Judicial
MIDES SEM DE SV, por tercera vez, reitera a la Fiscalía que alcalde Ernesto Muyshondt y su tesorero están cometiendo delito de malversación
Actualmente la deuda que tiene la Alcaldía de San Salvador, con MIDES, sobrepasa los
$ 5 millones de Dólares, a pesar que mensualmente se recauda mucho más dinero que pagan los Capitalinos que el monto de la factura, a través de la tasa municipal que es exclusiva para el pago del servicio de disposición final de la basura.
El abogado Carlos Miranda Rubio, apoderado legal de MIDES, presentó este día una solicitud dirigida a la Fiscalía General de la República, en la que solicita que ante la existencia de suficiente evidencia del posible cometimiento del delito de Malversación por parte de las autoridades edilicias se proceda a ejercer las acciones penales de forma inmediata.
De acuerdo al profesional de derecho, la primera denuncia fue interpuesta contra el Alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y su Concejo Municipal, a fecha 29 de abril de 2019, hace ya casi dos años sin que se haya obtenido respuesta sobre las diligencias solicitadas.
La segunda denuncia, el abogado comenta que se presentó una solicitud ampliada a fecha 12 de noviembre de 2020, hace ya 3 meses al conocerse los resultados del Examen Especial de Corte de Cuentas de la República que confirmaba que la municipalidad de San Salvador no canceló a MIDES, a pesar de contar con los fondos suficientes para hacerlo, fondos provenientes de los montos recaudados por los pagos que hacen los contribuyentes de la Tasa Municipal que es única y exclusiva para realizar las erogaciones por tal servicio. Prueba que es contundente para comprobar que se ha cometido el delito de Malversación.
Y ahora, según el apoderado legal, no solamente reiteran la solicitud sino que “al haber transcurrido ya UN AÑO Y NUEVE MESES, sin que se tenga respuestas, ni acciones concretas por parte de la Fiscalía, debe procederse a presentar la acción penal por el delito de Malversación, en contra del Alcalde Municipal, el Concejo Municipal y el Tesorero Municipal, este último en virtud que los hallazgos de Corte de Cuenta señalan de forma clara su grado de responsabilidad en verificar que los fondos recibidos por la municipalidad sean empleados en su justo fin.”
A la fecha, el abogado con documentación en mano comprueba que la Alcaldía de San Salvador le debe a MIDES, un monto que ya sobrepasa la suma de US $ 5 millones de Dólares por los servicios de disposición final de la basura, cantidad que se incrementa de forma semanal. Sin embargo, a criterio del licenciado Miranda Rubio, “la situación se vuelve insostenible por la falta de pago de la Alcaldía de San Salvador, producto de esa malversación de fondos y además está colocando en crisis ambiental la ciudad y en grave riesgo que la basura no reciba su debido tratamiento en el sitio adecuado que es el Relleno Sanitario de MIDES.”
El delito de Malversación, está tipificado en el artículo 332 del Código Penal, y en esencia, de acuerdo al abogado, prohibe a los administradores de los fondos públicos o municipales darles un fin distinto al que tienen establecido legalmente. En el caso de la tasa municipal para la disposición final de la basura se encuentra determinada en la Ordenanza Reguladora de Tasas por Servicios Municipales de la ciudad de San Salvador y es exclusiva para ese rubro, existiendo otras tasas para temas como recolección, transporte y ornato de la ciudad. La Malversación se consuma con el hecho que el funcionario le dé un destino distinto a los recursos financieros del que es su destino original, incluso aunque se pretenda justificar su uso en otro bien o servicio para el municipio, pues lo que se pretende es garantizar que el servicio que debe cubrir no se vea afectado por una acción indebida de la administración pública o municipal.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana impuso una condena de 50 años de prisión a José Francisco Linares Girón, declarado culpable del feminicidio agravado de su expareja.
El crimen ocurrió el 23 de septiembre de 2023 en el distrito de Metapán, Santa Ana Norte. De acuerdo con las investigaciones, Linares Girón había mantenido una relación sentimental con la víctima, la cual terminó debido a la violencia física y psicológica que él ejercía sobre ella. Pese a la ruptura, el agresor continuó acosándola e insistiendo en retomar la relación.
Ante la negativa de la mujer, el condenado la citó en un predio donde la atacó violentamente hasta causarle la muerte. Luego intentó alterar la escena del crimen y huyó del lugar. El cuerpo fue localizado tres días después, el 26 de septiembre, por trabajadores de la zona que dieron aviso a las autoridades. Linares Girón fue capturado un día después, el 27 de septiembre, y desde entonces permanece en prisión.
En un caso similar, el Juzgado Primero de Sentencia de Zacatecoluca sentenció a 30 años de cárcel a Pedro Martínez López por el delito de feminicidio agravado. Este hecho tuvo lugar el 2 de noviembre de 2013 en el cantón San Pedro Loma, distrito de Tapalhuapa, en el departamento de La Paz.
