que la municipalidad de San Salvador no canceló a MIDES, a pesar de contar con los fondos suficientes para hacerlo, fondos provenientes de los montos recaudados por los pagos que hacen los contribuyentes de la Tasa Municipal que es única y exclusiva para realizar las erogaciones por tal servicio. Prueba que es contundente para comprobar que se ha cometido el delito de Malversación.
Y ahora, según el apoderado legal, no solamente reiteran la solicitud sino que “al haber transcurrido ya UN AÑO Y NUEVE MESES, sin que se tenga respuestas, ni acciones concretas por parte de la Fiscalía, debe procederse a presentar la acción penal por el delito de Malversación, en contra del Alcalde Municipal, el Concejo Municipal y el Tesorero Municipal, este último en virtud que los hallazgos de Corte de Cuenta señalan de forma clara su grado de responsabilidad en verificar que los fondos recibidos por la municipalidad sean empleados en su justo fin.”
A la fecha, el abogado con documentación en mano comprueba que la Alcaldía de San Salvador le debe a MIDES, un monto que ya sobrepasa la suma de US $ 5 millones de Dólares por los servicios de disposición final de la basura, cantidad que se incrementa de forma semanal. Sin embargo, a criterio del licenciado Miranda Rubio, “la situación se vuelve insostenible por la falta de pago de la Alcaldía de San Salvador, producto de esa malversación de fondos y además está colocando en crisis ambiental la ciudad y en grave riesgo que la basura no reciba su debido tratamiento en el sitio adecuado que es el Relleno Sanitario de MIDES.”
El delito de Malversación, está tipificado en el artículo 332 del Código Penal, y en esencia, de acuerdo al abogado, prohibe a los administradores de los fondos públicos o municipales darles un fin distinto al que tienen establecido legalmente. En el caso de la tasa municipal para la disposición final de la basura se encuentra determinada en la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales de la ciudad de San Salvador y es exclusiva para ese rubro, existiendo otras tasas para temas como recolección, transporte y ornato de la ciudad. La Malversación se consuma con el hecho que el funcionario le dé un destino distinto a los recursos financieros del que es su destino original, incluso aunque se pretenda justificar su uso en otro bien o servicio para el municipio, pues lo que se pretende es garantizar que el servicio que debe cubrir no se vea afectado por una acción indebida de la administración pública o municipal.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cinco exdirectivos de la Corporación Argoz, S. A. de C. V. enfrentarán un nuevo proceso penal por el delito de estafa agravada, tras haber defraudado a 18 víctimas con un monto total de $67,687.
Durante la audiencia inicial, el Tribunal Tercero Contra el Crimen Organizado de San Salvador ordenó la detención provisional de Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez Henríquez y Edwin Omar Rivera López.
De acuerdo con la acusación fiscal, la empresa Argoz promovía proyectos de lotificación en distintas zonas del país, especialmente en áreas rurales, sin contar con los permisos legales requeridos ni estar supervisada por autoridades competentes.
Según la investigación, los terrenos eran comercializados con la promesa de entregar escrituras públicas una vez cancelado el valor total de la parcela. Sin embargo, la sociedad nunca cumplió con dicho compromiso, dejando a los compradores sin respaldo legal sobre sus propiedades.
#Audiencia I La @FGR_SV responde a otras 18 víctimas en el #CasoARGOZ, quienes fueron estafadas por exdirectivos de la Corporación ARGOZ, S.A. de C.V. con un monto de $67,687.00.
Este día, se lleva a cabo la audiencia inicial en el Tribunal 3° contra el Crimen Organizado de San… pic.twitter.com/XKxCEW0LPc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) July 21, 2025
El caso específico involucra la lotificación Santa Cecilia, ubicada en el cantón Los Zacatillos, municipio de San Juan Nonualco, en el departamento de La Paz, donde se realizaron las ventas desde el año 2016.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas documentales y testimoniales que refuercen la acusación, mientras las víctimas esperan que se les restituya su patrimonio y se haga justicia.
Judicial
Juzgado ordena detención provisional para guatemalteco acusado de atropellar a niña en Ahuachapán
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán decretó la detención provisional del ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de atropellar a una niña de 9 años cuando se dirigía a su centro escolar. El imputado enfrentará el proceso judicial desde prisión, según lo resolvió la instancia judicial en audiencia inicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a Herrera Orozco de los delitos de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículos automotores, tras embestir a la menor Ivania en el kilómetro 114 de la carretera que conduce hacia la frontera Las Chinamas, el pasado 4 de julio.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el conductor se dio a la fuga tras el incidente, sin brindar asistencia a la víctima. El atropello fue captado por cámaras de videovigilancia de la zona, además de ser registrado por testigos que se encontraban en el lugar.
Debido a la gravedad de las heridas, la niña fue trasladada en helicóptero hacia el Hospital Benjamín Bloom, en San Salvador, donde continúa recibiendo atención médica especializada.
Herrera Orozco fue detenido días después en el cantón San Jerónimo, distrito de Metapán, Santa Ana, en un punto fronterizo, cuando presuntamente intentaba salir del país para evadir la acción de la justicia salvadoreña.
El Ministerio Público presentó las pruebas iniciales ante el juzgado, incluyendo los registros audiovisuales y testimonios, que evidencian la conducta del imputado al momento del incidente.
La defensa solicitó medidas sustitutivas a la detención, pero el juzgado consideró que existía riesgo de fuga, por lo que ordenó que Herrera Orozco continúe en prisión preventiva mientras se desarrolla la fase de instrucción del caso.
La FGR indicó que continuará recabando pruebas técnicas y periciales para fortalecer la acusación en la siguiente etapa del proceso.
El caso ha generado indignación en la comunidad local, donde vecinos y familiares de la víctima exigen justicia y una sanción ejemplar para el responsable del hecho.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento contra el ciudadano guatemalteco Jasson José Herrera Orozco, acusado de lesiones culposas y conducción peligrosa de vehículo automotor, tras atropellar a una niña de nueve años en Ahuachapán.
Según el expediente fiscal, el hecho ocurrió el pasado 4 de julio en el kilómetro 114 de la carretera a Las Chinamas, cuando la menor cruzaba la vía para dirigirse a su centro escolar. Tras el atropello, el imputado intentó huir hacia Guatemala.
El Juzgado Segundo de Paz de Ahuachapán ha programado la audiencia inicial para el próximo 21 de julio.
