Política
Así se repartió el bono navideño en la Asamblea Legislativa, 58 diputados cobraron más de $244 mil
Todo trabajador en la Asamblea Legislativa tiene derecho a que se le otorgue dos bonos al año, uno de ellos en junio y el otro en diciembre, conocido como “bono navideño”. Al beneficio tienen acceso los diputados, algunos de ellos renunciaron a cobrar el dinero desde que asumieron como parlamentarios como toda la bancada del FMLN; así como el diputado no partidario y los pedecistas Rodolfo Parker y Reynaldo Carballo.
En ambos meses, lo que se les entrega a los legisladores es un monto equivalente al cien por ciento de su salario, por los que el que más recibe es el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, seguido de los demás miembros de esta. A los directivos, le siguen los coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios.
Posteriormente, se encuentran los legisladores de llanura -es decir los que no poseen ningún cargo administrativo- que son la mayoría y que tienen un salario menor.
Estos son los 58 diputados que cobraron el bono navideño:
Junta Directiva y jefes de los grupos parlamentarios
Según un documento obtenido a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública, que El Salvador Times tiene en su poder, ocho de los once directivos, incluido el presidente Norman Quijano, cobraron el bono, siendo este el que obtuvo un monto mayor.
El salario de Quijano, por ser presidente, equivale a $5,781.72. Sin embargo, a este monto se le hace un descuento del impuesto sobre la renta. Según la información proporcionada, a los diputados más nuevos se les descontó un monto menor y a los que tienen más años dentro del pleno se les hace un descuento mayor, aunque no se explica las razones de estas variaciones.
Así, para el caso de Quijano se le aplicó un descuento de la renta de $1,703.77 para un total líquido de $4,077.95. A Quijano le siguen los demás directivos.
Los vicepresidentes José Serafín Orantes, del PCN; Guillermo Gallegos de GANA, y Alberto Romero, de ARENA, recibieron $5,225.15, a lo que se les descontó $1,567.57, para un líquido de $3,657.58 a cada uno.
A ellos les siguen los $4,854.30 que cobraron los secretarios Francisco Merino, Paty Valdivieso, Numan Salgado y Mario Marroquín. Luego del descuento de $1,456.31, le quedó a cada uno $3,397.99.
La misma cantidad que los secretarios fue lo que recibieron los jefes de los grupos parlamentarios de ARENA, GANA y PCN; Carlos Reyes, Guadalupe Vásquez y José Antonio Almendáriz, respectivamente. Sin embargo, al tricolor se le descontó $1,418.57 para un total de $3,435.73; mientras que al jefe celeste y al pecenista se le hizo un descuento de $1,456.31, para totalizar $3,397.99 a cada uno.
Ni Yanci Urbina ni Cristina Cornejo, ambas del FMLN, vicepresidenta y secretaria respectivamente, y la jefa de fracción de los oficialisas, Nidia Díaz, cobraron el dinero; ya que toda la bancada efemelenista anunció que renunciaba a todos los privilegios del cargo. Otro que renunció fue el secretario y jefe de bancada del PDC, Rodolfo Parker.
Toda la bancada de ARENA
Debido a que es el partido con más diputados en el Salón Azul es el que más cobró. Ninguno de los 37 legisladores renunció a la bonificación, los que son conocidos como diputados de “llanura” recibieron de bono $4,025.72, con el descuento de ley les quedó un total de $2,818.00. Con la excepción de los nuevos que el descuento fue menor, ya que solo se les quitó $268.33.
Los que recibieron los $2,818.00 son: Margarita Escobar, Bonner Jiménez, David Reyes, Donato Vaquerano, Josué Godoy, Edgar Escolán, José Javier Palomo, Julio Fabián, Karla Hernández, Lucy de León, Orlando Cabrera Candray, Martha Batres, Mauricio Vargas, Mauricio Linares, Mayteé Iraheta, René Portillo Cuadra, Gustavo Escalente, Ricardo Velásquez Parker, Ricardo Godoy, Rodrigo Ávila, Alejandrina Castro, Silvia Ostorga. En total, son 22 legisladores.
Los 10 nuevos parlamentarios areneros recibieron $3,749.81 cada uno y fueron Arturo Magaña, Milena Mayorga, Felissa Cristales, Jorge Rosales, José Andrés Hernández, Marcela Villatoro, Mariano Blanco, Mario Martínez, Rosa Romero y Emilio Corea.
A estos 32 se les suman los cinco directivos que hacen un total de 37 diputados.
Todos los de GANA y del PCN cobraron, Martel y Mazariego también
Los diez parlamentarios de GANA aparecen en el listado en poder de El Salvador Times, pero algunos de los celestes, como Francis Zablah y Osiris Luna anunciaron en sus redes que lo donaron a diferentes causas como para la compra de medicamentos en los hospitales o para becas.
Además de los directivos Gallegos, Salgado y Vásquez, han cobrado los siete restantes: Juan Carlos Mendoza, Lorenzo Rivas, Rigoberto Soto, Mario Tenorio, Santos Adelmo Rivas, así como Luna y Zablah.
El 21 de diciembre Luna anunció la donación de su bono para becas y el 22 de ese mismo mes, Zablah hizo lo mismo. En el caso del diputado de La Libertad, este ya tiene varios años entregando su bono.
Los nueve pecenistas cobraron, además de los directivos Orantes, Merino y Almendáriz lo hicieron Mario Ponce, Roberto Angulo, Reynaldo Cardoza, que cobraron $2,818 cada uno; mientras que los nuevos Eeileen Romero, Luis Urías, Raúl Beltrán recibieron $3,749.81 cada uno.
El diputado del CD Juan José Martel como diputado nuevo cobró $3,749.81, aunque en los últimos días de diciembre dijo que iba a poner una encuesta para decidir a quién iba a donar el dinero. Por el momento no ha mencionado nada ni publicado nada.
El único del PDC en cobrar fue el recién llegado del PDC, Jorge Mazariego, que como nuevo cobró los $3,749.81.
Más de 800 salarios mínimos
Los 58 diputados que cobraron le costaron al Estado $244,646.11, de acuerdo con los datos de la Asamblea, de eso se les descontó $58,889.52 en conceptos del impuesto de la renta. Ese monto podría haber sido utilizado para pagar a 804 personas que ganen el salario mínimo en el área de comercio y servicios.
Los más de $240,000 se dividen por el salario mínimo que de acuerdo con el ministerio de Trabajo y Previsión Social es de $304.17 y se obtiene que se pueden pagar a 804 personas que reciban el mínimo. La Asamblea ha sido criticada históricamente por el manejo que se hacen, en algunas ocasiones, del dinero de la población.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
Política
Diputada propone reforma constitucional para ampliar período presidencial y eliminar segunda vuelta
La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, presentó este jueves una propuesta para reformar seis artículos de la Constitución de la República, con el fin de introducir cambios profundos en el sistema presidencial de El Salvador. La iniciativa contempla modificar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 del texto constitucional.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, así como la eliminación de la segunda vuelta electoral. Según la legisladora, estas reformas permitirían reducir costos electorales, fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversión extranjera, al dar mayor estabilidad al país.
Otro de los ejes principales de la propuesta es permitir la reelección presidencial indefinida, dejando en manos del electorado la decisión sobre la continuidad de un mandatario. “Queremos que sea el pueblo quien decida hasta cuándo apoyar a un presidente”, afirmó Figueroa durante la presentación del documento.
Asimismo, la propuesta contempla una disposición transitoria para acortar el actual período presidencial en dos años, de modo que finalice en 2027. Con esto, se pretende unificar en una sola fecha las elecciones presidenciales, legislativas y municipales, buscando así mayor eficiencia en el calendario electoral.
La eliminación de la segunda vuelta presidencial también forma parte del planteamiento, estableciendo que será elegido presidente el candidato que obtenga la mayoría simple de votos, sin necesidad de alcanzar el 50 %.
La iniciativa cuenta con el respaldo de 57 diputados y fue presentada con dispensa de trámite, lo que permitirá su pronta discusión en el pleno legislativo. De ser aprobadas, estas reformas marcarían una reconfiguración del sistema democrático salvadoreño.
