El Padre Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamérica José Simón Cañas (UCA) junto al vicerrector de Proyección Social, Óscar Serrano, dieron a conocer este martes, los detalles de su “renuncia irrevocable” al Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción por los efectos causados del COVID-19 en el país.

La UCA junto a otras intuiciones no gubernamentales formaban dicho comité tras la creación del decreto legislativo 608 en la Asamblea Legislativa, el cuál dictaba la conformación del mismo y que fue juramentado el 28 de marzo por el presidente de la República, Nayib Bukele, quien juramentó a Agustín Martínez, de la ANEP; José Ángel Quirós por FUSADES; Omar Serrano, por la UCA, y René Alberto Raúl Vásquez Garay, por la ESEN, como miembros del comité.

Sin embargo, el lunes 11 de mayor (ayer), los miembros del comité en mención renunciaron a seguir siendo parte del mismo por “no existir las condiciones necesarias” para el cumplimiento de su la labor encomendada.

El rector de la UCA, argumentó. “Asumimos este compromiso por la responsabilidad con el pueblo salvadoreño, por la transparencia, la honestidad y la verdad, siendo muy conscientes que ello implica riesgos, un gran trabajo pero con la esperanza que nuestra participación y la de las demás organización no gubernamentales ayudaría al menor manejo de los recursos ($2,000 millones) y a una mejor dirección de los mismo respondiendo a los intereses de a nación y a salvaguarda la vida de las personas más vulnerables”, dijo Oliva.

Sin embargo, el comité que inició funciones el 30 de marzo advirtió al gobierno una serie de dificultades que hacían difícil sus funciones y así cumplir sus funciones por las que fue creado, reiteró el rector.

“Entre las dificultades que vimos está la transferencia en las transferencia monetarias directas, entre ellas la entrega de los $300 dólares a más de un millón y medio de familias ($400 millones), también vimos necesario la reforma del decreto 608 para poder realizar mejor su función, dificultad al no recibir la información y el planteamiento de las funciones que se le asignaría al comité y que no eran tomadas en cuenta en las reuniones, de esa manera, no se podía elaborar el presupuesto extraordinario para el uso de los dos mil millones de dólares, ni se pudo realizar las tareas de controloría social que la asamblea la asignaba al comité”, sostuvo el padre Andreu Oliva quien también denunció irrespeto a la institucionalidad y a los derechos humanos con los que nuestro gobierno está enfrentando esta epidemia”.

Por su parte el vicerrector de Proyección Social de la UCA, Óscar Serrano, añadió que el problema de fondo para dimitir al comité junto a las otras organizaciones que lo conformaban fue porque “las decisiones más importantes, incluso las que atañen al comité, no se tomaron ahí”.

Añadió que el comité tuvo diez reuniones con los representantes gubernamentales y de ese número, solo cuentan con 7 actas de todo lo establecido en cada reunión.

“Me alegra mucho que ayer dijeran que van a dar a conocer las actas, pero nosotros tenemos nuestros apuntes de las nueve restantes porque todas las organizaciones apuntamos”, dijo Serrano.

El mismo señaló que se solicitó la entrega de un Plan Integral por parte del gobierno para entender la emergencia por COVID-19, pero que hasta la fecha nunca les fue entregado. “Todavía seguimos a estas alturas una copia de un plan integral para atender la emergencia”.