Política
Así se repartió el bono navideño en la Asamblea Legislativa, 58 diputados cobraron más de $244 mil
Todo trabajador en la Asamblea Legislativa tiene derecho a que se le otorgue dos bonos al año, uno de ellos en junio y el otro en diciembre, conocido como “bono navideño”. Al beneficio tienen acceso los diputados, algunos de ellos renunciaron a cobrar el dinero desde que asumieron como parlamentarios como toda la bancada del FMLN; así como el diputado no partidario y los pedecistas Rodolfo Parker y Reynaldo Carballo.
En ambos meses, lo que se les entrega a los legisladores es un monto equivalente al cien por ciento de su salario, por los que el que más recibe es el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, seguido de los demás miembros de esta. A los directivos, le siguen los coordinadores de cada uno de los grupos parlamentarios.
Posteriormente, se encuentran los legisladores de llanura -es decir los que no poseen ningún cargo administrativo- que son la mayoría y que tienen un salario menor.
Estos son los 58 diputados que cobraron el bono navideño:
Junta Directiva y jefes de los grupos parlamentarios
Según un documento obtenido a través de la Unidad de Acceso a la Información Pública, que El Salvador Times tiene en su poder, ocho de los once directivos, incluido el presidente Norman Quijano, cobraron el bono, siendo este el que obtuvo un monto mayor.
El salario de Quijano, por ser presidente, equivale a $5,781.72. Sin embargo, a este monto se le hace un descuento del impuesto sobre la renta. Según la información proporcionada, a los diputados más nuevos se les descontó un monto menor y a los que tienen más años dentro del pleno se les hace un descuento mayor, aunque no se explica las razones de estas variaciones.
Así, para el caso de Quijano se le aplicó un descuento de la renta de $1,703.77 para un total líquido de $4,077.95. A Quijano le siguen los demás directivos.
Los vicepresidentes José Serafín Orantes, del PCN; Guillermo Gallegos de GANA, y Alberto Romero, de ARENA, recibieron $5,225.15, a lo que se les descontó $1,567.57, para un líquido de $3,657.58 a cada uno.
A ellos les siguen los $4,854.30 que cobraron los secretarios Francisco Merino, Paty Valdivieso, Numan Salgado y Mario Marroquín. Luego del descuento de $1,456.31, le quedó a cada uno $3,397.99.
La misma cantidad que los secretarios fue lo que recibieron los jefes de los grupos parlamentarios de ARENA, GANA y PCN; Carlos Reyes, Guadalupe Vásquez y José Antonio Almendáriz, respectivamente. Sin embargo, al tricolor se le descontó $1,418.57 para un total de $3,435.73; mientras que al jefe celeste y al pecenista se le hizo un descuento de $1,456.31, para totalizar $3,397.99 a cada uno.
Ni Yanci Urbina ni Cristina Cornejo, ambas del FMLN, vicepresidenta y secretaria respectivamente, y la jefa de fracción de los oficialisas, Nidia Díaz, cobraron el dinero; ya que toda la bancada efemelenista anunció que renunciaba a todos los privilegios del cargo. Otro que renunció fue el secretario y jefe de bancada del PDC, Rodolfo Parker.
Toda la bancada de ARENA
Debido a que es el partido con más diputados en el Salón Azul es el que más cobró. Ninguno de los 37 legisladores renunció a la bonificación, los que son conocidos como diputados de “llanura” recibieron de bono $4,025.72, con el descuento de ley les quedó un total de $2,818.00. Con la excepción de los nuevos que el descuento fue menor, ya que solo se les quitó $268.33.
Los que recibieron los $2,818.00 son: Margarita Escobar, Bonner Jiménez, David Reyes, Donato Vaquerano, Josué Godoy, Edgar Escolán, José Javier Palomo, Julio Fabián, Karla Hernández, Lucy de León, Orlando Cabrera Candray, Martha Batres, Mauricio Vargas, Mauricio Linares, Mayteé Iraheta, René Portillo Cuadra, Gustavo Escalente, Ricardo Velásquez Parker, Ricardo Godoy, Rodrigo Ávila, Alejandrina Castro, Silvia Ostorga. En total, son 22 legisladores.
Los 10 nuevos parlamentarios areneros recibieron $3,749.81 cada uno y fueron Arturo Magaña, Milena Mayorga, Felissa Cristales, Jorge Rosales, José Andrés Hernández, Marcela Villatoro, Mariano Blanco, Mario Martínez, Rosa Romero y Emilio Corea.
A estos 32 se les suman los cinco directivos que hacen un total de 37 diputados.
Todos los de GANA y del PCN cobraron, Martel y Mazariego también
Los diez parlamentarios de GANA aparecen en el listado en poder de El Salvador Times, pero algunos de los celestes, como Francis Zablah y Osiris Luna anunciaron en sus redes que lo donaron a diferentes causas como para la compra de medicamentos en los hospitales o para becas.
Además de los directivos Gallegos, Salgado y Vásquez, han cobrado los siete restantes: Juan Carlos Mendoza, Lorenzo Rivas, Rigoberto Soto, Mario Tenorio, Santos Adelmo Rivas, así como Luna y Zablah.
El 21 de diciembre Luna anunció la donación de su bono para becas y el 22 de ese mismo mes, Zablah hizo lo mismo. En el caso del diputado de La Libertad, este ya tiene varios años entregando su bono.
Los nueve pecenistas cobraron, además de los directivos Orantes, Merino y Almendáriz lo hicieron Mario Ponce, Roberto Angulo, Reynaldo Cardoza, que cobraron $2,818 cada uno; mientras que los nuevos Eeileen Romero, Luis Urías, Raúl Beltrán recibieron $3,749.81 cada uno.
El diputado del CD Juan José Martel como diputado nuevo cobró $3,749.81, aunque en los últimos días de diciembre dijo que iba a poner una encuesta para decidir a quién iba a donar el dinero. Por el momento no ha mencionado nada ni publicado nada.
El único del PDC en cobrar fue el recién llegado del PDC, Jorge Mazariego, que como nuevo cobró los $3,749.81.
Más de 800 salarios mínimos
Los 58 diputados que cobraron le costaron al Estado $244,646.11, de acuerdo con los datos de la Asamblea, de eso se les descontó $58,889.52 en conceptos del impuesto de la renta. Ese monto podría haber sido utilizado para pagar a 804 personas que ganen el salario mínimo en el área de comercio y servicios.
Los más de $240,000 se dividen por el salario mínimo que de acuerdo con el ministerio de Trabajo y Previsión Social es de $304.17 y se obtiene que se pueden pagar a 804 personas que reciban el mínimo. La Asamblea ha sido criticada históricamente por el manejo que se hacen, en algunas ocasiones, del dinero de la población.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
