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ROMPE EL SILENCIO – “Cuando vi la turba de vecinos, me di cuenta que no podía razonar sobre lo sucedido», Magistrado Jaime Escalante explica el caso y la petición para que fuera desaforado
“Cuando vi la turba de vecinos, me di cuenta que no podía razonar sobre lo sucedido. -Mejor retírese- me dijo una señora y me alejé de la zona lo más que pude. Dejé mi vehículo, mis documentos y mis pertenencias; tomé un taxi hacia mi casa y después presenté una denuncia en el Departamento de Seguridad de la Corte Suprema de Justicia, que es la instancia ante la cual debemos reportar este tipo de hechos, los funcionarios que utilizamos bienes nacionales (carro y celular).
Fue hasta el día siguiente MARTES 19 DE FEBRERO que agentes de la PNC se presentaron a Cámara Tercera de lo Civil a detenerme en mi oficina. Quiero hacer notar que es falso que haya habido flagrancia, me detuvieron el día siguiente en mi centro de trabajo, y también es falso el señalamiento de que me encontraba en estado de ebriedad pues no consumo bebidas embriagantes”, señaló el Magistrado.
“No deseo evadir ninguna responsabilidad, simplemente, como ser humano y padre de familia, deseo responder como es debido ante un incidente automovilístico, en manera acorde a cómo sucedieron los hechos y no como tan erróneamente se han interpretado desde el momento de interposición de la denuncia”, dijo Escalante.
“Existe una acusación en mi contra por parte de la madre de la menor, quien considero que probablemente se confundió con las acusaciones de los vecinos ya que aconteció muy rápido, pues todo fue muy confuso. Sin embargo, confiando en mi inocencia, con el objeto de evitar cualquier daño a la imagen de la menor y su familia, y sobre todo consciente de cómo se realizaron los hechos, es necesario que esta acusación sea ventilada en forma apropiada en un tribunal de inmediato, por lo que solicitaré facilitar el trámite al escrito presentado por la FGR para que no haya necesidad de realizar el complejo proceso del antejuicio en la Asamblea Legislativa”, aclaró el funcionario.
Debido a su cargo como Magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil de San Salvador, Escalante posía fuero constitucional el cual impide ser juzgado por un tribunal; la FGR solicitó a la Asamblea Legislativa el desafuero y pudo ser juzgado por el Tribunal competente.
En su resolución de la audiencia preliminar, la Cámara primero de lo Penal considera que no existió delito contra la niña de 10 años de edad, por parte del magistrado Eduardo Jaime Escalante.
La Fiscalía asegura que Escalante agredió sexualmente a la menor y esperaba que lo enviara a juicio por el delito de agresión sexual en perjuicio de una menor, pero se declaró incompetente ya que asegura que está facultada para juzgar delitos y no faltas.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla condenó a ocho años de cárcel a Luis Enrique Chávez Barbero por estafa agravada en perjuicio de tres personas a quienes engañó con la supuesta venta de casas.
Las investigaciones determinaron que, en octubre de 2017, Chávez Barbero se hizo pasar por empleado de una empresa de bienes raíces para ofrecer viviendas en la residencial Ciudad Versalles, en el distrito de San Juan Opico, La Libertad Centro, las cuales en ese momento estaban en proceso de construcción.
Las víctimas, confiando en la aparente legalidad del negocio, entregaron $14,000 en concepto de reservas y primas por inmuebles que el imputado no poseía ni tenía facultad para vender.
El proceso penal revela que, en agosto de 2025, el tribunal autorizó un acuerdo conciliatorio entre las partes, que consistía en un pago inicial de $350 y 48 cuotas de $300. No obstante, ante el incumplimiento de lo pactado, el acuerdo fue revocado.
«Tras valorar la prueba documental y testimonial que confirmó la existencia del delito, el juzgador emitió la sentencia condenatoria de ocho años y ordenó su detención inmediata, a fin de garantizar el cumplimiento de la pena en un centro penitenciario», comunicó la Fiscalía.
En enero de este año, la Fiscalía ordenó más de 30 capturas contra acusados de estafa y uso de documentos falsos.
Las investigaciones revelaron distintos tipos de estafa, como la venta de vehículos con papeles falsos, el traspaso ilegal de inmuebles mediante escrituras falsas y situaciones en las que familiares engañaron a otros miembros de su propia familia para quedarse con propiedades.
Adalberto Antonio Miranda enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de estafa agravada en perjuicio de una víctima.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa haber cometido ilegalidades en su calidad de representante de la cooperativa de transporte público Acostes de El Salvador, S.A. de C.V. y de la Asociación Cooperativa de Transporte de R.L. en 2019.
El imputado, quien es hijo del busero fallecido Catalino Miranda, realizó un préstamo por un monto de $1,800.000; el cual dejó de pagar al falsificar la cancelación de la hipoteca de dos inmuebles a través de documentación falsa y de forma fraudulenta logró la liberación de los registros del Centro Nacional de Registros (CNR) y el Viceministerio de Transporte (VMT) de las 78 unidades de transporte que en su momento ofrecieron en calidad de garantía.
Miranda estafó a la víctima con $1,300.000, que fue la cantidad restante de la deuda tramitada como cancelada de forma fraudulenta. La Fiscalía detalló que con abundantes elementos probatorios solicitó una condena de carácter condenatorio en contra el procesado.
El ministerio público informó que se prevé que el fallo se dé el 27 de marzo.
En febrero de este año, René Ventura Alvarado fue condenado a cinco años de prisión y a pagar $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil a favor de una víctima de estafa.
La investigación fiscal estableció que a finales de 2018 y a inicio de 2019, el imputado se reunió con la víctima y le dijo que necesitaba surtir con llantas su negocio de talleres y venta de accesorios para autos. La víctima le ofreció seis contenedores con llantas con valor de $375,360.04.
El afectado entregó en cuatro pedidos lo solicitado y al vencer el plazo establecido para cancelar la deuda, Ventura Alvarado no realizó ni un abono, ni pagó y ponía excusas, por lo que la víctima decidió denunciarlo ante la FGR.
La Fiscalía General de la República (FGR) ordenó la captura de Silvia Beatriz Araniva y Jenifer Loseth Manzano, por el delito de tráfico ilícito.
El reporte oficial detalla que en un trabajo coordinado con la Policía llevaron a cabo un allanamiento al interior de un mesón de San Salvador Centro, en el cual se encontraron drogas ocultas bajo materiales de construcción.
Las autoridades decomisaron 20 porciones medianas de cocaína listas para su venta, metanfetaminas y anfetaminas, además de $780 en efectivo, jeringas y bolsas plásticas que utilizaban para comercializar la droga.
«Las imputadas serán puestas ante la justicia en las próximas horas», indicó el ministerio público.
En otro caso registrado esta semana, el personal de la Fuerza Armada junto con la Policía detuvo a Gerardo Eliseo Calderón Acevedo, de 18 años, a quien le incautaron tres porciones de marihuana.
El hombre fue ubicado en el distrito de Verapaz, en San Vicente Sur. Será remitido por el delito de posesión y tenencia de drogas.
Mientras que en el distrito de Mejicanos arrestaron a Aldair Omar Cerón López, de 21 años, a quien le encontraron en el interior de un vehículo: una bolsa con marihuana; una báscula digital; una laptop y un celular
Calderón Acevedo es procesado por el delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
