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Pandillas hacen perder a El Salvador hasta $6,000 millones de su PIB
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya aseguró este martes que El Salvador pierde cada año $6,000 millones por los efectos delictivos derivados de las maras, esto equivale al 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) que según el Banco Central de Reserva para el 2021 fue de $28,736,9 millones.
«Siempre lo he sostenido, mucha gente pasa desapercibido el impacto económico que va a tener la lucha contra las pandillas en nuestro país, cerca de un 20 % de nuestro PIB se pierde año con año, alrededor de $6,000 millones se pierden por la delincuencia pandilleril en nuestro país», dijo el ministro Zelaya, en Canal 10.
A consecuencia de la violencia pandilleril que por décadas mantuvo en zozobra a los salvadoreños, el Estado tuvo que destinar más recursos humanos y médicos para que hospitales y unidades de salud ubicadas, principalmente, en los municipios con elevados índices de criminalidad atendieran a las víctimas que resultaban lesionadas en ataques delictivos.
Actualmente, los planes de seguridad implementados por las autoridades como el Plan Control Territorial y el régimen de excepción lograron reducir significativamente las alarmantes cifras de homicidios, robos, extorsiones, lesiones y otros delitos.
Por un lado, el clima de seguridad que se vive en el país podría permitir a las autoridades hacer una reducción en el gasto público y orientarlo para cubrir otras necesidades de la población, y por otro, recibir más ingresos a partir de que muchas empresas distribuidoras ya trabajan libres en algunos territorios donde ingresaban, solo si pagaban extorsión.
Por ejemplo, la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, informó la semana pasada que más de 50% de sus agremiados habría dejado de pagar extorsiones a las pandillas.
«Vamos a reducir el gasto público porque vamos a tener menos atenciones de emergencia por gente que ha sido herida de bala por los pandilleros, así que nadie puede decir que la guerra contra las pandillas no es una opción sumamente conveniente para la sociedad salvadoreña», dijo Zelaya.
El funcionario comentó que el Gobierno del presidente Bukele se ha caracterizado por combatir a las pandillas y llevar tranquilidad a toda la población; contrario a gobiernos anteriores que pactaron con criminales.
«Desde el Ministerio de Hacienda estamos trabajando duro para que el país cambie su visión, para que tenga otra forma de que lo conozcan. Ya no somos el país de las maras, en 60 días vamos a terminar el centro de detención para terroristas y esto le da tranquilidad a nuestra gente, a la vez que dinamiza nuestra economía», expresó.
Y así como la Policía Nacional Civil (PNC) ha reportado reducción de delitos y atenciones de víctimas por hechos delictivos, los cuerpos de socorro también registran bajas en este tipo de emergencias, así lo comentó el vocero de Comandos de Salvamento, Carlos Fuentes.
«Ha bajado el índice de personas lesionadas en asaltos, de igual manera los fallecidos en asaltos, así como la cantidad de lesionados (…) se han reducido enormemente la cantidad de emergencias de lesionados en asaltos y de hecho no estamos reportando fallecidos», comentó Fuentes.
Antes del régimen, a diario la institución atendía de cinco a siete víctimas lesionadas en circunstancias violentas y hasta dos casos de muertes por ataques armados.
Luis Laínez, directivo de Cruz Verde, también coincidió con la reducción de atenciones producto de la violencia. «Significativamente ha bajado, inclusive, el acoso por parte de las pandillas en puntos donde ellos se mantenían», comentó Laínez.
La atención prehospitalaria que estas instituciones brindan a una víctima de la delincuencia se puede traducir en gastos que podrían superar los $500 cuando, por ejemplo, requiere atención por ataques armados.
Fuentes consultadas por este medio comentaron que los costos por atender a un paciente en estado delicado en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital podrían rondar hasta los $3,000 diarios.
#DeDinero | En cuanto a la lucha contra las pandillas, el ministro @AlejandroZelay9, detalló que el país pierde año con año, debido a la delincuencia, cerca del 20 % del Producto Interno Bruto (PIB), alrededor de $6,000 millones. @elsalvador pic.twitter.com/NAYSCeQnXG
— De Dinero | Diario El Salvador (@DeDinero_ES) July 26, 2022
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
